El domingo 8 de marzo, mientras en el mundo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, en Colombia acudiremos a las urnas para elegir a quienes nos representarán en el Congreso de la República durante los próximos cuatro años. Queremos aprovechar esta coincidencia para insistir en una reflexión que, lamentablemente, no es nueva y que nos obliga a mantener la alerta sobre la participación política de las mujeres en los escenarios de poder, en este caso, en el legislativo.
Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las mujeres representan más del 53% del censo electoral. Son ellas quienes mayoritariamente participan, deciden y legitiman con su voto la institucionalidad democrática. Sin embargo, esa mayoría no se refleja en los espacios donde se toman las decisiones. Por ejemplo, en la actualidad solo el 29% de las curules del Congreso de la República están ocupadas por mujeres y, aunque esta es la cifra más alta en la historia del país, evidencia una brecha profunda entre participación y representación. Con las elecciones de 2026 parece que esta realidad no se modificará sustancialmente, pues de las 3.144 candidaturas inscritas al Congreso, apenas el 40% son mujeres. Esta cifra evidencia que la desigualdad comienza en la definición de las candidaturas, en las estructuras partidistas y en las decisiones que determinan quiénes pueden competir y quiénes no, y se termina de concretar en las urnas.
La realidad que hoy tenemos es el resultado de una historia política marcada por la exclusión. Aunque las mujeres conquistaron el derecho al voto en 1954, su acceso efectivo a los espacios de decisión ha sido muy lento. En más de dos siglos de vida republicana, Colombia ha tenido 42 presidentes por elección popular, todos hombres. En los cargos de representación local se ha logrado una mayor presencia de mujeres; sin embargo, sigue siendo minoritaria, tal como lo muestran los datos de las elecciones territoriales de 2023, en las que solo el 9,4% de las gobernaciones y el 13,2% de las alcaldías quedaron en cabeza de mujeres.
Más que una cuestión de números, estamos hablando de la capacidad del sistema de dar respuesta a las demandas, necesidades y propuestas de la sociedad en su conjunto. La presencia de más mujeres en el poder no se limita a un criterio simbólico, sino que responde a la exigencia democrática de que las instituciones reflejen la diversidad, las voces y las experiencias de quienes conforman el país.
Las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a cargos públicos son persistentes: falta de financiación para sus campañas, menor respaldo de los partidos y mayores niveles de violencia política. Sus liderazgos suelen ser más cuestionados, sus trayectorias evaluadas con estándares más exigentes y sus vidas personales y sexuales puestas en público para desprestigiarlas. Incluso su peso o su talla son utilizados para ridiculizarlas bajo el disfraz del humor político. No se trata de obstáculos individuales, sino de condiciones estructurales que restringen el ejercicio pleno de la ciudadanía política.
Por esto, el desafío de ampliar la participación política de las mujeres no puede recaer únicamente en quienes deciden hacer parte de la contienda electoral. Se requieren transformaciones institucionales, compromiso de los partidos y una decisión colectiva de avanzar hacia una democracia más igualitaria. En este contexto, las llamadas listas cremallera representan uno de los avances institucionales más importantes, aunque todavía insuficientes, en la lucha por la igualdad política.
Este mecanismo consiste en la alternancia obligatoria entre hombres y mujeres en el orden de las listas electorales, con el fin de evitar que las mujeres sean ubicadas sistemáticamente en las últimas posiciones y queden sin posibilidades reales de elección. Esto marca una diferencia importante con la ley de cuotas del 30%, que no exige la alternancia y ha llevado a que, en muchos casos, los partidos cumplan la norma enviando a las mujeres a los últimos puestos de las planchas.
Las listas cremallera, especialmente las cerradas, son una herramienta concreta para redistribuir el poder político y romper una inercia histórica que ha relegado a las mujeres a los márgenes de la decisión. Ahora bien, también hay listas cerradas que, pese a no aplicar la cremallera, sí incluyen mujeres en posiciones que les dan posibilidades efectivas de elección, así como listas abiertas que tienen candidatas en los primeros lugares. En esas opciones se abre una oportunidad concreta para ampliar la participación de las mujeres en el legislativo en estas elecciones.
A diferencia de otros años, este 8 de marzo las calles no serán el principal escenario de la expresión colectiva, pues al realizarse las elecciones ese día, se reducirá la posibilidad de ver y asistir a las tradicionales marchas y plantones de los movimientos de mujeres**. Sin embargo, este momento puede leerse como una oportunidad para marchar a las urnas a ejercer masivamente un derecho conquistado tras décadas de exclusión, recordándole al país que la participación de las mujeres no es reciente ni circunstancial, sino el resultado de una historia persistente de luchas por la igualdad, y allí mismo elegir, ojalá de manera significativa, a más mujeres para que se amplíe y robustezca su presencia en dos instancias clave de la vida política de la nación.
En la Corporación Región insistimos en que la democracia no se reduce a un procedimiento electoral; es ante todo un proyecto social y político orientado a garantizar que las personas puedan participar en condiciones de libertad e igualdad en todos los espacios en los que se toman las decisiones colectivas que afectan sus vidas. Cuando esa participación no es equitativa en los espacios de mayor incidencia y poder, la democracia pierde profundidad y pluralidad. Por eso creemos firmemente que la democracia no será plena mientras las mujeres sigan siendo la mayoría que elige, pero no parte de la mayoría que decide.
Este 8M invitamos a votar por candidatas comprometidas con la defensa y ampliación de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género, la redistribución del cuidado, la construcción de paz, la justicia social, la equidad territorial, la superación de la pobreza y la defensa de los derechos humanos. Que en esta ocasión la gran mayoría de los votos favorezca a las más de 21 millones de mujeres y a los cerca de 6 millones de niñas que, desde todos los territorios, construyen día a día este país.
**En varias ciudades del país las marchas se llevarán a cabo en distintas fechas. En Medellín será el 6 de marzo a las 2:30 p.m y el punto de encuentro será el parque Bolivar