La crisis de la Universidad de Antioquia está lejos de mitigarse. La información conocida durante el último año da cuenta de que las dificultades no son solo financieras, también hay problemas en la gestión administrativa, cuestionamientos al liderazgo y la gobernabilidad, tensiones políticas, desconfianzas internas, discusiones sobre la autonomía universitaria y una suerte de orfandad que lleva a que muchos integrantes de la comunidad universitaria se estén preguntando hoy realmente a quién le importa el Alma Máter.
En octubre de 2024, cuando publicamos un primer editorial sobre la situación de la UdeA, el panorama era el de una institución que se enfrentaba a un grave problema de desfinanciamiento —que puede entenderse como la brecha existente entre los recursos que recibe de la Nación y del Departamento y lo que cuesta su funcionamiento— y a unas medidas de austeridad que empezaban a amenazar su misión, pues ponían en riesgo actividades de investigación y de docencia, expandiendo la lógica de mercado ya existente.
Un año después, la UdeA vuelve a estar en el foco, pues es evidente el recrudecimiento y profundización de la crisis, que si bien puede explicarse, en buena medida, por el equivocado modelo de financiamiento de la educación superior pública, también está relacionada con decisiones políticas y con la negligencia de sus directivas, que durante años subvaloraron las dimensiones reales del problema, poniendo en riesgo su subsistencia como proyecto académico, social y cultural.
Sobre la crisis financiera, los datos más recientes que se han conocido —pues la opacidad y lo confusa que resulta la información disponible es otro frente del problema— indican que a principios de octubre la UdeA necesitaba 148 mil millones de pesos para finalizar el año y cumplir con sus obligaciones. Según declaraciones entregadas a varios medios de comunicación por el rector John Jairo Arboleda, la desfinanciación acumulada, que hace un año se calculaba en $350 mil millones, ahora estaría cerca de los $450 mil millones. Eso, a pesar de medidas como las órdenes impartidas a todas las unidades académicas para reducir la contratación de horas cátedra, lo que ha afectado profundamente las condiciones de trabajo de cientos de personas, sobre todo para el personal docente que presta sus servicios en esa modalidad, y también a docentes de planta que vieron reducidas sus horas de dedicación a la investigación y que han tenido que asumir sobrecargas de labores administrativas.
Hasta ahora, ni el Gobierno Nacional ni la Gobernación de Antioquia han tomado las medidas estructurales necesarias para responder a la magnitud de la situación, lo cual implicaría, entre otras alternativas que hacen parte de un debate más amplio, que se destinen recursos nacionales específicos para reducir el déficit acumulado, que la Gobernación incremente significativamente los aportes que constituyen base presupuestal, e incluso que la Alcaldía de Medellín se vincule con aportes para el funcionamiento de la institución.
Con relación a los cuestionamientos al liderazgo, el análisis se centra en la responsabilidad que recae sobre el actual rector y su incapacidad para enfrentar la crisis financiera ya mencionada. Durante el proceso de designación rectoral, Arboleda, que avanza en su tercer periodo consecutivo en el cargo, esquivó las críticas sobre los efectos de sus decisiones y afirmó que la universidad era “víctima de su propio éxito”, reduciendo el problema a las dificultades del modelo de financiamiento de las universidades, establecido en la Ley 30 de 1992. Además, su reelección dejó profundas grietas en la comunidad universitaria, que se han convertido en obstáculos para la gobernabilidad de la institución, pues le restan legitimidad ante los distintos estamentos, y le generan dificultades para convocar y sacar adelante la necesaria construcción de un acuerdo que ponga en el centro el interés común del Alma Mater, intensificando las luchas internas y profundizando las distancias entre los grupos enfrentados.
Un ejemplo que refleja bien esta situación es la calificación insuficiente (35/100 puntos) que obtuvo Arboleda durante la vigencia 2024 por parte del Consejo Superior Universitario y frente a la cual planteó, en una carta a la comunidad universitaria, sin el menor asomo de autoreflexión, que “algunas críticas responden a intereses ajenos a la universidad”. Sin embargo, pese a que no se evidencia una postura crítica de su parte sobre su rol en esta problemática, en su argumento hay algo de razón: la Universidad se ha convertido en un botín político en disputa.
El Consejo Superior tiene nueve integrantes: es presidido por la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional tiene dos delegados y los demás votos son los de un representante del profesorado, uno de las directivas académicas, uno de egresados y egresadas, uno de los exrectores, uno del sector productivo (elegido por el Comité Intergremial de Antioquia) y uno más del estudiantado, que regresó recientemente luego de 23 años de vacancia. Arboleda no era el candidato de la Gobernación ni del Gobierno Nacional, pero consiguió los dos votos de este último en la segunda ronda. La apuesta del gobierno de Gustavo Petro para no perder el pulso con Andrés Julián Rendón derivó en la reelección de Arboleda.
Ese escenario expuso la contradicción entre lo nacional y lo departamental, y una vez se hizo pública la crisis —o se dejó de esconder—, empezaron los movimientos de parte y parte. Ejemplos de ello son, por un lado, las medidas de austeridad ordenadas por la Gobernación de Antioquia desde mediados del año anterior y profundizadas con el pasar de los meses, las cuales han tenido enormes efectos académicos y laborales. Por el otro, la decisión del Ministerio de Educación de implementar desde septiembre una inspección in situ a la Universidad, situación que, aunque trate de matizarse, se traduce en una intervención del Gobierno Nacional sobre la administración de la UdeA y que ha desatado algunas críticas, al ser considerada como una violación de la autonomía universitaria.
En todo este entramado parecieran estar en disputa dos modelos: uno que concibe la Universidad como centro formativo, que responde a criterios de eficiencia y a las necesidades del mercado, y otro de base popular, que propende por un proyecto pedagógico social y político con potencial transformador. Sin embargo, en la práctica, ambas posturas parecen reducirse a intercambios clientelistas y a revanchismos políticos.
En síntesis, vemos una Universidad con profundas dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, con un grave problema de liderazgo y gobernabilidad, y en medio de una disputa de fuerzas políticas locales y nacionales que están más interesadas en sacar provecho electoral de la crisis que en ayudar a resolverla.
A Región, como organización de la sociedad civil que trabaja por el fortalecimiento de la democracia, la construcción de la paz y la justicia social, le importa la Universidad y su actual situación. Tenemos la convicción de que es necesario seguir sumando fuerzas por la defensa de la educación superior pública, por lo que insistimos en el llamado a rodear la UdeA desde todos los sectores, asumiendo su sostenibilidad como una prioridad en las agendas de incidencia de la sociedad civil.
Además de manifestar nuestro respaldo y voluntad de contribuir a encontrar alternativas para superar esta crisis, consideramos fundamental que en este momento adverso se tengan conversaciones francas que permitan poner sobre la mesa los intereses que están en juego desde todos los sectores, por lo que nos parece pertinente plantear algunas preguntas que pueden ayudar a ampliar este necesario diálogo.
¿Sigue siendo la Universidad ese lugar al que muchas personas jóvenes aspiran y en el que ven las posibilidades de proyectar su futuro? ¿Mantiene la Universidad un diálogo abierto y fluido frente a las demandas y las realidades sociales, culturales y económicas de la ciudad y el departamento? ¿Hemos dejado sola a la Universidad o es esta quien se ha aislado de las luchas de los demás sectores de la sociedad civil?
¿Cómo es posible que esta crisis financiera se haya profundizado justamente durante el primer Gobierno Nacional con coincidencias ideológicas y de proyecto político con el grueso del movimiento universitario? ¿Por qué ha cambiado la favorabilidad del rector frente al Gobierno Nacional? ¿Estaría dispuesta la comunidad universitaria a soportar una intervención sobre su autonomía por parte de un gobierno de otra corriente ideológica?
¿Por qué la Gobernación de Antioquia no retribuye con mayores aportes el impacto positivo de la Universidad en todas las subregiones del departamento? ¿La apuesta del Gobierno Departamental es la asfixia financiera de una Universidad que le resulta incómoda? ¿Cuándo va a tomar la Alcaldía de Medellín la decisión de realizar aportes que constituyan base presupuestal para la Universidad, asumiendo que, aunque esta institución no está bajo su responsabilidad, es fundamental para la formación de sus habitantes?
¿Por qué se reelige por tercera vez a un rector que en sus dos periodos anteriores no manejó de manera adecuada la situación de desfinanciamiento de la Universidad? ¿Por qué se sostiene una administración universitaria cuya calificación es deficiente y sigue sin responder de manera efectiva ante la crisis? En el caso hipotético de una renuncia del rector, ¿cuáles son las propuestas de los diferentes sectores para el día después?
¿Cómo podemos ayudar?
Los aportes que durante más de 220 años ha hecho la Universidad de Antioquia al departamento y al país son invaluables. Como organización de la sociedad civil reconocemos y valoramos sus contribuciones académicas, sociales y políticas y nos unimos a las voces que reclaman medidas estructurales y oportunas para enfrentar la crisis.