La obra más grande de infraestructura, propuesta por el alcalde Federico Gutiérrez, tomó por sorpresa a la mayoría de la ciudadanía, pues ni en campaña, ni en su programa de gobierno, ni en el Plan de Desarrollo quedó consignado de forma explícita algo que suene parecido al mar de Medellín. Después de varias semanas, esta polémica noticia sigue siendo objeto de titulares, videos y columnas de opinión, pues los 195 mil millones de pesos que costará la obra, los sentidos bajo los cuales se justifica su construcción y las implicaciones que esta tiene en términos de ordenamiento territorial, financiación, acceso al espacio público, entre otros, ameritan que la conversación siga abierta y trascienda las críticas superficiales y la ola de indignación.
Medellín sí necesita más espacios públicos y escenarios deportivos incluyentes que satisfagan las necesidades de recreación de todas las personas, especialmente de aquellas que han estado históricamente excluidas, que habitan barrios en los que estas posibilidades escasean y que no tienen las condiciones económicas para pagar por la oferta privada de este tipo de servicios. Las críticas al emergente y novedoso proyecto del alcalde no conllevan —como algunos quieren hacer creer— ninguna molestia con el hecho de que en la ciudad se incrementen los espacios para el disfrute y el ocio, o con que los recursos públicos se destinen a una mejor oferta cultural y recreativa.
De hecho, la primera pregunta que hay que plantearle al megaproyecto es, justamente, con quiénes fue diseñado y para quiénes será construido. Si bien el discurso oficialista señala que será “para la gente”, lo que se corresponde con una estrategia de comunicaciones compacta, lo cierto es que este proyecto no contó con ninguna acción participativa que involucrara a la comunidad aledaña a la zona de intervención, ni a personas de otros sectores de la ciudad que supuestamente se verán beneficiadas con la ampliación de estos escenarios deportivos. Entonces, ¿de qué gente estamos hablando? ¿Quiénes decidieron que Medellín en este momento realmente necesita un falso mar?
En el discurso también se muestra el Parque Medellín —nombre que tendrá el complejo deportivo en su conjunto— como uno “de talla internacional”, que será “un destino innovador” y que combina deporte, turismo y recreación. Estas afirmaciones, leídas en medios de comunicación oficiales, nos generan preguntas por los propósitos que tendrá un proyecto de este tipo: ¿será un espacio público de libre acceso para las personas que viven en estratos 1, 2 y 3, o un complejo deportivo con restricciones en su uso y limitaciones para su disfrute? ¿Se realizarán allí eventos internacionales con altos costos que impliquen cierres frecuentes al público en general? ¿La oferta comercial que se promete estará al alcance de las personas más pobres de la ciudad? ¿Habrá rutas de transporte público que conecten el parque con las poblaciones del nororiente y noroccidente de Medellín para cumplir así la promesa de que será para “la gente” y para el disfrute ciudadano? ¿O será un lugar para que quienes ya practican deportes de alto costo tengan mayores comodidades? ¿Será un parque acuático para desarrollar la oferta turística de la ciudad, y si es así, serán los actores privados relacionados con este sector económico los más beneficiados con las utilidades de esta inversión pública?
Pensar en el sentido de lo público, en lo limitado de los recursos disponibles, en la priorización de las necesidades sociales y en lo que significa un espacio que sea realmente para la gente nos obliga a plantear todas estas preguntas; especialmente porque reconocemos la importancia que tiene la participación ciudadana en este tipo de decisiones, que por lo que sabemos hasta el momento, ha sido nula en este proyecto.
Desde hace varias décadas en Región, nos venimos interrogando por el modelo de ciudad que necesitamos y queremos, y por las maneras en las que determinadas apuestas gubernamentales aportan o no a ese modelo. En el caso específico del gran parque del mar para Medellín, vemos con preocupación varios asuntos que revelan tendencias que se pueden agudizar.
En primer lugar, se reafirma la concentración de inversiones en zonas centrales, mientras los barrios populares y la ruralidad siguen excluidos por la poca inversión pública. En este sentido, por ejemplo, nos preguntamos por los avances en el proyecto de las seis casas verticales Re-creo, que sí están en el Plan de Desarrollo y que se propusieron también como escenarios deportivos, culturales y de recreación; porque, insistimos, no se trata de minimizar las necesidades que se desprenden de estos derechos, sino de revisar de qué manera las inversiones se redistribuyen y llegan, efectivamente, a quienes más lo necesitan ¿Acaso para la actual alcaldía es más importante el derecho a conocer un mar falso que el derecho a mayor inversión pública en los territorios populares y rurales que más lo necesitan?
Por otro lado, está el grave problema de la vivienda y la especulación que genera un alto costo del suelo. En Medellín no hay suficiente suelo urbanizable, el que hay se ha vuelto demasiado caro y la oferta de vivienda social es escasa. Muchos de los cambios de la ciudad en los últimos años han incrementado este problema y hoy no sólo faltan viviendas, sino que muchas de las existentes están en condiciones precarias. Si bien en la ciudad se debe estar en capacidad de resolver simultáneamente diversas problemáticas, es fundamental que sus dirigentes logren priorizar entre lo urgente y lo que da espera. El acceso a la vivienda digna y adecuada —que también es un derecho— debería tener una prelación irrebatible, y aunque el Plan de Desarrollo lo considera, sus metas son mínimas.
Si ahora la ciudad cuenta con un recurso extra, ¿por qué no acordamos invertirlo en mejorar las condiciones de las más de 90 mil familias que están en situación de riesgo de desastre y que no gozan de un lugar digno y seguro donde habitar?, ¿Qué tan prioritario es para las familias que viven en casas que se inundan cada vez que llueve y están expuesta a un derrumbe, pasar una tarde de sol en una piscina con arena?, ¿Si estas familias pudieran participar democráticamente en la decisión, preferirían que el recurso público se invirtiera en un falso mar o en el mejoramiento integral de sus barrios?, ¿Cuántos mejoramientos de viviendas se pueden realizar con el dinero que se va a invertir en este proyecto?
Precisamente, otro de los asuntos problemáticos que identificamos es el valor de la megaobra que, como ya dijimos, será de 195 mil millones de pesos. La Alcaldía afirma que esto es posible porque la plata está rindiendo y porque nadie se está robando los recursos públicos, sin embargo, no hay aún claridad sobre las fuentes de financiamiento, contratistas y otras informaciones que permitan comprender con transparencia cómo se pagará una obra de tal envergadura que planea entregarse en 2027 y que no aparecía en ningún instrumento de planeación.
Los medios de comunicación han repetido los mismos datos entregados en boletines y comunicaciones oficiales provenientes de la Alcaldía, del Inder y de otros despachos; han convertido esta noticia incluso en un chiste, pero no se han atrevido a preguntar de forma consistente por la financiación. Lo hizo, sí, el medio independiente El Armadillo, que tuvo que radicar un derecho de petición —que al momento de publicar este editorial no ha recibido respuesta— para obtener la información necesaria para su ejercicio periodístico. En el artículo publicado nos recuerdan que “19 empresas del sector inmobiliario y de la construcción hicieron donaciones a la campaña de Federico Gutiérrez, lo que ubicó a ese sector económico como el mayor aportante de su candidatura”. Y hay que tener en cuenta también el gasto que supondrá en el futuro el mantenimiento y la sostenibilidad de esta infraestructura, un dato que tampoco conocemos.
Como lo anunciábamos en nuestro editorial de abril de este año sobre la relevancia de la participación ciudadana en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial: “El riesgo en este caso es que se utilice lo público para apalancar el interés privado, afectando el aprovechamiento de un recurso tan escaso como el suelo, concentrando nuevamente los beneficios del desarrollo en pocas manos”. Como ciudadanía, tenemos derecho a saber cuáles empresas se verán beneficiadas con esta contratación y cuál es su relación con la actual alcaldía.
Y a propósito del POT, aquí está otro de los asuntos que no podemos pasar por alto. En este momento la ciudad se encuentra en el proceso de actualización de mediano plazo de este instrumento, fundamental para una planeación del territorio justa, organizada y coherente. En este marco, un grupo de organizaciones sociales, comunitarias y culturales venimos impulsando un proceso de participación ciudadana amplio, plural, cualificado y diverso para incidir en dicha actualización. En estos diálogos se evidencia la necesidad de que se fortalezca la garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, el mejoramiento integral de barrios, el control de la turistificación, la gentrificación y la especulación del suelo con el consecuente encarecimiento en los costos de la vivienda, y el reconocimiento y desarrollo de la vida campesina en la ruralidad de Medellín. Las necesidades de espacios recreativos son minoritarias en este proceso, no porque no resulten importantes, sino porque hay otras más urgentes. Entonces, ¿cómo dialoga un proyecto como el Parque Medellín con sus múltiples pistas, piscinas, arena y un simulado mar, con las necesidades reales de la ciudad? ¿Cómo se articula esta reciente idea de una playa artificial con la deliberación profunda que debería suscitarnos la visión compartida de futuro para el territorio a propósito de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial?
Una última reflexión que queremos plantear tiene que ver con la explotación del espacio público por parte de privados en función del creciente turismo que llega a Medellín. Cuando se piensa un proyecto urbano de talla internacional, los habitantes de la ciudad, especialmente aquellos más pobres, quedan excluidos por la escasez de recursos para acceder al disfrute de dichos espacios y la ausencia de actividades abiertas para toda la ciudadanía. Esto restringe y encarece su acceso y los convierte en espacios para el consumo y disfrute de quienes sí pueden pagar, entre estos, quienes conforman el público de la creciente industria del turismo. El nuevo parque que se construirá en Medellín, por su ubicación y sus especificidades, corre el mismo riesgo.
Hacemos un llamado a la administración municipal, en primer lugar, a actuar con transparencia y a presentarle a la ciudadanía toda la información que se está demandando: costos, tiempos de ejecución, contratistas y la respectiva proyección presupuestal; además de entregar información real y concreta sobre cómo será su funcionamiento. Y al Concejo de Medellín, en el que reconocemos una mayoría gobiernista, a hacer un seguimiento riguroso, no sólo a publicitar el proyecto como motivo de orgullo, sino a demostrar su viabilidad a través de un control político serio que supere el engolosinamiento de tener un mar en Medellín, porque en últimas, y sin llamarnos a engaños, sabemos que quienes nunca han ido al mar porque sus condiciones económicas no se lo permiten tampoco lo conocerán en esta ciudad, donde eso que llaman mar no será más que una piscina grande de olas.