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Jueves, 18 Julio 2019 15:12

Por el derecho a la vivienda y un hábitat digno para las víctimas de La Primavera, en el municipio de Barbosa

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Foto de Archivo. Vereda La Primavera, Barbosa, Ant. Foto de Archivo. Vereda La Primavera, Barbosa, Ant.

La política de gestión del riesgo implica tomar medidas preventivas, no actuar después del desastre y menos aún, proponer el desalojo sin alternativas, sin la gestión de soluciones definitiva. Por eso la población de La Primavera exige medidas urgentes para atender esta grave situación de vulnerabilidad, no solo por su condición de desplazados y víctimas del conflicto armado, sino, además, por la situación de máxima pobreza en la que se encuentran.

El asentamiento La Primavera se encuentra localizado en el kilómetro 28 de la autopista norte, a ambos lados de los rieles del antiguo tren de Antioquia, en una extensión de 2 kilómetros, en la vereda La Primavera, del corregimiento del Hatillo, Babosa.

Es un asentamiento altamente informal y precario en el cual se conjugan múltiples formas de riesgo ambiental por la cercanía del rio Medellín y tecnológica por estar sobre las redes de distribución del poliducto de Ecopetrol y el gasoducto de transmetano, además de contaminación electromagnética y el peligro, por el cruce de redes de alta tensión sobre sus viviendas.

Es un asentamiento con una historia de 50 años desde la llegada de la primera familia procedente de Urabá; actualmente este asentamiento cuenta con una población aproximada de 1000 personas que ocupan 200 viviendas, conformado principalmente por población desplazada a la fuerza por el conflicto armado, por población en condiciones de pobreza de Barbosa y últimamente, por algunos migrantes venezolanos.

La falta de acciones estatales, conducentes a atender esta demanda de vivienda, propiciaron en la población, lo que en derecho se llama “una confianza legítima” de que ahí podrían construir sus historias de vida y efectivamente lo han hecho, allí han nacido y crecido dos generaciones que conocen y reconocen este territorio como su “hábitat” a pesar del riesgo que los amenaza a diario.

Nuevas amenazas

En los últimos meses se ha registrado un comportamiento variable del cauce del rio Medellín, con un socavamiento permanente sobre una de sus riberas y el desplazamiento de algunas viviendas a escasos 6 metros del río. Esta situación es bastante similar, a la que vivió el sector de Ancón, municipio de Copacabana hace pocos meses, en donde se debieron evacuar más de 112 familias y el municipio debió declarar calamidad pública.

Ahora, una nueva amenaza acecha a esta comunidad, y es la instalación provisional de una torre de energía, que soporta cables de alta tensión que con la temperatura se descuelgan sobre la margen del rio a poca altura del suelo y penden sobre viviendas y árboles del asentamiento La Primavera, y ante la alerta de la comunidad sobre esta situación, la única acción de EPM para mitigación del riesgo es la tala de algunos árboles.

Y como si lo anterior fuera poco para esta comunidad, desde hace dos años se han visto enfrentados a la posibilidad de un desalojo, debido al macroproyecto Tren de Cercanías, impulsado por la Gobernación de Antioquia.

Esto ha generado angustia e incertidumbre en la comunidad por la falta de información directa y oficial, en contraste con los mensajes que han circulado por los medios masivos de comunicación relativos al proyecto, que de realizarse implicaría otro desplazamiento no voluntario para la comunidad, y un destino incierto y poco favorable si no se tiene en cuenta su condición de víctimas, y sobre todo si no se cuenta con su participación en la decisión de su presente y futuro.

La política de gestión del riesgo implica tomar medidas preventivas, no actuar después del desastre y menos aún, proponer el desalojo sin alternativas, sin la gestión de soluciones definitiva. Por eso la población de La Primavera exige medidas urgentes para atender esta grave situación de vulnerabilidad, no solo por su condición de desplazados y víctimas del conflicto armado, sino, además, por la situación de máxima pobreza en la que se encuentran y por estar localizados en una zona de alto riesgo y con una amenaza nueva de desalojo por obra pública como es la recuperación del ferrocarril de Antioquia. Factores que en conjunto definen y justifican una intervención prioritaria como el reasentamiento definitivo en viviendas seguras y dignas, en los términos que lo ha definido la corte constitucional.

Esperamos que tanto la Gobernación de Antioquia, como la Administración Municipal de Barbosa, y las demás empresas y organizaciones que tienen incidencia en este municipio puedan escuchar a esta población, atender sus necesidades y evitar cualquier posibilidad de revictimización de la población.