Informe de Gestión 2025
Un año en el que convertimos los desafíos en agendas colectivas para la acción.
Participación como mecanismo de lucha para exigir el derecho a la ciudad
En un contexto donde la democracia se precariza y las desigualdades se profundizan, la participación emerge como un mecanismo clave para la transformación social.
Las preguntas que deja el falso mar de Medellín
¿Cómo dialoga un proyecto como el Parque Medellín con sus múltiples pistas, piscinas, arena y un simulado mar, con las necesidades reales de la ciudad?
¡Sin derecho a la participación no hay derecho a la ciudad!
Llamado urgente para que la revisión del POT de Medellín se realice con una amplia participación ciudadana y privilegie los intereses públicos sobre los privados.
¡Sin derecho a la participación no hay derecho a la ciudad!
El actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, aprobado en 2014 para una vigencia de 12 años, establece una visión estratégica de la ciudad y su relación con los demás municipios del Valle de Aburrá, las subregiones del Oriente, el Occidente y el Urabá antioqueño. En el POT se plantean regulaciones y proyecciones relacionadas con el derecho a la vivienda y el hábitat sostenible, los servicios públicos domiciliarios, el mejoramiento integral de barrios, la legalización y regularización urbanística, la gestión del riesgo de desastres, la protección a moradores y la aplicación de instrumentos de financiación, como la participación en plusvalías para llevar a cabo el desarrollo urbano en barrios populares con mayores necesidades físico-espaciales; regulaciones que, si se hubieran implementado, habrían representado un avance significativo en la garantía del derecho a la ciudad. Pero luego de casi 11 años de vigencia, el balance de ejecución del POT es deficitario. Hay un contraste que lo ejemplifica bien: el área ubicada sobre el suelo más plano en los bordes del río Aburrá en su paso por Medellín fue declarado como estratégico por su potencial para el desarrollo inmobiliario y económico. En esa zona, la Alcaldía ha concentrado la mayor parte de su actuación, al punto que todos los macroproyectos de río están formulados y aprobados casi desde el mismo momento en que fue aprobado el POT. Pasa todo lo contrario en el borde urbano rural, donde se ubica el mayor porcentaje de población en condiciones de empobrecimiento y miseria, expuesta además a condiciones de riesgo de desastre. Aunque ha pasado más de una década, en esta zona ni siquiera se han realizado los estudios previos para el diseño de los macroproyectos de borde, y no se ha adelantado ningún Plan de Legalización y Regularización Urbanística, un instrumento necesario para materializar el mejoramiento integral en los barrios populares que más lo necesitan. Mientras tanto, desde casi cualquier punto de la ciudad, se puede observar el acelerado crecimiento informal del borde en el norte, el oriente y el occidente de Medellín, representando una declaración de la acumulación de pobreza, exclusión y segregación territorial. Esa elección de prioridades, además de sus implicaciones clasistas, constituye una evidencia del impacto de una planeación y gestión inadecuada de la ciudad, conservando y profundizando la inequidad territorial, económica, social y política, en una clara negación del derecho a la ciudad. En ese marco se ubica el proceso que, ya con retrasos, debería tomar un impulso este año. La administración de Daniel Quintero tenía la tarea de revisar y ajustar el POT en el mediano plazo. Este es un mecanismo establecido en la regulación sobre ordenamiento territorial que permite actualizar los planes durante su vigencia para tener en consideración los cambios en las dinámicas de poblamiento de las ciudades, uso del suelo, necesidades en materia de servicios públicos, infraestructura de transporte e impacto de macroproyectos. Sin embargo, la alcaldía anterior no cumplió, así que la responsabilidad de adelantar esa revisión recae sobre la actual administración de Federico Gutiérrez. Esto significa que podrían efectuarse cambios en la reglamentación de asuntos tan importantes como la construcción y adecuación del espacio público, redes de servicios públicos, infraestructura de movilidad y otros equipamientos como colegios públicos, centros de salud y unidades deportivas, entre otros. También sería posible que se dieran nuevos lineamientos para la construcción de proyectos de vivienda públicos y privados, usos del suelo y los aprovechamientos y obligaciones urbanísticas. Además, esta revisión y ajuste puede impactar otros asuntos tan significativos como los instrumentos de gestión (de diseño técnico y del sistema institucional y de financiación), y todo lo relacionado con la participación de la ciudadanía en el ordenamiento territorial. En síntesis, se trata de la posibilidad de contar con unas nuevas regulaciones para la transformación del territorio. Este proceso, además de ser una obligación establecida por norma nacional, es una necesidad para la ciudad. Especialmente, si tenemos en cuenta el balance deficitario del POT, y las nuevas problemáticas generadas por asuntos que no podían ser contemplados en 2014, como los efectos territoriales de la crisis social generada por la pandemia o la agudización de fenómenos como la turistificación y la gentrificación. Sin embargo, esta oportunidad para corregir errores y repensar el ordenamiento territorial, se ve amenazada por una propuesta de ruta para la participación ciudadana bastante restringida. Según las respuestas dadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital a diversos derechos de petición que ha recibido, y la información que hasta ahora han entregado desde esta oficina de manera pública, la participación de la ciudadanía se llevará a cabo a través de las Juntas Administradoras Locales. Hasta el momento, la propuesta de Planeación no contempla otros espacios para escuchar las iniciativas y demandas de los diversos colectivos comunitarios interesados en hacer parte de este proceso; lo que limita la participación y reduce las posibilidades de la sociedad civil organizada para realizar control a la revisión y actualización del POT. Por el contrario, quien al parecer sí tiene una alta posibilidad de participar es el sector privado. En agosto de 2023, dos meses antes de las elecciones a la alcaldía, Federico Gutiérrez se reunión con la Junta Directiva de Camacol y recibió un listado de propuesta de ese gremio que incluía, entre otros puntos, iniciativas de renovación urbana, de subsidios para compra de vivienda y la necesidad de adelantar la revisión del POT. En ese momento, Gutiérrez, que pocas semanas después fue elegido alcalde, habló de la importancia de ese gremio y de un “POT de las oportunidades, que facilite la norma”. Hay que recordar, además, que de acuerdo con los reportes de financiación de la campaña de Gutiérrez, los sectores inmobiliarios y de la construcción fueron sus principales aportantes. El riesgo en este caso es que se utilice lo público para apalancar el interés privado, afectando el aprovechamiento de un recurso tan escaso como el suelo, concentrando nuevamente los beneficios del desarrollo en pocas manos, continuando con el abandono de los territorios que más necesitan de la intervención pública y
Curso “Por el Derecho a la Ciudad y al Territorio”: una invitación a transformar Medellín
El curso gratuito “Por el Derecho a la Ciudad y al Territorio”, organizado por Corporación Región, está dirigido a personas vinculadas a organizaciones sociales, redes comunitarias, veedurías ciudadanas o espacios académicos. Será un espacio de reflexión y formación sobre el derecho a la ciudad, participación ciudadana, territorio justo y gestión democrática del espacio urbano.
Logros, retos y compromiso: Informe de Gestión Región 2024
2024 fue un año de importantes logros y de grandes desafíos para Región.
Participación y derecho a la ciudad: una cartilla para la lucha colectiva
En un contexto donde la democracia se precariza y las desigualdades se profundizan, la participación emerge como un mecanismo clave para la transformación social. Más que un derecho formal, la participación es una herramienta de lucha que permite disputar lo público, incidir en la toma de decisiones y fortalecer la organización colectiva.
Somos un actor político
En los últimos años hemos visto con preocupación cómo ha ganado terreno en la ciudad una narrativa que busca posicionar posturas neutrales frente a los temas de interés común que nos convocan como ciudadanía activa, despolitizando el debate público. En espacios sociales, académicos, culturales e institucionales, escuchamos reiterados llamados a dejar de lado las posiciones políticas y a actuar con criterios meramente técnicos, lineamientos jurídicos y marcos teóricos, buscando evitar que los escenarios colectivos se vean afectados con discusiones y tensiones que algunos consideran innecesarias. Bajo estas miradas, la política es exclusivamente electoral y partidista, y ponerla en el centro nos lleva a debates que conducen a callejones oscuros y riesgosos que pueden dividirnos como sociedad. Región se aparta de esas consideraciones. En la antigua Grecia, cuna de la democracia, la política estaba relacionada con la “cosa pública”; las personas se reunían a debatir y a tomar decisiones sobre los asuntos de interés común de toda la sociedad, y esa práctica de juntarse con otros para decidir el destino de la ciudad era considerada un arte. Hannah Arendt nos plantea que “la política es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto en lo individual como en lo social”, y señala que “puede ser una forma de ejercicio de la libertad”. Castoriadis, por su parte, nos recuerda que la política emerge cuando los asuntos comunes y los acuerdos normativos que nos permiten vivir en comunidad se convierten en objeto de una actividad colectiva explícita, tan reflexiva y lúcida como sea posible. Estos son solo algunos referentes de los muchos con los que hemos construido la identidad de Región, entendiendo así que la política no se agota en la gestión del poder o de las instituciones existentes, y que ella se juega sus mayores apuestas en la capacidad colectiva de cuestionar y reformular el orden establecido. En su práctica, Región ha asumido la política como la posibilidad de construir colectivamente una sociedad en la que prime el bien común y todas las personas puedan vivir dignamente. Por esto mismo tenemos la convicción de que la acción política no es exclusiva del Estado, ni patrimonio de los gobernantes de turno o de los partidos en que se organizan, y mucho menos que se reduce o agote en las campañas electorales. Quienes hacemos parte de la Corporación, cremos que la política implica a todas las personas y nos pertenece como sociedad, como sujetos políticos, como organizaciones que apostamos por el fortalecimiento de la democracia y el cuidado de lo público. Sabemos bien que el elemento esencial de la política es la palabra, por lo tanto, el debate de las ideas se convierte en una estrategia central de la acción colectiva y esto implica develar las posturas y los propósitos con los que cada actor se mueve en lo público, pues la deliberación no permite la neutralidad. Tener una posición política es asumir un lugar, defenderlo y promoverlo con convicción. Y al parecer esto es lo que a veces se desea evitar en algunos espacios de ciudad, como si fuera posible participar en proyectos comunes sin develar los intereses y los enfoques que orientan el quehacer de cada individuo y colectividad. Sin duda una clara contradicción política. Consideramos que, el interés de despolitizar el debate público por temor a que se visibilicen las diferencias entre los distintos sectores de la ciudadanía y de las organizaciones que la conforman, limita la posibilidad de que todos los actores participemos en las decisiones que nos afectan directamente y favorece a quienes ostentan el poder local en sus distintas expresiones, privilegiando los intereses particulares sobre el bienestar colectivo. En la Corporación Región tenemos una postura política declarada a favor de la justicia, la paz, la garantía de las libertades, los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Con nuestro trabajo buscamos el cierre de brechas sociales, económicas y culturales, la superación de la pobreza y la redistribución de la riqueza. Nos interesa debatir el modelo de ciudad, el modelo de desarrollo y el paradigma económico que por años ha generado desigualdad y exclusión, y ayudar a construir una sociedad en la que todas las personas puedan tener una vida buena. Durante 35 años hemos promovido el trabajo colectivo y hemos considerado fundamental la articulación a iniciativas de las que participan actores diversos que piensan, opinan y comprenden el mundo de manera distinta a la nuestra, asumiéndoles como interlocutores válidos y reconociendo que la gestión de la ciudad y la región debe incluir múltiples voces. Sin embargo, esta disposición a construir con y desde la diferencia no implica una renuncia a nuestras posturas. En todos los escenarios siempre planteamos con claridad nuestras posiciones y reivindicamos nuestra autonomía, y ante el panorama actual, nuevamente nos parece primordial reiterar que no nos interesa sumarnos a la tendencia de despolitizar el discurso y el debate público, porque no somos neutrales. Somos un actor político y lo seguiremos siendo mientras existamos.
Acordada Ruta para la participación ciudadana en la Paz Urbana
Acordada la participación ciudadana en la Paz Urbana