Han pasado un poco más de 19 meses desde la firma final del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP. Durante este periodo, muchas cosas han cambiado en la sociedad colombiana como resultado del Acuerdo establecido entre las partes, y se han producido un sinnúmero de balances en torno al estado de implementación de lo acordado.
Algunos de los esfuerzos más completos de seguimiento a la implementación han provenido de instancias definidas formalmente en el Acuerdo para realizar esta labor. Por ejemplo, los informes elaborados por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EEUU) y el segundo informe trimestral de la Misión Internacional de Verificación de la ONU, dado a conocer a la opinión pública el pasado 2 de abril de 2018. Igualmente, las labores de seguimiento al Acuerdo desarrolladas por parte de organismos de la sociedad civil como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, la Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Ideas para la Paz FIP, y el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz OIAP, entre otros.
Si bien es cierto cada una de estas entidades trabaja con diferentes énfasis y con objetivos y metodologías distintas, se puede afirmar que en general coinciden en el diagnóstico de lo que ha pasado en estos 19 meses: por un lado, el balance es satisfactorio si se evalúa el Acuerdo en términos de disminución de la violencia producto del conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano. Sin embargo, son altamente preocupantes los resultados al considerar asuntos como el desarrollo normativo e institucional de los puntos acordados, así como el rumbo que ha venido tomando la implementación en medio de los debates electorales del primer semestre de 2018 en los cuales se produjeron las elecciones al Congreso de la República (11 de marzo), la primera vuelta presidencial (27 de mayo) y segunda vuelta presidencial (17 de junio), y los cambios que se han pretendido introducir al Acuerdo aún antes de la posesión del nuevo Gobierno.
El balance es igualmente negativo en cuanto a la presencia institucional en los territorios donde se han retirado las FARC luego de la firma del Acuerdo, su desmovilización y reintegración. En la mayoría de ellos, otros grupos armados han incrementado su presencia, accionar y disputa de territorios, afectando la seguridad y los derechos humanos de los pobladores. Un fenómeno paralelo, y relacionado en parte con este proceso, es el aterrador incremento de los asesinatos de lideresas y líderes sociales que se ha producido en el país desde la firma del Acuerdo, y no menos preocupante, el constante asesinato de ex integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Finalmente, hay que llamar la atención sobre el bajo nivel de desarrollo de una promesa que contenía el Acuerdo de Paz, denominada “paz territorial”, con lo cual se denominaba la importancia de entender que este Acuerdo, no sólo era un pacto entre el Estado colombiano y las FARC, sino que incluía una valiosa apuesta por la construcción de paz desde los territorios, esfuerzo construido de manera conjunta y concertada entre las comunidades y el Estado colombiano, junto a la desmovilizada guerrilla de las FARC. Los avances en este sentido son claramente insuficientes.
Como se ha afirmado desde la Corporación Región de manera reiterada en los últimos 19 meses, el problema principal con el no cumplimiento del Acuerdo de Paz, no es que se desconozca lo pactado con una guerrilla que en general ha dado muestras de un alto grado de compromiso y cumplimiento, lo cual ya es grave, sino especialmente, que el Acuerdo estaba encaminado al reconocimiento y atención de deudas históricas acumuladas por décadas, en asuntos como las transformaciones democráticas del agro colombiano, la profundización de un modelo de participación democrática real, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y la garantía integral de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las más de 8 millones de víctimas que registra nuestro país, luego de más de cinco décadas de conflicto armado interno. En este sentido, que el Acuerdo no se cumpla no es un problema para las FARC, sino la pérdida de una oportunidad histórica de trasformación democrática para nuestra nación, y el aplazamiento una vez más, de las expectativas de millones de habitantes del campo colombiano y de las víctimas, en torno a una nación con mayores oportunidades para llevar una vida digna.
La estructura del presente documento es la siguiente: en la primera parte se da una mirada general a cómo va el proceso de implementación ampliando los elementos ya mencionados. En la segunda parte, se da una mirada general a cómo va la paz en el Departamento de Antioquia y en el Valle de Aburrá, y se termina con algunas consideraciones sobre la importancia de la perspectiva territorial en la implementación.
