Reconstruir las comunidades afectadas y proteger el Estado Social de Derecho

Ha pasado un mes desde la posesión del presidente Abelardo De la Espriella y casi el mismo tiempo desde el terremoto que sacudió al país. Cuatro semanas intensas en las que Colombia nuevamente ha demostrado su enorme solidaridad, se ha enfrentado a las trágicas consecuencias de las desigualdades históricas sobre las que se han construido muchos territorios y ha empezado a experimentar las decisiones y posturas del nuevo gobierno nacional, tanto en los temas relacionados con la atención a la emergencia como en aquellos que han sido señalados como prioridades de su agenda política.

El polémico acto de posesión del pasado 7 de agosto profundizó las fracturas de un país ya bastante dividido y vulneró, de acuerdo con un fallo del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, el principio de neutralidad religiosa del Estado.

Solo 63 horas después del juramento presidencial, a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, estremeció por completo al país, dejando 331 personas fallecidas, 4.519 heridos y 136 desaparecidas (datos actualizados al 1 de septiembre), además de una enorme destrucción de viviendas, medios de vida e infraestructura. Aunque las consecuencias de la tragedia se extendieron por buena parte del país, el impacto se concentró especialmente en el occidente y el Eje Cafetero. Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Cauca estuvieron entre los departamentos más afectados.

El terremoto se convirtió así en uno de los primeros asuntos de los que ha tenido que ocuparse el Gobierno de Abelardo De la Espriella durante los días iniciales de su administración, constituyéndose en un marcador de sus enfoques, sus prioridades y su manera de ejercer el poder.

Una tragedia de estas proporciones altera inevitablemente los planes de cualquier gobierno y en esta ocasión operó igual, sin embargo, De la Espriella, fiel al estilo que impuso en campaña, hizo de las primeras horas de respuesta estatal a la emergencia un culto a su propia personalidad. Si bien estuvo presente en varias de las regiones afectadas, se reunió con autoridades territoriales, impartió instrucciones y expresó el compromiso del Gobierno nacional con las víctimas, esa presencia y esa respuesta estuvieron acompañadas de unas formas que continuaban privilegiando el espectáculo sobre la realidad, transmitiendo un mensaje ambiguo en el que el candidato no terminaba de darle paso al presidente y el presidente parecía no conseguir que la gravedad de la emergencia se pusiera por encima de su propia figura.

Varias escenas reforzaron esa percepción: De la Espriella sonriendo y saludando con gesto triunfal justo antes de ofrecer un balance de víctimas, el uso reiterado de su consigna “Firmes por la Patria” en sus declaraciones, la entrega en Buenaventura de balones marcados con el logo de su movimiento político a personas damnificadas, y el silencio presidencial —que terminó significando respaldo— ante la revelación periodística de que el ministro de vivienda se fue de paseo en medio de la tragedia.

El análisis se complejiza cuando la agenda de la emergencia se entrecruza con la agenda política del presidente y su gabinete. Casi de manera automática pasamos de las imágenes que nos mostraban cómo en los territorios afectados se rescataban personas, se removían escombros y se recibían y distribuían ayudas, a los debates políticos que alertaban sobre diversos pronunciamientos y acciones de las y los recién nombrados funcionarios, quienes, en medio de la caótica situación del país, empezaron a desarrollar los temas más polémicos de sus carteras.

En tan solo un par de semanas pasamos por una serie de decisiones que van desde una diplomacia alineada con los intereses de Estados Unidos e Israel, una orden —que luego fue matizada— para perseguir migrantes a los que calificó como ilegales, el borramiento de las NIÑAS en las comunicaciones oficiales del ICBF, hasta un anuncio de la entonces ministra de educación, Viviane Morales, para revisar los currículos escolares y eliminar la “ideología de género”.

Luego vinieron los bombardeos y, tal como ocurrió en los anteriores gobiernos, los asesinatos de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado con las armas del Estado; un paseo del presidente entre bolsas de cadáveres, que exhibió como trofeos, para anunciar públicamente el resultado de esas operaciones militares; la orden de suspender la programación de las Emisoras de Paz, creadas a partir del acuerdo de 2016 y operadas por Inravisión en algunos de los municipios más afectados por el conflicto; el nombramiento de un sacerdote, capellán de la Casa de Nariño, como representante de De la Espriella en los consejos superiores de cinco de las universidades públicas más importantes del país; y una directiva presidencial para que los ministerios no respondan preguntas de periodistas o lo hagan solo de forma estratégica y con “medios amigos”.

La lista de estas y otras cosas que han pasado en este primer mes de gobierno no es una sorpresa, pero sí deja muy claro que ni siquiera la tragedia de miles de personas afectadas por el terremoto modificará los propósitos de un gobierno que llegó a librar una “batalla cultural”, según dicen sus propios ideólogos, contra los derechos, las diversidades, las iniciativas de construcción de paz y las instituciones que son el resultado de las conquistas democráticas de las últimas tres décadas.

El deterioro de la democracia que tanto temimos hace unos meses ya no es un riesgo potencial; empieza a materializarse en símbolos y declaraciones que desafían el Estado Social de Derecho. Esto se evidencia en acciones gubernamentales que desconocen la neutralidad religiosa, restringen derechos fundamentales y omiten los lineamientos internacionales de protección a niños y NIÑAS víctimas de la guerra. Asimismo, asistimos a dinámicas que tensionan la separación de poderes, pretenden anular el pluralismo, buscan limitar la libertad de prensa y debilitan los controles institucionales.

Como sociedad civil debemos hacerle control social a la respuesta del Gobierno nacional a la crisis humanitaria que aún enfrentan miles de personas, así como a las estrategias que desde el ejecutivo se emprendan para la reconstrucción, las cuales deberán incorporar criterios de equidad territorial y asegurar condiciones dignas y sostenibles. De manera particular, es necesario hacerle seguimiento al manejo de los recursos públicos, las donaciones de otros países, los aportes de organismos multilaterales y del sector privado que serán destinados a la reconstrucción, vigilando que todos sean administrados bajo lineamientos de transparencia y rendición de cuentas y que, en ningún caso, se conviertan en instrumentos para favorecer intereses particulares o políticos, ni para orientar la contratación pública con criterios distintos a las necesidades y derechos de los territorios afectados.

De igual manera, nos corresponde disputar el relato religioso, conservador y autoritario que amenaza con reducir los márgenes de nuestra democracia, impulsando una visión de sociedad en la que prime la homogeneización y la moral particular sobre las libertades y los derechos de todos, todas y todes. Y, por supuesto, continuar defendiendo la Constitución Política del 91 frente a la declarada “batalla cultural” que avanza desafiante bajo el grito de “¡Viva Cristo Rey!”, el cual permanecerá en la memoria de las y los colombianos como una afrenta del presidente a la justicia y al principio de laicidad del Estado.