Los derechos de las víctimas no están en revisión

El Gobierno Nacional utiliza a las víctimas para justificar el desmonte del Acuerdo de Paz, mientras toma decisiones políticas y económicas que afectan la garantía de sus derechos.

El pasado 22 de octubre, el presidente Abelardo De la Espriella designó a Viviane Morales como Consejera Comisionada de Paz y directora encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Su tarea, dijo, es liderar “la revisión y el desmonte de la falsa paz”. El comunicado afirma que la paz no puede consistir en concesiones a los violentos “mientras las víctimas siguen esperando justicia”. Lo paradójico de esta situación es que esa misma semana el Congreso aprobó un recorte de $181.402 millones al presupuesto para 2027 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó una reducción del 21,8 % en sus recursos de inversión y un decreto redujo en $130.000 millones el dinero con el que contará la Unidad para las Víctimas. En esta narrativa, las víctimas son centrales para justificar el desmonte del Acuerdo de Paz, pero están en el margen de las decisiones políticas y económicas que garantizan sus derechos.

Desde hace varias décadas, en Colombia, la paz es asumida como un asunto público que recoge las voces de diversos sectores y actores. El Acuerdo de Paz de 2016 se disputó a la vista de toda la ciudadanía y la comunidad internacional, a través de la mesa de negociación, de un plebiscito, en el Congreso y ante la Corte Constitucional. Fue una disputa áspera, pero pública. Hoy el camino es otro. En sus primeros meses, el Gobierno no ha derogado una sola norma del Acuerdo ni del Sistema Integral para la Paz, y no le sería fácil hacerlo porque siguen operando como contrapesos la Constitución, la Corte, la autonomía de las entidades y la verificación. Pero esos contrapesos alcanzan poco cuando el debate se da a puerta cerrada, esquivando la discusión política y trasladando las decisiones tomadas de manera unilateral a los presupuestos y a la estrategia de la asfixia económica. Y ahí está el riesgo, porque un Acuerdo de Paz sin capacidades institucionales para su implementación pierde efectividad, aunque permanezca intacto en el papel.

Los retrocesos que se tramitan como asuntos técnicos y no de derechos son menos visibles y más difíciles de controvertir. La búsqueda de las personas desaparecidas muestra con nitidez esta situación: en Colombia hay más de 137.000 personas dadas por desaparecidas por hechos relacionados con el conflicto armado antes de 2016; y según el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre diciembre de 2016 y julio de 2026 se documentaron 2.659 casos. Estas cifras muestran que diez años después del Acuerdo sigue creciendo el número de familias que no saben dónde está un ser querido. La búsqueda no es entonces solo una deuda con el pasado, es también una urgencia humanitaria del presente y es precisamente la capacidad de responder a esa urgencia la que hoy se reduce.

Desde su apertura en 2018, la UBPD ha recuperado 6.002 cuerpos, ha realizado 892 entregas dignas y ha encontrado con vida a 645 personas. Para 2027 esta entidad estimó un presupuesto de $112.002 millones, pero solo le fueron asignados $59.636 millones, es decir el 53,2 % de lo que requiere. Frente a esta evidente desfinanciación, la Unidad ha advertido que se pone en riesgo la búsqueda activa de más de 10.000 personas que se presumen con vida, así como más de 10.000 exhumaciones y acciones técnicas de exploración forense. También quedan en vilo el acompañamiento a más de 25.000 personas buscadoras y el funcionamiento de al menos la mitad de sus seis centros forenses de identificación. De acuerdo con Dejusticia, a este ritmo, terminar la búsqueda tomaría unos 843 años. La desfinanciación de la búsqueda es una falla del Estado que ha ocurrido en varios gobiernos, lo nuevo es que hoy se profundiza decididamente en nombre de las víctimas.

Lo mismo ocurre con la justicia y la reparación. La JEP advirtió que el recorte anunciado limitará sus audiencias en los territorios, afectará la representación jurídica de 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, y dejará las medidas de protección de víctimas y testigos cubiertas por apenas cuatro meses. Es la misma jurisdicción ante la cual, el 2 de marzo de este año, el último secretariado de las antiguas FARC reconoció su máxima responsabilidad en el reclutamiento y otros crímenes contra 18.677 niñas y niños. Un reconocimiento tan doloroso como necesario, que no habría existido sin el Acuerdo de Paz y que aún debe traducirse en sanciones efectivas y reparación para las víctimas, evidenciando lo mucho que le queda por hacer a esta instancia.

Por su parte, la Unidad para las Víctimas atiende a más de 10,3 millones de personas registradas, con recursos que nunca han alcanzado para todas, y el recorte de este año alarga una espera que ya se cuenta en décadas. El dato es claro: la Defensoría del Pueblo proyectó que de mantenerse la trayectoria actual de financiación, para 2031 apenas cerca del 20 % de las víctimas individuales habrán recibido indemnización. Búsqueda, justicia y reparación pierden capacidad de manera simultánea con las decisiones tomadas en los últimos tres meses.

Los funcionarios de De la Espriella  han presentado estos recortes como un asunto de disciplina fiscal. Si bien ningún gobierno puede ignorar sus restricciones económicas, sí está en la obligación de revisar detalladamente lo que puede aplazarse y lo que no. Los derechos de las víctimas son obligaciones asumidas por el Estado, por lo tanto, si este reduce los medios para garantizarlos debe demostrar que no existía una alternativa menos lesiva y esa demostración no se ha hecho públicamente.

Tampoco basta con señalar el rezago en la implementación del Acuerdo para tomar este tipo de medidas. Según el Instituto Kroc, a finales de 2025 se había cumplido apenas el 36 % de las disposiciones del Acuerdo de Paz. Ese balance no muestra que los compromisos fueran equivocados, sino que el Estado, en distintos gobiernos desde 2016, no los ha cumplido de manera efectiva. Convertir este retraso en justificación para recortar el presupuesto es usar el incumplimiento como argumento para seguir incumpliendo. Si hay fallas, deben corregirse, si hay incumplimientos, sancionarse. Lo que resulta inaceptable es que sean las víctimas quienes terminen asumiendo el costo de los errores de los gobiernos.


En la Corporación Región hemos declarado nuestro compromiso con la construcción de la paz desde nuestra fundación hasta hoy, convirtiéndola en un eje central de nuestro quehacer y de la manera en la que entendemos y soñamos el país. Por esta razón, desde el 2012, cuando el gobierno del expresidente Santos anunció el inicio formal de conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, dispusimos toda nuestra capacidad institucional para apoyar el proceso desde nuestro lugar como sociedad civil. Durante cuatro años trabajamos sin parar en este propósito haciendo pedagogía sobre la mesa de negociación, acompañando a las víctimas, elaborando propuestas y haciendo campaña por el Sí en el plebiscito. Luego apoyamos la renegociación con los sectores que promovieron el No y brindamos esperanzados cuando el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón, se realizó la firma del Acuerdo Final.

Durante los diez años siguientes hemos acompañado a la institucionalidad para la paz en los procesos de implementación, promoviendo acciones de memoria y verdad, apoyando iniciativas de reconciliación y no repetición, defendiendo la vida de los liderazgos sociales y de las personas firmantes de paz. Pero, sobre todo, hemos sido una organización aliada de las víctimas en la exigencia de la garantía de sus derechos y en la búsqueda de sus seres queridos dados por desaparecidos. La fuerza, la persistencia y el coraje con el que las personas buscadoras rompen el silencio, se resisten al olvido y exigen justicia, nos devuelven siempre la esperanza y nos recuerdan que tenemos el deber ético y político de seguir insistiendo en la construcción de la paz.

Por eso hoy, en medio de un contexto mundial guerrerista y ante un Gobierno Nacional que busca desmontar el Acuerdo de Paz, nuestra voz se levanta nuevamente para recordarle a quienes nos dirigen que la garantía de los derechos de las víctimas no está en revisión.

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