Historia de Región

De la acción a las políticas de juventud y de las políticas a la acción

Los jóvenes de los años noventas, recuerda Fulvia Márquez, no se quedaban quietos. A pesar de la situación de violencia que aquejaba a Medellín, y que los espacios de encuentro y participación en los barrios más pobres y vulnerables eran escasos, abundaban los procesos juveniles en torno al arte, la política y las distintas reivindicaciones sociales. La última década del siglo XX se caracterizó por una sociedad que constantemente se estaba movilizando, pero también por la ausencia de políticas públicas que solucionaran los puntos álgidos de esas reivindicaciones.

En 1997, el Congreso de la República aprobó la Ley 375, la primera Ley de Juventud del país. Su objetivo era entonces, "promover la formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, sicológico, social y espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano." (Artículo 2, Ley 375 de 1997).

El reto era entonces que las recién creadas políticas públicas se acoplaran a los proyectos existentes y que, a su vez, dieran paso a nuevos proceso y reflexiones alrededor el tema de la juventud. Los investigadores de Región apenas estaban empezando a hablar de juventud, y menos aún sabían sobre políticas públicas, pero "entre el ensayo y el error, aprendimos", dice Fulvia Márquez.

Y entre las cosas que aprendió Fulvia en este proceso es que "una política pública no debe hacerse con el Estado, sino con la gente, y sobre todo con los sujetos de derecho a los que la política está enfocada". Así, a partir de 1997, los grupos juveniles y los Consejos Municipales de Juventud fueron fundamentales para la implementación de la Ley 375 y para la creación de nuevas políticas a nivel departamental y municipal. Los jóvenes pudieron expresarse, decir qué era lo que sentían, cómo querían participar y ser parte de esta nación de la que son ciudadanos.

Lo importante según Juan Fernando Vélez, investigador de Región, era que su actitud hacia los jóvenes no fuera de "nosotros somos aquellos que saben", sino entender los espacios como una oportunidad para construir juntos. No se trataba de representar a los jóvenes y apropiarse del discurso de estos, sino que fueran los mismos jóvenes quienes se tomaran la palabra y usaran su propia voz.

Sin embargo, Fulvia también aprendió que "los jóvenes no tienen la razón per sé", y no sólo ellos deben ser consultados a la hora de crear una política de juventud. Los jóvenes también fueron niños y serán adultos, y es por eso que, a partir del 2000, se le apostó a una política intergeneracional. Las políticas poblacionales, dice Fulvia, deben dialogar entre sí, y una política de infancia debe ser coherente con una política de adolescencia, la de adolescencia con la de juventud y así sucesivamente hasta llegar a las políticas para la tercera edad, tal vez en las que más le falta avanzar a Colombia.

En la primera década de este milenio se presentó, no obstante, un fenómeno distinto al de los noventas: ya existían las políticas públicas pero había una carencia de tejido y movilización social. Y a partir del 2010, lo que sucedió fue que la juventud había cambiado y para una nueva juventud, que tiene nuevas formas de participar, se hicieron necesarias nuevas políticas y leyes de juventud. A los jóvenes de hoy, que son nativos digitales, los movilizan las redes virtuales y sus intereses y reivindicaciones son distintos a los de los jóvenes de los noventas.

En ese orden se creó en el 2013 la Ley 1622, que busca "garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad" (Artículo 1, Ley 1622 de 2013).

Esta nueva ley no busca promover la formación de los jóvenes sino su participación como ciudadanos en los procesos políticos y económicos que acontecen en el escenario nacional. Esto muestra un avance en materia educativa -pues ya no son necesarias las políticas públicas cuyo objetivo sea la formación-, y a su vez la necesidad de promover la participación de los jóvenes como ciudadanos. Y para lograr este objetivo, son tan importantes las políticas públicas como la construcción de tejido social.