Las dificultades financieras que atraviesa la Universidad de Antioquia han estado en el centro del debate público los últimos meses; sin embargo, más allá de la coyuntura, lo que sucede en la UdeA evidencia una crisis general y estructural que viene de tiempo atrás y que exige intervenciones inmediatas.
El desfinanciamiento de las más de 60 instituciones de educación superior públicas del país, y particularmente de las 34 universidades estatales, tiene su origen en la ley 30 de 1992, que estableció que el Índice de Precios al Consumidor –IPC– sería la base para determinar los aportes que las universidades deben recibir cada año por parte de la Nación. Este modelo desconoce que el funcionamiento de estas entidades incluye muchos gastos que crecen por encima del IPC, lo que empezó a generar un desbalance entre sus ingresos y sus egresos.
Además, esa fórmula pasa por alto propósitos esenciales de la universidad pública: crecer, ampliar cobertura y presencia territorial, desarrollar y expandir la investigación, cualificar y aumentar el nivel de formación del profesorado, mejorar las condiciones de bienestar de sus estudiantes. Todo esto tiene un costo que el mecanismo de financiamiento de la ley 30 no contempla.
El presupuesto de la Universidad de Antioquia para 2024 es de 1.9 billones de pesos, que provienen de las siguientes fuentes: 44% del Gobierno Nacional, 4% de la Gobernación de Antioquia y 10% de recursos por estampilla e IVA. El 42% restante debe conseguirlo la Universidad con la venta de servicios de extensión, objetivo que no siempre se cumple; de esta manera, la UdeA ha acumulado un déficit por décadas, que, al 30 de septiembre de este año asciende a $365 mil millones.
En la búsqueda de una solución estructural para un problema también estructural, el pasado mes de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley denominado “Acuerdo Nacional por la Educación Superior”, que propone modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, creando un nuevo esquema de financiación que garantice una mayor sostenibilidad económica a las Instituciones de Educación Superior públicas. Además, para el caso específico de la Universidad de Antioquia, el Gobierno Nacional viene realizado un incremento en las transferencias desde hace dos años: en 2022 fueron de $464.776 millones, en 2023 de $552.727 millones, y en 2024 están previstas por $619.399 millones, lo que representa un aumento del 33 % en ese periodo.
Gracias a la movilización de profesores y estudiantes de la UdeA, la situación escaló en la agenda pública, y en los últimos meses el Ministerio de Educación asumió un rol activo en la discusión de la crisis financiera, lo cual ha sido especialmente significativo para el movimiento estudiantil, pues el ministro Daniel Rojas se ha reunido en varias ocasiones con sus integrantes para reiterar el compromiso de esta cartera con la búsqueda de soluciones a la desfinaciación de las universidades y el interés particular del presidente Petro de apoyar en este momento al Alma Máter. Estas acciones y el discurso público del Gobierno Nacional han sido de suma importancia, pero es necesario que las medidas se concreten rápidamente con recursos que permitan atender lo inmediato, mientras se avanza en la construcción de las soluciones estructurales a la crisis.
Por otro lado, el mapa de apoyos y alternativas en el ámbito regional es menos claro. El gobernador Andrés Julián Rendón inició su periodo haciendo declaraciones imprecisas y fuera de contexto sobre la universidad: habló de los “estudiantes eternos”, luego se enfocó en los contratos de cátedra y en la destinación de horas del profesorado a la docencia, para exponer lo que, a su juicio, explica la crisis de la universidad. Eso enmarcó su posición en el proceso de elección del nuevo rector, que se llevó a cabo el primer semestre de este año, y así metió a la Universidad en el paquete de peleas que tiene cazadas con el presidente.
La reelección de John Jairo Arboleda —que no era el candidato de la Gobernación ni de la Presidencia, pero que finalmente ganó consiguiendo en la segunda ronda de elección los dos votos que tiene el Gobierno Nacional en el Consejo Superior Universitario— generó una brecha que contribuye en buena parte a la tensión actual entre el gobernador y el rector. En este punto es necesario detenernos para preguntarnos por la responsabilidad de la situación financiera de la UdeA que recae sobre sus directivas. Arboleda empezó en abril su tercer periodo al frente de la rectoría y ha esquivado las críticas que tienen que ver con su propia gestión. Durante la campaña trató de reducir las dimensiones del problema casi que exclusivamente a los asuntos estructurales, evadiendo los efectos de decisiones de su competencia, relacionados, en su mayoría, con las apuestas de crecimiento de la Universidad en medio de una situación de crisis ampliamente diagnosticada.
Ahora bien, desde que estalló el escándalo por la desfinanciación e iliquidez de la UdeA, el gobernador ha planteado salidas que parecen más un chantaje, proponiendo algunas medidas de austeridad que se han empezado a implementar en la Universidad, aun cuando muchas de ellas pueden tener efectos negativos sobre los derechos laborales y la calidad de la educación.
La Universidad de Antioquia es una institución estatal de orden departamental, lo que le permite a la Gobernación realizar aportes que constituyan base presupuestal para el funcionamiento de la entidad, y que pueden incrementarse periódicamente. Sin embargo, desde la aprobación de la ley 30 en el 92, los recursos provenientes del departamento no han pasado del 3.5% y el 4.0% del presupuesto total de la Universidad, una cifra ínfima, sobre todo cuando se compara con las contribuciones de la institución a las diferentes subregiones.
La decisión de tener presencia en las subregiones del departamento, tomada en la década del noventa, ha sido una apuesta real de la Universidad por la equidad territorial, que además de llevar programas de formación, ha promovido iniciativas culturales, sociales y económicas con las comunidades, cerrando brechas y cambiando vidas. Hoy la UdeA está en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Occidente, Oriente, Suroeste y Norte, construyendo conocimiento desde los territorios.
Precisamente por esto, desde la Universidad se le ha propuesto a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental promover una ordenanza que incremente los aportes a la Institución, orientados a financiar el 50% de los costos del programa de regionalización. Aún no hay respuesta, pero la Asamblea Departamental realizó un debate de control político sobre la crisis de la UdeA el 18 de octubre, allí se reiteró la necesidad de que la Gobernación demuestre su compromiso real con la Universidad, ampliando significativamente sus aportes.
Durante este periodo de crisis, la única medida concreta llevada a cabo por la Gobernación fue un adelanto por 11 mil millones de pesos, correspondientes a los giros que el departamento debía realizar a la Universidad en los dos meses siguientes. La pasividad del gobernador Andrés Julián Rendón frente a la situación contrasta con la enérgica y creativa posición asumida hace apenas unos meses con el tema de las vías 4G, cuando se mostró decidido a conseguir los recursos necesarios para terminar la obra.
El Distrito Especial de Medellín es el otro actor importante a la hora de pensar en la concurrencia de recursos para la Universidad. Si bien es cierto que no tiene competencias financieras ni jurídicas frente a la entidad, y por esta razón solo aporta recursos de manera indirecta a través del recaudo de la estampilla Universidad de Antioquia, también es cierto que por lo menos 16.000 estudiantes de la UdeA son de Medellín, lo cual representa cerca de un 40% del total de la población matriculada para 2024.
Esta debería ser una razón de peso para que el alcalde Federico Gutiérrez asuma un rol protagónico en esta situación y contribuya, junto al Concejo, en la búsqueda de mecanismos que, sin violar el ordenamiento legal, le permitan realizar un aporte económico inmediato a la UdeA para reducir la crisis de este año y posteriormente avanzar en estrategias que posibiliten el incremento de los aportes regulares —como modificar el estatuto tributario para elevar los montos por la estampilla o alivianar algunos de los costos que la universidad debe pagarle a la ciudad por impuestos— y otras acciones viables que no afecten las responsabilidades de la alcaldía con las tres instituciones de educación superior de orden distrital.
Medellín ha aportado cerca de 870.000 millones para la construcción del primer tramo del túnel del Toyo, y hace pocos días el alcalde se comprometió a invertir nuevos recursos para avanzar en las obras del segundo tramo que fue cedido por el Gobierno Nacional a la Gobernación de Antioquia. Aunque este megaproyecto está por fuera de la jurisdicción de Medellín, Gutiérrez ha justificado la inversión de recursos del distrito aludiendo a los beneficios que traerá para la ciudad. Con voluntad política, esa misma fórmula se podría aplicar a una inversión en la Universidad de Antioquia, y seguramente se encontrarán muchos beneficios directos para toda la ciudadanía.
La responsabilidad de los gobiernos departamental y distrital frente a la crisis financiera que afronta la Universidad de Antioquia no se puede evadir culpando al Gobierno Nacional y desentendiéndose de ella. ¿Cuáles son las alternativas regionales para responder a la problemática de la Universidad? ¿Por qué el gobernador y el alcalde no asumen con el mismo liderazgo y compromiso la situación financiera de la UdeA, que el tema de las vías 4G?
De otro lado, vale la pena recordar que en el Consejo Superior de la Universidad tiene asiento el sector productivo, por lo que también cabe preguntarnos por las estrategias que desde las empresas se pueden adelantar para apoyar a la Universidad. Por ejemplo, con un incremento significativo de contratación de los servicios ofrecidos por la UdeA a través de sus programas de investigación y extensión. Es momento de sumar desde todos los lugares y posiciones.
La Universidad de Antioquia es un bien público del departamento y del país, y sus aportes sociales, académicos, culturales y económicos son invaluables. La reflexión sobre su situación debe ser de interés de toda la ciudadanía y de manera particular, debe movilizarnos como sociedad civil organizada, convocándonos a unir nuestras fuerzas, voces y capacidad de incidencia para contribuir a que la solución de la crisis financiera que hoy atraviesa sea una prioridad en el debate público y en la agenda política nacional y local, de manera que todos los actores corresponsables tengan como prioridad la consecución de los $ 136 mil millones que se requieren para que la institución pueda cumplir con sus obligaciones de este año, y que por muchas más décadas podamos seguir cantando entusiastas: ¡Que viva la Universidad!
*Para la elaboración de este editorial se tomó como referencia la información oficial presentada en el debate de Control Político sobre la situación de la Universidad de Antioquia, realizado en la Asamblea Departamental el 18 de octubre de 2024
