La estigmatización en la política es una amenaza para la democracia

El pasado 23 de junio, apenas dos días después de la segunda vuelta presidencial, el vicepresidente del Concejo de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “el Gury”, afirmó durante una sesión de esta corporación que “los próximos ataques y bombardeos deben ser dirigidos hacia esas zonas”. Hacía referencia a los municipios donde el candidato Iván Cepeda obtuvo las mayores votaciones en Antioquia y donde, según su análisis, hubo un incremento anormal de la votación por el Pacto Histórico entre la primera y la segunda vuelta. No se trató de una conversación privada ni de una provocación en redes sociales, la afirmación fue hecha  en una de las principales instituciones de representación política de la ciudad, por un servidor público investido de autoridad y en un recinto concebido para el debate y la deliberación pública.

La gravedad de estas palabras no radica únicamente en su tono sino en lo que revelan sobre una manera de entender la vida política. Cuando un representante elegido por la ciudadanía plantea que los territorios que respaldaron una opción distinta a la suya deben ser objeto de “bombardeos”, deja de reconocer a quienes allí habitan como ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos y comienza a tratarlos como enemigos. Ese tránsito, que puede parecer apenas retórico, constituye una de las expresiones más preocupantes de la estigmatización política. 

Durante la campaña presidencial y en las semanas posteriores a la elección se consolidó un conjunto de narrativas que merece una reflexión pública. Expresiones como “destripar la izquierda”, pese al posterior intento por minimizar el alcance de esa idea; la utilización del bate como símbolo de confrontación política; la consigna del “voto fusil”, que se ha tratado de imponer como un concepto incluso con legitimidad analítica; la valla instalada en la autopista Medellín-Bogotá que invitaba a “arrancar de raíz la plaga”; y las reiteradas descalificaciones contra periodistas, firmantes del Acuerdo de Paz y sectores de oposición no pueden analizarse como episodios aislados ni como simples excesos en el debate político. Todas ellas constituyen manifestaciones de un mismo fenómeno: la estigmatización de quienes representan o respaldan una opción política diferente.

Especialmente preocupante resulta la narrativa del llamado “voto fusil”. Si bien no se puede desconocer que los actores armados ilegales han intentado influir históricamente en distintos procesos electorales, reducir el comportamiento electoral de regiones enteras a la coacción armada supone desconocer la complejidad social, económica y política de esos territorios. Más grave aún, esa narrativa termina trasladando la sospecha desde los grupos armados hacia las comunidades que durante décadas han padecido el conflicto, convirtiendo a las propias víctimas en objeto de estigmatización.

Estos discursos tienen efectos particularmente preocupantes sobre las organizaciones sociales y las personas defensoras de derechos humanos que, durante décadas, han trabajado por la paz, la defensa de los territorios, la protección del ambiente, los derechos de las mujeres, de los pueblos étnicos, de las víctimas y de otros sectores históricamente excluidos. Cuando estos liderazgos son presentados de manera indiscriminada como aliados de la delincuencia, cómplices de grupos armados o promotores de intereses contrarios al bien público, se deslegitima su trabajo, se debilitan las causas que representan y se incrementan los riesgos para su integridad y su vida. Esta situación se agrava en las regiones más apartadas del país, donde la presencia de actores armados, las pocas capacidades institucionales y los altos niveles de impunidad, hacen que las garantías de protección disminuyan.

Las palabras de un presidente electo, un gobernador, un alcalde o un concejal tienen una gran capacidad para moldear imaginarios sociales, legitimar comportamientos e influir sobre la conducta de otras personas. Por ello, cuando esos discursos señalan a determinados sectores de la población, aumenta el riesgo de que dichos señalamientos se traduzcan en discriminación, amenazas o distintas formas de violencia. Colombia conoce bien las consecuencias de recorrer ese camino, pues nuestra historia demuestra que ha sido uno de los mecanismos privilegiados para justificar la exclusión, la persecución y la violencia contra quienes representan opciones políticas alternativas.

El caso más dramático es el exterminio de la Unión Patriótica. Más de cuatro mil de sus militantes, dirigentes y simpatizantes fueron asesinados, desaparecidos o perseguidos durante las décadas de 1980 y 1990. Entre las víctimas se cuentan dos candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, concejales, diputados, líderes sindicales y miles de militantes de base. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por este exterminio y reconoció que la violencia estuvo precedida y acompañada de procesos sistemáticos de estigmatización que presentaban a los integrantes de ese partido como enemigos internos o colaboradores de la insurgencia. La sentencia constituye un recordatorio de enorme valor para el presente: antes de que aparezcan las agresiones físicas, suele instalarse un lenguaje que despoja a quienes piensan distinto de su legitimidad política y convierte su existencia en una amenaza para la sociedad.

A ese caso emblemático se suman otras formas de estigmatización menos documentadas, pues en la política colombiana ha sido una constante la persecución sobre sindicatos, periodistas, movimientos universitarios y comunidades que se enfrentan a las imposiciones de actores armados o que se han caracterizado por exigir con vehemencia al Estado la garantía de sus derechos.

Las circunstancias actuales no son las mismas de hace cuatro décadas. Colombia ha cambiado, sus instituciones cuentan hoy con mayores capacidades para la protección de los derechos humanos y la sociedad dispone de más herramientas para denunciar y enfrentar estos hechos. Sin embargo, no podemos desconocer una dolorosa historia que nos ha mostrado que la violencia política no comienza con las armas, sino con las palabras que despojan al otro de su humanidad y hacen aceptable su exclusión o su agresión. La memoria debe servirnos para reconocer las señales de alerta y no repetir los errores que tantas vidas nos han costado.

Es necesario también reconocer que la pretendida fortaleza de las instituciones para blindar los pactos sociales que permiten canalizar las diferencias políticas por la vía democrática se enfrentan a un cambio de paradigma: amplios sectores de la sociedad, en Colombia y en otras partes del mundo, ponen en cuestión aquello que hasta hace un tiempo asumíamos como acuerdos generales ampliamente acogidos y en los cuales se enmarca la disputa política. Eso incluye desde la vigencia de un Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, hasta el principio de laicidad del Estado y la Educación. 

Por ello, desde Región hacemos un llamado a quienes ejercen  o ejercerán responsabilidades públicas, para que asuman la obligación institucional que les corresponde. Gobernar una sociedad plural exige mucho más que administrar el Estado, exige reconocer la legitimidad de quienes piensan distinto, contribuir a desescalar el lenguaje político, rechazar la estigmatización como práctica de confrontación y garantizar que ninguna persona sea objeto de amenazas, hostigamientos o violencias por sus ideas o por el ejercicio de sus derechos políticos.

La responsabilidad de contener esta deriva también interpela a periodistas, medios de comunicación, influenciadores, creadores de contenido, líderes de opinión y a todas aquellas personas que participan diariamente en la conversación pública. La libertad de expresión constituye uno de los pilares de una sociedad abierta, pero esa libertad lleva consigo una responsabilidad ineludible: informar con rigor, debatir con argumentos y comprender que las palabras producen efectos sobre la vida de las personas.

Este también es un llamado a los distintos sectores de la sociedad que participamos en los asuntos públicos: organizaciones sociales y comunitarias, fundaciones empresariales y familiares, universidades, centros de pensamiento, cajas de compensación, cooperativas, empresas, entidades de cooperación internacional, iglesias, gremios y ciudadanía en general. Nos compete a todos impedir que la estigmatización vuelva a naturalizarse como una forma legítima de hacer política. Como sociedad tenemos la responsabilidad de rechazar con firmeza estos discursos  antes de que se traduzcan en nuevas amenazas, persecuciones o pérdidas irreparables de vidas humanas.

Defender el derecho de todas las personas a existir políticamente, expresar sus ideas, organizarse y participar en la construcción del país sin miedo a ser señaladas por ello, no constituye un acto de afinidad ideológica, sino que es un compromiso ético con la dignidad humana, una obligación constitucional y una condición indispensable para preservar una sociedad en la que las diferencias puedan tramitarse mediante la palabra y no mediante la violencia.

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Nota de solidaridad

Desde la Corporación Región expresamos nuestra solidaridad con la periodista Ana Cristina Restrepo, quien ha sido objeto de hostigamientos y estigmatización por el ejercicio de su labor periodística. Su trabajo ha contribuido durante años a visibilizar las voces de las víctimas, la defensa de los derechos humanos y las realidades de los territorios más excluidos. Rechazamos toda forma de intimidación contra quienes ejercen el periodismo, hacemos un llamado a las autoridades para que garanticen su protección y reiteramos que la libertad de prensa constituye un pilar esencial de la democracia.