Venezuela, la doctrina Trump y las amenazas contra la democracia

El 3 de enero de 2026 representó una ruptura para el régimen autoritario de Venezuela; pero lo que pasó ese día tiene implicaciones mucho más amplias, pues expuso la mayor amenaza que existe en la actualidad para la democracia en el mundo. Es indispensable señalar con claridad que cuando el gobierno de una potencia extranjera usa la fuerza e impone su criterio, para decidir el destino de otro país, se diluyen por completo las reglas que, pese a muchas grietas, han puesto límites a los intereses de los más poderosos del orden global.  

Ha pasado poco más de un mes desde el día en que un grupo de militares estadounidense irrumpió de forma ilegal en territorio venezolano, bombardeó instalaciones militares, afectó infraestructura civil, asesinó a un centenar de personas, depuso por la fuerza a Nicolás Maduro y a su esposa, los montó en un avión y los puso presos en Estados Unidos. 

En cuestión de horas, Donald Trump autoproclamó al gobierno de su país como administrador de Venezuela, declaró explícitamente que tomaría el control del petróleo y anunció, en medio de amenazas y chantajes, que sería Delcy Rodríguez —que hasta entonces era la vicepresidenta de Maduro— quien asumiría el liderazgo del gobierno, siempre que se sometiera a la voluntad estadounidense.  

Esa secuencia debería ser suficiente para entender los alcances de lo que implica para el mundo lo hecho y dicho por Estados Unidos. Sin embargo, la retórica expansionista de Trump y el desconocimiento del Derecho Internacional y del multilateralismo no se reduce a Venezuela. Sus ataques ilegales contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe (que han dejado más de un centenar de personas asesinadas, de las que dice, sin pruebas, que están al servicio del narcotráfico); sus amenazas contra Colombia, México, Cuba y Canadá; la presión sobre Dinamarca y sobre toda Europa para anexar a Groenlandia; y su injerencia en procesos electorales como los de Argentina, Chile y Honduras, terminan de configurar la doctrina que Trump ha resumido en una frase: “Este es nuestro hemisferio”.  

Lo anterior no implica desconocer lo que ha pasado en los últimos años con el régimen político de Venezuela, pero exige no abordarlo con una falsa equivalencia. Hay una realidad indiscutible: Venezuela se ha enfrentado al deterioro progresivo de su democracia. Ese proceso implicó la toma de todos los poderes públicos por parte del ejecutivo, la persecución a la oposición política, el cierre de medios de comunicación y la estigmatización contra las voces críticas; transformó el sistema judicial en un arma contra los contradictores del gobierno, militarizó la sociedad, convirtió a miles de ciudadanos en presos políticos y fue incapaz de demostrar transparencia en los procesos electorales. La opacidad del oficialismo en las últimas elecciones presidenciales, que nunca presentó las actas que supuestamente daban a Maduro como ganador, contrastó con las evidencias presentadas por sectores de oposición y observadores independientes, lo que permite afirmar que el gobierno venezolano no respetó la voluntad popular. 

Todo eso se enmarca en una crisis económica y social que tampoco se puede pasar por alto, aunque responda a múltiples factores y no exclusivamente a las políticas internas. Lo cierto es que la migración forzada de casi ocho millones de personas es un claro indicador de que la vida en Venezuela se hizo insoportable para una porción muy significativa de su población. 

Sin embargo, tenemos la convicción de que reconocer el complejo escenario venezolano de ninguna manera puede avalar o abrirle algún margen de justificación al intervencionismo y a las acciones ilegales de Estados Unidos. Insistimos en que no se puede incurrir en una falsa equivalencia, porque aun en la situación extrema que ha vivido Venezuela, la doctrina de Trump es el mayor riesgo contra la democracia, la soberanía y la vida misma en regiones como América Latina.  

El balance, un mes después del bombardeo a Caracas, es un buen ejemplo de ese riesgo: la persistencia en el poder de muchas de las personas que estructuraron la represión, un cogobierno sometido a los intereses de Estados Unidos y, pese a la liberación de un grupo significativo de presos políticos, la marginación de los sectores de la oposición.  

Por supuesto, toda esta situación tiene efectos sobre Colombia, mucho más ahora que están tan cerca las elecciones legislativas y presidenciales. Las amenazas de Trump contra el presidente Gustavo Petro —en diciembre dijo que sería “el siguiente” después de Maduro— no apuntan a un individuo, sino a las instituciones y a la democracia. Sobre nuestro país, el gobierno estadounidense no tiene las justificaciones que esgrimió sobre la situación política en Venezuela; por lo que recurre a señalar a Petro como un líder del narcotráfico para respaldar sus amenazas, lo cual es, cuando menos, delirante.  

La reunión del pasado 3 de febrero en Washington entre ambos presidentes parece disipar el riesgo de una agresión y expone que es posible establecer canales de diálogo respetuoso. Sin embargo, no elimina la necesidad de mantener una posición en que prime la firmeza, la diplomacia estratégica y el principio de no intervención. Las posiciones al respecto de las diferentes candidaturas que aspiran a ocupar cualquier cargo de representación, son un indicador muy claro de su respeto o no, por la soberanía, la institucionalidad y la voluntad popular. Ninguna persona que promueva o avale una agresión norteamericana debería considerarse una opción viable en las próximas elecciones.   

Frente a Venezuela, es perentorio que la Comunidad Internacional intervenga para que se lleven a cabo las investigaciones y los juzgamientos sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas por el régimen autoritario de Maduro, y que eso no ocurra en Estados Unidos, sino en las instancias acordadas para ese fin, como la Corte Penal Internacional; demande una agenda concreta para la transición democrática en la que los venezolanos y venezolanas tengan una participación real; exija que se lleven a cabo elecciones transparentes y que se defina una estrategia clara para la transición de gobierno que permita consolidar la soberanía del pueblo venezolano.  

Desde la sociedad civil debemos persistir en un contundente llamado a los gobiernos a repensar los acuerdos internacionales, pues queda claro que las instancias actuales que representan el multilateralismo no tienen capacidad de ponerle freno al nuevo orden global que intentan imponer los países más poderosos. De igual manera, es necesario continuar exigiendo que se mantengan las medidas humanitarias necesarias para atender a quienes siguen saliendo del vecino país, así como apoyar a las organizaciones sociales venezolanas que valientemente han resistido estos años de crisis, han denunciado el autoritarismo de Maduro y hoy denuncian la intervención ilegal de Estados Unidos y la continuidad del régimen a través del gobierno de Delcy Rodríguez.