La actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, una disputa fundamental por el modelo de ciudad.
El Plan de Ordenamiento Territorial, conocido como POT, orienta la manera como Medellín organiza y transforma su territorio. Sus decisiones influyen en la vivienda, los servicios públicos, las vías, la protección frente al riesgo, el cuidado de las quebradas y los ecosistemas, la producción campesina y la distribución de la inversión pública entre comunas y corregimientos.
Por eso, el POT no es un asunto exclusivo de especialistas, funcionarios o concejales. Tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con la posibilidad de permanecer en los territorios y con el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre su presente y su futuro.
Durante 2025 y 2026, la Articulación Diálogo Social – Incidencia POT impulsó encuentros, diálogos y espacios de análisis sobre la revisión de mediano plazo del POT, en los que participaron más de 45 organizaciones sociales, comunitarias, ambientales y campesinas de Medellín. En este proceso contrastamos la propuesta presentada por la Administración Distrital con la experiencia de quienes hemos construido barrios y veredas, protegido microcuencas, producido alimentos, promovido soluciones para reducir el riesgo y defendido el derecho a permanecer en el territorio.
Reconocemos que la propuesta de revisión contiene avances, pero también encontramos asuntos que deben mejorarse para que lo escrito en el POT se convierta en decisiones, inversiones y transformaciones reales. Identificamos 18 alertas y las reunimos en diez propuestas prioritarias. Para facilitar su comprensión, las organizamos en cinco grandes temas: decidir con las comunidades; hacer realidad lo acordado; mejorar y regularizar los barrios; habitar, cuidar y transformar el borde urbano-rural; y reconocer que Medellín también es campesina.
1. Participación real e información pública
La participación no puede limitarse a convocar reuniones, recoger firmas o escuchar propuestas cuando las principales decisiones ya están tomadas. Las comunidades necesitamos información comprensible, tiempo para analizarla y posibilidades reales de influir.
Proponemos participar desde el diagnóstico y la formulación hasta la ejecución y el seguimiento de los instrumentos de planeación. También solicitamos que cada propuesta comunitaria reciba una respuesta clara y que podamos conocer cuáles aportes fueron aceptados, cuáles fueron modificados y cuáles no se tuvieron en cuenta, junto con las razones de cada decisión.
2. Permanecer en el territorio
Una obra pública, un macroproyecto o una intervención puede beneficiar a un territorio, pero también puede aumentar el valor del suelo, los arriendos y la presión para que algunas familias se vayan. Esta situación afecta especialmente a quienes no tenemos títulos de propiedad, vivimos en arriendo o dependemos de actividades económicas y comunitarias realizadas en el mismo territorio.
Proponemos que toda intervención identifique desde el comienzo a las personas, familias, organizaciones y actividades que podrían resultar afectadas. Deben existir medidas para prevenir el desplazamiento, proteger la vivienda y los medios de vida, compensar los impactos y acompañar los reasentamientos cuando sean realmente necesarios. Mejorar un territorio no puede significar expulsar a quienes lo hemos construido.
3. Que un plan no borre lo construido por las comunidades
En un mismo territorio pueden encontrarse varios planes e instrumentos. El problema aparece cuando un plan de mayor escala suspende o deja sin efecto decisiones, estudios y acuerdos construidos anteriormente con las comunidades.
Proponemos reglas claras para coordinar los diferentes instrumentos y proteger las decisiones adoptadas. Los planes de mayor alcance deben dialogar con los procesos barriales y campesinos, explicar cualquier cambio y garantizar la participación de quienes pueden resultar afectados. La planeación debe acumular aprendizajes y acuerdos, no obligar a las comunidades a comenzar de nuevo cada vez que aparece un instrumento diferente.
4. Inversiones claras para cada territorio
No basta con que el POT reconozca un problema o anuncie un programa. Cada comunidad debe poder conocer qué acciones se realizarán en su territorio, cuándo se ejecutarían, cuál sería su costo, de dónde provendrían los recursos y qué entidad sería responsable. Sin esta información, las metas generales pueden mostrar avances en el papel mientras numerosos barrios y veredas continúan esperando soluciones.
Proponemos una programación pública y comprensible que relacione cada territorio con sus proyectos, plazos, costos, fuentes de financiación y entidades responsables. También debe diferenciar los recursos proyectados para los próximos años de aquellos que ya fueron aprobados en el presupuesto, de manera que pueda saberse qué actuaciones cuentan con financiación y cuáles todavía dependen de nuevas decisiones y recursos.
5. De los estudios de riesgo a las obras de mitigación
Los estudios de riesgo son necesarios y han sido una conquista de muchas comunidades. Permiten conocer las amenazas y definir qué tipo de intervención requiere cada territorio, pero un estudio, por sí solo, no protege la vida ni transforma las condiciones que mantienen a las familias expuestas.
Proponemos que cada estudio tenga continuidad en decisiones, medidas de protección mientras llegan las soluciones definitivas, diseños, presupuesto, obras, monitoreo y mantenimiento. Las comunidades deben conocer el estado del proceso, las prioridades, las entidades responsables y las razones de cualquier retraso. El conocimiento del riesgo debe servir para reducirlo y no convertirse en una razón para prolongar la incertidumbre o aplazar las inversiones necesarias.
6. Una política de ciudad para los polígonos de Mejoramiento Integral
Medellín reconoce 29 polígonos urbanos de Mejoramiento Integral y 4 ubicados en suelo de expansión. Estos territorios requieren acciones articuladas en vivienda, servicios públicos, movilidad, espacio público, equipamientos, regularización y reducción del riesgo. Sin embargo, no existe información pública y unificada que permita conocer qué se ha realizado, qué hace falta y qué se ejecutará en cada polígono.
Proponemos construir con las comunidades un diagnóstico público y actualizado de los 33 polígonos, acompañado de una programación que conecte estudios, instrumentos, presupuesto y obras. Algunas soluciones deben organizarse a escala zonal, porque las vías, las quebradas, los servicios y los equipamientos relacionan varios barrios; otras deben responder a las particularidades de cada asentamiento. El mejoramiento integral no puede reducirse a una obra aislada, sino que debe transformar de manera articulada la vivienda y el entorno.
7. Planes de legalización, regularización y mejoramiento impulsados desde las comunidades
Los Planes de Legalización, Regularización y Mejoramiento del Hábitat, conocidos como PLRMH, pueden contribuir a resolver problemas urbanísticos, jurídicos, sociales y físicos de los asentamientos. La revisión del POT reconoce que las comunidades pueden solicitar su elaboración. Esto no significa que cada plan deba aprobarse automáticamente, pero sí que la iniciativa sea estudiada mediante un procedimiento claro y reciba una respuesta oportuna y debidamente explicada.
Proponemos una ruta sencilla que indique dónde presentar la solicitud, cuáles son los requisitos, qué asistencia técnica ofrecerá el Distrito y en cuánto tiempo debe responder. Cada plan debe integrar y diferenciar la legalización, la regularización, la titulación, el reconocimiento y mejoramiento de las viviendas y las obras del entorno, con metas, recursos y responsables. El proceso no puede terminar en un diagnóstico ni reducirse a un trámite, sino que debe conectar participación, estudios de riesgo, regularización, financiación y obras.
8. Formular los macroproyectos del borde con las comunidades
Medellín cuenta con 5 macroproyectos para orientar sus bordes urbano-rurales. Para las organizaciones, la prioridad está en el Borde Urbano-Rural Nororiental (BUR-NOR), que comprende territorios de las partes altas de las comunas 1, 3 y 8, y en el Borde Urbano-Rural Noroccidental (BUR-NOC), especialmente en la parte alta de la comuna 6. Ahora que se anuncia el inicio de su formulación, es necesario conocer los cronogramas, los recursos, las entidades responsables y la manera como participarán las comunidades.
En estos territorios existen redes comunitarias, liderazgos y profesionales con conocimientos construidos durante años. Proponemos una formulación participativa que no se limite al trabajo técnico realizado desde afuera ni a socializar decisiones ya tomadas. Se necesitan mecanismos de enlace y dinamización comunitaria, construcción conjunta de diagnósticos, prioridades y proyectos, y una devolución pública sobre los aportes recibidos. El BUR-NOR puede convertirse en una experiencia de referencia para formular los macroproyectos con quienes habitan, conocen y cuidan los territorios.
9. Integrar el cuidado de las microcuencas, la agroecología y la reducción del riesgo
En los territorios de borde, la gestión comunitaria del agua y de las microcuencas, la restauración ecológica, la agroecología, la producción campesina, la vivienda, los servicios públicos y la reducción del riesgo están profundamente relacionadas. Sin embargo, con frecuencia se atienden mediante proyectos separados, de corta duración y sin continuidad, desconociendo los procesos que las comunidades ya sostienen.
Proponemos construir con las organizaciones una programación territorial integrada, con proyectos, recursos, responsables y plazos definidos. Sus resultados no deben medirse solamente por el número de unidades productivas atendidas, sino también por las familias y organizaciones vinculadas, la recuperación del agua y el suelo, la infraestructura construida, el fortalecimiento de los procesos agroecológicos y la reducción del riesgo. Cuidar el borde también significa garantizar condiciones dignas para quienes lo habitan y lo protegen.
10. Proteger e implementar el Distrito Rural Campesino
Medellín no es únicamente urbana. Su campesinado produce alimentos, cuida el agua, los suelos y los ecosistemas, conserva conocimientos y sostiene formas de vida fundamentales para toda la ciudad. Sin embargo, los territorios rurales enfrentan presión urbana, dificultades de acceso a recursos, problemas de tenencia de la tierra y espacios de participación que no siempre garantizan una incidencia real en las decisiones.
El Distrito Rural Campesino, conocido como DRC, fue construido con participación de las comunidades, cuenta con nueve zonas y un banco de proyectos, y ya tiene un proceso de adopción. La revisión del POT propone cambiar su lugar dentro de la organización de los instrumentos de planificación. Esta no es una discusión meramente técnica, ya que el cambio puede reducir su capacidad para orientar el territorio, proteger los acuerdos construidos e impulsar inversiones para las comunidades campesinas.
Proponemos mantener la capacidad orientadora del DRC, reconocer lo que ya fue construido y pasar a su implementación. Si la Administración mantiene la propuesta de cambiar su clasificación, debe explicar sus razones y establecer reglas de transición que eviten la pérdida de decisiones, proyectos y espacios de participación, especialmente cuando el DRC coincida con otros instrumentos de planificación.
También se necesita una programación con metas, recursos, responsables y plazos para sus nueve zonas y su banco de proyectos. Esta debe fortalecer la producción campesina y agroecológica, la comercialización, la vivienda rural, la tenencia de la tierra, el cuidado, la infraestructura y la conservación ambiental. El campesinado no puede aparecer solamente como beneficiario de programas o cuidador del paisaje, sino que debe ser reconocido como sujeto político, productor del territorio y parte activa de las decisiones sobre la ruralidad.
Al Concejo Distrital le corresponde estudiar estas propuestas, tramitar los cambios necesarios en el Proyecto de Acuerdo y dar cuenta públicamente de cuáles fueron acogidas, modificadas o descartadas, junto con las razones de cada decisión.
El Departamento Administrativo de Planeación tiene la responsabilidad de sustentar sus decisiones, ajustar los documentos bajo su competencia, orientar la programación de las inversiones, coordinar a las entidades encargadas y definir responsables y plazos para la implementación.
A ambas instituciones les proponemos mantener una interlocución con las organizaciones durante el trámite y después de la aprobación del POT. Una relación entre pares no significa que todas nuestras propuestas deban ser aceptadas, sino que sean estudiadas, respondidas con claridad y reflejadas en un seguimiento público de los acuerdos, las diferencias, los compromisos y los avances en cada territorio.
Las organizaciones somos parte del ordenamiento territorial y nuestro conocimiento debe ser reconocido en las decisiones públicas. El POT debe construirse con la ciudad realmente habitada. Ordenar Medellín con justicia territorial significa proteger la vida, reducir las desigualdades y reconocer a las comunidades como interlocutoras y protagonistas de su futuro.
Organizaciones impulsoras de la Articulación Diálogo Social – Incidencia POT: Corporación Cívica Mundo Nuevo; Corporación Con-Vivamos; Corporación Ecologista y Feminista Penca de Sábila; Corporación Jurídica Libertad; Corporación Proyecto NN; Corporación Región; Corporación Somos por Naturaleza; Mesa de Economía del Cuidado Medellín y Antioquia; Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8; Plataforma Distrital de Juventudes; Proyecto Colectivo Tejearaña; Red de Huerteras y Huerteros de la Comuna 8; Red Intercorregimental de Mesas Ambientales; Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6; Veeduría Todos por Medellín.
Consulta el documento técnico completo y sus 18 alertas:
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