La
paz urbana ha sido una de las protagonistas de la agenda nacional en las últimas semanas. Que se haya posicionado entre los intereses de medios de comunicación y opinadores de diferentes tendencias, es una de las consecuencias del acto político del presidente Gustavo Petro en la Alpujarra el pasado 21 de junio y, en concreto, de la presencia de varios voceros de las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, que ocuparon la tarima, junto al presidente de la República, y que desde hace dos años participan de un espacio de conversación que hasta el momento avanzaba sin despertar la atención de muchos de los actores que ahora se están pronunciando.
Lejos de concentrarnos en la discusión sobre el evento político y la cascada de reacciones que desató, nos interesa proponer una reflexión pausada para preguntarnos por los acuerdos que como sociedad podemos alcanzar alrededor de la construcción de la paz urbana.
Durante la pasada campaña presidencial, la paz fue una de las banderas del entonces candidato Gustavo Petro, quien planteaba la necesidad de una negociación amplia con los diferentes grupos armados para encontrar soluciones integrales a las diversas manifestaciones de la violencia en el país. Ya en la Presidencia, esto se concretó en la Ley 2272 de 2022, conocida como Paz Total, que le otorga facultades al Gobierno para realizar “acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.
Uno de los componentes de la Paz Total es la paz urbana, que busca alternativas para superar las violencias que desde hace varias décadas padecen algunas de las ciudades del país por la criminalidad organizada. Para llevar a cabo este propósito, el Gobierno Nacional instaló en 2023 los espacios de conversación sociojurídicos de Medellín y el Valle de Aburrá (2 de junio), de Buenaventura (18 de julio) y de Quibdó (18 de agosto).
La Corporación Región ha acompañado el proceso en Medellín y el Valle de Aburrá desde el momento de su instalación, haciendo parte activa de los distintos espacios que ha abierto la Sociedad Civil Organizada para rodear y promover la paz urbana y para exigir al Gobierno y las estructuras criminales que el proceso se adelante en el marco de la institucionalidad, garantizando los derechos de las víctimas y posibilitando la participación de la sociedad civil.
Nos involucramos con esta iniciativa por las mismas razones que en otros momentos de nuestra historia respaldamos procesos de negociación con diversos actores armados: la paz es un derecho de la ciudadanía y un deber de obligatorio cumplimiento para el Estado, y es su responsabilidad impulsar salidas negociadas a los conflictos que durante años han afectado a los territorios y a la población civil. La vía negociada es una premisa ética y política que defendemos, pues tenemos la convicción de que la salida militar exclusiva ha fracasado y ha dejado a su paso violencias recicladas y graves violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior no implica una posición acrítica frente a las negociaciones de paz; por el contrario, representa la posibilidad de plantear directamente nuestras diferencias, demandas y propuestas. En otros momentos hemos asumido posturas en defensa de la centralidad de las víctimas, la necesidad de transformar las condiciones materiales de las comunidades afectadas por el conflicto social y político y la importancia de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Con esos mismos criterios acompañamos estas conversaciones entre el Gobierno Nacional y las estructuras armadas de alto impacto.
El lugar que hemos tenido, tanto en el Espacio autónomo de la Sociedad Civil por la paz urbana como en el Comité de impulso de la Sociedad civil por la paz urbana para Medellín y el Valle de Aburrá – instancias conformadas por diversos sectores y organizaciones sociales para acompañar el proceso de paz urbana y velar para que las demandas y reivindicaciones de la ciudadanía se incluyan en la agenda de diálogo con las estructuras armadas – nos ha permitido conocer en detalle el proceso de conversación que se adelanta entre la delegación del Gobierno y los voceros de las bandas, y nos ha posibilitado entender que los análisis sesgados, ligeros o reduccionistas impiden comprender los diversos elementos que confluyen, soportan, tensionan y obstaculizan la paz urbana.
Como todas las negociaciones de paz en cualquier parte del mundo, este es un proceso complejo que, además, tiene la particularidad de ser el primero de su naturaleza en el país, pues se trata de negociar con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que, según las define la ley de Paz Total, se caracterizan por estar organizadas jerárquicamente o en red y dedicadas a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, como el usufructo de rentas legales e ilegales, prácticas de control territorial y vinculación ilícita con sectores de la institucionalidad en todos los niveles. Es decir, se trata de grupos armados que generan afectaciones concretas en la cotidianidad de personas y comunidades: controlan el negocio de las drogas, asesinan, extorsionan, desplazan, utilizan niños, niñas y adolescentes en acciones ilegales, entre un extenso repertorio de violencias. Además, son asumidos, en muchos casos, como reguladores naturales, necesarios y legítimos de la vida social, económica y política de los territorios.
Todo esto amerita reflexiones profundas que logren superar las valoraciones apasionadas de las tarimas, las cámaras y los micrófonos, y por supuesto, las disputas políticas entre las autoridades locales y las nacionales.
En el tablero de la Paz Total, el proceso de Medellín y el Valle de Aburrá es presentado por el Gobierno Nacional como el de mayores avances, lo cual es cierto si el punto de comparación son los procesos de Quibdó y Buenaventura, donde los logros son mínimos. Sin embargo, si la comparación se hace frente a las capacidades institucionales de Medellín y el Valle de Aburrá, sus experiencias en la desmovilización de grupos armados, la trayectoria de su movimiento social por la paz y el tiempo que lleva el espacio sociojuridico, podemos decir que son más los retos que los logros. Ahora, también podemos hacer la comparación con los tiempos, los aciertos y los fracasos de procesos similares a este, en países como Ecuador, El Salvador y Estados Unidos, y aceptar que esta es una tarea de largo plazo en la que se combinan permanentemente avances y retrocesos.
Pero más allá de las interpretaciones sobre los logros y las deudas, lo que hemos podido evidenciar luego de dos años de conversaciones en el espacio sociojurídico es que la paz urbana no ha logrado convertirse en un propósito colectivo para la ciudad y la región.
Las opiniones que circulan en redes sociales, las valoraciones que se hacen en diversos espacios sectoriales, gremiales, académicos y políticos de la ciudad y las posturas expresadas en los medios de comunicación, evidencian dos asuntos preocupantes: el desconocimiento del proceso por gran parte de la ciudadanía y que hay un número significativo de personas y entidades que se declaran abiertamente en contra de estos diálogos. Y ante la falta de escenarios para tramitar estas diferencias y construir consensos sobre algunas búsquedas esenciales, cada sector se reúne entre sí para confirmar sus sesgos, incrementar las distancias y radicalizar las posturas.
Esto marca una diferencia con lo acontecido en otros momentos frente a proyectos estratégicos para la ciudad y la región que también han contado con la participación del Gobierno Nacional, y en los que las autoridades, los gremios y las organizaciones sociales han participado de la discusión, han defendido con contundencia sus posturas, han planteado demandas y han contribuido con sus aportes. Y aunque en muchas ocasiones no se han logrado consensos, como es apenas natural en medio de marcadas diferencias de intereses, prioridades, capacidad de influencia y recursos, la posibilidad de expresar y defender posturas en tensión en la misma mesa ha sido parte de la vida democrática del departamento.
No pasa lo mismo con la paz urbana, ante la que ha primado la indiferencia, la distancia y hasta las consignas sin información ni contexto. ¿Por qué en este caso es distinto? ¿No debería ser la paz un propósito en el que coincidimos los diversos sectores de Medellín y el Valle de Aburrá? ¿Qué diferencias impiden la participación de algunos actores o conducen sus opiniones? ¿Es posible debatir esas posturas colectivamente?
Un paso fundamental para empezar a transformar las posiciones que dificultan que muchos sectores participen decididamente de este proceso es dejar de creer que la paz urbana es de los combos o del presidente Petro. Como sociedad civil debemos demandar que los diálogos se hagan de cara a la ciudadanía, con una ruta definida, una agenda pública y un marco normativo para el sometimiento aprobado por el Congreso. Pero eso es solo una parte del camino para lograr el desmantelamiento de las estructuras: las demás etapas, las que tienen que ver con construir la paz y hacer que sea irreversible, son mucho más largas y retadoras, y no se van a conquistar en la cárcel de Itagüí.
Construir la paz implica definir, posicionar e implementar una agenda social que posibilite transformaciones territoriales concretas, en la que se priorice la protección de la vida y la integridad física de todas las personas; se generen condiciones para garantizar a las víctimas verdad, justicia, reparación y no repetición; se implementen planes integrales para cerrar las brechas y las desigualdades históricas que reproducen la pobreza y la exclusión y se promuevan economías para la paz que contribuyan a la inclusión social y al desarrollo sostenible. Es fundamental que se acuerden acciones para identificar las causas de las violencias urbanas; se diseñe una red de infraestructuras para la paz desde la cual se adelanten estrategias de memoria, reconciliación y convivencia pacífica; se asegure la presencia del Estado en todas las zonas de la ciudad a través de la garantía integral de derechos, la justicia social y la prestación de servicios básicos; se mejoren las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas por las diferentes violencias urbanas y se establezcan acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia local, avanzando en la restauración del tejido social.
Estos son los desafíos reales que enfrentamos, y para avanzar en ellos y lograr superarlos es necesario asumir que la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá le pertenece a la ciudad y a la ciudadanía, a las víctimas, a las organizaciones sociales y comunitarias, a los sectores populares, a las universidades, a las empresas, al sector cooperativo, a los movimientos juveniles, sindicales, de mujeres, a las diversidades y disidencias sexuales y de género, a las escuelas, a las iglesias, a las juntas de acción comunal, a los comerciantes, a los medios de comunicación. A todas las personas que vivimos, trabajamos y habitamos estos diez municipios. Y tiene que ser un proceso amplio, público y plural, que recoja y reconozca voces y posturas diversas, y logre construir desde la diferencia.
Es momento de dejar de repetir las razones por las cuales no se participa del proceso y empezar a abrir los espacios para plantear las desconfianzas, los temores y las dudas. Para incidir con propuestas claras en el espacio sociojurídico, para demandar que las protagonistas sean las víctimas y no los victimarios, y para exigir que los gobernantes locales y nacionales dejen de utilizar el proceso para profundizar sus rivalidades y fortalecer su capital electoral y asuman con responsabilidad la obligación constitucional que tienen de trabajar por la paz de manera articulada.
En los diferentes espacios interinstitucionales de los que participamos suele aparecer de manera reiterada —con orgullo y nostalgia— la referencia a la capacidad que tuvo la ciudad a principios de los años 90 para articular el trabajo de la academia, el sector privado, la institucionalidad pública y las organizaciones sociales, con el fin de enfrentar la violencia extrema que vivíamos de cuenta del narcotráfico, y cómo ese trabajo conjunto cambió el rumbo de Medellín. Pues bien, hoy estamos frente a un panorama que nos convoca nuevamente a sumar saberes, experiencias y recursos para construir nuevas ‘Alternativas de Futuro para Medellín” y el Valle de Aburrá. Al igual que hace 35 años, en Región tenemos toda la disposición para aportar a este propósito, y lo haremos al lado de muchos otros actores, pues tenemos el convencimiento de que nos corresponde imaginar la paz urbana y construirla colectivamente.