Desalojar no es proteger: lo que la situación de Manrique exige al POT

El pasado 8 de septiembre, el barrio El Jardín, de la comuna 3 – Manrique, fue militarizado en el marco de lo que la Alcaldía llamó “evacuación humanitaria”, una respuesta a la alerta de riesgo que se había presentado desde el mes de abril por el desbordamiento de las quebradas La Mansión y La Máquina. Sin embargo, lo que vivieron las familias fue un desalojo en el que, haciendo uso de la fuerza y en medio de un fuerte despliegue policial, fueron obligadas a abandonar sus viviendas. Muchas de esas casas fueron demolidas posteriormente, mientras las comunidades reclamaban diálogo y garantías para su salida del barrio.

En las laderas de Medellín existen procesos históricos de autogestión, organización comunitaria y construcción popular de ciudad, mediante los cuales miles de familias han producido sus viviendas, sus barrios y sus redes de solidaridad. Son territorios que requieren respuestas públicas sostenidas para mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir el riesgo: mejoramiento integral de barrios, infraestructura, legalización y regularización, obras de mitigación y acceso a servicios y equipamientos. Reconocer estas trayectorias implica entender que el riesgo no puede resolverse simplemente expulsando con violencia a quienes allí habitan, sino garantizando intervenciones preventivas que permitan proteger la vida y reconocer los procesos sociales y territoriales que allí existen.

La Alcaldía tiene la responsabilidad de actuar frente al riesgo para proteger vidas, sin embargo, el ejercicio de esa responsabilidad requiere proporcionalidad y agotar todas las alternativas para evitar las consecuencias de los desalojos: pérdida de viviendas, empobrecimiento, ruptura de redes de cuidado y dificultades para el acceso a la escuela, al trabajo y al territorio que durante años ha sostenido la vida de estas comunidades. En este caso, esas alternativas deben incluir estrategias de prevención ante el riesgo, inversiones públicas para el mejoramiento de las viviendas y de los entornos, y una acción decidida para el cuidado de las cuencas hídricas.

La respuesta ante la complejidad de esta situación no puede ser un subsidio temporal que no alcanza para encontrar una vivienda en el mismo barrio o comuna. Las familias de El Jardín han señalado que el subsidio de arrendamiento ofrecido, de $621.958, resulta insuficiente frente a los precios que encuentran en el sector y en la ciudad en general. Aquí aparece una contradicción que no podemos pasar por alto: se desaloja forzosamente a una familia de su vivienda por razones de riesgo, pero se le ofrece como alternativa un mercado de arrendamiento al que no puede acceder. Una medida de este tipo no constituye una solución habitacional y termina trasladando a las familias del riesgo físico al riesgo económico, que puede verse materializado en sobreendeudamiento, aumento de la carga mensual del hogar, pérdida o reducción de ingresos, pérdidas patrimoniales, mayor exposición a la informalidad habitacional, entre otros.

Lo ocurrido en Manrique pone sobre la mesa preguntas centrales para la ciudad en la actual revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT): ¿cómo se garantiza el derecho a la vivienda en una ciudad con déficit habitacional? ¿Qué lugar ocupan los barrios populares y sus procesos de autogestión en el ordenamiento territorial?

La Administración Distrital reconoce la dimensión de la crisis habitacional. De acuerdo con Luz Ángela González, directora del DAP, el 19,1 % de los hogares de Medellín presenta déficit habitacional: el 3,8 % corresponde a hogares que requieren una nueva solución habitacional, mientras el 15,3 % habita viviendas que presentan condiciones inadecuadas y requieren mejoramiento. A esto se suman la baja oferta de vivienda nueva, las dificultades de acceso para hogares de ingresos medios y bajos y el aumento de los costos de compra y arrendamiento.

Esta situación también pone en evidencia una responsabilidad institucional acumulada frente a las condiciones en las que se ha producido el crecimiento de la ciudad. Hace más de un año advertimos que en el borde urbano-rural ni siquiera se habían hecho los estudios previos para los macroproyectos de borde, ni se había adelantado ningún Plan de Legalización y Regularización Urbanística. Mientras tanto, la Alcaldía concentró sus esfuerzos en los suelos planos del río, que son más rentables para el desarrollo inmobiliario. Lo ocurrido en El Jardín, primero el 3 de abril y luego en septiembre, expresa las consecuencias de esas prioridades.

La actuación de la Administración de Federico Gutiérrez frente a esta emergencia obliga a detenerse en las condiciones estructurales que Medellín sigue sin resolver y que llevan a cientos de familias a buscar alternativas habitacionales en contextos de alto riesgo. Al mismo tiempo, nos pone de frente a una realidad persistente de la que poco se habla: el loteo ilegal se ha convertido en una renta para las estructuras criminales que operan en las laderas de la ciudad. En 2024, la Secretaría de Seguridad identificó 31 estructuras dedicadas a esta actividad en Medellín, que invaden y lotean predios para venderlos a personas que buscan un lugar donde vivir.

Estos datos muestran que los grupos ilegales han explotado la necesidad de las personas de acceder a una vivienda, una realidad que no permite atribuir la resistencia de la comunidad durante el desalojo a una “instrumentalización criminal” por parte de la banda La Terraza, como manifestó el Secretario de Seguridad. Hacerlo desdibuja los reclamos legítimos de las familias sobre los plazos que les dieron para abandonar sus viviendas y las garantías de reubicación. La presencia de actores criminales en un territorio no puede ser el argumento para estigmatizar a sus habitantes, ni invalidar sus demandas frente al Estado. Reconocer esta diferencia es fundamental para garantizar que la respuesta institucional actúe frente a las dinámicas de las economías ilegales y, al mismo tiempo, escuche y proteja a las comunidades afectadas.

Desde el proceso de Diálogo Social, en el que participamos más de 45 organizaciones sociales, comunitarias, ambientales y campesinas, hemos elaborado una lectura compartida sobre las desigualdades territoriales y las condiciones en las que millones de personas han construido y sostienen su vida en Medellín. De este proceso surgieron 18 alertas y diez propuestas para que el POT responda a las realidades de los territorios. Entre ellas se encuentran la permanencia en el territorio, la protección de la vivienda y los medios de vida, la continuidad de los estudios de riesgo orientados a definir obras de mitigación y una política de Mejoramiento Integral que permita transformar las condiciones de los barrios, sin expulsar a quienes los han construido.

Debe también reducir el riesgo antes de que ocurra una tragedia y garantizar que las soluciones habitacionales no se traduzcan en procesos de empobrecimiento y desarraigo. Esta discusión pasa por comprender que aquello que parece solo técnico, tiene un impacto directo en la toma de decisiones que definen la vida en los territorios. Así, cuando un estudio identifica una zona de alto riesgo, el POT debe establecer qué medidas de mitigación se requieren, en qué tiempos, con qué recursos y bajo qué responsabilidades.

Medellín ya cuenta con una política que establece cómo deben abordarse estas situaciones. La Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas, adoptada mediante el Acuerdo 145 de 2019 y reglamentada por el Decreto 0818 de 2021, incluye expresamente las obras de gestión del riesgo entre los escenarios en los que debe protegerse a los habitantes. La ciudad cuenta, por tanto, con un marco institucional que establece criterios y procedimientos para proteger a las comunidades cuando las intervenciones urbanas afectan sus condiciones de vida.

Esta política también plantea que el reasentamiento debe ser la última opción y que deben privilegiarse las estrategias de permanencia y la reubicación en sitio. También reconoce el derecho de los moradores a permanecer, siempre que las condiciones lo permitan, en el área del proyecto o en su entorno, precisamente para preservar las redes sociales, económicas y productivas construidas durante años.

Cuando el reasentamiento sea inevitable, debe partir del análisis de alternativas y de su viabilidad técnica, jurídica, financiera y social. El Decreto 0818 establece además que el proceso debe garantizar el restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida. Por eso, una medida temporal como un subsidio de arrendamiento requiere estar articulada a una solución habitacional integral que cumpla estos criterios.

Manrique necesita que esta política se aplique en todas sus dimensiones. Proteger la vida implica proteger también la vivienda, el hábitat, las relaciones comunitarias y los modos y medios de vida de quienes habitan el territorio.

Desde la Corporación Región hacemos un llamado a la Administración Distrital para que instale de inmediato una mesa de diálogo y concertación con las familias de El Jardín, garantice soluciones habitacionales dignas y definitivas, informe públicamente sobre la situación de cada hogar, y aplique integralmente la Política Pública de Protección a Moradores y su protocolo de reasentamiento.

Al Concejo de Medellín le corresponde asumir también esta responsabilidad: la revisión del POT debe incorporar las garantías necesarias para que situaciones como la de Manrique no se repitan. Desalojar no es proteger. Proteger es garantizar la vivienda, el territorio, los derechos y la dignidad. Esa debe ser una condición inaplazable para la Medellín que estamos decidiendo con la actual revisión del POT.