En Colombia, el 25 de marzo se instaló una cuarentena nacional debido a la pandemia de la Corona. Pocos días antes, varias organizaciones no gubernamentales y comunitarias ya habían publicado una declaratoria con una alerta temprana a la alcaldía de Medellín – la segunda ciudad más grande de Colombia, premiada varias veces por su innovadora política urbana. En ese declaratoria, pidieron que se prestara especial atención a las personas que vivían en asentamientos informales y zonas periféricas: Las desigualdades existentes y las diversas formas de discriminación se exacerban debido a la creciente precarización de la informalidad a través de las medidas preventivas actuales. Los residentes de los barrios marginales se ven privados de los modos de sustento que han generado de forma independiente. Las intersecciones de las opresiones exponen a esas personas a riesgos mortales. Se necesita urgentemente un ingreso básico y protección de la salud.

“América Latina podría convertirse en la mayor víctima del virus COVID-19”, titula el New York Times a mediados de marzo, antes de que la situación en los propios EE.UU. se intensificara. El trasfondo del alarmante mensaje es la evidente falta de un sistema de atención sanitaria viable. Los datos indican que la inversión total media (pública y privada) en salud por habitante en América Latina está muy por debajo de los países de la OCDE, pero también está a la zaga del promedio en el Oriente Medio o el norte de África. Colombia es un ejemplo de ello: en los países de la OCDE, el sector de la salud pública representa en promedio el 6,6% del PIB. En Colombia, es el 4,2%. Por ejemplo, en comparación con el sistema sanitario italiano, que se derrumbó drásticamente durante la pandemia, la financiación del sistema colombiano se basa en un PIB que alcanza apenas alrededor del 18% del PIB de Italia, mientras que ambos países tienen tamaños de población comparables. En una entrevista con BBC Mundo, el ex ministro de Salud colombiano Alejandro Gaviria señala: “No puedes pedirles que hagan lo que los sistemas europeos no pueden hacer”. Y el bajo índice de inversión no es el único problema que causa vulnerabilidades particulares en la situación actual de la pandemia. Aparte del sistema de salud pública débilmente financiado, otras circunstancias como las enfermedades no transmisibles, las enfermedades infecciosas y los altos índices de violencia ponen a los sistemas bajo presión. Además, el acceso a la atención médica está marcado en gran medida por la división de clases, que se manifiesta también en las distribuciones espaciales del centro y la periferia. Por lo tanto, la situación sanitaria es reflexiones compleja que, por ejemplo, en el norte de Europa.

La desigualdad de la pandemia

Las estructuras de desigualdad existentes agravan la vulnerabilidad de los más pobres en la crisis de la pandemia. Para comprender este impacto particular, es necesario comprender también la informalidad. Los asentamientos informales de Medellín pueden describirse como barrios no planificados y condiciones humanas precarias. Contrariamente a los discursos esencialistas de los medios de comunicación, que a menudo aluden a conexiones causales entre la informalidad urbana y la violencia, el caos o el desamparo, lo cual es simplemente erróneo, la precariedad económica es ciertamente una característica. El término informalidad urbana es, por lo tanto, fundamental para “las reflexiones sobre la descripción y el análisis de la situación precaria de una mayoría urbana mundial”. Por lo tanto, es importante comprenderlo correctamente.

Colombia y América Latina en general muestran que siempre hay que hacer distinciones entre los diferentes contextos. La autoorganización y la organización colectiva caracterizan fuertemente la informalidad urbana en ese país, como ha analizado Raúl Zibechi en los territorios urbanos periféricos y marginales de todo el continente. Además, Calogero und Schütte han señalado que la informalidad suele coexistir con una forma tolerada y elitista de informalidad urbana “desde arriba”. Esto se manifiesta, por ejemplo, en poderosas formas de apropiación de la tierra: “La diferencia radica precisamente en la tolerancia y la promoción de la informalidad elitista ‘desde arriba’ y la ilegalización o criminalización de las prácticas subalternas de apropiación del espacio”. Tales diferencias no sólo salen a la luz de manera extrema en la actualidad, sino que tienen consecuencias mucho más fatales para los pobres, y profundizan las brechas. Los residentes de los diversos barrios populares y asentamientos marginales e informales de Colombia tienen que adaptarse ahora a medidas de emergencia como el cierre de empresas y la cuarentena, que, en el contexto de las condiciones de trabajo informales, amenazan directamente sus vidas: “Para los hogares que apenas ganan ingresos suficientes para comprar alimentos para el día, los riesgos de tal aislamiento no serán soportables por mucho tiempo”. Los cierres y la cuarentena son medidas que no significan problemas existenciales para los más privilegiados – aparte del creciente peligro de violencia familiar o sexual.

Es evidente lo central que es la vivienda o el hábitat en esta crisis. Se necesitan diferentes medidas para asegurar que los contextos locales y los diferentes hábitats se tengan en cuenta con sus particularidades. La filósofa estadounidense Judith Butler, en una entrevista con el periódico chileno La Tercera, hizo explícito este punto en el contexto de la pandemia: “Debería haber otras formas de refugio que no dependan de una falsa idea de hogar”. Lo que ella refiere es que, impulsadas por el aumento de la presión sobre la vivienda debido a un modelo de desarrollo urbano neoliberal globalizador, las medidas contra Corona ejercen una presión extrema sobre aquellas personas cuya situación socioeconómica o formas de vivienda no cumplen con la norma en la que se basan dichas medidas. Esto no es específico del sur global. Muchos políticos del norte global, también, parecen asumir un hogar unifamiliar rico como la norma al conceptuar las medidas de protección contra la pandemia. Muchas personas cuya situación es diferente simplemente no son tenidas en cuenta por las autoridades estatales: Por ejemplo, los refugiados de Lesbos en Grecia son abandonados a su suerte, o bien personas sin hogar, como en el “Bahnhofsviertel” de Frankfurt, el distrito alrededor de la estación principal de trenes. Por ello, los activistas de Project Shelter o de la alianza local Derecho a la Ciudad se manifiestan en Frankfurt por el derecho a la vivienda de los migrantes sin hogar. Exigen un centro autogestionado para los refugiados y proponen utilizar los hoteles vacíos para dar a los sin techo una protección decente – estas reivindicaciones no son nuevas, pero actualmente son extremadamente urgentes.

En resumen, las medidas adoptadas para contener el virus de la Corona son extremadamente selectivas y muchas agudizan las pautas de discriminación existentes.

En este sentido, tanto en Alemania como en Colombia, ya sea en lo que respecta a la vivienda, la infraestructura, los salarios o el acceso a la atención de la salud, la desigualdad se hace más profunda en este momento. En este sentido, el Foro de Política Afroamericana explica: “Si bien este virus no conoce género, raza, edad o clase, son las estructuras anteriores a su llegada las que canalizan la distribución desproporcionada de la miseria y la devastación a los más vulnerables debido a la organización social”.

De hecho, estos efectos se pueden observar a simple vista en Medellín.

La situación en los asentamientos informales de Medellín

En la Medellín colombiana, Corona revela dramáticamente las desigualdades estructurales y la injusticia territorial en particular, es decir, una distribución desigual de los recursos dentro de la ciudad. El 15 de abril, 22 días después de que se decretara la “cuarentena por la vida“, “Una nueva jornada de protestas se vive (…) en Medellín. El clamor es el mismo: alimentos y medicinas para enfrentar la cuarentena por el covid-19. El hambre en los barrios populares, donde habita la población de escasos recursos en la ciudad, no da para más. Los manifestantes, con trapos rojos continúan exigiendo la presencia del gobierno local y nacional”.

Las protestas tuvieron lugar especialmente en los asentamientos informales que habían sido construidos por los propios habitantes, en ausencia del Estado. Algunos de los asentamientos humanos forman parte de los que (en total 52) se formaron en Medellín a mediados del decenio de 1990, cuando llegaron a la ciudad oleadas de personas desplazadas por el conflicto armado colombiano. En los últimos 25 años han formado organizaciones comunitarias para organizar su vida y trabajar juntos por sus derechos. En la actualidad, estas organizaciones dan voz a la población de los asentamientos que se enfrenta a mayores niveles de riesgo en relación con sus derechos a la salud, la alimentación y el trabajo: Los que viven en la periferia suelen trabajar en empleos informales, están desconectados de los servicios públicos domiciliarios y tienen una necesidad especial de asistencia médica.

En una de las protestas de la ciudad de Medellín, se utilizaron cacerolas vacías para indicar el hambre, símbolo que se utiliza con frecuencia en las protestas sociales de América Latina. Muchas personas, entre ellas ancianos, indígenas y desplazados víctimas del conflicto armado, se manifestaron conjuntamente para denunciar que no estaban incluidos en ninguno de los programas de asistencia social, ni podían acceder a la plataforma digital “Medellín te cuida”, creada por la Alcaldía para identificar a la población necesitada, porque en sus barrios no hay acceso a la Internet.

La ola de protestas ha sido provocada por la lenta respuesta del presidente Duque, que había anunciado una inversión pero tardó dos semanas en firmar un decreto que asigna sólo un mínimo de recursos, equivalente al 1% del PIB del país. Las autoridades locales, bajo la presión de las comunidades afectadas, confirmaron que el tamaño de la población en situación de pobreza y extrema pobreza ni siquiera se conoce y por lo tanto no será atendida. Cuando se envió a un grupo de funcionarios públicos a los barrios y asentamientos para hacer una evaluación de la situación, en un solo día se identificaron 20.000 personas pobres, lo que demuestra la magnitud del problema.

Con la contingencia de Corona, se revelan además las intersecciones de diferentes formas de discriminación estructural, pobreza e injusticia territorial. Por ejemplo, hay una polarización socioeconómica de las personas con discapacidad en la ciudad: según la Secretaría de Salud de Medellín, el 68% de la población con discapacidad se encuentra en los distritos del estrato uno y dos (zonas pobres de la ciudad) mientras que sólo el 4,7% se encuentra en el estrato cuatro, cinco y seis (zonas económicas medias y altas). En la cuarentena esto significa que la mayoría de las personas con discapacidad están confinados en sus casas sin ninguna garantía de alimentación y atención sanitaria adecuadas para proteger sus vidas y su dignidad. Además, no hay voluntad política para garantizar una atención oportuna y continua ni para eliminar las barreras de acceso.

Las mujeres en condiciones de vida precarias se encuentran en una situación especialmente difícil en este momento, por lo que no es de sorprender que representen el principal grupo de manifestantes. Las mujeres se encargan principalmente de las tareas domésticas y del cuidado de los niños. Se enfrentan al hambre porque no pueden ir a trabajar, y experimentan una creciente violencia doméstica. Desde el 24 de marzo, se han denunciado más de 100 casos de abuso contra mujeres. El cumplimiento de las obligaciones para evitar la propagación de la Corona exige que las víctimas de la violencia sean confinadas precisamente con quienes abusan de ellas – una situación que afecta a las mujeres en todo el mundo, por supuesto, pero especialmente en los asentamientos densamente poblados.

Ante el desconocimiento y la inacción de las autoridades estatales, los actores de la sociedad civil han dado un paso adelante en la respuesta a la crisis de Corona en Colombia y tal como lo han hecho las comunidades en sus territorios, están generando propuestas para abordar inmediatamente el estado de emergencia. Las organizaciones no gubernamentales y el sector académico han suscitado debates públicos y han dado forma a iniciativas como la denominada “Medellín sin hambre”, encaminada a implantar un ingreso básico que proteja a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, durante un período de seis meses. En otras propuestas se pide que se adopte un enfoque de la crisis basado en los derechos, reconociendo sus causas estructurales. Aunque a las autoridades de la ciudad de Medellín les gusta presentarla como la más innovadora de Colombia, la actual pandemia arroja luz sobre las desigualdades estructurales y la injusticia territorial que ha continuado.

El derecho a la salud – y sus condiciones sociales

El acceso desigual a los sistemas de salud es un problema general, pero se ha vuelto mucho más mortal en la crisis actual. En muchos países de América Latina, el gasto privado en atención de la salud es muy elevado porque no existen sistemas públicos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que alrededor del 30% de la población de la región no tiene acceso a la atención de la salud por razones económicas.

Las barreras geográficas y, sobre todo, la falta de infraestructura o su distribución desigual, son también obstáculos importantes, tanto para la población rural como para los barrios no planificados y asentamientos humanos precarios . En Colombia, las clínicas rurales no están en condiciones de hacer frente a una pandemia. La población rural tendrá que utilizar las clínicas de las ciudades más cercanas, lo que aumenta la presión sobre los sistemas de esas ciudades.

Por lo tanto, Corona y sus consecuencias, más allá de la edad y las condiciones físicas preexistentes, no afecta a todos por igual. Múltiples desigualdades estructurales afectan a la propagación del virus: “En los países en los que no existe un seguro médico universal, la falta de pago significa que las personas no pueden pagar las facturas de los hospitales para sí mismas y sus familias. Por lo tanto, pueden ser reacios a buscar ayuda hasta que se encuentren gravemente enfermos, lo que aumenta la carga del sistema de salud e incluso puede acelerar la propagación del virus”, escriben los investigadores del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) en un artículo sobre el vínculo entre Corona y el trabajo informal. Así pues, la desigualdad estructural sigue siendo sistémicamente pertinente en estos tiempos -ya no exclusivamente en beneficio de unos pocos, sino sobre todo en desventaja de muchos- y es mortal para los más marginados. Estas personas están expuestas a mayores riesgos de muerte porque las autoridades y los gobiernos fracasan en la prestación de bienes y servicios públicos. Setenta y cinco años después de que la OMS declarara el derecho humano a la salud, la realidad social sigue desmintiendo la promesa igualitaria en muchas partes del mundo, y definitivamente en Medellín.

Autores:

Luz Amparo Sánchez Medina

Luz Amparo Sánchez Medina es antropóloga e investigadora sobre desplazamiento forzado en la ciudad y el conflicto armado en Colombia. Es miembro del equipo de investigación que trabaja en Derecho a la ciudad y al territorio en Corporación Región.

Max Baum

Max Baum trabaja como asistente de investigación estudiantil en el departamento de "Juntas Glocales". Tiene una licenciatura en geografía humana y ciencias políticas y actualmente está cursando su maestría en sociología.

Tomado de: PRIF BLOG