¡Sin derecho a la participación no hay derecho a la ciudad!

El actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, aprobado en 2014 para una vigencia de 12 años, establece una visión estratégica de la ciudad y su relación con los demás municipios del Valle de Aburrá, las subregiones del Oriente, el Occidente y el Urabá antioqueño.

En el POT se plantean regulaciones y proyecciones relacionadas con el derecho a la vivienda y el hábitat sostenible, los servicios públicos domiciliarios, el mejoramiento integral de barrios, la legalización y regularización urbanística, la gestión del riesgo de desastres, la protección a moradores y la aplicación de instrumentos de financiación, como la participación en plusvalías para llevar a cabo el desarrollo urbano en barrios populares con mayores necesidades físico-espaciales; regulaciones que, si se hubieran implementado, habrían representado un avance significativo en la garantía del derecho a la ciudad.

Pero luego de casi 11 años de vigencia, el balance de ejecución del POT es deficitario. Hay un contraste que lo ejemplifica bien: el área ubicada sobre el suelo más plano en los bordes del río Aburrá en su paso por Medellín fue declarado como estratégico por su potencial para el desarrollo inmobiliario y económico. En esa zona, la Alcaldía ha concentrado la mayor parte de su actuación, al punto que todos los macroproyectos de río están formulados y aprobados casi desde el mismo momento en que fue aprobado el POT.

Pasa todo lo contrario en el borde urbano rural, donde se ubica el mayor porcentaje de población en condiciones de empobrecimiento y miseria, expuesta además a condiciones de riesgo de desastre. Aunque ha pasado más de una década, en esta zona ni siquiera se han realizado los estudios previos para el diseño de los macroproyectos de borde, y no se ha adelantado ningún Plan de Legalización y Regularización Urbanística, un instrumento necesario para materializar el mejoramiento integral en los barrios populares que más lo necesitan. Mientras tanto, desde casi cualquier punto de la ciudad, se puede observar el acelerado crecimiento informal del borde en el norte, el oriente y el occidente de Medellín, representando una declaración de la acumulación de pobreza, exclusión y segregación territorial.

Esa elección de prioridades, además de sus implicaciones clasistas, constituye una evidencia del impacto de una planeación y gestión inadecuada de la ciudad, conservando y profundizando la inequidad territorial, económica, social y política, en una clara negación del derecho a la ciudad. En ese marco se ubica el proceso que, ya con retrasos, debería tomar un impulso este año.

La administración de Daniel Quintero tenía la tarea de revisar y ajustar el POT en el mediano plazo. Este es un mecanismo establecido en la regulación sobre ordenamiento territorial que permite actualizar los planes durante su vigencia para tener en consideración los cambios en las dinámicas de poblamiento de las ciudades, uso del suelo, necesidades en materia de servicios públicos, infraestructura de transporte e impacto de macroproyectos. Sin embargo, la alcaldía anterior no cumplió, así que la responsabilidad de adelantar esa revisión recae sobre la actual administración de Federico Gutiérrez.

Esto significa que podrían efectuarse cambios en la reglamentación de asuntos tan importantes como la construcción y adecuación del espacio público, redes de servicios públicos, infraestructura de movilidad y otros equipamientos como colegios públicos, centros de salud y unidades deportivas, entre otros. También sería posible que se dieran nuevos lineamientos para la construcción de proyectos de vivienda públicos y privados, usos del suelo y los aprovechamientos y obligaciones urbanísticas. Además, esta revisión y ajuste puede impactar otros asuntos tan significativos como los instrumentos de gestión (de diseño técnico y del sistema institucional y de financiación), y todo lo relacionado con la participación de la ciudadanía en el ordenamiento territorial. En síntesis, se trata de la posibilidad de contar con unas nuevas regulaciones para la transformación del territorio.

Este proceso, además de ser una obligación establecida por norma nacional, es una necesidad para la ciudad. Especialmente, si tenemos en cuenta el balance deficitario del POT, y las nuevas problemáticas generadas por asuntos que no podían ser contemplados en 2014, como los efectos territoriales de la crisis social generada por la pandemia o la agudización de fenómenos como la turistificación y la gentrificación.

Sin embargo, esta oportunidad para corregir errores y repensar el ordenamiento territorial, se ve amenazada por una propuesta de ruta para la participación ciudadana bastante restringida. Según las respuestas dadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital a diversos derechos de petición que ha recibido, y la información que hasta ahora han entregado desde esta oficina de manera pública, la participación de la ciudadanía se llevará a cabo a través de las Juntas Administradoras Locales. Hasta el momento, la propuesta de Planeación no contempla otros espacios para escuchar las iniciativas y demandas de los diversos colectivos comunitarios interesados en hacer parte de este proceso; lo que limita la participación y reduce las posibilidades de la sociedad civil organizada para realizar control a la revisión y actualización del POT. Por el contrario, quien al parecer sí tiene una alta posibilidad de participar es el sector privado.

En agosto de 2023, dos meses antes de las elecciones a la alcaldía, Federico Gutiérrez se reunión con la Junta Directiva de Camacol y recibió un listado de propuesta de ese gremio que incluía, entre otros puntos, iniciativas de renovación urbana, de subsidios para compra de vivienda y la necesidad de adelantar la revisión del POT. En ese momento, Gutiérrez, que pocas semanas después fue elegido alcalde, habló de la importancia de ese gremio y de un “POT de las oportunidades, que facilite la norma”. Hay que recordar, además, que de acuerdo con los reportes de financiación de la campaña de Gutiérrez, los sectores inmobiliarios y de la construcción fueron sus principales aportantes.

El riesgo en este caso es que se utilice lo público para apalancar el interés privado, afectando el aprovechamiento de un recurso tan escaso como el suelo, concentrando nuevamente los beneficios del desarrollo en pocas manos, continuando con el abandono de los territorios que más necesitan de la intervención pública y olvidando, otra vez, la promesa democrática de garantizar la seguridad, la vida y la mejoría en las condiciones de vida de las mayorías.

A lo anterior se debe sumar un contexto político local, caracterizado por el escaso control político, pues el Concejo Distrital está conformado por una amplia mayoría gobiernista. Esto es relevante porque una vez se surta la fase “participativa”, el proyecto de acuerdo para la renovación y ajuste del POT se debe someter a trámite en el Concejo para su aprobación.

Precisamente por su “aplanadora” en el Concejo, pero mucho más porque fue elegido con la más alta votación en la historia de la ciudad, el Alcalde -y su equipo de gobierno- están en la obligación de eliminar las restricciones a la participación ciudadana. No está nada bien que erosionen una democracia ya deficitaria con una propuesta que muestra una clara prevención ante la posibilidad de que la ciudadanía incida de manera amplia en este proceso.

Los planes públicos son pactos sociales que tiene la función de operar como resultado de acuerdos respecto del futuro colectivo, y por eso en ellos se materializa una parte muy importante de la democracia local. Una sociedad debe cuestionarse sobre lo que significa que instrumentos de planeación de carácter público, como el Plan de Ordenamiento Territorial, puedan ser modificado con una participación ciudadana instrumentalizada y restrictiva, con escaso control político y con un alto riesgo de que se privilegien intereses privados.

Luego de 11 años de vigencia del POT, está claro que son muchas las promesas incumplidas en Medellín, como la de superar la inequidad territorial, atender la agudización del problema de vivienda, avanzar en el mejoramiento integral de barrios, implementar el Distrito Rural Campesino y garantizar la protección a moradores.

Desde la Corporación Región hacemos un llamado para que la administración distrital dé garantías para el ejercicio pleno de la ciudadanía en la gestión democrática de la ciudad. Esto implica disponer de los mecanismos necesarios para participar en la toma de decisiones relacionadas con el presente y el futuro del territorio. Dicha participación debe ser amplia, inclusiva, vinculante y activa, con el fin de fortalecer la transparencia en la gestión de lo público.

El POT es un instrumento técnico, pero más allá de eso, es el resultado de la construcción colectiva de soluciones a problemas públicos. Por lo tanto, su revisión implica un debate político que compete a toda la ciudadanía y que debe conducir a la distribución espacialmente justa de los recursos económicos y materiales de la ciudad. El propósito superior debe ser el de reorientar el desarrollo territorial en función de superar las profundas desigualdades sociales, culturales y ambientales que aún tenemos, priorizando la intervención pública en las zonas que históricamente han padecido las mayores exclusiones y garantizando el acceso a servicios básicos como agua potable, energía, saneamiento y vivienda, a todas las comunidades que lo requieren.

¡Sin derecho a la participación, no hay derecho a la ciudad!