Es fundamental exigir a los actores armados, como expresión de verdadera voluntad de paz, la suspensión inmediata del reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños, y la garantía de cero afectaciones a las escuelas en los territorios.
El pasado 2 de marzo, integrantes del último secretariado de las antiguas FARC reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ante el país que fueron los máximos responsables por liderazgo en el reclutamiento, utilización y otros crímenes como torturas, homicidios y violencias sexuales cometidos en las filas de esa guerrilla contra 18.677 niñas y niños entre 1971 y 2016.
Desde ese día, la cifra se ha reproducido como símbolo de una indignación colectiva, que evidencia como todas estas violencias nos sigue sorprendiendo y doliendo. En otros casos, ha sido utilizada para atacar el Acuerdo de Paz de La Habana y desacreditar el trabajo de la JEP, postura que lejos de ayudar a comprender los horrores de la guerra o pensar en las acciones que como sociedad deberíamos emprender para que estos hechos no se repitan, enmascara la instrumentalización electoral del conflicto armado y de las víctimas.
Este reconocimiento público de responsabilidades ilumina las sombras de una lucha armada degradada, y por ello nos aterra e indigna profundamente. Sin embargo, y paradójicamente, son las mismas razones que en su momento algunos sectores políticos expresaron para oponerse a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las que hoy evidencian que era necesario llevar a cabo esta negociación y avanzar en un proceso de justicia transicional que posibilitara conocer estos hechos y sancionar a sus responsables.
En Región reconocemos la labor rigurosa y valiente de la JEP en este macrocaso, un aporte invaluable a la verdad, la justicia y la reparación, que puede ayudar a elaborar garantías reales para la no repetición en el país. Por lo anterior, queremos profundizar sobre estos crímenes que recién reconoce el antiguo secretariado de las FARC y sobre el horizonte de implicaciones que esta realidad tiene para el Estado, la academia, la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.
Para llegar al universo de 18.677 víctimas, la JEP reconstruyó la historia del reclutamiento y el sufrimiento en las filas de las FARC de 805 casos, correspondientes a niños (56%) y niñas (44%); esto lo hizo a través del análisis de 77 informes de organizaciones de víctimas, ocho informes del Estado, 951 acreditaciones de sobrevivientes de reclutamiento y familiares de niños y niñas dados por desaparecidos. Además, acreditó de manera colectiva a los pueblos étnicos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo.
Con esta información, el país pudo reconocer que la victimización no se limitó al reclutamiento forzado, sino que se profundizó dramáticamente con lo que la JEP llama un “continuum de violencia”; concepto que hace referencia a cómo el rastro de esas violencias persiste y sigue marcando la existencia de las personas sobrevivientes y las familias de quienes ya no están. Esto devela la magnitud del daño que la guerra generó en las niñeces durante casi 41 años.
Los niños y las niñas no ingresan a la guerra de manera libre y voluntaria. El 30% de la población reclutada, tenía 14 años o menos al momento de ingresar a la guerrilla; esta edad deja pocas posibilidades de autonomía para tomar una decisión de este tipo; en la mayoría de los casos (57%) llegaron por medio de amenazas o del uso de la fuerza; en menor medida (28%) fueron engañados por sus reclutadores y en un porcentaje menor (15%), se acudió a la persuasión o convencimiento ideológico. Y un dato doloroso: el 28% de las víctimas registradas en este contexto siguen desaparecidas.
En medio del reclutamiento, niñas y niños fueron sometidos a malos tratos, torturas y homicidios. El régimen disciplinario fue cruel y provocó afectaciones físicas y psicológicas que, en algunos casos, terminaron en suicidios; mientras que otros fueron sentenciados en “juicios de guerra” y luego asesinados. Las antiguas FARC impusieron una política de planificación obligatoria y de abortos forzados; así mismo, se documentaron múltiples violaciones y prácticas de esclavitud sexual facilitadas por la omisión de los mandos en el control de sus tropas, afectando principalmente a las niñas y limitando así su libertad y autonomía.
El último de los patrones criminales en la vida intrafilas se relaciona con las violencias basadas en el prejuicio, que se dirigieron contra niños y niñas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. El informe de la JEP describe con crudeza las victimizaciones: “… sufrieron fusilamientos, amenazas de muerte, sanciones correctivas, violencia sexual correctiva y otros tratos crueles que incluyeron la obligación de ocultar su identidad o diversidad sexual o de género”.
Esta suma de horrores perpetrados en contra de las infancias en el marco de l conflicto armado, profundizó las violencias estructurales que ya padecían, en tanto la mayoría de niñas y niños reclutados pertenecían a zonas rurales con altos niveles de pobreza. Se reafirma una vez más que las guerras se ensaña sobre las poblaciones más excluidas y vulnerables, empobrecidas y racializadas, y que la conquista de una sociedad con goce efectivo de derechos para todos y todas no se logra por la vía armada.
En Región expresamos el dolor profundo que el conocimiento de estos hechos nos ha generado y la preocupación que nos invade al constatar que las afectaciones de la guerra a las infancias no son un asunto del pasado, tal como lo evidencia la Defensoría del Pueblo, que registró 651 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en 2024, y 257 en 2025. Por su parte, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO (ONCA) documentó, para el primer semestre de 2025, “125 eventos relacionados con el conflicto armado, los cuales tuvieron un impacto directo en, al menos 362.243 niñas, niños y adolescentes”. Como si esta dura realidad ya no fuera suficiente, el Gobierno Nacional realizó varios bombardeos en 2025 a campamentos de grupos armados, aun teniendo conocimiento de que en ellos había presencia de adolescentes que fueron víctimas de reclutamiento, incrementando el número de adolescentes asesinados en la guerra.
Ante la persistencia de estos hechos, reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando un trabajo articulado con diversas organizaciones aliadas, intentando encontrar alternativas de mitigación de las afectaciones humanitarias, pero sobre todo, una salida real y definitiva a esta problemática.
Insistiremos en las salidas negociadas a todas las conflictividades armadas, con reglas claras, metodologías rigurosas y poniendo en el centro la necesidad de disminuir los impactos en la población civil. Es fundamental exigir a los actores armados, como expresión de verdadera voluntad de paz, la suspensión inmediata del reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños, y la garantía de cero afectaciones a las escuelas en los territorios.
Continuaremos acompañando procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, teniendo presente la conexión que existe entre los hechos victimizantes del reclutamiento de las infancias y la desaparición. Desde los distintos espacios de la sociedad civil vigilaremos el avance en los retos de reparación y no repetición que actualmente tiene la implementación del Acuerdo de Paz, pues sabemos que ello influenciará la legitimidad de los actuales y futuros procesos de diálogo y construcción de paz. De igual manera, seguiremos trabajando para eliminar las violencias basadas en el prejuicio como una acción política necesaria para combatir la estigmatización y exclusión.
Para Región, la conclusión es clara: ninguna causa justifica que las infancias estén en la guerra. La verdad y la asunción de responsabilidad son pasos necesarios, pero insuficientes si no se traducen en transformaciones reales que garanticen la no repetición. El Estado y los diversos sectores de la sociedad estamos llamados a asumir este desafío con seriedad y responsabilidad, para que las niñas, los niños y las juventudes puedan vivir libres de violencia y construir, sin miedo, los proyectos de vida que merecen.
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