Resumen

Este artículo destaca algunos de los aspectos más significativos de la reflexión que Región ha promovido en la ciudad acerca de la problemática de la pobreza, en clave de justicia social. Presenta las fallas de la economía de la filtración y de la división esquizofrénica del trabajo entre política económica y política social. Advierte la importancia de la educación de buena calidad como condición necesaria para el bien-estar, la democracia y la justicia social, pero señala que no es suficiente si el estilo de desarrollo no garantiza un equilibrio entre el proceso de formación de capacidades y la provisión de oportunidades para su ejercicio. Finalmente, recalca su enfoque holístico y la importancia de continuar promoviendo una agenda redistributiva y de reconocimiento que, en las circunstancias actuales, debe ser más crítica de la idea y la práctica del desarrollo.

Justicia, no caridad

El Enfoque de la Corporación Región sobre la pobreza

Introducción

Un concepto de pobreza no es independiente del enfoque de desarrollo en el que se inscribe (Restrepo, 2000, p. 19). Considerar la definición y operacionalización de la pobreza como un ejercicio normativo, independiente de las relaciones asimétricas y de poder en la sociedad, "oscurece las formas en las que las privaciones sociales y económicas se producen y reproducen" (Álvarez, 2010, p. 92). De ahí que una perspectiva adecuada sobre la pobreza debe trascender el concepto mismo y sus indicadores, para abordar las problemáticas más amplias y relacionales de la desigualdad y la exclusión en sus dimensiones social, económica, política y ambiental. La pobreza no es independiente de la tendencia sistemática del estilo de desarrollo hacia la exclusión o hacia la inclusión de diferentes grupos sociales.

En Colombia, el rasgo principal del estilo de desarrollo ha sido la persistencia de desigualdades extremas no sólo en la distribución de la riqueza y del ingreso, sino también en la asignación del respeto y el reconocimiento social. El menosprecio hacia el campesino y el colono y la segregación social urbana erosionan las bases sociales del respeto personal (Uribe López, 2013, p. 507).

Por esa razón, los debates y propuestas de política pública que la Corporación Región ha promovido en las últimas tres décadas sobre la cuestión de la pobreza, se enmarcan en una perspectiva más amplia de reivindicación de la igualdad y la justicia social. El valor de la igualdad defendido por Región poco tiene que ver con el igualitarismo a rajatabla del lecho de Procusto¹ propio de posturas políticas totalitarias. La visión igualitarista de la Corporación reconoce la tríada de valores propios de una sociedad democrática: libertad, igualdad y eficiencia. De hecho, buena parte de las mayores desigualdades en nuestro medio no obedecen a recompensas diferenciales a la aplicación del esfuerzo y del talento² ; son el resultado de comportamientos rentistas que mediante la corrupción se traducen en desigualdades de poder político, en un círculo vicioso difícil de romper.

Este artículo destaca algunos de los aspectos más significativos de la reflexión que Región ha promovido en la ciudad acerca de la problemática de la pobreza, en clave de justicia social. Presenta las fallas de la economía de la filtración y de la división esquizofrénica del trabajo entre política económica y política social. Advierte la importancia de la educación de buena calidad como condición necesaria para el bien-estar, la democracia y la justicia social, pero señala que no es suficiente si el estilo de desarrollo no garantiza un equilibrio entre el proceso de formación de capacidades y la provisión de oportunidades para su ejercicio. Finalmente, recalca su enfoque holístico y la importancia de continuar promoviendo una agenda redistributiva y de reconocimiento que, en las circunstancias actuales, debe ser más crítica de la idea y la práctica del desarrollo.

Más allá de la economía de la filtración

La distinción tajante entre política económica y política social se deriva de la perspectiva según la cual los mercados sin restricciones son no sólo más eficientes sino también, a la larga, más equitativos. Esa perspectiva propone que la causalidad clave va del crecimiento a la distribución y no de la (re)distribución al crecimiento. La preferencia por esa causalidad se explica por varias razones: "no amenaza el equilibrio, pospone el debate ético, resalta la neutralidad de los mecanismos de mercado… [L]a responsabilidad de la escogencia normativa en materia de distribución del ingreso se diluye en la impersonalidad del mercado: Los más eficientes en el mercado ganan más y por ello tienen más” (González, 2006, p. 213, 214). De acuerdo con ese enfoque, las políticas económicas son responsables de la estabilidad y el crecimiento y las políticas sociales son responsables de la reducción (o la gestión) de la pobreza. Esa perspectiva le asigna a la política social la tarea de administrar los efectos sociales adversos que el mercado y la política económica tienen sobre el bienestar de ciertos grupos sociales en el corto plazo, mientras los beneficios del crecimiento se van filtrando, gota a gota (trickle down economics), hacia el conjunto de la población.

Ese enfoque ortodoxo pierde de vista que existen estilos de desarrollo económico excluyentes en los que la marea del crecimiento no levanta todos los barcos. Al contrario, "a veces, una marea que sube velozmente, en especial cuando la acompaña una tormenta³, arroja contra la orilla los barcos más débiles y los hace añicos" (Stiglitz, 2002, p. 109). Si el crecimiento no es incluyente, la demanda por un mayor gasto social aumenta. El problema, como muestra Piketty (2014), es que si el crecimiento económico es excluyente, la tasa de crecimiento de la rentabilidad del capital es muy superior a la tasa de crecimiento del conjunto de la economía. En esas circunstancias, el margen fiscal para la financiación del gasto social es cada vez más estrecho. Así las cosas, la política social opera simplemente como un salvavidas que no da abasto.

Educación, condición necesaria pero no suficiente para la justicia social

Una de las principales manifestaciones discursivas de la división del trabajo entre política económica y política social es la que apoya todo el peso del desarrollo y la equidad sobre la educación. Ciertamente, la educación es condición necesaria para desarrollar las capacidades de las personas (no sólo la capacidad productiva). No obstante, no es condición suficiente. Además, es necesario tener en cuenta que la educación que vale la pena no es de cualquier tipo. No basta decir que ésta debe ser universal y de buena calidad si lo que se entiende por buena calidad es una educación al servicio exclusivo de la acumulación de “capital humano”.⁴ Si la educación no promueve el pensamiento crítico, la imaginación, la disposición a someter a escrutinio racional las teorías y las opiniones propias y ajenas, si no cultiva la empatía hacia los demás individuos de nuestra especie y hacia los miembros de otras especies y si no alienta la conciencia de que los seres humanos formamos parte del entramado de la naturaleza, no se puede afirmar que esa sea una educación de calidad.

Nussbaum (2010) advierte claramente que sin el apoyo de una ciudadanía adecuadamente educada, ninguna democracia puede existir y persistir. Como reitera la filósofa estadounidense, la educación es adecuada no sólo si prepara a las personas para el mundo laboral sino también, fundamentalmente, si las forma para vivir vidas significativas, con sentido ético y estético y para el ejercicio de la ciudadanía.⁵ No obstante, como lo señala también Nussbaum (2011), es importante distinguir entre la formación de capacidades (capacidades internas) y las oportunidades para el ejercicio de tales capacidades (capacidades combinadas o capacidades humanas centrales).⁶ Es decir, es necesario que las políticas públicas propendan por un equilibrio entre el proceso de formación de capacidades de las personas y la provisión de oportunidades para su ejercicio.⁷
¿Por qué es importante distinguir entre capacidades internas de capacidades combinadas? La distinción corresponde a dos tareas superpuestas de una sociedad decente. Una sociedad podría bien producir capacidades internas pero bloquear las vías a través de las cuales la gente efectivamente tiene la oportunidad de desempeñarse en concordancia con esas capacidades (Nussbaum, 2011, p. 21).

Con ese punto de vista filosófico concuerda el análisis económico de Alice Amsden para quien, muchos promotores de las políticas sociales consideran que trabajadores más saludables y mejor educados crean, automáticamente, la demanda que los empleará. Sin embargo, argumenta Amsden (2010), en un contexto de desempleo, invertir más en educación, salud y vivienda de la población trabajadora, sin aumentar la capacidad del aparato productivo para absorber mano de obra con salarios decentes, equivale a invertir en “capital humano” para el desempleo o la migración.

Una perspectiva holística y crítica del desarrollo

Una de las emisiones del programa televisivo “la Fuerza de los Argumentos” de la Universidad de Antioquia en 2008 estuvo dedicada al tema de la pobreza en Medellín.⁸ Entre las personas invitadas estaba Jorge Bernal Medina⁹ , en ese entonces director de la Corporación Región. Jorge señaló con vehemencia y en concordancia con los planteamientos de Haq, Nussbaum y Amsden, que la pobreza no es un problema que se resuelve sólo con políticas sociales; su postura coincide con la de Haq (2003, p. 23): “la pobreza no debe ser considerada un subproducto del crecimiento y tratarla separadamente sin modificar las estrategias de crecimiento”. Las políticas sociales desempeñan, ciertamente, un papel fundamental para resolver necesidades de personas que no están en condiciones de trabajar (niños, ancianos y personas con discapacidad severa); también contribuyen, como en el caso de la educación y la salud adecuadas, a mejorar el bien-estar y aumentar las capacidades de las personas. En los países más ricos pueden complementar, en forma permanente, el ingreso de los más pobres. Sin embargo, en países pobres con niveles altos de desempleo e informalidad, la mejor política social corresponde al aumento de la participación del salario en el ingreso nacional. Esto implica una modificación sustancial del estilo de desarrollo y de la distribución de las cargas y beneficios de la cooperación social. En palabras de Jorge Bernal:

Es imprescindible abordar la discusión de las políticas económicas y relacionarlas de manera adecuada con las políticas sociales. Ya es tradicional que las políticas públicas de los países se centren en la lucha contra la pobreza extrema, la ampliación de las coberturas en educación y salud y algo en materia de vivienda y servicios públicos. Los temas del empleo y del mercado laboral, de la concentración de la riqueza, de las políticas fiscales y tributarias que son temas importantes para los economistas y para los ministerios de economía, pareciera que nada tuvieran que ver con los temas sociales y el bienestar humano (Bernal Medina, 2010, p. 72).

En concordancia con lo anterior, la pobreza ha sido abordada por la Corporación Región como un problema de justicia y no de caridad. Evidentemente, no en los términos de la justicia conmutativa de acuerdo con la perspectiva de Robert Nozick (1974) sino en los términos de la justicia (re)distributiva o la justicia social. A pesar de las diferencias de enfoque entre autores como Rawls, Sen¹⁰ y Nussbaum, coinciden en que los derechos a la propiedad sobre los medios de producción y la libertad contractual no son inexpugnables. Rawls, por ejemplo, aunque plantea la prioridad estricta de las libertades básicas, advierte que aquellas libertades que no estuviesen incluidas en las lista del primer principio de la justicia, “por ejemplo, el derecho a poseer ciertos tipos de propiedad (por ejemplo, los medios de producción) y la libertad contractual, tal como es entendida por la doctrina del laissez-faire, no son básicas, y por tanto no están protegidas por la prioridad del primer principio” (Rawls, 1971, p. 69).

Ese carácter no inexpugnable de los derechos de propiedad y de las libertades contractuales no quiere decir que las libertades económicas carezcan de valor intrínseco e instrumental. Significa que el Estado de Derecho no es lo mismo que un Estado mínimo, un Estado gendarme. El Estado de Derecho como estado de control del poder, propio del liberalismo político y no del liberalismo económico, es compatible con políticas redistributivas amparadas en una política tributaria progresiva, como ocurre en las democracias más prósperas de la OCDE.

Bernal Medina (2010) estaba convencido de que una agenda redistributiva no debía limitarse a la movilización política y a la construcción de consensos para la democratización del ingreso y del acceso a activos productivos sino también para la superación de las fallas en la asignación de reconocimiento y el respeto social a quienes ocupan los peldaños más bajos en la escalera del ingreso o pertenecen a grupos poblacionales que han acumulado desventajas históricas. De hecho, para Rawls, el bien social más importante es el del respeto propio, en la medida en que “incluye el sentimiento de una persona de su propio valor, su firme convicción de que su concepción de su bien, su proyecto de vida, vale la pena de ser llevado a cabo” (Rawls, 1971, p. 398). En consecuencia, la agenda social de la Corporación Región no es independiente de su trabajo cultural orientado a la remoción de prejuicios y a la construcción de las bases de una amistad cívica en Medellín, en Antioquia y en el país. La persistencia de brechas socioeconómicas y de una cultura segregacionista, son motivo suficiente para continuar promoviendo una agenda de justicia social. Sin embargo, esa búsqueda implica una revisión crítica del concepto de desarrollo, incluso del desarrollo humano.

El concepto mismo del desarrollo está en cuestión: qué entendemos por desarrollo, qué tipo de desarrollo queremos y necesitamos, qué modelo o modelos de desarrollo podrían abocar con éxito la erradicación de la pobreza y cómo podemos avanzar hacia ellos, son las preguntas que hoy nos hacemos todos los que trabajamos, desde diferentes ámbitos, en la construcción de sociedades con mayores niveles de equidad y de justicia (Restrepo Mesa, 2000, p. 9)

En las circunstancias actuales, la cuestión de la justicia social no es independiente de la justicia ambiental. Es necesario adoptar, para la reflexión y la acción, un enfoque aún más crítico del desarrollo y poner en marcha una agenda del buen vivir guiada por la búsqueda de la justicia intra e intergeneracional y por las obligaciones que tenemos hacia otras especies: “Puesto que somos más poderosos que otras especies, tenemos cierta responsabilidad hacia ellas, que se relaciona con esa asimetría de poder” (Sen, 2009, pp. 281, 282). La falta de conciencia sobre nuestra pertenencia a la naturaleza es también una forma de privación.

Referencias bibliográficas

Álvarez Castaño, Luz Stella (2010). “La Exclusión Social: Más Allá de la Pobreza”. En: Luz Stella Álvarez Castaño, Jorge Bernal Medina, Astrid Helena Vallejo, et. al. La Exclusión Social y la Desigualdad en Medellín. Sus Dimensiones Objetivas y Subjetivas (pp. 91-105). Medellín: Corporación Región.

Amsden, Alice (2010). Say’s Law, Poverty Persistence, and Employment Neglect. Journal of Human Development and Capabilities 11 (1), 57-66.

Bernal Medina, Jorge (2010). Desigualdad, Libertad y Justicia. En: Luz Stella Álvarez Castaño, Jorge Bernal Medina, Astrid Helena Vallejo, et. al. La Exclusión Social y la Desigualdad en Medellín. Sus Dimensiones Objetivas y Subjetivas (pp. 17-90). Medellín: Corporación Región.

González, Jorge Iván (2006). Ética, Economía y Políticas Sociales. Medellín: Corporación Región.

Haq, Mahbub ul (2003 [1995]). “The Human Development Paradigm”. En: S. Fukuda Parr & A. K. Shiva Kumar. Readings in Human Development (17-37). New Delhi: Oxford University Press.

Nozick, Robert (1974 [1991]). Anarquía, Estado y Utopía. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Nussbaum, Marta (2010). Not for Profit. Why Democracy Needs The Humanities. Princeton: Princeton University Press.

Nussbaum, Marta (2011). Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Restrepo Mesa, Clara Inés (2000). Pobreza Urbana en Medellín. Mediciones y Percepciones. Medellín: Corporación Región.

Rawls, John (1971 [1995]). Teoría de la Justicia. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Sen, Amartya (1997). Bienestar, Justicia y Mercado. Barcelona: Paidós, UAB.

Sen, Amartya (1998). Capital Humano y Capacidad Humana. Cuadernos de Economía, 17(29), 67-72.

Sen, Amartya (2009). La Idea de la Justicia. Bogotá: Taurus.

Stiglitz, Joseph (2002). El Malestar en la Globalización. Bogotá: Taurus.

Uribe López, Mauricio (2013). Estilo de Desarrollo y Sesgo Anticampesino en Colombia. Cuadernos de Economía, 32(60), 505-535.

Palabras clave:

Justicia social, pobreza, educación, desarrollo, economía.

Notas al pie:

^{1 En su posada del Ática, Procusto invitaba a sus huéspedes a dormir en su cama de hierro. Si el huésped era alto, Procusto le cortaba las piernas hasta ajustar la altura de su invitado a la longitud del lecho. Si el huésped era bajo, lo estiraba martillando sus coyunturas y halando sus piernas hasta ajustar también su tamaño a la cama.
2 La distribución de recompensas en función del mérito, tiene el inconveniente de ignorar que las diferencias en cuanto al mérito y la disposición a esforzarse, dependen de circunstancias familiares y sociales que no están bajo control de las personas. De ahí que el igualitarismo de Rawls incluya esos talentos y esa disposición al esfuerzo como algo que no pertenece enteramente al individuo, sino que hace parte de un acervo común, susceptible de redistribución en aras de mejorar la situación de los más desaventajados (principio de la diferencia).
3 Esas tormentas están vinculadas al aumento mucho más que proporcional en el ritmo de crecimiento de los activos financieros sobre el ritmo de crecimiento de los activos reales.
4 "Así por ejemplo, muchos estudios empíricos han puesto de presente que la ampliación de la educación de la mujer puede reducir la desigualdad de género en la distribución dentro de la familia y contribuir a reducir las tasas de fecundidad. La ampliación de la educación básica también puede mejorar la calidad de los debates públicos. Y estos logros instrumentales pueden ser, en últimas, bastante importantes aunque su función instrumental no sea la de un factor de producción, definido convencionalmente, en la fabricación de mercancías” (Sen, 1998, p. 72).
5 Aunque la reducción de las brechas sociales no depende sólo de la educación, esta sólo es adecuada si está efectivamente orientada a combatir la segregación social. John Rawls defiende este papel de la educación al recalcar la importancia que tiene para la justicia, mantener la igualdad de oportunidades educativas para todos: “Las probabilidades de adquirir los conocimientos y las técnicas culturales no deberían depender de la posición de clase; asimismo, el sistema escolar sea público o privado, debería ser planeado para derribar las barreras de clase” (Rawls, 1971, p. 79).
6 Nussbaum distingue tres tipos de capacidades: 1) capacidades básicas: es decir, aquellas facultades innatas de las personas relacionadas con aquellas características cognitivas y físicas susceptibles de posterior entrenamiento y desarrollo; 2) capacidades internas: aquellas características intelectuales, emocionales, de percepción y movimiento, desarrolladas a partir de las capacidades básicas en interacción con el ambiente familiar y el entorno inmediato; 3) capacidades combinadas: resultan de la combinación entre capacidades internas y las oportunidades de ejercer esas capacidades en un contexto social, económico y político específico.
7 Esta idea de Nussbaum tiene un antecedente muy claro en la visión defendida por el economista paquistaní Mahbub ul Haq, amigo personal de Amartya Sen y creador de los informes de desarrollo humano del PNUD: El desarrollo humano – afirmaba el profesor Haq- tiene dos lados: “Uno es la formación de capacidades humanas -tales como el mejoramiento de la salud, el conocimiento y las habilidades. El otro es el uso que de esas capacidades adquiridas hace la gente – para el empleo, las actividades productivas o el tiempo libre. Una sociedad necesita construir tanto esas capacidades como asegurar el acceso equitativo a las oportunidades humanas. Considerables frustraciones resultan si las balanzas del desarrollo no balancean cuidadosamente ambos lados” (Haq, 2003, p. 18, 19).
8 El programa se encuentra disponible en la página del Premio Jorge Bernal a la investigación social. También puede verse directamente en este enlace. 
9 Jorge Arturo Bernal Medina (1952-2010) no sólo participó en la creación y consolidación de organizaciones no gubernamentales como el Instituto Popular de Capacitación, la Escuela Nacional Sindical, Conciudadanía, la Corporación Región y Viva la Ciudadanía, sino que también lideró la discusión académica en esas organizaciones sobre las cuestiones relacionadas con pobreza, política social, desarrollo humano y justicia social. Su trabajo investigativo y propositivo contribuyó a moldear los debates y las maneras de deliberar sobre estos temas en la Corporación Región.
10 De acuerdo con Sen, es posible definir la libertad negativa (como libertad de interferencia) “sin que haya que afirmar previamente que las personas tienen un derecho inequívoco a no sufrir intrusiones” (Sen, 1997, p. 132). De otro lado, “es posible que ocurran hambrunas generalizadas sin que se violen los derechos de nadie y sin que deje de operar un mecanismo de mercado libre” (p. 134).}