Mostrando artículos por etiqueta: democracia

La Revista Desde la Región Nº 59. Diciembre de 2019
PERSONERÍA JURÍDICA 37252 ENERO 16/90
Gobernación de Antioquia

Equipo editorial edición Nº59
Directora Corporación Región
Marta Inés Villa Martínez

Comité editorial

Presidenta
Marta Inés Villa Martínez
Directora Corporación Región

Secretaria
Elizabeth Aristizábal
Comunicadora Corporación Región

Rubén Fernández Andrade
Socio Corporación Región

Luz Amparo Sánchez
Socia Corporación Región

Juan Carlos Arenas Gómez
Docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Corrección de textos
Liliam Rocío Jiménez Betancur

Diseño e implementación web
Luisa Fernanda Santa Escobar
Jhonatan Arroyave Jaramillo
(Escarabajo Web)

Fotografías
Archivo Corporación Región

Cortesía
Archivos personales de las y los autores. 

Autores

Ana Lucía Cárdenas
Ana María Jaramillo
Andrea Romero
Antonio Javier Jaramillo
Beatriz Restrepo
Bela Fieldman
Catalina Cruz
Cecilia López
Daniel Botero
Diana Sánchez
Esperanza González
Fernando Herrera
Francis Corrales
Francisco Cajiao
Gerard Martin
Isabel Sepúlveda
Jaime Saldarriaga
Jenny Giraldo García
Jharry Martínez
Juan Fernando Sierra
Juan Fernando Vélez
Karin Rodríguez
Liliana Rodríguez
Lorena Zárate
Marta Inés Villa
Mauricio Uribe
Olga Amparo Sánchez
Oscar Almario
Perla Toro
Pilar Riaño
Rubén Fernández

La Revista Desde La Región, que circula desde 1990, está destinada a la divulgación del pensamiento y las reflexiones de la Corporación, a la presentación de resultados de trabajos educativos, investigativos o comunicativos realizados por nuestro equipo de trabajo o por personas o grupos cercanos a nuestras formas de ver y comprender la sociedad.

Es también un instrumento para presentar avances del pensamiento social y político contemporáneo, producidos en otros lugares del mundo, que contribuyan a la ampliación del campo democrático.

Su publicación, en los últimos años, ha sido anual y, a partir del 2016, transitamos hacia el formato digital, con el propósito de convertir Desde la Región en una revista de acceso abierto que nos permita ampliar el alcance, potenciar el diálogo y compartir producción con alto rigor académico y periodístico.

Los principales destinatarios de Desde la Región son: líderes de opinión, nuestro equipo de trabajo, socios y socias, docentes, personas del mundo académico y político regional, líderes e integrantes de otras organizaciones sociales y estudiantes universitarios.

Objetivos

• Publicar artículos de alta calidad (académicos, de análisis o periodísticos) sobre las temáticas que ocupan nuestro trabajo: paz y derechos humanos, derecho a la ciudad y al territorio y derecho a la educación.
• Dar cuenta de nuestro pensamiento, nuestras reflexiones y nuestra producción intelectual y compartir la producción de otras personas e instituciones en la medida que también aporten a las reflexiones que proponemos.

Licenciamiento y derechos

Todos nuestros contenidos tienen licencia Creative Commons Atribución – No comercial

El material creado por usted puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros siempre y cuando se den los créditos correspondientes. No se puede obtener ningún beneficio comercial. Tampoco se pueden realizar obras derivadas."

Revista de acceso abierto / This journal is open access

Resumen

Como se trata de un tema extenso, me centraré en los aspectos que muestran la poca voluntad del Estado para abordar y superar este sensible asunto, a pesar de sus obligaciones con el Derecho Internacional de los DDHH, y la presión política que vive permanentemente. Inicialmente, expongo lo que se entiende por persona defensora de DDHH y liderazgo social; luego describo la importancia de los liderazgos sociales en la búsqueda de la paz en los territorios; también, presento un rápido diagnóstico de la situación de agresiones a estas personas y por último, me refiero al papel del Estado y su incidencia en el contexto de criminalización de personas defensoras de DDHH, en particular, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas militares, aclarando que no son las únicas instituciones responsables.

Construcción de paz y liderazgos sociales

Diana Sánchez Lara 

Sin duda alguna, Colombia es un país en deuda con los Derechos Humanos (DDHH): civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medio ambientales y con el derecho a la paz. Si queremos ser viables como sociedad, el debate sobre cada uno de ellos debería ser el más importante y actual, lo cual implica interpelar también, el modelo económico vigente. Para avanzar en la defensa de los DDHH y la construcción de la paz hoy, resulta sustantivo analizar la agresión contra el liderazgo social del país.

Qué se entiende por persona defensora de DDHH

Existen diversas formas de entender quiénes son las personas que defienden los DDHH; entre ellas, se encuentran todos los liderazgos sociales y populares del país. Según la conceptualización de Naciones Unidas y su marco normativo, establecido en la Declaración sobre Defensores de DDHH, adoptada por la Asamblea General en 1999:

“La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales… Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. Algunas veces defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales (Naciones Unidas, 1999).

En Colombia se habla con más frecuencia de liderazgos sociales que de personas defensoras de DDHH, sin embargo, para el caso es lo mismo, en la medida que los líderes y lideresas sociales luchan por la reivindicación de los derechos de sus comunidades. Así las cosas, se entiende que, dentro del concepto amplio de Naciones Unidas, se incluyen liderazgos reconocidos por pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas, organizaciones comunales, mujeres, estudiantes y sindicatos.

Desde un punto de vista más sociológico y espiritual, la siguiente expresión también, resulta válida para caracterizar a estas personas:

“Los líderes y lideresas sociales son el alma de los territorios, son el faro de sus comunidades, son fuente de democracia, son germen de saber ancestral, hacen parte del cordón umbilical con la tierra… son la esperanza de paz en la coyuntura histórica que vive Colombia. Esos hombres y mujeres, son esto y mucho más… su inmenso sacrificio, no lo perdonará la historia” (Somos Defensores, 2018, Pág. 3).

Con estos reconocimientos como fundamento, es indudable su importancia en los territorios, especialmente porque las comunidades excluidas del país, ubicadas en regiones altamente conflictivas, tienen una profunda desconfianza en las instituciones; no creen en ellas porque: el Estado hace presencia a través del aparato represivo, la clase política sólo en épocas electorales y los funcionarios públicos, no ven en las comunidades sujetos de derecho ni actores políticos capaces de transformar la realidad. Esta ruptura en la comunicación es sin duda problemática.

Ante el recelo y una especie de instrumentalización mutua para pervivir en el mismo espacio, los liderazgos sociales y populares, cumplen una función de puente y acercamiento muy importante entre las partes, dado que cuentan con legitimidad en sus comunidades y tienen una permanente interlocución con los gobiernos locales, regionales y nacionales. Esta labor es aún más valiosa, en la pretensión del proceso de paz de llevar los acuerdos a los territorios; precisamente estos liderazgos facilitarían el acercamiento de todos los actores, incluidos los ejércitos reincorporados.

Quitar del camino un líder o lideresa, es un duro golpe para las comunidades pues les produce un sentimiento de orfandad, que es justo lo que buscan quienes lo hacen. Dejar desamparados estos grupos sociales, es una estrategia que imprime suficiente miedo para que no insistan en impedir el desarrollo económico y político de particulares con intereses precisos en sus territorios, sean empresas nacionales o internacionales, grupos políticos corruptos, narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, mafiosos de todo orden, entre otros.

Radiografía de una realidad

No es posible entender cómo en el actual contexto colombiano, en medio de la búsqueda del fin del conflicto armado por la vía política, haya tanta criminalidad contra personas defensoras de DDHH, quienes también, se caracterizan por animar la construcción de paz en sus territorios. Según el Programa Somos Defensores, entre el 2010 y junio de 2019, han asesinado al menos 666 líderes y lideresas sociales¹. De este universo de casos, 400 han sido atacados desde el 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz. ¡Simplemente inaudito!

Se suman a este lamentable diagnóstico otras agresiones que, en su conjunto, generan contextos adversos para el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los DDHH. Con base en una década de monitoreo del Programa Somos Defensores, presento otros ataques que contribuyen a este ambiente hostil, advirtiendo que siempre será un sub registro frente a la realidad:

1. La amenaza. Es la agresión más frecuente y generalizada contra activistas sociales y populares. Entre 2010 y junio de 2019 se registraron al menos 3.434 casos, la mayoría bajo la modalidad de “panfleto”². También, consiste en llamadas telefónicas, mensajes de texto, sufragios, ramos de flores fúnebres y otro tipo de intimidaciones.

2. Los atentados a la integridad física. Son agresiones habituales aunque muy invisibilizadas; de 366 casos en el mismo periodo, la Fiscalía no da cuenta de investigaciones, a pesar de ser un atentado y un ataque directo a la integridad personal, y lo más grave, es que en todos los casos, pudo convertirse en asesinato.

3. Las detenciones arbitrarias. Eventos frecuentes donde se retiene a las personas injustificadamente. En el periodo analizado se han documentado alrededor de 197 casos cuya importancia para los funcionarios públicos es nula, por tanto, no se consideran graves.

4. Del uso arbitrario del sistema penal o judicialización. se tienen registros preocupantes. En el mismo lapso, al menos 66 personas defensoras fueron judicializadas. Estos hechos generan sin duda, temor, angustia permanente y contextos adversos para las organizaciones sociales. Se suma a esta vulneración de derechos, la exposición y “juicio” mediático y público que posteriormente, al recuperar la libertad por falta de pruebas, no se repara.

5. El robo de información sensible. Hurto de computadores y herramientas de almacenamiento de información, propias de personas y organizaciones que defienden DDHH. Al menos 48 casos están registrados en el periodo analizado. Hasta el momento no se ha logrado que la Fiscalía reconozca su gravedad y los investigue pues asocia estos hechos a robos ordinarios.

Las anteriores modalidades de agresión, sin contar otras intimidaciones y asedios en los territorios- configuran contextos adversos y hostiles para el ejercicio de la defensa de los DDHH y la construcción de la paz.

Ante este panorama, desde hace una década, el movimiento de DDHH a través de las plataformas nacionales y territoriales, focalizó sus esfuerzos en exigir al Estado y al gobierno colombiano, garantías para el ejercicio de defensa de los DDHH. Para ello, creó el Proceso Nacional de Garantías –PNG– también conocido como Mesa Nacional de Garantías³, el cual comenzó en el 2009, último año del segundo mandato de Álvaro Uribe, precisamente por el nivel de agresión contra personas defensoras de DDHH, muchas de las cuales, provenían del mismo Presidente y de altos funcionaros del gobierno.

Los principales objetivos del proceso se centraron en: 1) Establecer un diálogo directo entre sociedad civil y altos funcionarios públicos del orden nacional y territorial, para identificar conjuntamente las principales vulnerabilidades y amenazas que vivían los liderazgos sociales y, adoptar correctivos por parte de la institucionalidad. 2) Fortalecer el proceso de interlocución nacional y territorial, para generar confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado. 3) Avanzar en la construcción de acuerdos, compromisos y rutas para promulgar medidas que creen un ambiente propicio para las actividades de defensa de los derechos humanos. 4) Hacer seguimiento a los compromisos que se adopten nacional y territorialmente en el tema de garantías.

Para alcanzar los anteriores objetivos, y en el marco de los principios obligados del Estado colombiano, ante el Derecho Internacional de los DDHH de Respetar, Proteger y Garantizar la vida, el PNG se propuso trabajar en tres líneas de acciones: prevención, protección e investigación. Desde el inicio se construyó una metodología sinérgica entre lo nacional y regional para que la participación de las organizaciones locales fuera protagónica y determinante. Igualmente, dado lo sensible de la problemática y su contenido político, se logró que los funcionarios comprometidos en el PNG fueran del más alto nivel: Ministros del interior, Fiscales Generales, Procuradores, Vicepresidentes, Defensores del Pueblo y otros, expertos temáticos. Similar ha sido la participación de gobernadores, alcaldes y funcionarios estatales del orden territorial. También ha contado con el apoyo y observación de la comunidad internacional, especialmente de las embajadas de España y Suecia, además del Sistema de Naciones Unidas.

Hoy el PNG es el espacio de interlocución más importante entre la sociedad civil y el establecimiento; además de reconstruir la confianza perdida entre dichas partes, en el 2008, ha tenido importantes logros, entre ellos: el entendimiento y aceptación de que todas las personas que ejercen liderazgos sociales en el país, son defensoras de DDHH y el reconocimiento de su importancia y valía en Colombia. Así mismo, se avanzó en la lucha contra la estigmatización y los señalamientos, a partir de pronunciamientos de alto nivel, resoluciones y actos de reconocimiento político de los Ministros del Interior, en diferentes regiones. La creación de la Unidad Nacional de Protección, UNP, también, es producto del proceso, a pesar de que el enfoque no sea el propuesto por el movimiento de DDHH.

El avance en las investigaciones judiciales sobre asesinatos de personas defensoras también, es un resultado importante del PNG, no obstante las críticas por la manipulación de cifras. Otros logros recientes son el Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, a través de la Resolución número 0845 del 14 de junio de 2014, precedido por la creación del Comité Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, a través del Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016 ambos, del Ministerio del Interior. Por otra parte, la instalación de las Mesas Territoriales de Garantías en varios departamentos, se convirtieron en espacios de encuentro e interlocución permanente entre, los movimientos sociales y de DDHH y los gobiernos e instituciones estatales territoriales, para tramitar situaciones adversas en el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los DDHH. Antioquia y Cauca, son las experiencias más exitosas.

Sin embargo, con el actual gobierno ha sido difícil avanzar en el proceso, dado que la temática no está en sus prioridades. Sin embargo, es preciso reconocer que a pesar del esfuerzo realizado por la sociedad civil en estos diez años, la problemática persiste y el Estado colombiano no avanza en detener la criminalidad contra activistas de DDHH; el gobierno nacional se empeña en mantener una mirada estrecha de la política pública, centrada en protección física y material, que de alguna manera, es una forma de prolongar el problema sin tocar de fondo: el desmantelamiento del paramilitarismo y otras expresiones del crimen organizado en los territorios; la investigación a funcionarios públicos que por acción u omisión no cumplen con el mandato de garantizar la vida de estas personas y, el debate histórico del movimiento de DDHH en Colombia por la depuración de las fuerzas militares y su doctrina de seguridad nacional. Es importante enunciar que algunos de estos asuntos se abordaron en el punto 3.4⁴ del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, no obstante, el actual gobierno lo desconozca por completo.

El papel de la Fiscalía General de la Nación

El movimiento de DDHH durante muchos años ha exigido al Estado colombiano, particularmente a la Fiscalía General de la Nación, resultados de las investigaciones adelantadas por todos estos hechos, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales, y desestructurar las organizaciones criminales, así como los funcionarios públicos que cohonestan con ellas.

A partir del PGG, se consiguió que la Fiscalía, a través de la Directiva 02 de 2017, ordenara a los operadores judiciales indagar, en caso de un asesinato, si la persona tenía algún tipo de liderazgo social o era defensora de DDHH, de tal manera que se convirtiera en la primera hipótesis de investigación criminalística (Fiscalía General de la Nación, 2017). Pero esta Directiva tuvo dos antecedentes normativos, reseñados en el Informe La Naranja Mecánica, así:

“Las bases las puso el Fiscal Eduardo Montealegre, quien impartió la Resolución 1783 de 2015 que crea un grupo de tareas especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, principalmente indígenas, afrodescendientes, de restitución de tierras, incluidos funcionarios públicos y otros agentes relacionados con el tema. Con esta resolución se dio impulso a investigaciones, pero también estaba destinada a avanzar frente a las amenazas. (…) Posteriormente, el Fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo Torres, sacó la Resolución 0011 de 2016, que adopta el concepto de defensor de derechos humanos en la ruta metodológica e investigación criminal en los casos de homicidios contra estas personas y se acogen otras disposiciones relacionadas con el delito de amenazas… Pero también desarrolla directrices para los fiscales en materia del delito de amenazas, de manera que a partir de este documento se sientan las bases para avanzar en una ruta de investigación más certera” (Fiscalía General de la Nación, 2016).

Reconociendo el valor de estas bases normativas y el avance en las investigaciones de asesinatos, persisten situaciones y enfoques en la Fiscalía, que no terminan de convencer al movimiento de DDHH, veamos:

En la última década se estima que al menos 666 personas defensoras de DDHH fueron asesinadas (Somos Defensores, 2019), ciertamente, se trata de un universo grande. Sin embargo, la Fiscalía decidió priorizar los casos desde el 2016, sin dar cuenta de los de los años anteriores. Esta decisión es problemática, pues si los procesos no tienen alguna prioridad, al pasar el tiempo, es más difícil encontrar pruebas y hallar responsables; entonces, la esperanza de contar con resultados en crímenes de años anteriores al 2015 es poca.

En el país existen varias instituciones públicas y privadas que hacen seguimiento a esta lamentable situación, pero la Fiscalía decidió tener en cuenta, para priorizar investigaciones, los casos registrados y documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, OACNUDH. Esta decisión es problemática por dos razones: Una, a pesar de que la Fiscalía dice considerar las otras fuentes, solo da cuenta de los registros de OACNUDH, que entre otras cosas, son los más bajos. Dos, desestima el universo de casos registrados por una entidad del Estado como la Defensoría del Pueblo, que, de acuerdo con sus estadísticas, del 2016 y 17 de mayo de 2019, han sido asesinadas 486 personas defensoras (Defensoría del Pueblo, 2019), es decir, un 40% más. Pero la Fiscalía, solo priorizó 289 tomados de la OCNUDH sin tener en cuenta las cifras de la Defensoría del Pueblo. Si considerara los 666 asesinatos en la última década, según el Programa Somos Defensores; la Fiscalía estaría investigando con prioridad, el 43% de los mismos, es decir que el 57% restante, seguramente nunca llegará a tener resultados. A lo anterior se suma el cuestionado y ambiguo concepto de “esclarecimiento”, utilizado por la Fiscalía para informar de los avances en las investigaciones, debate que se encuentra ampliamente descrito en los informes del Programa Somos Defensores La Naranja Mecánica y “Defensores ¿El juego final? (Somos Defensores, 2019).

Las Fuerzas Militares

A este panorama es necesario sumarle otro desafío en materia de DDHH en Colombia, que por su puesto, tiene mucho que ver con el diagnóstico de la alta criminalidad contra los liderazgos sociales: las Fuerzas militares y su papel en la historia de agresión a los movimientos sociales, como se recoge parcialmente en “La inteligencia en Colombia: el lado oscuro de la fuerza”. Este documento, además de reconstruir el nacimiento y desarrollo de los servicios de inteligencia militar en el país, con un énfasis especial en el concepto de enemigo interno –insurgencias-, muestra cómo se incluyeron organizaciones sociales y defensoras de DDHH dentro de dicho precepto y desde allí, se naturalizó su persecución y estigmatización (Somos Defensores, 2017). Importante recordar que el desmonte de la Doctrina de Seguridad Nacional, ha sido una de las banderas del movimiento de DDHH colombiano, dada la alta criminalidad que ha legitimado contra la población civil.

En un periodo más reciente que coincidió con el proceso de paz, el Ejército Nacional realizó una reforma a la Doctrina Militar cuyo resultado, fue el Manual Doctrina Damasco, nombre inspirado en un pasaje bíblico (Rojas Guevara, 2017, pág. 21). De acuerdo con textos de prensa y análisis del Coronel Rojas Guevara (2017), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia, se trata de una trasformación, sustancial en lo doctrinario y operacional, de las Fuerzas militares. No sé si porque ya había empezado a funcionar la nueva Doctrina Damasco, al interior de las Fuerzas Militares o como estrategia para armonizarla con el proceso de paz, lo cierto es que efectivamente se sintió variación en la actuación del Ejército Nacional, tanto en el discurso, encabezado por el General Alberto Mejía, como en los territorios donde las tropas se vieron menos agresivas y más conciliadoras con las comunidades. Dicho cambio también, se evidenció en el acompañamiento del Ejército a las FARC en su proceso de reincorporación y tránsito hacia la vida legal. Las imágenes de militares siguiendo en su marcha las caravanas de ex combatientes por agua o por tierra, quedaron como constancia fotográfica de que sí eran posibles, la paz y la reconciliación.

Sin embargo, tres años después, esas fotografías parecen desdibujarse. Un artículo del destacado diario estadounidense The New York Times, en meses pasados, advirtió sobre las nuevas órdenes o directivas de la cúpula militar a las tropas, donde les exigían duplicar las bajas en combate, a como diera lugar, para mostrar su eficiencia y capacidad de combatir a la guerrilla. Este documento recordó el deshonroso episodio protagonizado por el Ejército colombiano, conocido como “falsos positivos” (New York Times, abril 2019). Ante el escándalo provocado por este informe; dentro del mismo Ejército se habría iniciado una persecución contra los militares por filtrar la información, al medio de comunicación, lo cual evidenció que, efectivamente eran realidad las irregularidades al interior de la institución (Revista Semana, agosto 2019).

En un pasaje más reciente, las fuerzas militares se vieron envueltas en un nuevo escándalo por la falsedad en fotografías entregadas al presidente Iván Duque para demostrar, ante la Asamblea de Naciones Unidas, la alianza entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos irregulares colombianos; episodio que produjo la renuncia del general Oswaldo Peña Bermeo, jefe de inteligencia y contrainteligencia (Revista Semana, septiembre de 2019).

Todo lo anterior y lo que aún no conocemos, genera grandes interrogantes. Uno es sobre el verdadero y estructural cambio de esta poderosa institución colombiana: en su concepción, pensamiento y doctrina, y particularmente en su imaginario sobre el movimiento social y de DDHH a quien siempre han visto con sospecha y como enemigos internos; otro es, si el paso a la Doctrina Damasco es un ajuste –reservado por demás, como todo lo relacionado con la Fuerza Pública en el país– para modernizar y fortalecer el aparato militar a los contextos actuales, pero sin una nueva ontología de paz.

De todas maneras, como sociedad organizada, seguiremos exigiendo un debate público y abierto sobre el imperativo de construir, una Doctrina de Seguridad Humana para la Paz, como paso fundamental para modificar los contextos adversos en el ejercicio de la defensa de los DDHH en Colombia y continuaremos cerrando el camino de la violencia directa, estructural y cultural que arrastramos como sociedad.

Referencias bibliográficas

Defensoría Nacional del Pueblo. (2019). Informe de seguimiento a la alerta temprana 06-18. Recuperado de este enlace.

Fiscalía General de la Nación. (2016). Directiva 0011 de 2016. Por medio de la cual se determina el concepto de defensor de derechos humanos y se establecen los parámetros para la persecución del delito de amenazas en su contra. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2015). Resolución 1783. Por medio de la cual se crea un grupo de atareas especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2017). Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. Recuperado de este enlace.

Naciones Unidas, Derechos Humanos, Alto Comisionado. (1999). La Declaración de los defensores de los derechos humanos. Recuperado de este enlace.

Programa Somos Defensores. (2018). La Piedra en el zapato. Informe anual 2017. Pág. 3. Recuperado de este enlace.

Revista Semana. (2019). El jefe de inteligencia sale de las fuerzas militares en medio de escándalo de fotos falsas. Recuperado de este enlace.

Revista Semana. (2019). El general en su laberinto: los secretos de la cacería que involucra al comandante del Ejército. Recuperado de este enlace.

Rojas, Javier. (2017). Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Revista Científica General José María Córdova, Bogotá, Colombia. Recuperado de este enlace.

The New York Times. (2019). Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Recuperado de este enlace. 

Palabras clave:

Construcción de paz, liderazgo social, derechos humanos, democracia, líderes, defensores

Notas al pie:

^{1 Desde las organizaciones que conforman el Programa Somos Defensores, siempre se ha advertido que las estadísticas que publican sobre agresiones a personas defensoras, son un sub registro frente a la realidad, dado que en el Sistema de Información se registra un número mayor de casos, pero no todos se pueden confirmar por diversas razones. Así que estas cifran son una fotografía de la realidad del momento, pero no el universo completo.
2 En Colombia entendemos como panfleto amenazante, los mensajes escritos enviados normalmente por la web y redes sociales. El contenido siempre soez e intimidante puede ir contra un grupo genérico de personas, organizaciones y en muchas oportunidades tiene nombres propios. Es firmado en la mayoría de las veces por supuestos grupos paramilitares.
3 El Proceso Nacional de Garantías es un espacio de interlocución de alto nivel entre la sociedad civil -Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, La Alianza; la Plataforma de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo, DESCA; la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Sectores sociales: comunales y campesinos- el Gobierno Nacional y el Estado colombiano.
4 Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas criminales responsables de masacres y homicidios que atentan contra defensores de derechos humanos… y siguientes. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá, 24 de noviembre de 2016. pág., 77.}

Región nace con una vocación clara por combinar la reflexión y la acción. Desde finales de los años ochenta nos identificamos como una organización que quería aportar desde el lugar de la sociedad civil organizada, a la profundización de la democracia, la equidad y la paz, a través de la producción de conocimiento, la formación de ciudadanías y la incidencia pública.

La revista Desde La Región fue concebida como un espacio para promover esa reflexión, socializar los aprendizajes obtenidos en nuestro quehacer y presentar ideas relevantes construidas en otros contextos que interpelaran nuestro trabajo. Hoy, con ocasión de nuestros 30 años, queremos mantener esos propósitos echando una mirada al trasegar institucional desde sus preocupaciones y énfasis temáticos, su pensamiento y las ideas–fuerza que ha puesto en circulación en la ciudad.

La revista No. 59 ofrece relecturas diversas sobre esos temas en los que hemos puesto la energía durante estas tres décadas, y los retos que nos imponen los nuevos contextos globales a las organizaciones de la sociedad civil, en un período en el que vislumbramos incertidumbres, retrocesos y riesgos, pero también oportunidades para defender las conquistas de la democracia y los derechos humanos en toda su extensión. Los artículos estarán agrupados en 3 bloques: paz, democracia y ciudadanías, y retomarán las reflexiones que han sido centrales a lo largo de la historia de Región, así como los temas que han ido emergiendo con el tiempo. Cada tema tiene dos miradas: una, desde los profesionales vinculados a Región, y la otra desde pares nacionales o internacionales.

En el campo de la paz se tocarán temas como violencias, derechos humanos, memoria y desplazamiento forzado.

En el bloque de democracia, el lector encontrará artículos sobre pobreza, educación, participación, ética, comunicación y derecho a la ciudad.

Y, en ciudadanía, se agruparon reflexiones en torno al género, la subjetividad, la juventud, la gestión y sostenibilidad de las organizaciones sociales y la gestión del conocimiento.

Para el equipo de trabajo, los socios y socias que han hecho parte del proyecto Corporación Región en la ciudad de Medellín, ha sido francamente emocionante esta mirada atrás, pues allí hemos constatado una enorme riqueza de conocimientos, experiencias, innovación, pasión y vida.

Fieles a nuestro espíritu fundacional y misional, ponemos el resultado de este trabajo al servicio de la sociedad toda como un bien público, que esperamos resulte de utilidad para construir y aprender el pasado, discernir el presente y diseñar el futuro.

Comité Editorial Revista 30 años:
Marta Inés Villa (Presidente)
Elizabeth Aristizabal (Secretaria)
Rocío Jiménez
Amparo Sánchez
Juan Carlos Arenas
Rubén Fernández

Resumen

Educación a lo largo de la vida
Treinta años reivindicando una educación para el buen vivir

En el año 2000 se publicó una edición especial de la revista Desde la Región conmemorando los primeros 10 años de existencia de la Corporación. Este número se centró en las preguntas, los trayectos, y las principales discusiones que se dieron en esa primera década en la institución: Democracia y Ciudadanía, Juventud, Comunicación, Educación, Gestión al Desarrollo y Derechos Humanos, fueron los temas nodales que representaban, al mismo tiempo, los retos de la ciudad, el país y la región con relación a la profundización de la democracia, la garantía y ampliación de los derechos humanos y el ejercicio de ciudadanías plurales.

Pasados veinte años de ese primer balance hay continuidades, ciertas rupturas y nuevos caminos trasegados, en términos educativos, que siguen alimentando el estar siendo y nuestro rol en la historia de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Detenerse a reconocer esa dinámica, esas bifurcaciones y límites, es precisamente uno de los valores institucionales más preciados: la reflexividad.

Tal y como lo planteó Saldarriaga (2000) en su artículo Enfoques, debates y perspectivas en educación 1990-1999, para Región la educación, además de ser un campo de saber y de actuación social y política, ha representado, “una de las estrategias más potentes y necesarias y un elemento esencial de su misión”. Pensar la formación de actores sociales y la pedagogía en una organización de la sociedad civil como Región, está en la base de su constitución, de sus construcciones presentes y sus miradas al futuro.

Entre la educación popular y la democratización de la escuela.

Entre 1990 y 1994 influenciada por las perspectivas de la educación popular, La Corporación se interesa en la juventud de Medellín, marcada trágicamente por el narcotráfico, en una doble condición de víctima y victimaria y busca transformar las representaciones sociales que al estigmatizarla, impedían valorar e integrar el potencial estético, cultural, científico y deportivo de la población juvenil de la época. Desde una perspectiva de diálogo de saberes, Región encontró en lo socio-afectivo una dimensión para comprender la complejidad de fenómenos como el sicariato y la violencia juvenil, como: “terreno propicio, en lo subjetivo, la baja autoestima de muchos de los jóvenes, carencia de afecto, fruto de situaciones de violencia familiar y cambios en su organización tradicional y abandono social”. (Saldarriaga, p. 88)

En este periodo se incursiona en el escenario escolar y el actor central también, es el sujeto joven. Nos preguntábamos por: la manera como la escuela podía encarnar los principios fundamentales de la democracia, recién actualizados con la Constitución del 91; las formas de subjetivación de la juventud en la escuela y, las tensiones entre las demandas de las instituciones educativas por un tipo de formación que pretendía, por un lado, perfilar unos sujetos productivos, útiles al modelo de desarrollo económico que se instalaba en el país, y por el otro, un nuevo camino de formación explorando marcos de entendimiento de la ciudadanía, los derechos y la democracia.

De manera simultánea Región participó en los debates nacionales sobre la Ley General y el Plan Decenal de Educación y en la promoción y consolidación de veedurías ciudadanas¹, para fortalecer la relación entre la educación y lo público y, determinar un nuevo momento histórico del tema educativo en la institución.

Desarrollos constitucionales en educación, participación en la escuela y ciudad educadora.

La construcción de saber y actuación política y social de Región en educación, va de 1995 al 2000. Este periodo fusiona dos momentos de los propuestos por Saldarriaga con continuidades y elementos complementarios que hacen difusa su separación.

En la Ley 115 de 1994 de la Constitución del 91 la educación deja de ser una cuestión exclusiva del ejecutivo y pasa a ser regulada por el Congreso de la República. Así las cosas, la Ley General de Educación se constituye en un referente en la historia de las luchas de docentes, organizaciones sociales y del sindicalismo que tuvo un destacado liderazgo en el movimiento pedagógico nacional. Vale la pena decir, en aras de aportar al debate, que algunos sectores académicos y activistas han planteado que esta ley no alcanzó a convertirse en una reforma educativa profunda y que apenas atinó a regular el servicio y no, el derecho².

Es en las definiciones de la Ley 115 y el Plan Decenal de Educación, donde es posible afianzar la relación educación y ciudad y con ella uno de los elementos de continuidad con la educación popular: la escuela y el contexto; la Ciudad Educadora actuó como concepto y propuesta, ahondando en ideas como la “ampliación y diversificación del horizonte educativo, es decir, que la escuela es solo uno de los tantos ambientes y contextos de educación y aprendizaje”³. Posteriormente, estos elementos conceptuales servirán de base, en la primera década del 2000, para el análisis sobre educación y territorios rurales.

También, Región enfatiza en temas de: políticas educativas, juventud, convivencia y gobiernos escolares, participación, ciudad, ciencia y tecnología, pedagogía, educación ambiental, calidad de la educación y el ser maestro⁴. Estas reflexiones y problematizaciones, llevadas a la escuela, no estuvieron exentas de tensiones y resistencias; bien las describió María Eugenia Villa a propósito de la escritura de maestros y maestras:

En las instituciones escolares no se ha conquistado el tiempo para pensar, debatir, compartir y construir las prácticas educativas. Los directivos no se convencen de que la reflexión pedagógica es un paso fundamental para hilar la educación con la vida, la historia, la ciencia, el universo y el ser, prefieren hablar de pérdida de tiempo, a su vez, los maestros desconfían de sus propios compañeros, del saber que poseen y no logran compartir en la dinámica institucional estos escritos, que están dentro de cada maestro, pero requieren de un lugar propicio para poder fecundar. (Villa, 1996, Pág. 6)

Garantía integral del derecho a la educación y los derechos en la educación.

Entre el 2000 y el 2014 Región consolida su apuesta por el análisis, promoción y defensa del derecho a la educación en la ciudad de Medellín y en otros municipios de Antioquia. Este periodo se caracterizó por el despliegue en la producción de conocimiento, formación de actores e incidencia en políticas educativas, en por lo menos tres campos problemáticos:

• La educación para la libertad vs educación para el capital.

Se realizó un análisis crítico sobre el por qué la educación no ha sido vista, comprendida, planeada y evaluada desde el enfoque de los derechos humanos, sino reducida a la concepción del aprendizaje como producto, como sector de la economía que eleva la productividad de las sociedades y las va llevando, sin mayores sobresaltos, a un estado de desarrollo caracterizado por el crecimiento económico. Esta visión, propia del neoinstitucionalismo económico, es replicada sin más, por muchas organizaciones sociales atendiendo a una visión de la educación como generadora de capital humano, muy distante de la concepción de la educación para los derechos y para la construcción y fortalecimiento de capacidades humanas. (Alvarez, 2014)

Como lo ha planteado Vernor Muñoz, existen fundamentos estadísticos, socioculturales e históricos suficientes, que demuestran que en la base de la desigualdad y la inequidad se encuentra un sistema educativo que ve la educación y por ende a la escuela, como un “factor de producción” regulado por las leyes del mercado; en dichas leyes, los derechos no son condiciones inmanentes a la dignidad humana, sino bienes y servicios adquiridos de acuerdo a los desempeños y competencias de cada sujeto; en palabras del ex relator de educación de Naciones Unidades “es cierto que todos esperamos repercusiones económicas de la educación y de la alfabetización, pero otra cosa es creer que esas repercusiones son su fin primordial”⁵.

• El derecho a la educación en situaciones de emergencia.

Dos fenómenos que afectaban la garantía del derecho a la educación, concitaron los esfuerzos de la Corporación; uno local, el desplazamiento forzado en la ciudad que en el 2001 ascendió a 41.636 personas⁶ generando una alta presión institucional. Región actuó en el desarrollo de estrategias como La Escuela Busca al niño-a y Escuela y desplazamiento donde se apostaba por el acceso y la permanencia en el sistema educativo, la adecuación de las políticas educativas locales a la sentencia T - 025 del 2004 de la Corte Constitucional, pero sobre todo a un modelo de escuela incluyente que garantizara la acogida de la infancia y la juventud.

Por fuera del departamento de Antioquia, Región se ocupó de la emergencia invernal del 2010 y 2011 que afectó a 497 municipios en 27 departamentos, dejó 916.946 personas damnificadas, 181 muertos, 135 heridos, 22 desaparecidos, 1167 viviendas destruidas y cerca de 151.983 viviendas averiadas. En este contexto, junto con UNICEF y el Ministerio de Educación Nacional, la Corporación propuso acciones sobre la garantía del derecho a la educación, inclusive desde la etapa de respuesta humanitaria, y reflexionó sobre la naturaleza misma de las emergencias, entendiéndolas desde una perspectiva de conflictos socio ambientales, resaltando la implicación directa de las condiciones de inequidad, pobreza y exclusión en su agravamiento y, propuso una lectura integral al sistema educativo local para responder oportunamente a cualquier situación que amenace el goce del derecho a la educación de la infancia y la adolescencia.

• Infancia y ciudadanía: niñas y niños sujetos de derechos.

Con la Ley 12 de 1991 Colombia ratificó la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose en uno de los primeros Estados en incorporarlo a su marco legislativo, garantizar que la población infantil fuese comprendida, atendida y promovida como sujeto de derecho. Sin embargo, solo hasta el 2006, quince años después, se adecuó la legislación interna a las directrices de la Convención siendo, para ese momento, uno de los países más atrasados en el tema.

La ley 1098 establece que niñas y niños son sujetos de derecho y por ello también son sujetos sociales. En este marco Región participó en espacios de construcción de políticas de infancia y elaboró propuestas que interpelaron a Medellín sobre su capacidad para sacar de la pobreza a las nuevas generaciones⁷. Así mismo, incorporó las nuevas disposiciones de la Ley 1098 a los elementos centrales de la doctrina del derecho a la educación y entendió que no puede garantizarse este derecho sin la vivencia plena de todos los demás derechos en la educación misma⁸.

Las estrategias formativas, investigativas y de incidencia giraron, antes y ahora, en torno a la promoción de la infancia y la juventud como protagonistas de su propio desarrollo, con capacidad para ejercer paulatinamente sus derechos, exigir su cumplimiento, participar en procesos sociales y ser conscientes de que las demás personas también gozan de su misma dignidad y de los mismos derechos⁹.

Educación para el cierre de brechas y la construcción de cultura de paz.

En Nuestro Plan es la Paz (2016-2019) apostamos, desde todas las dimensiones de la institución, a la construcción de una paz territorial, sostenible y duradera. El acuerdo de La Habana abrió un horizonte de esperanza en el país, pero paradójicamente generó una polarización social y política profunda que, sumada a: la debilidad del Estado en las zonas de postconflicto, el nuevo gobierno y sus reticencias a cumplir lo pactado y continuar con el diálogo con el ELN, el fortalecimiento de las estructuras neoparamilitares, carteles de narcotráfico y el rearme de sectores de la antigua guerrilla; marcan un escenario de alta vulnerabilidad y nos plantea muchos retos para mantener los avances en ese anhelado sueño de un país en paz.

Este plan cuatrienal, en términos de educación para la paz, incorpora dos ejes de acción complementarios: uno, es la apuesta en clave de derechos que busca la vinculación y permanencia en el sistema educativo, de infantes y adolescentes donde se asegure, en términos político-jurídicos, el derecho fundamental a la educación para la construcción de paz. La garantía de este derecho aporta a la reparación transformadora de las víctimas, a la integración de excombatientes y a la reconciliación y no repetición. El otro es el ámbito formativo que va más allá de la escolarización. Región viene reflexionando sobre el significado de enseñar y aprender la paz desde una mirada pedagógica que le permite reconocer los dispositivos que conforman la formación con sus elementos curriculares, metodológicos y de valoración de saberes. De alguna manera es volver a los inicios de 30 años de camino, donde las preguntas por lo pedagógico ocupaban un lugar preponderante en el saber y el actuar educativo de la Corporación.

Actualmente, desde el marco político, jurídico y conceptual de la paz y la educación para la paz, trabajamos los siguientes campos problemáticos que vinculan nuestras reflexiones y las acciones formativas, investigativas y de incidencia.

• Educación rural: retos de una sociedad en transición hacia la paz

En el informe de la Misión para la Transformación del Campo se plantea que “La menor escolaridad de la población rural es una de las principales brechas entre la zona rural y la urbana” (Ramírez y otros, 2015); si miramos la cobertura neta urbana nos encontramos con el 79% en secundaria y 48% media, mientras que la cobertura plantea retos similares sobre todo en la ruralidad dispersa, y se le suma la débil atención en salud, recreación y la alimentación indispensables en esta etapa de desarrollo.

Región está comprometida en contribuir al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más importantes al 2030: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (ODS 4). Hemos trabajado en investigación, formación e incidencia en lo rural, en tanto allí se concentran las mayores desigualdades y exclusiones; grandes retos para llevar educación a toda la población, con pertinencia cultural y exitosa en sus trayectorias a lo largo de la vida.

En este sentido la Corporación ha diseñado, en distintos espacios, propuestas que permitan superar las brechas en educación rural de manera más contundente y pertinente. Una de ellas es el sistema cultural y educativo local articulado. Es necesario repensar la política de educación desde los territorios y su geografía cultural y no solo desde lo político–administrativo. Las redes culturales, los intercambios sociales y económicos, los tránsitos entre veredas de municipios distintos, inclusive de departamentos, exigen un giro en la mirada y reconocer que las transiciones escolares (de niveles y ciclos) son, desde una perspectiva territorial, trayectorias educativas que integran la vida social, productiva, familiar y comunitaria de la infancia y la juventud.

Pensar como sector, desde los mismos lugares de enunciación, es hacer más de lo mismo; la educación en las zonas rurales necesita de la confluencia de una institucionalidad integral, salud, seguridad alimentaria, protección, cultura, deporte y recreación, así las inversiones, tendrían un efecto multiplicador y se contrarrestaría la dispersión y la falta de pertinencia de la educación en estos territorios.

• Educación propia para el buen vivir.

Desde el año 2014 en Región construimos saberes sobre etnoeducación y educación intercultural con las comunidades afrodescendientes en el Chocó. Este ha sido un proceso colectivo donde las familias, el magisterio, las organizaciones étnico territoriales, estudiantes, directivos docentes y agentes culturales, contribuyen desde sus distintos roles y comparten sus experiencias de vida, su sabiduría y los conocimientos del territorio, además sus visiones sobre lo educativo, la relación con la cultura y con su proyecto de etnodesarrollo. La educación propia recoge las luchas de las comunidades que reivindican su derecho a que la historia vivida y la cultura construida en el territorio, estén en el centro de su educación, entendida ésta como comunicación y socialización de sus valores fundantes, en diálogo respetuoso con todas las culturas.

En esa línea venimos proponiendo cimentar escuelas como territorios educativos y culturales para el buen vivir. Una escuela como territorio para la acogida, con plena garantía de derechos, con espacios para el ejercicio pleno de la ciudadanía, tiempos culturales, más allá de calendarios escolares, con docentes motivados y felices; familias, comunidades y organizaciones étnico territoriales participando activamente en la propuesta cultural y educativa; cuidando la pertinencia y articulación entre los currículos, los planes de vida territorial, las agendas sociales y comunitarias y con un proyecto de educación y cultura comunitaria, amplio, integrador que cuestione las bases de la gestión empresarial educativa.

• Pedagogías para la paz y la convivencia

Construir una cultura de paz significa “promover un nuevo marco de significados y sentidos colectivos, lenguajes, enunciados afectos, percepciones, rituales, formas de interacción, relaciones de poder, vínculos y formas organizativas. Es decir, construir culturas de paz es construir una nueva cotidianidad”¹⁰; precisa educar para la paz, que lejos de ser una apuesta meramente metodológica, enfocada en aspectos técnicos y en la instrumentalización didáctica, busca generar reflexiones pedagógicas, es decir, preguntarse sobre qué enseñar y qué aprender, cómo enseñar, cómo aprender, cuáles son los escenarios de aprendizaje y cuáles las capacidades desplegadas en un proceso educativo en perspectiva de paz y convivencia¹¹. Por eso Región le apuesta a fortalecer el rol del magisterio como constructor de currículos situados para la paz, esto generar movimiento pedagógico, comunidad de pensamiento para la vida en la escuela, construyendo paz, no solo desde la resistencia a la muerte y la barbarie. Es vital contrarrestar la vergüenza y la venganza que la guerra ha dejado, para ello el estamento docente es indispensable.

• Educación y comunicación

Finalmente, en la Corporación la relación educación - comunicación es permanente; ésta fortalece los procesos pedagógicos en tanto profundiza los principios del diálogo y la participación, se aleja de procesos verticales y propone una relación horizontal en los ejercicios comunicativos. Las experiencias formativas atravesadas por la comunicación marcan el horizonte del diálogo intercultural, que redunda en la apropiación ciudadana de sentidos a favor de la democracia, el respeto por los derechos humanos y la protección de la dignidad humana¹².

Retos para continuar el camino

Esta historia nos obliga, como institución y como actor social y político, a continuar promoviendo, defendiendo y exigiendo la garantía del derecho a la educación que, en el actual contexto de construcción de paz, debe afirmarse en sus obligaciones constitucionales y pedagógicas de respeto a la diversidad y a la protección de los derechos humanos. Se precisa un pacto de convivencia escolar, familiar y comunitario basado en la ética del cuidado, donde el amor, el respeto, la justicia y la dignidad sean los argumentos en la defensa de la vida y las libertades. En este pacto es perentorio seguir cuestionando los imaginarios y representaciones sociales que generan prejuicios y discriminación de género en la escuela, afectando los aprendizajes, el acceso, la permanencia y las interacciones.

Es determinante reconocer que “la educación tiene la posibilidad de enseñar nuevos valores, actitudes, habilidades y comportamientos. Ayudar a la promoción de nuevas relaciones sociales que construirán resiliencia al conflicto” (Buckland, 2005). Por esa vía se podrá impactar la subjetividad de víctimas infantiles y adolescentes: combatientes y no combatientes y de docentes, quienes por efectos de la guerra requieren acompañamiento para desactivar, asimilar y superar violencias, miedos, inseguridades, desesperanza y profundas tristezas.

Así mismo, tenemos el reto de construir y movilizar múltiples ejercicios de memorias como aporte a la comprensión de lo que ha pasado, recuperando relatos locales sobre los impactos de la guerra en la educación, documentando los daños causados a la escuela, las demandas de reparación y los procesos de retorno; reconstruir historias de vida de maestras y maestros victimizados y producir material pedagógico para promover la reflexión y el reconocimiento de las memorias sobre el conflicto armado.

Colombia es pluriétnica y multicultural, significa que convivimos con diversas formas de pensamiento, cosmogonías, lenguas, saberes, imaginarios e identidades construidas por múltiples relaciones a lo largo de nuestra historia. Una mixtura maravillosa que debe ser valorada, protegida y potenciada por el Estado y por cada persona de este país. Desde esa diferencia queremos continuar y afianzar nuestro compromiso con el derecho a la igualdad, a la no discriminación, reprobando cualquier atisbo de segregación, aislamiento y exclusión, en palabras de Martin Hopenhayn “integración sin subordinación” como reto primordial de la democracia.

Referencias bibliográficas

Álvarez Gallego, Alejandro. (2014). La mirada empresarial de la Educación. A propósito del informe “Compartir”. Revisado en este enlace.  

Bernal, Jorge. (2007). Una generación libre y con derechos. Canasta básica para la superación de la pobreza de la población entre 0-17 años. Medellín, Corporación Región

Buckland, P. (2005). Reshaping the future: Education and post-conflict reconstruction. Washington: Banco Mundial.

Fernández, Rubén. (1996). Una ciudad con ciudadanía. Los aprendizajes necesarios. En: Ciudad Educadora. Un concepto y una propuesta. Medellín, Corporación Región. Pág. 12 - 16

Moncada Ramón. (1996). __________. Revista N° 21 Agosto de. Pág. 20.

Ortiz, Ilich y Viscaíno Jaime Rafael. (2014). La Ley General de Educación veinte años después: una valoración a la luz del derecho humano a la educación. En: Educación y Ciudad N°27: Políticas educativas: Hacia un nuevo proyecto educativo nacional. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. ISSN: 0123-0425.

Ramírez J, Juan Carlos, Pardo Renata y otros. (2015). Informe Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia, brechas y políticas públicas. Misión para la Transformación del Campo, Bogotá. Consultado en este enlace. 

República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. El Campo colombiano un camino hacia el bienestar y la paz. Tomo 1. Consultado en este enlace.

Saldarriaga, Jaime. (2000). Enfoques, debates y perspectivas en educación 1990-1999. En:
Revista N°30 Desde la Región.

Villa, María Eugenia. (1996). El Saber de la Pasión. Medellín, Corporación Región.

Palabras clave:

Educación, historia, escuela, democracia, ciudad, cultura de paz.

Notas al pie:

^{1 La Corporación Región participa actualmente de la Veeduría Ciudadana al Plan Municipal de Desarrollo de Medellín, analizando, entre otros, el componente de educación.
2 Para ampliar este debate puede consultarse Ortiz y Viscaíno (2014).
3 Moncada, 1996 y Fernández, 1996
4 Temas compilados y publicados en 1996 El Saber de la Pasión con apoyo de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y el Colegio Colombo Francés, miembros de la Alianza Maestros y Maestras Gestores de Nuevos Caminos de la cual Región fue promotora inicial e hizo parte por varios años.
5 Muñoz, Vernor. Discurso pronunciado ante la Asamblea General de la Campaña Mundial por la Educación, Sao Paulo Brasil, 2008.
6 Medellín Basta Ya. Pág. 62
7 Estudio: una generación libre y con derechos. (Bernal, 2007)
8 Revista Desde la Región N°53 de julio de 2011: Que la infancia se tome la palabra
9 Documento de trabajo. Enfoque programa educación y equidad. 2008 -2011
10 Documentos de trabajo. Alianza educación para la construcción de culturas de paz, 2015, pág. 16
11 Documento de trabajo. Territorios educativos para la paz. Luis Fernando Herrera y María José Espinosa 2018
12 Documento de trabajo. Comunicación para el cambio social en el programa de educación. Lina María Betancur, 2015.}

Resumen

Con el ascenso de la extrema derecha en varios continentes, incluso en América Latina, estamos confrontando en la vida cotidiana amenazas a la democracia ya los derechos humanos, así como el recrudecimiento de las intolerancias sobre el "otro", sea él o ella extranjero, negro, indígena, Lgbti, morador en las periferias urbanas ...

Democracia y derechos humanos amenazados, junto con nociones de solidaridad y justicia social están, no por casualidad, también en el centro de los debates (y movilizaciones y resistencias sociales) al respecto de las migraciones y desplazamientos, en una coyuntura histórica marcada por las políticas globales y nacionales de acumulación por desposesión (Harvey 2006), expulsiones (Sassen 2014), con su criminalización y judicialización de migrantes y desplazados de varios tipos, en sociedades (racializadas) cada vez más polarizadas. En contraposición liderazgos migrantes y desplazados de varios tipos, junto con agentes que actúan con esas poblaciones, se movilizan en el cotidiano en sus luchas y resistencias para garantizar las conquistas obtenidas y los derechos humanos de esas poblaciones.

Democracia y Derechos Humanos amenazados:
Políticas migratorias nacionales y políticas globales en Brasil, de Lula a Bolsonaro (2002-2019)¹

Desde la década del noventa, período de reconfiguración del capitalismo global y expansión de las políticas económicas neoliberales, la intensificación de las migraciones hacia el Norte Global, ha sido acompañada por cambios en las formas de gestionar la movilidad humana. Junto con el proceso de regionalización de la política migratoria, vinculada al establecimiento de un régimen global para controlar las migraciones internacionales, las políticas de regulación tecnocrática han creado nuevas formas de organizar y clasificar esos flujos, también adoptados por los países latinoamericanos a través de los cuales, organizaciones internacionales han ayudado a acercar el tema migratorio al campo criminal (Domenech 2015; Dias 2018) En este artículo, analizo las relaciones y tensiones entre la formulación de una nueva ley de migración, centrada en los derechos humanos en Brasil y las políticas globales que intentan combinar la protección de las personas migrantes y la defensa de las fronteras, en un contexto cambiante de la economía política y de los escenarios global, regional y brasileño.

Política Nacional, políticas Globales

El año 2013 fue famoso en Brasil por: el estallido de grandes manifestaciones, la población salió a las calles a exigir servicios públicos de calidad y el fin de la corrupción². Aunque menos publicitado también, se destacó por la intensa participación de líderes transmigrantes y entidades que actúan, junto a refugiados y migrantes, en la formulación de políticas públicas y, a nivel local, en mayo de 2013, después de años de luchas y en medio de la llegada de contingentes de haitianos, fue finalmente instituida por la alcaldía de São Paulo, la Coordinación de Políticas para Migrantes (CPMig); gran victoria, pues se convirtió en una política de gobierno para la población migrante en 2016. Una nueva ley de migración que focalizaba a los migrantes como sujetos de derechos, parecía finalmente ser una posibilidad concreta producto de recurrentes demandas de entidades y movimientos sociales en favor de la sustitución del Estatuto del Extranjero, creado en 1980 aún durante la dictadura (1964-1985).

Mientras el Proyecto de Ley, conocido como "Proyecto Lula", continuaba archivado en el Congreso Nacional, el Senado tramitaba un nuevo anteproyecto de ley de inmigración: el Proyecto de Ley del Senado nº 288/2013. También el Ministerio de Justicia había designado una Comisión de Expertos para la formulación de una propuesta más amplia, titulada "Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes en Brasil". La Secretaría Nacional de Justicia, como parte de esa propuesta creó, en el marco de la organización de la 1ª Conferencia Nacional de Migración y Refugio (COMIGRAR), el Comité de Seguimiento de la Sociedad Civil sobre las Acciones de Migración y Refugio (CASC-Migrante), del cual formé parte representando a la Asociación Brasileña de Antropología (ABA).

Esta I COMIGRAR, celebrada en 2014, fue planeada como un amplio debate público, capaz de ofrecer subsidios para la creación de políticas públicas para migrantes y refugiados y, su proceso de organización se constituyó en manifestación de democracia participativa, la inserción de una Feria Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas y Experiencias de Políticas Migratorias que en su programación oficial, no incluyeron ni siquiera, discusiones previas con los miembros del CASC- Migrante fue por lo menos, paradójico. Si la formulación del Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes, respondió a las demandas de los movimientos sociales, la inclusión de cuestiones relacionadas con el tráfico de personas, reflejó la alineación de Brasil a las políticas globales de combate al tráfico de drogas, al crimen organizado y al terrorismo internacional que se vigorizaron con mayor vehemencia después del 11 de septiembre de 2001.

A pesar de reconocer la relevancia de esa problemática que fue además objeto de varios talleres en el marco de esa I COMIGRAR, el Comité Migraciones y Desplazamientos de la ABA, coordinado por mí, consideró que la vinculación con una organización que lidera los esfuerzos transnacionales para combatir el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el terrorismo internacional, tenía el potencial de criminalizar la cuestión migratoria. Como nuestra evaluación fue hecha con base en investigaciones, decidimos manifestarnos contra el mantenimiento de esta Feria, cuya concepción, a nuestro entender, evidenciaba una contradicción entre el proyecto democrático participativo de COMIGRAR, basado en consultas previas y focalizado en los derechos humanos, y la pauta anti-tráfico de personas producida por agencias multilaterales y utilizada especialmente, por gobiernos del hemisferio norte, como instrumento de contención de la movilidad humana, el libre ejercicio de la prostitución y, en última instancia, de criminalización de la inmigración³.

Para aclarar y desarrollar mejor esta propuesta y las discontinuidades posteriores, sostengo que las confluencias y tensiones entre la migración y la criminalidad, al igual que entre los derechos humanos, el humanitarismo y la securitización, se han convertido en una parte sistémica del diseño de un régimen global del control de las migraciones, inmerso en un capitalismo altamente destructivo, basado en la acumulación por despojo (Harvey 2004), que ha ampliado las desigualdades sociales y creado contingentes de desposeídos (Sassen 2014). Así, mientras predominan las ideologías y la retórica basada en los "derechos humanos" y el humanitarismo, se producen categorías sociales y políticas de gobernanza tecnocrática de la securitización, criminalización y deshumanización de la pobreza. Con la intensificación de los desplazamientos sociales y ecológicos, expulsiones, brutalidad y precariedad de la vida humana, el control del movimiento de migrantes transnacionales, y refugiados, se ha convertido en una prioridad en las agendas públicas de las agencias multilaterales y los gobiernos nacionales. Del mismo modo el desplazamiento interno, ya sea por la eliminación de territorios o personas consideradas al margen del Estado, se ha convertido en el foco de las políticas públicas locales que reflejan las agendas multilaterales (Feldman-Bianco 2015, 2018).

En este escenario, me enfrenté con el desafío de examinar, desde una perspectiva global de migración y desplazamientos⁴, la relación y las tensiones entre, por un lado, las políticas globales que equiparan la migración indocumentada con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional y, por otro, las políticas de migración y control de fronteras en Brasil, desde la era de Lula (2002-2010) hasta los primeros diez meses del actual gobierno de Bolsonaro que empezó en enero de 2019. Por lo tanto, comienzo este análisis cuando, paralelo a las demandas de migrantes transnacionales de Brasil y en Brasil, por una nueva ley de migración basada en derechos humanos, el gobierno de Lula accedió al régimen global de control de las migraciones como parte de sus acciones y estrategias para la transformación del país en un importante protagonista en el escenario mundial.

Entre los derechos humanos y el régimen global de control de las migraciones

Identifiqué entonces la adopción de diferentes políticas y escalas. Así, mientras en el nivel nacional el gobierno Lula (2002-2010) atendía las demandas de los movimientos sociales, encaminando un anteproyecto de ley de inmigración conocido como el Proyecto Lula, concediendo amnistía a los inmigrantes en 2009, y reconociendo los derechos de los así llamados brasileños en el exterior, invirtió a escala continental en UNASUR, reunió países cuyos dirigentes tendían más a la izquierda. Al mismo tiempo, la ratificación del Protocolo de Palermo (Decreto nº 5.017, de 2004), la resultante aprobación de la Política Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas y la suscripción al Convenio Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo (Decreto nº 5.640, (2005), alineaba a Brasil a las políticas globales de combate al tráfico de drogas, al crimen organizado y al terrorismo internacional y, por lo tanto, al régimen global de control de las migraciones.

En el Gobierno de Dilma Rousseff (2011/31 a 08/2016), las políticas de migración y fronteras, coordinadas por la Secretaría Nacional de Justicia, también mostraban diferentes procedimientos escalares. Por un lado, las iniciativas de formulación de un nuevo Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes en Brasil (Ordenanza nº 2.162/2013), tenían como referencia las políticas migratorias de Argentina y Uruguay, consideradas ejemplares. Al mismo tiempo, la I COMIGRAR propició amplia participación social de los migrantes y de los agentes que actúan juntos o estudian migración y refugio. Por otro lado, ese gobierno parece haber seguido más directamente que el anterior, las orientaciones de las organizaciones internacionales, como OIM, UNODC⁵ e ICPMD⁶, en lo que concierne a la (doble) protección a las personas migrantes y a las fronteras. Se han realizado fuertes inversiones en la política dirigida a enfrentar el tráfico de seres humanos y en la Estrategia Nacional de Fronteras (ENAFRON), interviniendo políticas de seguridad contra oponentes internos y de defensa nacional contra: enemigos externos, el crimen organizado transnacional, el tráfico de personas, el terrorismo que amenazan los espacios urbanos y la lucha anti drogas. Este énfasis en la securitización, moldeada en la agenda y formato de las políticas globales, contiene, como argumenta Hirata (2015) el potencial de colisionar con la economía y el sistema de intercambios locales. En el "desarrollismo" gubernamental vigente en la época, el interés recae predominantemente en los grandes proyectos hidroeléctricos y en el agro negocio, sin considerar los conocimientos tradicionales y sistemas de intercambio local, como ocurrió en la construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte y sus efectos nocivos en la organización social de las poblaciones tradicionales de su entorno (Pacheco de Oliveira e Cohn 2014).

Las tensiones entre derechos humanos y políticas de securitización también fueron parte integral del proceso de formulación de la nueva ley de migración que dio origen al decreto nº 9.199 de 2017. La versión de la ley aprobada en el Congreso Nacional fue esencialmente resultado de negociaciones entre movimientos sociales de/y/o que actúan junto a migrantes y refugiados y gobierno, incluida la policía federal. Así, a pesar del enfoque en migrantes como sujetos de derechos, el 40% de sus artículos se referían a la vieja noción de seguridad nacional del Estatuto del Extranjero. Sin embargo, la polarización entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de la aprobación de la nueva ley, se intensificaron después de la deposición de Rousseff de la presidencia de la República y de las victorias del Brexit en Inglaterra y de Trump en los EEUU.

Es importante tener en cuenta que ya existía resistencias a la Nueva Ley, durante el Gobierno de Rousseff, en mayo de 2016, por ejemplo, la Federación Nacional de Policías Federales procesó una profesora universitaria italiana involucrada en actividades sindicales, con base en el Estatuto del Extranjero, aunque estuviera en contradicción con la Constituyente de 1988. En la época, eso parecía un episodio aislado, pero retrospectivamente constituye un indicio de las fuertes polarizaciones, cuando, ya en el gobierno de Michel Temer, la nueva ley estaba para ser votada en el Senado Federal. Junto con una petición en línea, activada por robotización contra la nueva ley “por abandonar la perspectiva de seguridad nacional del Estatuto del Extranjero”, movilizaciones en las calles de São Paulo, demandaban el veto integral del texto, debido al peligro de la islamización del Brasil y del terrorismo. La polarización demostró la yuxtaposición de la defensa del Estatuto del Extranjero combinada con el temor a las "nuevas amenazas", representadas por la ecuación entre migración indocumentada, tráfico y terrorismo.

La securitización y la criminalización de los migrantes

Las políticas del gobierno neoliberal de Temer, mezclando el tradicional autoritarismo de las élites brasileñas, antiguas nociones de seguridad nacional y el temor a las nuevas amenazas, reflejaron el giro a la derecha que estaba ocurriendo en el continente sudamericano y que se amplificó con la victoria de Bolsonaro. Así, las movilizaciones en torno a la sanción presidencial de la nueva ley intensificaron las polarizaciones en curso. Por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a los movimientos sociales formados por inmigrantes, refugiados, Iglesia, academia y ONG, se posicionaron firmemente en pro de una sanción presidencial sin vetos. Por otro lado, el Ministerio de Defensa, Gabinete de Seguridad Nacional y la Policía Federal ejercieron presión en favor del veto de artículos que, supuestamente, constituían una amenaza para el control de las fronteras, la soberanía nacional y la seguridad de los nacionales.

Aunque la nueva ley mantuvo un foco en los derechos humanos, la sanción presidencial con 18 vetos, acentuó la securitización y la criminalización de los migrantes que continuaron siendo vistos como amenaza o problema. Entre los vetos, se destaca la amnistía para migrantes, la revocación de las expulsiones decretadas antes del 5 de octubre de 1988, la obligatoriedad de permanencia de migrantes ya residentes que hayan cometido delito en el país, la libre circulación de indígenas y poblaciones tradicionales entre fronteras. A pesar de las presiones de representantes de las organizaciones que actúan junto a migrantes y refugiados, incluso a través de una carta por la aprobación de la nueva ley sin vetos, firmada por más de cien entidades; la única consulta presencial dirigida a la sociedad civil fue realizada por el foro de participación social del Consejo Nacional de Inmigración (CNIg).

Como bien sintetizaron Acosta, Espinoza y Brumat (2016), el decreto de reglamentación de la ley, contradice la Constitución de 1988 al permitir la detención de migrantes indocumentados, mientras esperan expulsión. Además de delegar extensos poderes a la Policía Federal en la admisión, residencia y expulsión de no nacionales, el decreto no especificaba las condiciones para la concesión de residencia humanitaria a los no nacionales, dejando esa decisión a los Ministerios de Justicia, Trabajo y Relaciones Internacionales conjuntamente, en otra fase. Sin embargo, aunque representantes de la sociedad civil continuaron subrayando los avances logrados con el cambio de paradigma de la nueva ley y su foco en los derechos humanos; al mismo tiempo llamaron la atención sobre los "retrocesos" que pautaron el proceso de reglamentación. De hecho, el decreto de ley resultante de ese proceso regulatorio, apoyó e incluso subrayó la seguridad nacional y la judicialización de la migración, acarreando grandes desafíos a quienes luchan por los derechos humanos de los migrantes.

Además de dar continuidad a las políticas de securitización de fronteras de la gestión Rousseff, el gobierno de Temer federalizó y militarizó la escala local a través de la intervención, en la ciudad de Río de Janeiro, en lo relacionado con la "guerra a las drogas" y, a nivel estatal en el caso de Roraima, concerniente a la inmigración venezolana y a la protección de fronteras. En el proceso, amplió la inserción de Brasil en el combate global al tráfico de drogas, tráfico de seres humanos y terrorismo y, por lo tanto, en el régimen global de control de las migraciones. Más allá de aprobar una reforma laboral siguiendo la agenda neoliberal, al alejarse de los movimientos sociales y restringir la participación social, recordó el aforismo de Sergio Buarque de Holanda (1936): en Brasil "la democracia no pasa de un gran malentendido". No por casualidad, ese gobierno representaba el (viejo) nacionalismo y los intereses de la antigua y nueva derecha con sus demandas de políticas de securitización y militarización del país e, incluso, por el retorno del Estatuto de los Extranjeros. Pero, sorprendentemente, mientras el Consejo Nacional de Inmigración, con su composición tripartita, logró elidir durante veinte años (1996-2016) el anacronismo del Estatuto del Extranjero a través de la formulación, coordinación y orientación de la política de migración por medio de normativas basadas en decretos y resoluciones específicas, involucrando la solución de casos omisos, con la regulación de la Nueva Ley, hubo una militarización de la política migratoria.

En el caso de la intervención federal en Río de Janeiro, los asesinatos en marzo de 2018 de Marielle Franco, concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y defensora de los derechos de los negros, de los habitantes de barrios marginales y homosexuales, y de su chofer, Anderson Pedro Gomes, expusieron la existencia de la polarización entre derechos humanos y políticas de securitización y militarización de la pobreza racializada. Esas muertes, definidas como "ejecuciones", apuntaron hacia una dirección, trillada por Colombia y México, en el avance de las milicias y paramilitares. Al mismo tiempo, la conmoción ante esta violencia institucionalizada y las continuas manifestaciones de repudio a esa violencia, tanto a nivel local como nacional e internacional, impulsan la lucha por la dignidad humana.

La política migratoria y la supresión de los derechos humanos

Si hubo bajo la presidencia de Temer una ocupación militar en Río de Janeiro y también en Roraima, desde el comienzo del gobierno Bolsonaro enfrentamos a nivel nacional, una escalada de la violencia estatal militarizada y policial: el avance de las milicias y la intensificación de la violencia estructural contra las mujeres, LGBTI, indígenas, negros, residentes de las periferias urbanas, inmigrantes racializados y otras poblaciones vulnerables. Sobre todo, en Brasil hoy, vivimos a diario con los intentos presidenciales de erosionar las garantías constitucionales y, en última instancia, desmantelar la malentendida democracia. Al igual que otros candidatos tiranos, Jair Bolsonaro, admirador fanático de la dictadura y la tortura, forma parte de una red transnacional de nacionalistas de extrema derecha, bajo la órbita de Steve Bannon, encabezada por Donald Trump con una fuerte influencia del astrologo y filósofo brasilero Olavo de Carvalho. Como Levitsky e Ziblat (2018) destacan, aunque esos gobiernos de extrema derecha llegaron al poder por la ruta electoral, paradójicamente usan las mismas instituciones de la democracia, gradual, sutil e incluso legalmente, para matarla.

Jair Bolsonaro fue elegido presidente del Brasil con un discurso de odio y anticorrupción, entrelazado con la defensa de los valores morales tradicionales, direccionado especialmente contra Lula y el Partido de los Trabajadores, en una coyuntura de recesión económica, arresto de Lula e intensa polarización derecha-izquierda. Aunque sin presentar un programa gubernamental, su plataforma combina la continuidad de una política económica neoliberal de reducción de derechos, ahora basada en el modelo chileno de los tiempos de Pinochet (1973-1990), con un paquete contra el crimen y anticorrupción, que conlleva el peligro de transformar el país en un Estado policial. Con el apoyo de las élites económicas, militares y de los grupos armamentistas, ruralistas y evangélicos, su gobierno favorece drásticamente el avance de un capitalismo altamente destructor, en perjuicio de: el medio ambiente, la ciencia, la educación, la tecnología, las instituciones democráticas y, los derechos humanos. Su modo de legislar mediante decretos y medidas provisionales, es cuestionado como "una forma de socavar la democracia desde dentro, mostrando poco aprecio por las reglas del juego democrático"⁷. No por casualidad, la mayoría de esas gestiones han sido refutadas judicialmente por violar la Constitución de 1988, incluidas sus principales promesas de campaña, como la de relajar la regulación sobre posesión de armas y el paquete contra el crimen, defendido por su Ministro de Justicia Sergio Moro⁸. Por lo tanto, se convierten en un campo de disputas a nivel institucional, ya sea dentro del alcance del Congreso Nacional, Senado Federal, Fiscalía Federal, Corte Suprema o Defensor Público, entre otros. La defensa de la constitucionalidad tiende a ser inducida por la presión de los movimientos sociales. Pero incluso cuando se suspenden sus decretos y medidas provisionales, la retórica de Bolsonaro y su uso de las redes sociales y de las Fake News, funcionan como una licencia para legitimar la securitización y la violencia, como la otorgada a la policía para matar, que ha resultado en un mayor número de muertes en las periferias urbanas. Hay igualmente una relación entre sus campañas por la posesión de armas y aquella en contra de la supuesta ideología de género y el aumento del feminicidio, así como entre los incendios causados en la Amazonia y el énfasis en la deforestación, criminalización y eliminación de las poblaciones indígenas y el desarrollo capitalista de la región. Esas acciones y estrategias, practicadas por un gobierno de las redes sociales, están promoviendo reveses sociales y una escalada de la violencia involucrando, así, la reducción de los derechos sociales y el exterminio de los desposeídos y de los que desafían los valores morales tradicionales: homosexuales, lesbianas y transgénero, muestra de una parte de los continuos intentos de destrucción del Estado de derecho.

La decisión del gobierno de Bolsonaro de disociar a Brasil del Pacto Mundial de Migración Ordenada, Segura y Regular, es parte de este escenario⁹. Representa su alineación con el nacionalismo exacerbado y las políticas draconianas de Trump y otros aliados de extrema derecha. Si bien los movimientos sociales señalaron la imposibilidad de proteger, simultáneamente, los derechos humanos y las fronteras territoriales, la salida de Brasil de este Pacto significó la supresión de los derechos humanos de la política migratoria a favor de la escalada de la securitización y criminalización de los inmigrantes, incluyendo los refugiados y, por lo tanto, el creciente control y vigilancia sobre quién puede cruzar las fronteras nacionales y permanecer en Brasil.

Los intentos del Ministro Sergio Moro de introducir cambios en la nueva Ley de Migración se subscriben a esta política de securitización y criminalización de la cuestión migratoria, convirtiéndola en un campo de disputa a escala nacional. Así, la inserción de cuatro adiciones diseñadas para endurecer las reglas sobre el ingreso de personas al país, a través de una enmienda al Proyecto de Ley 1928/2019, fue rechazada por los movimientos sociales en defesa de los inmigrantes, por herir: “los principios que guiaron el debate actual sobre la ley de migración, restableciendo la intención de ampliar el control de la migración, observando la inmigración desde la perspectiva de criminalización de las personas en movilidad”.¹⁰

Igualmente, su Ordenanza 666 de 25 de julio de 2019, instituyendo “el impedimento de entrada, repatriación y deportación de persona peligrosa o que ha cometido un acto contrario al principios y objetivos establecidos en la Constitución”, fue repudiada vehementemente, incluso por el Comité Migraciones y Desplazamientos de la ABA, por representar un ataque al Estado democrático. Esa legislación, que también fue cuestionada legalmente y sujeta a acción en la Corte Suprema Federal¹¹, fue derogada por la Ordenanza 770/2019 de 11 de octubre de 2019, nueva instrucción del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una nota pública firmada por 33 entidades de la sociedad civil manifestó que: La derogación de la Ordenanza 666 es un retiro bienvenido, pero aun así no es suficiente. La ordenanza 770 sigue siendo una afrenta a la Ley de Migración, ya que …además de llegar tarde, el retiro también es insuficiente y permanece en una lógica inadecuada para un estado de derecho democrático. Inadecuado ya que está más allá de la lógica constitucional el intento de enmendar lo que dice la Ley de Migración (Ley N ° 13.445/17), que es el resultado de un profundo debate nacional, por una mera ordenanza, que va más allá de las pautas legales cuando debería, solo y únicamente, estipular el flujo de procedimientos.¹²

Mientras continúan las movilizaciones contra la Ordenanza 770, la sociedad civil obtuvo una pequeña victoria con la terminación del proyecto de ley 1928/2019 en el Congreso Nacional. Según el blog MigraMundo, el autor de la versión original, que se refería únicamente a la intención de simplificar la emisión de visas para jóvenes inmigrantes interesados en trabajar y estudiar en Brasil, decidió cerrarlo, señalando que el gobierno lo usaría para imponer acciones en su interés sin el debido debate público.¹³

Las acciones del gobierno de Bolsonaro también penalizan a los refugiados. Dado el giro a la derecha de la geopolítica del continente, el refugio otorgado en 2003, a tres paraguayos acusados de secuestro (político), por temor a la persecución, fue revocado a solicitud del Presidente de Paraguay¹⁴. Este retiro ya está induciendo amenazas contra los refugiados de otros países y continentes, trayendo, al menos un caso en el que sigo, la imposibilidad de proseguir viviendo en Brasil. Asimismo, por razones geopolíticas, Bolsonaro mantuvo y continuó la militarización de la política migratoria del gobierno de Temer direccionada a los inmigrantes venezolanos que continúan llegando a Roraima. Percibidos como refugiados políticos de Venezuela por el gobierno brasileño y el ACNUR, los desplazados de un país gobernado por un “enemigo” pueden requerir refugio o residencia provisional pero no la visa humanitaria a la que, según la nueva Ley de Migración, tendrían derecho. Colocados en viviendas temporales que se asemejan a campamentos de refugiados, esos desplazados están sujetos a políticas de internalización, discriminación y xenofobia¹⁵.

Del mismo modo, los brasileños que viven en situación de indocumentados en el exterior, están siendo objeto de discriminación y arbitrariedad, aunque, bajo la nueva Ley de Migración, sea un deber constitucional del Estado brasileño, protegerlos en tránsito en el extranjero, de cualquier forma de violencia estatal en el país anfitrión¹⁶. Pero en desacuerdo flagrante con esta legislación, los informes de prensa indican que el actual gobierno está facilitando la deportación de brasileños de los Estados Unidos. Preocupado por esta noticia, ABA, a través de su Comité de Migración y Desplazamientos, envió una solicitud de aclaración al Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que:

“La supuesta cooperación entre los estados nacionales va en contra de los principios básicos de la circulación internacional de personas, que debe hacerse a través de rutinas administrativas que respeten el derecho de defensa de las personas en tránsito. En segundo lugar, la supuesta facilitación de la deportación por parte de los Estados Unidos, a cargo de la autoridad brasileña, viola el principio de protección del Estado brasileño a sus ciudadanos en el extranjero, lo que lleva a casos de deportación sumaria sin el debido proceso. (Por lo tanto) esta decisión del gobierno brasileño, si confirmada, además de señalar una sumisión indeseable a los intereses de Estados Unidos, revelaría una intención sin precedentes de dañar y criminalizar a los ciudadanos que, ante la crisis económica y el alto desempleo en Brasil, han estado buscando alternativas de vida y trabajo en otros países”.¹⁷

Hasta el momento no ha habido respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta petición. Mientras tanto, en una coyuntura de recesión económica, con 12,5 millones de desempleados, aumento del trabajo informal, reforma laboral y de la recién aprobada reforma de pensiones basada en la experiencia chilena de reducción de derechos, la salida de los brasileños al extranjero solo tiende a multiplicarse. Si quienes pueden invertir en el extranjero consiguen adquirir fácilmente visas y derechos, las personas en situación indocumentada ni siquiera pueden contar con la protección del gobierno brasileño. Por cierto, aquellos que viven sin papeles en los Estados Unidos, por el contrario, deben mantenerse alejados de los consulados y embajadas de Brasil para evitar la deportación.

La actual coyuntura socioeconómica brasileña, marcada por la recesión económica, la flexibilización y precariedad del trabajo; la consiguiente reducción de derechos y protección social, el progresivo aumento de la securitización y criminalización de la pobreza y el alargamiento de los contingentes de desposeídos incluida su extirpación, expone un capitalismo devastador que se asemeja a la era colonial en términos de explotación, violencia y deshumanización. Por lo tanto, plantea no solo preguntas sobre quién tiene derecho a los derechos sino también, sobre quién tiene derecho a ser humano, y que esto no está restringido al Brasil.

Capitalismo global vs migraciones forzadas

Estos procesos de expulsión, despojo, securitización y criminalización, no son exclusivos de Brasil. Son el resultado de políticas y prácticas que condujeron a una mayor concentración de ingresos, poder y desigualdades sociales a través de la acumulación por desposesión. Se nutren de los movimientos temporales y espaciales del capitalismo global en la apertura de mercados y las consecuentes crisis causadas por la sobreacumulación de capital, que afectan la vida de las personas, generando migraciones y refugio debido a las guerras, impactos de proyectos de desarrollo en el campo y en la ciudad, y a la especulación inmobiliaria, entre otros desplazamientos que están siendo criminalizados.

Este análisis desde Brasil y desde el punto de vista de las migraciones y los desplazamientos, permite desplegar las políticas nacionales y globales que estimulan los avances de ese capitalismo desmedido. En conjunto, estas políticas han llevado a la reducción gradual de los derechos humanos y la protección social y al mismo tiempo, a la intensificación de la securitización y criminalización, incluida la violencia estatal, con respecto a las poblaciones vulnerables, ya sean migrantes, refugiados, pueblos indígenas, residentes de las periferias urbanas o los LGBTI.

Por lo tanto, los gobiernos de desarrollo de Lula y (especialmente) Dilma Rousseff implementaron políticas de inclusión y protección social al mismo tiempo que invirtieron en agro negocios y grandes proyectos hidroeléctricos y urbanísticos que produjeron desplazamientos y cambios en los modos de vida de las poblaciones tradicionales y periferias urbanas. Además, si bien respaldaron proyectos de ley basados en migrantes como sujetos de derechos, suscribieron políticas globales. El derrocamiento de Dilma Rousseff y el ascenso al poder de la derecha, permitieron el regreso de las políticas económicas neoliberales privatizadoras y la reducción de la protección social y de los derechos de los trabajadores; la desfiguración de la nueva ley de migración y la militarización tanto de la periferia urbana en la lucha contra las drogas (en el caso de Río de Janeiro), así como de la cuestión migratoria en lo que respecta a los inmigrantes venezolanos en Roraima en el contexto de cambios geopolíticos en el continente sudamericano.

La elección de Bolsonaro y sus intentos de destruir la democracia son el pináculo de los procesos que liberan el avance del capitalismo a través de políticas económicas neoliberales ortodoxas y la constitución de un Estado policial. En este sentido, su lema de gobierno: Brasil sobre todo también puede significar Capitalismo sobre todo, sin derechos humanos y sin protección social. En consecuencia, sus diversos decretos y medidas provisionales tienen objetivos específicos: facilitar la explotación, la violencia y la deshumanización, incluyendo, si es necesario, la disposición de las poblaciones vulnerables, como en la época colonial. Desde esa perspectiva, los incendios causados en la Amazonía, la criminalización de los indígenas y la negativa a demarcar sus tierras, se vuelven más comprensibles con la reciente solicitud del presidente del Instituto Brasileño de Turismo (EMBRATUR) que quiere que el organismo responsable de proteger los derechos indígenas en el país (FUNAI) ponga fin al proceso de demarcación de una reserva, que se encuentra en el sur de la Bahia y que pertenece al pueblo Tupinambá de Olivenza, para permitir la construcción allí de un hotel de lujo de una empresa privada, . Del mismo modo, aunque los inmigrantes que tienen capital y desean invertir en Brasil son bienvenidos, las personas indocumentadas son criminalizadas con medidas de deportación sumaria.

Ciertamente, la forma en que este gobierno legisla está siendo desafiada, y numerosas de sus acciones están detenidas debido a su inconstitucionalidad y la presión de los movimientos sociales temáticos, ya sea en defensa del medio ambiente, los problemas indígenas, la migración, la educación, la ciencia y la tecnología, el género, etc. Pero independientemente de si Bolsonaro logra o no terminar su mandato, desafortunadamente las marcas de sus intentos de destrucción permanecerán.

Referencias bibliográficas 

ABA – associação brasileira de antropologia. Petição comitê migrações e
Deslocamentos/aba sobre a i comigrar. Brasília, 2014. Disponible en este enlace.

Acosta, D., Espinoza, M. V. y Brumat, L. (2018). Brazil’s migration governance: hidden actors, the new law and the 2018 presidential elections. Mpc blog,. Disponível En em: fevereiro 2018

Dias, G.M. (2018). governabilidade migratória e organismos internacionais. Em: (comp) Antonio Carlos de Souza Lima et al, Rio de Janeiro: e-papers e aba publicações,: 611-628

Domenech, E. (2015). Controle da imigração indesejável: expulsão e expulsabilidade na américa do sul. Ciência e cultura, nº 67 (2) 25-29,. disponível neste link.

Feldman-Bianco, B. (2015). Deslocamentos, desigualdades e violência do estado. Ciência e cultura, sbpc vol.67 (2), 20- 24,. Disponible en este enlace. 

Feldman-Bianco, B. (2018). O brasil frente ao regime global de controle das migrações: direitos humanos, securitização e violências. In travessia: revista do migrante. Año xxx, no.83, agosto, 11-36

Harvey, D. (2005) A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press,.

Hirata, D. (2015). Segurança pública e fronteiras. Apontamentos a partir do arco norte. Ciência e cultura. Vol.67 (2),. Disponíble en este enlace.

Holanda, S. B. (1936). Raízes do brasil. Rio de janeiro: José Olympio.

Levitsky, S, y Ziblat, D. (2018). Como as democracias morrem. Rio de janeiro, Zahar,.

Pacheco de Oliveira J., Cohn. Belo monte e a questão indígena. (2014) Brasília: Aba Editora,. Disponible en este enlace.

Sassen, S. (2014). Expulsions: brutality and complexity in the global economy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Sherma, M. A. As fronteiras em tempos de crise política mundorama. Revista mundorama– revista de divulgação científica em relações internacionais. Jan. 2017. Disponible en este enlace.  Aceso em fev. 2018.

Sprandel, M. A. (2018). Nova lei de migrações: avanços em um contexto de atraso. Rio de janeiro, in antropologia e a esfera pública no brasil ¨- 60 anos da associação brasileira de antropologia (org) souza lima, a.c de, j.b. Beltrão, a. Lobo, c. Casilho, p.lacerda e p. Osório, rio de janeiro: aba publicações/e-papers, , pp571-594. Disponible en este enlace. 

Palabras clave:

Migración, políticas globales, Brasil, democracia, derechos humanos.

Notas al pie:

^{1 Esta es una versión sintetizada y actualizada de mi artículo O Brasil frente ao regime global de controle das migrações: Direitos humanos, securitização e violências (2018)
2 Ver enlace.
3 Esa petición está disponible en este enlace.
4 A través de ese paradigma, nuestros estudios han indicado que las políticas de gobernanza actuales criminalizan protagonistas específicos, ya sean inmigrantes indocumentados, solicitantes de refugio, trabajadores sexuales en el mercado laboral internacional, o residentes de favelas y periferias urbanas Esta lógica de exclusión social, anclada en una racionalidad tecnocrática y en la producción de categorías sociales, cuyos componentes jurídicos y morales también implican interseccionalidades de raza, género, clase, descarta personas, lugares y bienes considerados innecesarios o amenazantes, negando, en el caso de las personas, el derecho a ser humano. Por lo tanto, crea contingentes de los desposeídos (Feldman-Bianco 2015, 2018).
5 Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones
6 Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias
7 “Governar por decretos é minar a democracia, Pacto por la Democracia, 31/05/2019. Ver enlace.
8 El ex juez que dirigió la extensa investigación sobre corrupción y lavado de dinero y condenó al presidente Lula
9 Fellet, João, Bolsonaro confirma saída de pacto de migração da ONU. Ver enlace.
10 Ver enlace. 
11 Ver enlace.
12 Ver enlace.
13 Ver enlace.
14 Ver enlace. 
15 Ver enlace. 
16 Ver enlace.
17 Ver enlace.
18 Ver enlace.}

Resumen

La problematización del campo de las subjetividades en Colombia comienza a realizarse desde los años 90 del siglo XX. La formulación de una nueva Carta Política en 1991 lanza la pregunta por las ciudadanías a formar; la educación escolar es interpelada acerca del sujeto ciudadano al tiempo que se implementan procesos de educación social con el objeto de “construir sujetos políticos democráticos”. Desde el lado de la academia surgen grupos de estudio problematizando el cuerpo, la sexualidad, el género y la raza, el desarrollo moral. Es en este contexto que el trabajo de Corporación Región se desarrolla y que lleva a preguntarse por las direcciones de sentido en su quehacer respecto a tres grupos poblacionales claves en su historia: jóvenes, maestros/as, víctimas del conflicto armado.

Subjetivación y democracia: la potencia de la vida

“… que el yo de cada uno se intercambie en el yo común, dispersándose.”
Germán Espinosa. La tejedora de coronas.

Problematización

Se me ha convocado a escribir sobre “nuevas subjetividades” y la relación de Corporación Región con este campo de análisis social. No resulta fácil transitar por este abordaje sin considerar las condiciones que hacen posible esta invitación puesto que hoy sabemos que ningún “objeto” de conocimiento es natural, sino histórico (discontinuo) y contingente. En últimas, el concepto de subjetividad es, también, una producción social geo-históricamente referenciada; por lo mismo no existen conceptos a priori, universales y únicos, dados de una vez y por siempre.

Pero, además, los conceptos emergen al calor de luchas de poder, y el campo del sujeto y la subjetivación no están exceptos de ellas. Si las instituciones agencian saberes, discursos y prácticas, si además están situadas en una red de relaciones de poder, un análisis institucional de Corporación Región debería preguntarse, entre otras cosas, por las maneras en que históricamente instauró una relación con la población objeto de su intervención. ¿Cómo sus discursos, prácticas y localización estratégica en el campo de la ayuda humanitaria y al desarrollo, incidieron en el contorneo y subjetivación de los cuerpos a quienes dirigían sus acciones?, ¿eran fuerzas tristes, adoloridas, tanáticas? o por el contrario, ¿eran fuerzas de la alegría que buscan potenciar la vida desde la creación y la libertad colectivas?; ¿hace una década, dos décadas, las academias y las organizaciones sociales en Colombia cómo articulaban o modulaban el saber sobre la subjetividad?, ¿qué hace que una institución, cuya misión está instalada en el campo de las “intervenciones sociales”, se pregunte hoy directamente por las subjetividades contemporáneas y su hacer respecto a ellas?

Perspectivas

Para sintetizar diré que existen dos perspectivas de comprensión en este terreno: una, delimitada por la relación sujeto – subjetividad, que hace relación al sujeto como entidad estable, universal y homogénea. El ser es atribuido con categorías que expresan estados del ser, de ahí que se exprese en términos identitarios que organizan, jerarquizan y homogenizan. Por ejemplo: ser joven, ser víctima, ser mujer, etc. Esta perspectiva identitaria puede decirse que remite a la autoridad y al autoritarismo: usted es esto, aquello, sin oportunidad de reproche.

La otra perspectiva hace parte de la filosofía de la diferencia y considera que el sujeto está en devenir permanente, las categorías identitarias son construcciones socioculturales emanadas de una voluntad de poder. Por eso en esta perspectiva lo que existen son modos de subjetivación por los cuales se normalizan y estandarizan los cuerpos. De ahí que la tarea sea la del análisis crítico que lleva a develar los poderes que instituyen ese llamado sujeto (saberes, prácticas, instituciones) y, resistirse a ellos desde la des-identificación, buscando posibilidades de invención que instituyan estilos de vida colectivos y ecosóficos²; tarea nada fácil si se considera el tejido de creencias heteropatriarcales³ encarnadas en el ser sujeto. Esta segunda línea de problematización es en la que este texto se localiza.

Para que se entienda, retomo las categorías identitarias ya referidas. Una lectura crítica de ellas encuentra que el discurso de la inclusión de poblaciones marginadas llámense mujeres, jóvenes, afro, se sostiene en una lógica logo-racista- patriarcal. Somos “nosotros”, el Centro quienes nos dirigimos a “vosotros” y decidimos incluirles, incluso ya habíamos decidido que estaban excluidos. La operación que aquí se hace es la de capturar las fuerzas de la creación presentes en la subjetividad e investirlas identitariamente para que sean instrumentalizadas por el mercado; pero no solo se captura su fuerza de trabajo sino toda su existencia vital.

Corporación Región entre contextos

En los años setenta se hace palmario un proceso de crisis económica que en Antioquia se evidencia con el inicio de la desindustrialización de las empresas textiles, al tiempo que la economía ilegal del narcotráfico emerge. Hay aquí el crisol de lo que sería una “nueva época”, pues a nivel mundial y latinoamericano en los años 80 emerge una racionalidad diferente a aquella de la sociedad disciplinaria con sus discursos de nación y patria, esta nueva racionalidad es el neoliberalismo. Así, se formula lo que podría denominarse un dispositivo democratizador en el cual las formulaciones sobre el desarrollo se redibujan introduciendo el concepto de democracia.

Se dice entonces, que no hay desarrollo sin democracia, perfilándose la gobernanza como una nueva manera de gobernar oponiéndose al concepto de gobernabilidad. Empiezan a jugar nuevos valores que irán configurándose en estrategia democratizadora de la sociedad, junto a una subjetividad individualista y consumidora. La participación, los derechos humanos, el reconocimiento de nación multicultural, valores como la tolerancia, la responsabilidad, la reflexión crítica se anuncian como los valores que, en Colombia, contrarrestarán la violencia que comienza a arreciar, según los diagnósticos del momento, y conectarán a la nación con el mundo globalizado. Una huella de esta nueva racionalidad es la reforma curricular de 1984 formulada desde la idea de la educación para la democracia dejando atrás la educación cívica⁴ y también, la misma creación y multiplicación de ONG⁵ que toman como su campo de trabajo la democratización de la sociedad.

La Carta Política formulada en 1991 lanza la pregunta por las ciudadanías a formar; la educación escolar es interpelada acerca del sujeto ciudadano al tiempo que se implementan procesos de educación social con el objeto de “construir sujetos políticos democráticos”. Desde el lado de la academia surgen grupos de estudio problematizando el cuerpo, la sexualidad, el género y la raza, el desarrollo moral. Es en este contexto que nace Corporación Región y se desarrolla su apuesta política.

Sujeto neoliberal y política

Hasta la década de 1970 la lógica de análisis y de acción política se orientaba por la concepción de la lucha de clases que establecía a la clase obrera como sujeto de la transformación social hacia el socialismo; las contradicciones capital trabajo permitían sostener este paradigma. Pero, además, el capitalismo industrial se interrelaciona con una racionalidad de relacionamiento sociopolítico que es la biopolítica, que se expresó en el control sobre la vida individual y poblacional desde el disciplinamiento de los cuerpos en un orden jerarquizado que buscó la obediencia y la productividad.

Desde los años setenta del siglo XX comienza a visibilizarse una transformación del orden económico y político predominante en el mundo. Se presentan, al menos, dos situaciones: una, es el desencanto en América Latina, con la revolución y el surgimiento de la democracia como opción de cambio de la sociedad. La democracia se constituyó en una racionalidad extensiva a diversas prácticas sociales, políticas y económicas que colocó en tensión la resignificación que hizo de ella el neoliberalismo en términos de gobernanza (democracia como procedimiento) y la aspiración a la democracia por el campo popular (democracia como estructura, radical); de aquí el concepto del dispositivo democratizador en tanto racionalidad micropolítica y macropolítica que cataliza los conflictos sociopolíticos.

Un indicador de este giro del socialismo como proyecto emancipador a la democracia es la realización de la “Conferencia sobre «las condiciones sociales de la democracia» que organizó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 1978 en Costa Rica.” (Lechner, 1988). El mismo Lechner relata en 1985 la manera como se construye el dilema de la izquierda latinoamericana entre socialismo o democracia en los años 80:

También en América del Sur las izquierdas sufren una crisis de proyecto. […] La idea de una sociedad socialista pareciera haber perdido actualidad. […] En este contexto de disgregación, pensando a partir de la derrota, es en buena parte mérito de intelectuales de izquierda haber planteado la democracia como la tarea central de la sociedad. La construcción del orden social es concebida como transformación democrática de la sociedad. (Pág. 24)

La segunda situación, que es correlativa a la primera, es la configuración de una nueva forma de poder y dominación: el neoliberalismo. En la opinión común se extiende la idea de que el neoliberalismo se refiere a la preponderancia del mercado sobre el Estado y la privatización de todos aquellos derechos que de alguna manera se garantizaron en el Estado de bienestar. Sin embargo, diversos estudios proponen que el neoliberalismo configura una racionalidad, visión del mundo, en el que la “Empresa” se constituye en el paradigma que configura las relaciones sociales y políticas hoy. (Ver: Laval y Dardot, 2013; Brown, 2017).

El sujeto del neoliberalismo es el emprendedor o sujeto empresa que hace suyos los deseos de los accionistas de la empresa para la que labora. Al sujeto emprendedor se le promete autonomía y libertad, pero ellas están sometidas a su propio rendimiento y eficacia, valorados continuamente por procesos de evaluación que involucran los accionistas, la empresa y sus clientes. Así mismo, este sujeto está sometido a la máquina de servidumbre del consumo que le señala qué y cómo desear, eso sí, es imperativo el goce. La nueva ecuación del sujeto es la producción y el goce de sí mismo, rendimiento y libertad-felicidad en el consumo. Si la disciplina implicaba todo un trabajo de acciones sobre el propio cuerpo, la población y las relaciones de estos con el medio que habitan desde la biomedicina, ahora, en la sociedad neoliberal el gobierno sobre los sujetos se establece a distancia, de ahí la importancia de la comunicación, la publicidad y la psicología. Pasamos de la sociedad panóptico a la sociedad sinóptico en la que toda la sociedad observa una vida que convierte en modelo de su propia vida: reality, farándula, influenciadores de opinión, etc.

Es importante destacar que la construcción del sujeto empresarial o del emprendimiento es posible por la confluencia de discursos y prácticas procedentes de la economía y las ciencias de la conducta (campo psi) que le definen sus atributos: ser competitivo, responsable de sí y autosuficiente, concebirse como capital humano en constante formación y construcción de sí mismo para mantener su valor e incluso incrementarlo. La consigna neoliberal es la misma de los manuales de autoayuda: “no busques responsables fuera de ti mismo”. No en balde la actualidad del coaching para el diseño de proyectos y estilos de vida, formar en la auto responsabilidad y toda la modulación del discurso psicológico en la vida cotidiana⁶ y aún en procesos de formación o educación social. En este último sentido también llama la atención la manera como el Estado intervino procesos originados en las pedagogías críticas, como la educación popular, para operar sus estrategias educativas. Para ello introdujo modificaciones conducentes a la formación de ciudadanía republicana, anestesiando la dimensión política, dando mayor lugar al individualismo y confundiendo la acción colectiva con el trabajo en equipos. Al respecto puede consultarse el modelo educativo desde el cual la alcaldía de Medellín orienta sus procesos educativos⁷.

El neoliberalismo emerge en el contexto del desplazamiento del predominio del capital industrial por el capital financiero, con lo que el predominio de la contradicción capital trabajo es desplazado por la economía de la deuda y con ello el conflicto se plantea en el par acreedor deudor, sostenido en la promesa de pago del segundo, al decir de M. Lazzarato (2013). Si hasta este momento el crédito era una práctica estatal y empresarial, ahora todas las personas son bancarizadas; sus deseos son capturados por la máquina crediticia que garantiza al individuo la materialización de aquellos deseos previamente instalados en su vida por el dispositivo de consumo.

Con esta nueva configuración del capital las luchas resultan incomprensibles en términos de la dialéctica⁸ porque la lucha de clases se vuelve inoperante en las nuevas condiciones. Los deudores no tienen clase, hacen parte de todas las clases, además, el sistema financiero ya no puede confrontarse de la misma forma que puede hacerse desde la fábrica; entre otras cosas, porque la comunidad sólo existe como simulacro, expresado en las redes sociales a través de sus likes. Este sistema de dominación del endeudamiento es presentado así por Lazzarato (2013):

La relación entre acreedor y deudor refuerza los mecanismos de explotación y dominación de manera transversal porque no hace distinción alguna entre trabajadores y desempleados, consumidores y productores, activos e inactivos, jubilados y beneficiarios del salario mínimo.

En Argentina, el profesor Alexandre Roig (30 de septiembre, 2018), siguiendo a Lazzarato en su crítica a la lógica de la dialéctica marxista, propone que las luchas políticas de esta contemporaneidad se desarrollan por desplazamiento y no por confrontación en términos de la lucha de clases. Para explicar su planteamiento recurre a las luchas feministas y decoloniales, en ambos casos lo que se busca no es la sustitución de un eje de dominación por otro; por ejemplo, que las mujeres sean quienes dominen, sino el desplazamiento de la lógica del poder patriarcal presente en el conjunto de las relaciones sociales; o en el caso decolonial el desplazamiento del poder blanco.

El lugar de la experiencia

A modo de visualización de posibilidades críticas y de creación de acciones de resistencia a las pulsiones tanáticas del mundo, o mejor, a la necropolítica instalada en el ejercicio de gubernamentalidad en nuestro país, presento los ejercicios experimentales realizados en el programa de Migraciones y Derechos Humanos de Corporación Región durante el periodo 2005 y 2010⁹. El enfoque propuesto de análisis crítico de los modos de subjetivación sirvió de base teórico conceptual y metodológica para el diseño de los procesos educativos.

La premisa inicial fue que no eran suficientes las lecturas macropolíticas, que leen el mundo como una exterioridad objetivada por un sujeto rey, desconocedoras de la micropolítica, es decir de la esfera de constitución de las subjetividades situadas. Se concibió entonces que una búsqueda emancipatoria¹⁰ de los sujetos debía transitar por entender la formación como una experiencia de trabajo sobre los mismos cuerpos encarnados por imaginarios que capturaban y vampirizaban la vida.

Llamo entonces algunos de los referentes que entonces esbozábamos como colectivo de trabajo:

El cuerpo: Entendiendo el cuerpo como el plano donde se manifiestan todas las fuerzas (políticas, sociales, económicas, eróticas, etc) (Pabón, 2001), el que permite relacionarnos con el cuerpo como dispositivo transformador, en este punto el llamado de atención se centra en la necesidad de lograr disponibilidades diferentes desde el cuerpo y la mente a las aprehendidas y socializadas. Retomando a Beatriz Ángel, integrante del equipo de trabajo, es reconocer la flexibilidad corporal como una cualidad y un atributo del cuerpo, que nos hace creativos, resistentes, y persistentes. Creativos en cuanto nos permite la posibilidad de descubrir otras formas de movimientos y posicionamientos del cuerpo, connaturales a cualquier cuerpo, y no dependientes de las formas del mismo.

Diferenciamos dos disposiciones corporales: cuerpos sujetos y cuerpos sometidos. Éstos, son victimizados, despreciados, consideran que no pueden se sujeto de derechos, mucho menos exigirlos. En últimas cuerpos estigmatizados y segregados por diversas fuerzas sociales de sometimiento que convergen en una misma persona, y que no estamos seguros de constituir un solo cuerpo¹¹: sexualidad (heterosexualidad), género (patriarcado), raza (blanca), oficio (intelectual, financiero, creativo, burócrata), lugar (centro), economía (riqueza). Ahora bien, el cuerpo es la materia en la que se encarnan las subjetividades y las hacen visibles socialmente.

Las Subjetividades y el reconocimiento identitario: Entendiendo las subjetividades como campos de fuerza ordenados por relaciones de poder inmanentes al orden sociopolítico y que son actualizadas permanentemente desde la experiencia y posibilidad de libertad de cada sujeto. El proyecto se sitúa en el intersticio del régimen social y la libertad individual para la resignificación de los cuerpos, las subjetividades, las identidades e imágenes que las personas construyen de sí mismas, sus atributos, sus señales distintivas. Estas son afectadas a causa de la violencia y el desplazamiento forzado por la violencia política, al perder sus prácticas cotidianas ligadas con la alimentación, el trabajo, el territorio, las prácticas culturales y los roles sociales, al ser afectado su estatus, lenguajes, formas de transacción, solidaridad y reciprocidad.

La memoria: partimos de la función liberadora de la memoria, la necesidad y posibilidad de nombrar y sentir, en especial cuando esto no ha sido permitido (el dolor, el miedo, la angustia, la desesperanza). Es una intervención psicosocial que implica recordar las pérdidas, los miedos, hacer duelo de los hechos para darles una salida creativa y liberadora, es decir poner en relación el pasado con el futuro a través del presente (Uribe, 2005). Permitir reconstruir los proyectos de vida personales, para poder construir a su vez proyectos colectivos.

El proceso de formación utilizará una metodología abierta, flexible, problematizadora, construida colectivamente partiendo del reconocimiento de la experiencia y de las lógicas situacionales (socio praxis, la IAP) planteadas por los y las participantes, reconociéndolas a través de la palabra, el gesto, lo escrito, entre otros, que nos permita reflexionar, imaginar, recrear y construir colectivamente el currículo.

Cada sesión cuenta con estrategias didácticas que permitan fortalecer y potenciar las competencias lecto-escritoras y de matemáticas, para mejorar sus niveles de comunicación se desarrollaron ejercicios de motricidad fina, de memoria, de lectura, escritura, entre otros.

Construcción de un espacio de encuentro, que posibilite reflexiones desde la experiencia personal, la cotidianidad y cuerpo, para ello se establecieron elementos de forma como: ambientes propicios, donde lugares, la música, la comida, el rito, el baile, las imágenes, la ambientación ocupan un lugar central.

Encuentros que permiten tiempos para el ocio, la tranquilidad, la reflexión, el descanso, el goce, la recreación y el reencuentro de los cuerpos, así mismo, momentos de formación frente a temáticas específicas, según el currículo construido colectivamente.

El grupo poblacional hacia el que se dirigieron las acciones de Corporación Región se definió como: víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado, mujeres y hombres, heterosexuales, campesinos/as, mestizos, pobres, rurales, analfabetas. La tarea fue entonces, provocar en esos cuerpos las posibilidades de que se configuraran como cuerpos sujetos de derecho, pues en su mayoría asumían, desde su constitución sociopolítica y psíquica, que no eran merecedores de derechos. Esto significó incitar la formación de subjetividades desde los órdenes: de la letra (alfabetizar), urbano (cohabitar un nuevo territorio, derecho a la ciudad), civilizatorio (reconocimiento de la ley, solución pacífica de conflictos, cuidado sobre sí mismo/o y las demás personas, seres y cosas, solidaridad, cooperación).

Con estos referentes teóricos y orientaciones se realizó un encuentro entre el equipo del proyecto y organizaciones de víctimas de desplazamiento forzado en los que se buscó convalidar un diseño previo del proceso. Este encuentro evidenció la potencia del cuerpo y la palabra como posibilidad de crear confianzas, vencer miedos y generar posibilidades de construcción de acciones colectivas.

Además, se estableció que la denominación de un nombre que diera cierta identificación colectiva transitoria era importante para canalizar los deseos individuales y el interés por hacer grupo. Entonces, surge un símbolo material tangible: “La Rueca”. Máquina artesanal de hilado que se convirtió en metáfora del hacerse cuerpo colectivo. Ella posibilita la generación de múltiples tejidos, que tuvieran en cuenta los diversos ritmos, tanto los individuales como los colectivos que se fueran presentando, e igualmente, permitió convalidar la importancia de fomentar la lecto-escritura y las habilidades comunicativas orales y escritas, como herramienta para situarse y hacerse parte de la ciudad.

Cada sesión se ordenó siguiendo tres líneas de composición: cuerpo, letra, saber de experiencia. Así las estrategias pedagógicas que permitieron fortalecer y potenciar las competencias lecto-escritoras para mejorar sus niveles de comunicación; cada participante llevo un diario en el que plasmó sus impresiones, reflexiones, preguntas, sentimientos, respecto a lo que sucedía cada domingo en La Rueca. A la par se desarrollaron ejercicios de motricidad fina, de memoria, de creatividad, de trabajo en equipo, de reconocimiento del cuerpo, entre otros. Es claro que los ejercicios fueron transversales a las temáticas que se desarrollaron durante el proceso de formación y que se acude a las relaciones de solidaridad establecidas entre los y las participantes.

La Rueca se conformó, como un espacio de encuentro en construcción permanente, que posibilitó reflexiones críticas desde la experiencia personal, la cotidianidad y el cuerpo, e intentar avanzar en el bosquejo de un proyecto ético político de lo común.

Coda

Beatriz nos invitó a despertar el cuerpo a través de ejercicios corporales en los que era necesario desprendernos de todo lo que llevábamos en la mano, pero, además, los zapatos. La mayoría fue reacia, al principio, a quitarse los zapatos ya que decían que tenían las medias rotas, que tenían “pecueca” (sic), que les daba pereza, etc. Pero finalmente accedieron y se dispusieron para los ejercicios de estiramiento. Luego Beatriz dirigió la formación de La Rueca con los cuerpos, es decir, de nuestra Rueca. Poco a poco se despegaron de Beatriz y dirigieron ellos mismos la actividad. Primero comenzó Derly a sugerir su posible modelo y después, al verla un poco enredada, Jairo decidió a colaborar. Con la colaboración de todos los cuerpos de las personas participantes se formó La Rueca. Esta actividad tenía como objetivo que las personas se apropiaran del símbolo y que comprendieran que el proceso que sigue en La Rueca puede ser divertido pero que a su vez requiere esfuerzos de todos y sobretodo, consensos para que no deje de funcionar.

Referencias bibliográficas

Bedoya Hernández, M. (2018). La gestión de sí mismo. Ética y subjetivación en el neoliberalismo. Medellín, editorial Universidad de Antioquia.

Brown, W. (2017). El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Barcelona, España. Malpaso ediciones.

Cortés Salcedo, R. A. (5 de julio, 2012). Prácticas de ciudadanización en la escuela contemporánea. Colombia 1984 2004. Tesis doctoral. Universidad Pedagógica Nacional.

Curiel, O. (2013). La nación heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. Bogotá, Brecha Lésbica y en la frontera.

Laval, C. y Dardot, P. (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona, Editorial Gedisa.

Lazzarato, M. (2013). La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal. Buenos Aires, Amorrortu.

Lechner, N. (1988). Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política. Santiago de Chile, Flacso.

Pabón, Consuelo. (2001). Construcciones de Cuerpos, Instituto de Derechos Humanos. Guillermo Cano, ESAP.

Roig, Alexandre. (30 septiembre, 2018) Subjetividad y conflicto en el neoliberalismo. Clase 1. Facultad Libre. En este enlace. Consultado el 15 de junio de 2019. 

Uribe, Maria Teresa. (2005) Memorias, Historias y Ciudad. Desde la Región. No 44. Julio 2005

Palabras clave:

Democracia, vida, subjetividades, sociocultura.

Notas al pie:

^{1 Historiador, magister en Historia. Hizo parte del programa de Migraciones y Derechos Humanos de Corporación Región en el periodo 2005 – 2010. Agradezco a Catalina Cruz y Leonor Marina Restrepo por sus comentarios.
2 La ecosofía desplaza la visión antropocéntrica del mundo por la biocéntrica, en la que no existe un orden jerárquico del mundo sino una red de relaciones de los seres y las cosas entre si configurando un pacto social que incluye a todas las formas vivientes y no vivientes que configuran el planeta como la casa común.
3 El concepto de heteropatriarcado propone que el modo de dominación patriarcal (masculino) se realiza desde el control de la sexualidad y el cuerpo atendiendo a un régimen político heterosexual. (Curiel, 2013)
4 Ver: Cortés (5 de julio, 2012)
5 Dada la importancia de las ONG en su intervención del campo sociopolítico del país, una investigación de carácter genealógico (Foucault) sobre su intervención social y política, y sobre todo sobre la manera en que contribuyeron en la configuración del sujeto ciudadano daría muchas pistas sobre la formación de la nación colombiana en esta contemporaneidad.
6 Un interesante análisis sobre el uso de las psicociencias en la formación de los sujetos contemporáneos es el realizado por el profesor Mauricio Bedoya (2018).
7 Ver: Sistema de formación ciudadana para la participación. Secretaría de Participación Ciudadana. Alcaldía de Medellín. (2016). Lineamientos conceptuales y metodológicos para la implementación de la propuesta formativa del Sistema de Formación Ciudadana para la Participación. Documento obtenido por derecho de petición en junio, 2018.
8 Una crítica a la lógica marxista de la dialéctica por tratarse de una postura de la negación universalista se encuentra en la obra de Lazzarato que, siguiendo a G. Tarde y G. Deleuze propone que se trata de una lógica de la multiplicidad tal como lo evidenció M. Foucault respecto al sujeto y el poder.
9 Los documentos base de este apartado son: Informe a los procesos Rueca y Ensamble según un cuestionario del Área de pedagogía y el otro diseño de un proceso de formación dirigido a organizaciones sociales de la ciudad denominado: Círculo del noroeste. Proceso de formación en democracia, derechos humanos y territorio con organizaciones sociales y experiencias colectivas de Medellín. Fuente: Archivo personal.
10 En la tradición de las pedagogías críticas les “sujetos emancipados” son una finalidad formativa, sin embargo, se puede afirmar a partir del análisis de los modos de subjetivación, que ésta es una pretensión ilusoria. Los sujetos siempre están atrapados en relaciones de poder, el asunto está en cómo resistirse a estos poderes.
11 Dispositivo de segregación y diferenciación social, en paréntesis la norma vértice.}

Resumen

Este texto desanda los pasos que Región ha dado en dos décadas de asumir un enfoque de género, es un paseo por proyectos, preguntas, documentos y reflexiones que nos sitúan hoy como una organización que reconoce los niveles de equidad y desigualdad entre hombres y mujeres, que se distancia de posturas esencialistas con relación al género y que trabaja cada día de cara a la necesidad de mirar cada uno de los temas con los que nos comprometemos con múltiples lentes y perspectivas. 

“Porque es claro: La democracia sin mujeres, no es posible ya”¹

La Corporación Región nació para hacer de la democracia una realidad en la vida de la ciudadanía, a través de la acción y la reflexión. A una década de existencia emergió una pregunta crucial: ¿y las mujeres? Como institución mixta, ad portas de un nuevo siglo y una alta dosis de preguntas y de retos, le surge un asunto más: el género, vigente entonces y ahora como pregunta, reflexión y orientación de todo nuestro quehacer, desde el modelo de acción, las relaciones interinstitucionales, la actuación política y social y obviamente nuestra vida cotidiana. Este texto relata dos décadas incorporando y asumiendo el concepto de género; es un repaso por preguntas, debates, documentos, proyectos y reflexiones que nos sitúan hoy, como una organización que reconoce la inequidad, la desigualdad y las diferencias entre mujeres y hombres, desde múltiples lentes y perspectivas sin posturas esencialistas.

Finaliza el siglo, comienzan las preguntas

Por el mundo se extendía la tercera ola feminista, la Marcha Mundial de las Mujeres fue convocada; continuaban los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe y en el marco de la IV Conferencia de Beijing, se hablaba de ciberfeminismo. Proliferaban las discusiones y críticas sobre la ‘oenegización’ del feminismo y la institucionalización por parte de Naciones Unidas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En medio de esa efervescencia, entre 1999 y 2000, las agencias de cooperación exhortaban a las ONG a incluir el componente de ‘género’ en los proyectos, estableciéndolo como criterio para la financiación; además, para que el tema ganara en contundencia, ofrecían formación en diferentes aspectos: incorporación del enfoque y la perspectiva de género en la planeación, evaluación y seguimiento de procesos, programas y proyectos.

Región aceptó el llamado y realizó un seminario interno (2000) sobre Feminismo y Democracia, cuya conclusión fue: “No existe democracia, sin la inclusión real de las mujeres al proceso democrático”. También, se identificó, que si bien la situación de vulneración de los derechos humanos de las mujeres había mejorado, las brechas de género en Colombia y el mundo, tenían un trecho amplio por recorrer, para alcanzar la igualdad jurídica real entre hombres y mujeres y, que la acción institucional debía aportar para lograrla. Entonces, se incorpora la dimensión de género en el Plan Trienal 2001-2003, considerando necesario el desarrollo de un proceso continuo, durante los tres años, para alcanzar un impacto significativo dentro de la organización y en los procesos que desarrollábamos (Arias: 2009). La planeación estratégica requirió también de esfuerzo, organización y compromiso institucional; así que se creó una comisión interna, en coordinación con la dirección y los equipos de trabajo. Para ese momento ya reconocíamos los aprendizajes obtenidos del feminismo y del movimiento social de mujeres.

En el editorial de la revista Desde la Región de noviembre de 2001, dedicada a revisar la dimensión relacional entre lo femenino y lo masculino, puede leerse:

“El reto con el que iniciamos el año fue el de cómo incorporar en nuestros procesos esta necesaria dimensión de género que, en el caso específico de Región, como ONG mixta, significaba cómo hacer visible, asible y medible en este trienio, una dimensión de ciudadanía incluyente para las mujeres. Pensarlo así, implicaba demandas concretas en relación con: formulación de políticas institucionales en cuanto a la ciudadanía de las mujeres y a los roles desempeñados en lo público, lo privado y lo social; articulación del tema con la misión institucional, los programas y los proyectos; desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación; apertura al cambio y a otros procesos de concertación; comprensión del conflicto y la tensión entre hombres y mujeres como un ejercicio de democracia y generador de elementos de crecimiento individual e institucional; y disposición para vincular en forma sistemática la producción teórica del feminismo, en las áreas que le competen a cada programa. Lo anterior en cuanto a demandas institucionales. Porque también las había en lo personal: significaba que cada hombre y cada mujer partícipe de la reflexión emprendida, no sólo debía pensar en el aporte a una mayor visibilización y equidad para con las mujeres desde el proyecto que desarrolla, sino que, para ello, debía mirarse, situarse, pensarse, sentirse, descubrirse, reconocerse, expresarse, frente a la piel con que se ha vestido durante toda su vida”.

En Colombia durante aquellos años, varios grupos y organizaciones de mujeres: Casa de la Mujer, Corporación Vamos Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red Nacional de Mujeres, producían conocimiento, pedagogía y metodologías de trabajo con mujeres, desde el feminismo. Olga Amparo Sánchez Gómez reconocida feminista, fundadora de Casa de la Mujer, acompañó el proceso de incorporación y desarrollo del enfoque de género en Región; su asesoría fue clave y tuvo como efecto la conformación de una comisión asesora externa, con un encargo reflexivo y deliberativo desde los saberes y experiencias específicas de las integrantes: Rocío Pineda La política y la relación con el Estado; Clara Mazo Pedagogía y formación; Rocío Jiménez Estudios de mujer, género y desarrollo y Beatriz Montoya, trabajo organizativo. Sus sugerencias y aportes buscaban ampliar la visión institucional, proponer estrategias y contribuir a incorporar la dimensión en los proyectos e intervenciones de la Corporación. En retrospectiva, Rocío Jiménez, recuerda que:

“Entendíamos el género como una categoría de análisis eminentemente dialéctica que nos permitía reconocer los desequilibrios evidentes en la sociedad. El enfoque nos centró en el análisis de la condición de la mujer y su situación con respecto a los hombres, poniendo el énfasis en la dimensión relacional y en el carácter cultural, político y cambiante de las diferencias, que involucraban los femeninos y los masculinos, eso nos llevó a cuestionar las definiciones esencialistas y victimizantes… ”²

Con el enfoque de género comprendimos que había que cuestionar y cambiar el sentido y el orden de los contenidos asignados a la vida de las mujeres, sostenidos por el patriarcado, entendido según explica Marcela Lagarde (1990) como la suma de tres características determinantes: el antagonismo genérico, la división al interior del género femenino y, el machismo basado en la exaltación de la fuerza y la virilidad. Entonces, analizábamos desde todos los espacios de toma de decisiones, ¿quién tiene acceso a qué? ¿quién decide y qué y quién define las agendas? Nos propusimos desarrollar mecanismos representativos para reconocer las diferencias y desigualdades y, desde la perspectiva de género, reordenar y equilibrar las relaciones en y entre las esferas públicas y privadas garantizando la proporcionalidad entre mujeres y hombres.

Teníamos claro entonces que asumir la categoría, el enfoque y la perspectiva de género como categoría, estrategias y herramientas para la transformación de las relaciones de poder, significaba instar a la sociedad a develar la híper valoración de lo masculino sobre lo femenino y a deconstruir las relaciones de poder y las jerarquías que discriminan social, económica y políticamente a las mujeres. Un asunto con implicaciones éticas, políticas y simbólicas profundas que también, nos atravesó en lo personal y en la cultura institucional, exigiéndonos renovación.

Con estas convicciones se explicitó en los planes institucionales, la preocupación por la inequidad entre mujeres y hombres. En la Misión del Plan 2004 – 2007, Región se define como “una organización: promotora de la paz, la democracia, la equidad y la inclusión; que reconoce la diversidad cultural; comprometida con el medio ambiente; que trabaja por relaciones equitativas entre géneros y generaciones y por una ciudadanía plena para las mujeres y los hombres”. Sin embargo, así como asumimos que era “impensable proponer proyectos de ciudad y de democracia, sin la otra mitad de la ciudadanía que reclama hacer uso del lugar legítimamente conquistado y de su condición como sujetos de derechos” (Arias, 2007), también, aprendimos que “existe un enorme peligro de salida fácil con el tema, al reducirlo a una ‘cuestión técnica’… creer que con llevar una contabilidad de destinatarios diferente o agregar en los documentos el ‘los/las’ basta” (Villa, 2001). Esa comprensión nos significó mayores exigencias.

Cronología de un nuevo siglo… en perspectiva de género

En muchas acciones institucionales de principios del siglo XXI, el género fue protagónico: Género y Convivencia Barrial. Equidad de género para la convivencia barrial (2003), fue un Proyecto financiado por la agencia sueca Diakonia; adelantado con mujeres y jóvenes pobladores de los asentamientos de Altos de la Torre y Pacífico y con los gobiernos escolares de 14 instituciones educativas de la zona Centroriental de Medellín. Como institución mixta cuya proyección se realizaba con hombres y mujeres, Región mantuvo la pregunta por las implicaciones del enfoque de género, en relación con las masculinidades no hegemónicas, siendo esta una forma contundente de evitar reducir el género a simples cifras diferenciadas; esto motivó la realización de un seminario sobre masculinidades (2005) en el que se involucraron los equipos de trabajo de los distintos programas, ganando en compromiso y comprensión del tema.

En 2007 hicimos un ejercicio de caracterización y formación con cincuenta mujeres –delegadas del Presupuesto Participativo– de las comunas y corregimientos de Medellín. De allí, en convenio con la Unión de Ciudadanas de Colombia y la Secretaría de las Mujeres de Medellín (2008) surgió el Entrenamiento para el liderazgo social y político de las mujeres. Esta experiencia suscitó discusiones en la Corporación, pues requirió sumarnos a otros equipos de trabajo cuyos enfoques metodológicos, desde nuestra mirada, reproducían el orden social existente –ejemplo, el entrenamiento o coaching–, lo cual implicaba poner en discusión nuestras convicciones y mantenernos alertas ante el riesgo de la instrumentalización del concepto de género.

También en el 2007 vio la luz el documento de enfoque institucional, Hacia la construcción de una postura feminista en el tema de la democracia y la participación democrática (Arias, 2007) ya citado, en el que se señala que el enfoque de género “se dirige a cuestionar y cambiar el sentido y el orden del mundo y los contenidos asignados a la vida de las mujeres, sostenidos por el orden patriarcal, y las implicaciones éticas y políticas profundas que van desde la renovación de ordenes culturales, simbólicos, personales, hasta los institucionales”. Se reafirma la participación activa y plena de las mujeres como condición para que la democracia sea real y efectiva. Igualmente, se plantea la necesidad de asumir compromisos institucionales como el de “incentivar el derecho que tienen las mujeres a ser representadas individualmente mediante el ejercicio del voto, a presentarse en elecciones, pero también, a constituirse como grupo y a la inclusión de sus agendas en las políticas públicas”. Este documento ha sido y es hoy, vigente como carta de navegación para la Corporación.

Para el 2008, se asume el reto de trasversalizar la incorporación del enfoque y la perspectiva de género en todos los programas, tocando así la triada del modelo de acción institucional: formación de actores sociales, producción de conocimiento y deliberación pública. Se inicia la participación continua en espacios interinstitucionales como la Mesa Mujeres y Economía y la Ruta Pacífica de las Mujeres, adquiriendo mayor conocimiento sobre: la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en la ciudad y su invisibilización; el fuerte arraigo de prácticas machistas y patriarcales en nuestras dinámicas socioculturales e imaginarios sociales; y el lugar social del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas, tanto en la esfera privada como en la pública, entre otras realidades. Todo esto, en conjunto con un trabajo cada vez más cotidiano y cercano con mujeres en situación de desplazamiento forzado o víctimas de violencias, en el marco del conflicto armado, evidenció la necesidad de una acción diferenciada, desde el enfoque, las metodologías, las didácticas e incluso los aspectos logísticos.

Ese mismo año, el programa de Derechos Humanos lideró procesos formativos y de acompañamiento jurídico y psicosocial con población en situación de desplazamiento, como La Rueca o el Ensamble de iniciativas juveniles. Aquí, de forma particular, tuvo protagonismo el enfoque de género, pues “permitió que se pusieran en discusión las relaciones de poder y la subordinación como elementos importantes en la comprensión de la guerra” (Región, 2015), asunto que nos llevó a comprender los efectos diferenciados del conflicto armado en hombres, mujeres y jóvenes. Por su parte, el Programa de Educación lideró el proyecto Derechos de Infancia, integrando normativa y principios de actuación que ayudaron a romper las construcciones culturales desiguales y a incidir en la defensa de los derechos de las niñas y los niños, fomentando la igualdad de condiciones entre ambos géneros, desde la infancia.

De un lente a un caleidoscopio, de un enfoque a múltiples miradas

En coherencia con las acciones realizadas en los últimos nueve años, especialmente aquellas que involucran víctimas de desplazamiento forzado; se inicia la indagación por el enfoque diferencial (Región, 2009), lo cual nos permitió avanzar en el reconocimiento de la tensión existente entre: igualdad-diferencia (género, generación, etnia, orientación sexual, clase), identidad, reconocimiento y multiculturalismo. Al integrar este enfoque, que desde hace algunos años está incorporado en las políticas públicas globales y nacionales, pudimos conocer la diversidad de las reivindicaciones identitarias.

La incorporación de los enfoques de género y diferencial en nuestro modelo de acción –formación, investigación e incidencia– ha facilitado que los procesos liderados por la Corporación, aporten a la lectura de las particularidades de las necesidades de personas y grupos, de acuerdo con su pertenencia a categorías como el género, la generación, la etnia, la orientación sexual y los contextos socioculturales, permitiendo el cruce con sus lugares diferenciados, posiciones sociales y requerimientos; asuntos que han cobrado importancia tanto en el momento de la identificación de los problemas, como en la implementación de las acciones, su desarrollo y seguimiento (Región: 2009). En este sentido, vale la pena destacar proyectos como el de formación para la incidencia política con mujeres víctimas de la violencia, inscritas en la Mesa de Participación de Víctimas (2012); Gestoras de Memoria y Paz (2013); Escuela Itinerante de Paz –relacionando la gestión pacífica de conflictos y la mediación comunitaria desde la perspectiva de género– (2012) y; Fortaleciendo Ciudadanía para la paz (2016 – 2017).

En todos estos procesos, el cuerpo también fue una categoría central en las acciones pedagógicas, reconociéndolo como el primer territorio afectado y la primera posibilidad de resistencia. Con el enfoque diferencial establecimos: la diversidad de cuerpos, corporalidades y vivencias físicas y sociales en las acciones desarrolladas; las discriminaciones y subordinaciones históricas, fundadas en las nociones hegemónicas y binarias del género, pero también, en otras diferencias del cuerpo y las maneras de asumirlo. Estas segregaciones han sido causa determinante de una serie de violencias, algunas muy cotidianas y naturalizadas y otras que se exacerban en medio del conflicto armado, con el agravante de que son invisibilizadas y desconocidas por la sociedad, quedando en el silencio y la impunidad.

La Corporación Región ahora, quiere profundizar la compresión sobre la interseccionalidad (Viveros ,2016), un enfoque caleidoscópico que muestra las múltiples exclusiones y discriminaciones que se superponen y se cruzan, empeorando la situación de quienes pertenecen a poblaciones excluidas o marginalizadas. La intensidad del enfoque cambia, cuando se reconoce que: las violencias asociadas al género, la etnia, la edad, la orientación o identidad sexual, el lugar de procedencia o el barrio que se habita, pueden recaer sobre el mismo cuerpo o sobre la misma comunidad. Uno de los procesos que en los últimos años nos ha permitido -y exigido- ver a través de un colorido caleidoscopio fue el proyecto de Fortalecimiento a la Mesa LGBTI de la Comuna 8 (2017), cuyo objetivo era prepararles para que actuaran como sujeto de reparación colectivo³, lo que significó un proceso de, formación para su organización interna, una estrategia comunicativa y la elaboración de un Plan de Reparación Colectiva. Este proyecto nos facilitó contemplar las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, lo que amplió la perspectiva de género, nos alejó del binarismo hombre–mujer y sembró nuevas preguntas y retos institucionales.

Democracia e igualdad: un cruce de sentidos, retos y posibilidades

Una de las claridades que hemos ganado, desde aquellas primeras discusiones, es que el patriarcado es una fuerza opresora y excluyente que se enuncia y reproduce desde todas las esferas de la acción humana y que en la cotidianidad suele hacerse invisible. Entonces nuestras actuaciones deben ser directas con mujeres y hombres, pues no podemos perder de vista, en ningún momento, que el enfoque de género es dialéctico y relacional. Es un reto interpelar la cultura y preguntarnos cómo transformar y deconstruir las subjetividades que están bajo el dominio patriarcal, para empezar a construir nuevas formas de relacionarnos, otras narrativas sobre lo femenino y lo masculino, y visiones de humanidad más justas, igualitarias e incluyentes. Desde nuestra perspectiva, el trabajo con las mujeres, es fundamental en tanto implica acciones afirmativas para contribuir a la equidad e igualdad de género. Sin embargo, la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres pasa por abrir espacios de diálogo y reflexión con los hombres, pues el orden patriarcal ha tendido sobre ellos el peso de unas maneras de ser y estar en la sociedad que también, los aliena.

Región mantiene vigente la premisa de que no existe democracia sin la inclusión y participación real de las mujeres; y cree que la búsqueda permanente de la democracia, hoy en Colombia, está profundamente vinculada a la construcción de una paz, en la cual las mujeres son protagonistas: ellas son quienes más sufren las múltiples consecuencias de la guerra, en sus cuerpos, su salud mental, sus vínculos familiares; y son ellas quienes dinamizan acciones de resistencia, memoria y reconciliación. Por lo tanto, pensar en la paz sin las mujeres, es aceptar una paz incompleta; y como organización de la sociedad civil, hemos asumido un compromiso profundo y decidido con la construcción de paz.

Los retos para Región en materia de género y aportes a la construcción de igualdad y equidad, recorren nuestro quehacer diario y cada uno de ellos, tendrá que ser un capítulo diferente de esta historia: la necesidad de afinar la elaboración de diagnósticos diferenciados, la producción de conocimiento, las estrategias comunicativas que visibilicen las exclusiones y aporten a la reflexión pública; la participación en escenarios de articulación interinstitucional e intersectorial que tengan las preguntas por el género en su centro; el trabajo formativo sobre las masculinidades no hegemónicas y la interseccionalidad; la consolidación de alianzas estratégicas con organizaciones de mujeres para ampliar y potenciar las acciones tendientes a implementar los acuerdos de paz y, la construcción de verdad y memoria histórica desde la perspectiva de género, son retos, son preguntas, son posibilidades para dar cada vez más sentido al supremo desafió de nuestra organización: la profundización de la democracia en todos los ámbitos de la vida.

Referencias bibliográficas

Arias Muñoz. L (2009) Propuesta para el plan de fortalecimiento Institucional. Documento interno.

Arias Muñoz. L (2007) Documento de enfoque institucional: Hacia la construcción de una postura feminista en el tema de la democracia y la participación democrática. Documento interno.

Corporación Región (2009). Claves pedagógicas desde el trabajo educativo Palabras Más N° 12. Claves Pedagógicas desde el trabajo educativo en la Corporación Región. Medellín.

Corporación Región (2007). El trabajo con organizaciones comunitarias y de mujeres en situación de desplazamiento forzado. En: PALABRAS MÁS No. 11: Una experiencia de inclusión social de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado.

Corporación Región (2014) Una rueca y la posibilidad de reconstruir tejido social. Disponible en este enlace.

Cruz. C (2015). Documento interno: Aportes para la discusión del plan institucional 2016 – 2019 de la Corporación Región

Dejusticia (2019). Ideología de género: ¿Demagogia o estrategia para retroceder en garantía de derechos? Maryluz Barragán, marzo 8 de 2019.

Lagarde, M. (1990). Identidad femenina. Secretaría Nacional de Equidad y Género, 25-32.

Villa, M. M. E. (2001). Lo masculino y lo femenino. Más allá de ser hombre o mujer. Desde la Región, (35), 4-11

Viveros Vigoya (2016): La Interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación, en: Debate Feminista 52, pp. 1–17.

Palabras clave:

Mujeres, democracia, género,inequidad,desigualdad.

Notas al pie:

^{1 En 2001 se publicó la revista Desde la Región: Algunas lecciones para aprender de los movimientos feministas y de mujeres, dedicada a las reflexiones sobre el género, lo femenino y lo masculino. Con esta frase se cerró el editorial de esta edición.
2 Entrevista con las autoras.
3 Figura que surge en el marco de la Ley 1.}

Resumen

Un campo de disputas simbólicas por la comunicación, cruzaba el horizonte de las sociedades latinoamericanas de finales de los años 80 y principios de los 90. Un conjunto de cambios en las estructuras políticas, sociales y culturales, significaron una expansión conceptual y de los modos de vida, en cuanto al ejercicio de la ciudadanía, el reconocimiento de lo popular más allá de lo masivo, el papel de los medios de comunicación frente al nuevo paisaje urbano y el reto pedagógico para el Estado y las organizaciones de la sociedad civil frente a un nuevo escenario de lo público.

La Comunicación para un proyecto democrático de ciudad

La pregunta por lo popular

Comenzando los años noventa, profesionales de distintas áreas, decidieron fundar La Corporación Región, después de retirarse del Instituto Popular de Capacitación (IPC), donde el ejercicio comunicativo, estaba anclado a la idea del periodismo de masas o periodismo para el pueblo, practicado con sindicatos y sectores populares con el fin de ayudarles a entender la realidad, desde una prensa de calidad. Este fue un tiempo de grandes contradicciones en el panorama político y social del país y la ciudad. Fue la época de la promulgación de una nueva Constitución Política, pero al tiempo que surgía esa institucionalidad, el narcotráfico ponía en jaque al Estado y desangraba a Medellín. En 1991 fueron asesinadas 7.273 personas, unas 266 por cada 100.000 habitantes¹ , entre ellos, una generación de jóvenes de los barrios periféricos que, seducidos por el dinero del cartel de Medellín o inocentes, cayeron bajo el fuego cruzado de quienes fomentaban aquella guerra urbana.

En ese caótico momento, con una democracia representativa desgastada por los poderes tradicionales, desconectados de los intereses de la sociedad civil y la población de amplias regiones del país, incluidas capitales como Medellín, sumidas en la inequidad y el abandono y, sin políticas que atendieran los problemas de fondo, se abre un panorama para la participación ciudadana y la transformación. El nuevo país, que acababa de pasar por un proceso de paz y la reincorporación de excombatientes de la guerrilla, se ilusiona con el cambio y allí, Región apuesta por contribuir al desarrollo y a la consolidación de un proyecto democrático en todos los planos: político, cultural, económico y social (Fernández, 2016).

La comunicación tuvo un papel central. Se trataba de construir nuevos imaginarios sobre lo público y posibilitar a los sectores, ahora reconocidos como populares y no únicamente consumidores estáticos de medios de masas, (lo que provocó extensas discusiones y autocrítica), entrar en la disputa simbólica por ocupar lo público, ser visibles, tener una voz y un lugar en sintonía con organizaciones que, en medio de condiciones tan adversas, creyeron que la vida también, estaba en esas esquinas estigmatizadas donde llegaban solo los periodistas, a contar muertos.

Región, desde el principio habló de comunicación para la democracia, como un campo de disputa cultural y de inclusión política, traducida en trabajo junto a pobladores que, por años, estuvieron a espaldas del desarrollo municipal. La idea era contar sus historias y que en ellas, encontraran rasgos identitarios que les hicieran sujetos de derechos y les introdujera en el destino de la ciudad, comprometiendo su capacidad de expresión e interpretación de la realidad urbana. La comunicación se convirtió no solo en un asunto de medios, sino de mediaciones. De allí que el texto de Jesús Martín Barbero fuera un pilar para el inicio. Como bien lo reconoció García Canclini (1991) en uno de los prólogos del clásico libro que sirvió como acicate para todo un conjunto de producciones que adelantó Región: Martín Barbero se aleja del indigenismo y el populismo, y considera que las esperanzas nuevas, se afincan más bien en los sectores populares urbanos; y ve, los resortes de una "institucionalidad nueva, fortaleciendo la sociedad civil" (p.12) en las "solidaridades duraderas y personalizadas" de la cultura barrial y de los grupos artísticos; en los graffitis y en la música juvenil, en los movimientos de mujeres y de pobladores pobres.

No se trataba de un descubrimiento, sino de un re-conocimiento a un sector social que, si bien ya estaba, comenzó a protagonizar su propia historia fuera de los parámetros de la dominación. Para Barbero (1991) entonces, lo popular hace parte de una historia sobre la constitución de lo masivo: “el ascenso de las masas a su visibilidad y presencia social” (p.10). El mismo Canclini (en Barbero, 1991), reconoció lo popular como una nueva estructura de transacciones sociales y políticas, ya no sometidas o explotadas. Para el caso colombiano, las lecturas de Pilar Riaño (1984) fueron fundamentales para entender las relaciones de vecindad, como las formas solidarias de adaptación y sobrevivencia entre los habitantes de las periferias, otrora pobladores rurales. Por eso, en el balance de los primeros 10 años de Región, se expresa:

“La comunicación es pensada ya no sólo desde la producción sino desde la percepción, y en este campo, el reconocimiento del sujeto popular desde la perspectiva del diálogo de saberes se convierte en clave comunicativa: no bastaba hablar de los sectores populares sino reconocerlos en sus lenguajes, estéticas e identidades y crear espacios de visibilización para que la ciudad viera sus rostros y escuchara sus voces. Esto se combinaba con la intencionalidad explícita de estar en los medios masivos de comunicación y no sólo en los llamados medios alternativos…) (Región, 1999).

De allí el interés de promover un pacto social democrático en la ciudad, donde la educación, la cultura, la participación y la planificación del territorio, desde miradas alternativas al desarrollo, especialmente entre la juventud, fue el centro de la acción misional. Para lograr incidencia, se requerían canales de comunicación propicios a la elocuencia de la diversidad popular, que emocionaran al conjunto de la ciudad, y lo suficientemente claros y concretos como para negociar con la institucionalidad. En ese caso, siguiendo a Barbero (1991), se entendió que el nuevo campo de socialización ya no pasaba únicamente por lo político, sino por lo cultural y, por consiguiente, en los medios de comunicación residía buena parte de esa función mediadora, representada en el melodrama como vehículo para la trama de las historias. Lo otro era cuestión de acompañar cuerpo a cuerpo en los territorios, de construir colectivamente esa ciudad, desde una mirada local.

García ratifica que desde Región:

“Las bases teóricas de las actividades desarrolladas en el sector de la comunicación estaban en los postulados de educación popular de Paulo Freire, en Martín Barbero y García Canclini. Desde ellos, leían a los medios alternativos o comunitarios como el escenario para la configuración de una esfera pública en la que hacían circular las luchas por su inclusión a la ciudad, en especial, con los jóvenes que los encuentran como refugio para ver otras alternativas diferentes a la muerte. A la vez, se convirtieron en agentes de discursos distintos al de las organizaciones de base tradicional como las Juntas de Acción Comunal. De igual modo, sirvieron para reconocer a las tecnologías mediáticas como el escenario para entender lo político y lo público desde las mediaciones culturales y simbólicas circulantes en los medios” (2018 p.92).

Mientras lo cultural y lo simbólico ayudaban a la comprensión de lo púbico cotidiano, en el contexto del barrio se trabajaba la comunicación pensando en: la construcción de un ejercicio deliberativo a partir de la propuesta de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, en la movilización social y la generación de opinión pública crítica, desde la organización que se auto reconoció como un actor social y político, con posturas frente al desarrollo de una ciudad con grandes deudas en cuanto a las promesas de la democracia; siempre en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los sectores populares en interlocución con el Estado. Por eso, el reto comunicacional fue elevar la capacidad de acción, enunciación y gestión de los propios intereses de la ciudadanía: "El reto es doble: además de la necesidad de ganar una mayor capacidad expresiva, claridad en nuestras propuestas, creatividad en nuestros lenguajes, se trata de podernos acercar a las lógicas comunicativas, los lenguajes y los símbolos que están atravesando hoy lo social" (Región, 1999).

Fue así como, a través de la Consejería Presidencial para Medellín, liderada por María Emma Mejía, se presentó una propuesta para la televisión regional que contara, las otras historias de los barrios de la estigmatizada ciudad de Medellín y sus jóvenes. Y nació entonces, uno de los proyectos pioneros en este tipo de televisión en Colombia y en la ciudad. Arriba Mi Barrio, un programa que logró penetrar la barrera infranqueable de los barrios, que el resto de la ciudad desconocía y todavía más, aquella pluralidad de actores que aparecieron en las pantallas de Teleantioquia desde una perspectiva distinta a la de la guerra urbana. Un arranque con mucho sentido para los propósitos de mediación cultural que comenzaba a construir Región, con otros, y para integrar miradas de ciudad. Según García (2018) el programa: “posibilitó que la relación comunicación-ciudadanía se evidenciara con mayor ahínco en la esfera pública pasó a la problematización de la misma en escenarios académicos, gubernamentales y comunitarios” (p. 94).

Con formato abierto para contar las historias y permitir la conversación, Arriba mi Barrio fue construyendo una forma de ver y sentir a Medellín desde la juventud y otros no tan jóvenes pero con liderazgos reconocidos, que soñaban un futuro posible en la ciudad del “No Futuro” y el “No nacimos pa´ Semilla”. Diez años después de la fundación de Región, el comentario era: “Ya sabemos que en las sociedades actuales lo que no pasa por los medios, sencillamente no existe. Y que allí se están construyendo nuevas formas de sociabilidad y de algún modo, intereses individuales y colectivos, que necesitamos comprender desde la pregunta de cómo se está reconstruyendo hoy lo público y lo privado” (Región, 1999, p.10).

Le siguieron a ese primer proyecto los programas de radio, el periódico mural Lado A para los colegios; iniciativas como el Seminario de Periodismo Juvenil, la serie de televisión Muchachos A Lo Bien, documentales, campañas, la Revista Desde La Región, la producción editorial académica, y la apertura de espacios para el debate entre múltiples actores, que fueron claves para la comprensión y la emergencia de nuevos lenguajes para la participación política, la inclusión social, el diálogo intergeneracional y el intercambio entre jóvenes de distintos sectores de la ciudad, como una forma de generar identidad en doble vía.

La declaración de Región fue: “Nos interesa que la gente conozca y aprehenda la ciudad como otro camino posible hacia la construcción de ciudadanía. Con las nuevas tecnologías aparecen también otros retos en cuanto a los lenguajes y formas de comunicación y de otro lado, frente a la forma de entender lo público y lo político desde las mediaciones culturales y simbólicas circulantes en los medios” (Desde La Región, 1999, p.10).

No sólo las juventudes populares y los barrios periféricos fueron protagonistas, sino también, las diversas identidades juveniles en Medellín y la ciudadanía, debía comprometerse con las grandes transformaciones que se requerían; esto se resumió muy bien, en pocas palabras, con la campaña: ¡En la ciudad, todos! pues se percibía: "… un cierto desplazamiento de los sectores populares hacia la ciudad, o mejor, una mirada de ellos al lado de otros. Interesa hablar a la ciudad toda; reconocerla como escenario de múltiples voces y crear escenarios comunicativos para que esas voces se encuentren" (Región, 1999).

La ciudad fue entendida entonces, como un campo de interacciones donde toda la población, debía ser consciente de los espacios que habitaba y, por tanto, comprometerse con la ciudad, pues la democracia no es únicamente el voto; “está en todas partes: en la casa, en la calle, en el trabajo, en la política y en la vida” (Región, 2004).

Comunicación e incidencia pública

Los procesos de reconocimiento, derivaron en nuevas propuestas de habitar la ciudad y encontrar en ella, la oportunidad para una acción pública, más allá de las fronteras del barrio. En este caso, la comunicación como eje, permitió articular apuestas múltiples. Las historias juveniles, distintas a las de los guerreros del barrio, referentes para su generación, conectaron sensibilidades y voluntades, entrecruzaron redes de trabajo asociativo que inspiraron la transformación, desde su poder de incidencia barrial y comunal. La coincidencia con una fuerte movida comunitaria, que ya no pensaba solo en sus fronteras, sino con mayor amplitud, en la situación que vivía la ciudad, allanó mucho más el terreno para el impulso de políticas que permitieran profundizar la democracia y las condiciones de posibilidad para los marginados urbanos históricos.

Hablando de innovación social, debemos revisar con detalle lo que se hizo en Medellín entre el noventa y el 2000, y evidenciar la capacidad creativa y expresiva de un conjunto de colectivos, grupos y organizaciones que propusieron soluciones a los problemas de más hondo calado de nuestra sociedad. La Corporación Cultural Nuestra Gente, la Corporación Convivamos, Corporación Picacho con Futuro, Barrio Comparsa o Taller Arte, por nombrar algunas; la ciudad estaba llena de iniciativas, unas más visibles que otras, llenaron de sentido las calles a favor de la vida. Todo esto sintonizado con una postura clara de Región, desde el primer momento: no existe violencia legítima y con sus apuestas por una sociedad en paz, con la constitución de una comunicación no violenta y conectada con la humanidad, en medio de los desafíos que impuso la guerra. Para eso, conocerse y reconocerse en el otro, como parte de un mismo escenario de acción llamado ciudad y juntarse, era indispensable. Fue así como, con otras organizaciones: la Fundación Social, Comfama, Pastoral Social, el Colombo Americano, el Museo de Antioquia, el magisterio, instituciones educativas, la academia, sectores del empresariado, gobiernos locales, entre otros, se desarrollaron todo tipo de intercambios y propuestas, encaminadas a un amplio consenso de ciudad sobre las acciones necesarias para sacar a Medellín, de la situación de violencias en la que se encontraba y surge un escenario comunicacional para el diálogo y la acción conjunta por la ciudad.

Todo este panorama situacional es lo que durante años se fue constituyendo como la “Marca Región”, en el sentido de lo que representaba y comunicaba, al estar conectada con la democracia en este nuevo espíritu de lo público urbano y ciudadano, junto con un nuevo sentido de lo político. En ese caso, como lo afirmó Rubén Fernández , "Región [no hacía, sino que] fue esencialmente, comunicación".

A continuación, vamos a referirnos a los espacios, lugares y referentes desde los cuales Región, ha fundamentado y proyectado su trabajo comunicativo: las estéticas, el cambio social, y lo digital.

Desde las estéticas

Fue indispensable la exploración del campo de las estéticas de los distintos actores urbanos, para la producción conjunta de propuestas más incluyentes y cercanas a sus propios saberes y para acceder a las narrativas con las que intentaron apropiarse de la ciudad; y una inquietud siempre presente en el hacer comunicacional de Región, representado en acciones como La Piel de la Memoria. Por eso, volver a esa esencia fue significativo, cuando campañas y proyectos como Tenemos Nuevos Vecinos, Destierro y Reparación, Desearte Paz, Sandungueo, Esta es tu Casa, Urbánicos y Rutas de la Memoria, se convirtieron en hitos para entender, lo que estaba sucediendo en un nuevo ciclo de desplazamiento forzado en Medellín y, poner en debate público dinámicas urbanas conflictivas que imponían retos políticos enormes.

Tomarse el espacio público, las galerías de los museos y los medios con documentales y producciones radiales sobre el tema, y después llevarlos a distintos escenarios para el diálogo público en la ciudad, constituyó un estilo de interlocución con la ciudadanía, que no utilizó las formas tradicionales, sino que propuso un catálogo de experiencias desde las que visibilizó la trama de significados que tenía para Medellín, el hecho de acoger la población desplazada e históricamente excluida. Marta Salazar se refiere así a este momento: “Durante varios años, la Corporación Región propuso diferentes prácticas artísticas en el espacio público para afrontar los retos del desplazamiento en la ciudad; en ellas, a través del diálogo de los artistas y la comunidad, se partió de la capacidad de agencia de las personas y de su poder para transformar sus condiciones y contexto”; (s/p) y agrega que con estas formas de abordar lo comunicacional se proponían: “Exponer en el espacio público un tema que debía ser de interés general; se combinaron en esta acción enfoques simbólicos, comunicativos y pedagógicos, partimos del presupuesto de que la exclusión es la antítesis de la ciudadanía. Nos encontramos ante tres situaciones: que la gente ignorara el desplazamiento forzado, que pidieran o realizaran acciones para promover el retorno, o echar mano del arte y buscar que la ciudad los acogiera como nuevos vecinos” (s/p?) (Salazar, 2016).

Fueron procesos en los que se logran crear formas de interacción con los actores, la ciudad y la institucionalidad, pues para Región: “La calle fue un canal de comunicación, espacio para la exposición, la representación y la socialización, es ahí donde la ciudad es texto, allí se dibujan los intersticios para leerla e interpretarla de múltiples maneras (Argan, 2004). El arte, más que en objeto o producto de creación, se convirtió en el vehículo a través del cual se reconstruyeron o se crearon nuevos lazos. “Ampliamos nuestra ciudad vivida, en cierta medida se dio una apropiación simbólica de los nuevos territorios y se propiciaron otros modos de intercambio, y más importante aún, de comunicación” (Salazar, 2018). De esta manera se involucraron grupos de personas en situación de exclusión, en trabajos participativos y en un ambiente de co-construcción, para lograr una expresión desde su mirada y su voz. Región fue mediador entre sus propuestas, la dinámica de la ciudad y la agenda política.

Desde el cambio social

Con el desarrollo de procesos sostenidos en territorios rurales de Antioquia y, posteriormente por fuera del departamento en Córdoba y Chocó, la comunicación tomó un rumbo hacia la comprensión de nuevas dinámicas sociales, políticas y culturales. Región abordó una perspectiva de cambio social en su hacer comunicacional y, por ello, la triada educación, cultura y comunicación se convirtió en elemento central. Las niñas, los niños, comunidades y docentes construyeron narrativas, imaginarios y formas de entender la educación. Estos departamentos fueron el escenario para la exigencia del derecho a la educación desde los saberes y prácticas de comunidades con problemáticas de inequidad y exclusión. Por lo tanto, la manera de acercase a los actores, fue a partir de lo propio, de resaltar sus potencialidades, sus sueños y sus posibilidades de acción.

La comunicación para el cambio social, se centra en el diálogo y la participación, se piensa desde el ejercicio colectivo y en democracia con una premisa: que solo es posible generar cambios, desde los más sutiles hasta los más estructurales, a través de la voluntad de quienes viven los procesos. Propone la construcción de herramientas que permitan mostrar el campo de acción, basado en la voz y el modo de vida de los actores del proceso y así, generar un debate situado sobre los modelos hegemónicos aplicados a la educación y los modos del enseñar. A partir de este enfoque, se retoma la siguiente idea: “Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados” (Gumucio, 2011, p.28).

Se vuelve entonces a la pregunta por lo popular, que ha sido el lugar desde donde Región ha reflexionado sobre la inclusión, y ha comprendido a la ciudadanía como interlocutora con posibilidad de conversar, de estar de acuerdo o discrepar; con capacidad de expresar opiniones, sueños, y construir en colectivo. Un otro y una otra que se reconoce desde sus particularidades, desde su lugar de enunciación, con una decidida apuesta por el diálogo, la confrontación y la construcción de saberes. Así, desde los procesos educativos, Región le apostó a una comunicación con horizonte de diálogo intercultural, que redunda en la apropiación ciudadana de sentidos, a favor de la democracia, el respeto por los derechos y la protección de la dignidad humana.

Los vehículos para que la educación incorpore lo propio al currículo, y tenga en cuenta el contexto y las particularidades de la población y del territorio, han sido los ejercicios cartográficos participativos de recuperación de la memoria oral y de recopilación de saberes ancestrales. De esta manera, retomando a Gumucio: “La participación de los actores sociales, que son a su vez comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo anterior a la creación de mensajes o productos (un programa de radio, un video, un panfleto). Los productos y la diseminación o difusión de éstos no son sino un elemento complementario en el proceso de comunicación” (2011, p.37).

Agentes educativos locales, maestras y maestros, estudiantes y familias, se acercaron a prácticas de construcción colectiva, donde el proceso de la comunicación no aparece, de manera vertical como un elemento extraño, pues se realiza a partir de lo conocido y elaborado desde sus conocimientos y se incorpora, conceptual y metodológicamente, al ejercicio pedagógico. De esta manera los contenidos que emergen, cuentan con apropiación, lo que fortalece el sentir comunitario, reforzando el proceso de gestión de lo propio a partir del diálogo, la negociación y el debate público, para generar mayor nivel de confianza y compromiso (Gumucio, 2011).

Desde lo digital

Las preguntas por los medios y las formas de comunicar han estado presentes en las reflexiones de Región desde el comienzo; una de las improntas de la celebración de los 25 de años estuvo enfocada precisamente, en el crecimiento de la estrategia digital, mucho más intencionada y pensada para los públicos que hoy tienen las redes sociales y todo tipo de plataformas digitales, como medio de comunicación, haciendo uso de lo que Castells (1996) ha denominado autonomía mediática en la era de la sociedad red.

Las nuevas formas de poder, reconocimiento y acción que entrañan este territorio de disputas sociales, políticas y culturales, no pueden ser un elemento decorativo o de simple enfoque informativo liberal o unidireccional, en el marco de un trabajo misional que se ha caracterizado, por sus preguntas en torno a: la democracia, la ciudadanía y la inclusión, pues el contexto que han construido, configura un campo donde según Castells: “si no conocemos las formas de poder en la sociedad red, no podremos neutralizar el ejercicio injusto de dicho poder; y si no sabemos exactamente quiénes tienen el poder y dónde encontrarlos, no podremos desafiar su oculta pero decisiva dominación” (2009, p.552).

Por eso, el rediseño de la página web entra en sintonía con las nuevas formas de comunicar y producir contenidos, igual que el incremento de la presencia en el escenario digital, responde al reto de incursionar en este terreno por donde hoy pasan todo tipo de discusiones de carácter público, en las que una organización como Región, no puede estar al margen. Por lo tanto, la migración de prácticas y procesos fueron de amplia discusión y nuevas autocríticas, pero siempre tratando de sostener la presencia de la voz pública como actor social y político, la generación del debate y la incidencia. Y la revista Desde la Región, uno de los medios más importantes de difusión del pensamiento institucional, pasó a ser digital. Desde el Comité editorial se argumentó: “Creemos que así tendrá mayor alcance y dinamismo, mayor divulgación de los artículos en redes sociales y la posibilidad de una revista que pueda enriquecerse a través de la interacción con quienes nos leen y de la publicación de nuevos artículos académicos, periodísticos y de análisis que, en medio de las coyunturas que ya acostumbramos habitar, puedan surgir y nutrir el conjunto de reflexión en cada edición. Esa es nuestra apuesta editorial en este aniversario: una revista que permita más apertura, dinamismo, transformación” (Desde la Región, 2016, s/p).

La transformación nos ha permitido ampliar los públicos, suscitar mayor cercanía con los contenidos propios y vincular a diversos actores de la ciudad para compartir su opinión sobre temas de interés ciudadano. Sin embargo, este tránsito hacia lo digital también, ha traído grandes retos, pues la posibilidad de interactuar con públicos tan plurales, exige generar contenidos más cercanos, significativos, incluyentes en cuanto al género, e inclusivos en las posibilidades de acceso a la información para personas con necesidades especiales; lo que resitua la discusión de la comunicación en los sujetos y las nuevas representaciones de la sociedad en red, pues “El cibernauta, elemento constitutivo, de las “redes sociales” constituye un nuevo y misterioso sujeto en el que lo individual se funde con lo colectivo” (Maya, 2009, p, 64).

30 años después, podemos afirmar que: el hacer comunicativo de Región, se despliega en el conjunto de acciones pedagógicas que desarrolla, desde las estrategias de comunicación digital y comunicación pública que implementa, para promover el diálogo y la deliberación sobre asuntos de relevancia nacional, regional y local, fortaleciendo el ejercicio constante de opinar e incidir en la agenda pública y la generación de capacidad crítica en la ciudadanía.

Referencias bibliográficas

Argan, G. (2004). El arte moderno. Madrid: Ediciones Akal.

Barbero, M. (1991). De los medios a las mediaciones. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Castells, M. (1996). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. México: Siglo XXI

Corporación Región. (2016). Revista Desde la Región (No. 57). Recuperado de este enlace.

Corporación Región. (2004). Democracia. Revista desde La Región (43). pp. 5-73. Recuperada de este enlace.

Corporación Región. (1999). Trayectorias y perspectivas de la Corporación Región en sus 10 años. Desde La Región (30). pp. 6-13. Recuperada de este enlace. 

Fernández A. Rubén. (2016). Ideas que deja un sobrevuelo por la planeación en Región. Documento de trabajo. Medellín: Corporación Región.

García, M. (2018). Trayectos de la comunicación en los procesos de formación de ciudadanía gestados entre entidades gubernamentales y organizaciones del tercer sector, Medellín (1990-2010). (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Gumucio, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo y Pensamiento, volumen XXX (58), pp. 26-39

Riaño, Pilar (194).

Maya, C. M. (2009). “Las relaciones de poder en el contexto de las sociedades de control. Propuesta de una perspectiva para el análisis de la interacción virtual”. En: Revista Anagramas. Rumbos y sentidos de la comunicación. Sello Editorial Universidad de Medellín, julio-diciembre, volumen 8, Nº 15.

Salazar, M. (2016). Arte para develar otras realidades. Revista Desde La Región (57). s/p. Recuperada de este enlace.

Palabras clave:

Comunicación, democracia, ciudad, retos, diálogo, territorio.

Notas al pie:

^{1 Tomado de este enlace.
2 Durante los meses de agosto y septiembre de 2019, como parte de la estrategia de celebración de los 30 años el equipo de la Corporación, convocó a los Diálogos Región, iniciativa para conversar sobre diversos temas. Durante el conversatorio sobre comunicación, esta fue la expresión de Rubén Fernández (socio-fundador, exdirector y expresidente de la Junta Directiva) cuando se refirió al trabajo de comunicaciones en Región.}

Resumen

En Colombia, las dinámicas de participación ciudadana se rigen por dos lógicas: Institucional y movilización social. Cada vez más se advierte que los actores participativos optan por hacer uso de la movilización, e incluso, por combinar esas dos lógicas en la exigibilidad y reivindicación de sus derechos.

En esos ejercicios participativos interesa examinar el rol que despliegan y en qué medida esas practicas participativas posibilitan una mayor identidad y empoderamiento de los sujetos; aumento en la capacidad de relacionamiento con las autoridades públicas y con otros actores; fortalecimiento del tejido social; generación de contrapoderes sociales y astucia política; o a su vez, en qué sentido las dinámicas participativas y sus actores son permeados por practicas burocráticas, de corrupción y cooptación política que desvirtúan el objetivo de la participación ciudadana.

Participación Ciudadana en Colombia: conceptualización y rol de los actores

Aproximación a los debates

Los enfoques se enriquecen a partir de conceptos, dinámicas y prácticas de los actores, en diferentes contextos y tiempos. El debate de la participación ciudadana está inmerso en las diversas aproximaciones teóricas de la democracia, especialmente, en la perspectiva de avanzar hacia un modelo distinto al liberal, de democracia representativa. En América Latina, se evidencia una alta insatisfacción con este modelo en términos de inclusión política, eficacia gubernamental y justicia social (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006, pág 11).

El descontento se manifiesta en la emergencia de nuevos movimientos sociales que luchan por sus derechos, y por impulsar modelos innovadores de democracia, en los cuales la intervención de la ciudadanía es clave. Estas expresiones alternativas promueven transformaciones a las reglas de juego, procedimientos y resultados de la democracia representativa. La construcción de la democracia en América Latina no está en el seno de la democracia electoral sino en el potencial que se advierte en la crítica a la democracia representativa y la emergencia de una innovación democrática relacionada con la democracia participativa (Dagnino, Olvera y Panfichi, pág 10).

Boaventura de Sousa Santos indica que la democracia liberal perdió el horizonte de la redistribución social y advierte una crisis del contrato social. La teoría hegemónica de la democracia apuesta por un Estado autoritario, regulador, policial y represor que ejerce control e impide la autonomía de la ciudadanía; pero también, se enfoca en reducir el uso de procedimientos y mecanismos técnicos para elegir a los representantes políticos y no genera condiciones para la intervención ciudadana, en la toma de decisiones políticas, es decir, no concibe la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el control social de la gestión pública. Desde esta óptica, se requiere configurar una democracia contrahegemónica en la que la participación directa, sea una de las apuestas centrales de la plena ciudadanía y de la vida pública.

Chantal Mouffe elabora una crítica a la teoría democrática dominante en el mundo. Su planteamiento se ubica en el hecho de que el disenso y el conflicto están fuera de los límites de una sociedad democrática. Esta perspectiva racional e individualista niega el antagonismo, la constitución de sujetos colectivos y el rol que puede cumplir la pasión, en el mundo de lo político¹. Su teoría de la democracia agonística pone el acento en una sociedad plural, en la que prevalecen muchas redes de poder y en la que existen múltiples voces e identidades de los sujetos, como adversarios (democracia agonística) y no como sujetos enemigos (democracia antagonista). Este enfoque alternativo promueve el reconocimiento del conflicto como ingrediente fundamental de las relaciones sociales y del ejercicio del poder.

En estos debates sobre la democracia también, emerge la discusión sobre el concepto de participación; la noción no está exenta de diversas acepciones. Encontramos definiciones de participación que se enfocan en aspectos como las acciones, agencias y sentidos que despliegan los sujetos, el tipo de participantes, las relaciones y alianzas que se crean en las dinámicas participativas, la edificación de contrapoderes y proyectos políticos, entre otros. Desde las teorías liberales, la participación se asimila a un proceso mediante el cual los actores individuales actúan de forma consciente, racional y autónoma en la consecución de unos beneficios particulares.

Desde las posturas teóricas de los movimientos sociales, se define la participación ciudadana como la intervención de grupos, organizaciones, clases, comunidades y redes (sujetos colectivos) con identidades e intereses definidos y compartidos, en la obtención de beneficios para su grupo u organización o para la sociedad en su conjunto.

Alberto Olvera, en el marco del planteamiento sobre la disputa en América Latina de dos proyectos políticos opuestos, que le apuestan a la hegemonía de poder, identifica dos diferentes formas de definir la participación ciudadana: El proyecto neoliberal la asume como un instrumento que posibilita el mejoramiento administrativo y procesual de la política pública que, se puede ejercer por los agentes privados. El proyecto denominado “democrático-participativo”, concibe la participación como el eje de la práctica política, en la medida en que la ciudadanía interviene en diferentes dispositivos, en los cuales delibera, decide y vigila el conjunto de las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno (Olvera, J. 2009, págs. 2,3). Nuria Cunill, la define como “la intervención de particulares en actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses sociales” (Cunill, 1991, p.56). Esta definición da cuenta del accionar de actores sociales con intereses y apuestas, que intervienen en escenarios públicos en los cuales interactúan con el Estado para obtener bienes y servicios.

La participación ciudadana es entendida como la intervención de sujetos individuales y/o colectivos en el escenario público con el fin de acceder a bienes y servicios públicos (inclusión), influir en las decisiones que afectan sus vidas (incidencia), acordar con las autoridades públicas las políticas que permitan el ejercicio pleno de sus derechos (concertación), vigilar la gestión y sus resultados (fiscalización) o expresar el desacuerdo con decisiones de las autoridades públicas (oposición). Dicha actuación, en cualquiera de los sentidos mencionados, puede tener lugar por vías institucionales o a través de la movilización social.

La participación ciudadana es un derecho, es un instrumento útil para involucrar e interesar a la ciudadanía en lo público, acercar y fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, aumentar la confianza en las entidades gubernamentales, incidir en las decisiones que se toman en el ámbito público y que tienen relevancia en sus vidas, desde la perspectiva de la exigibilidad de sus derechos, la transparencia y el control institucional y ciudadano de las conductas públicas, y como ingrediente importante de la gestión pública.

De acuerdo con el análisis de las experiencias de participación desarrolladas en varios países y territorios, se encuentra una amplia literatura e investigaciones que dan cuenta de las dinámicas, su desarrollo y los resultados obtenidos. De hecho, en América Latina se fueron configurando espacios institucionales que posibilitaron la intervención de sectores poblacionales en los asuntos públicos, con mayor relevancia en el municipio, y que propugnaban por resolver problemáticas particulares y colectivas en la defensa de sus intereses y derechos, en la optimización de los recursos públicos, en la vigilancia y cuidado de lo público, en la transparencia y probidad del ejercicio de las autoridades públicas en la gestión del desarrollo, en la creación y robustecimiento del tejido social, y en la lucha por la inclusión social y la pluralidad.

Estos procesos no han sido fluidos, continuos ni exentos de dificultades. Los siguientes asuntos han tenido incidencia en la disminución de la intervención ciudadana y en la calidad y alcance de la participación: el marco normativo, los diseños institucionales, la poca apertura y voluntad política de los gobernantes, los intereses de actores políticos, sociales y empresariales –poco proclives a la intervención ciudadana– los recursos financieros, la violencia política, la debilidad del tejido social, las escasas capacidades técnicas y políticas de los actores de la participación, la cooptación de los actores y la escasa autonomía y el desconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

El papel de las organizaciones sociales en el ejercicio de la participación ciudadana

En Colombia estos ejercicios se rigen por dos lógicas: Institucional y movilización social². Si bien, la participación institucional fue la modalidad por excelencia, hasta finales del siglo pasado, la irrupción de dinámicas de movilización³ ha ido cobrando fuerza en la primera década de este siglo. Es un hecho que la participación institucional se ha quedado corta en su alcance y resultado y la ciudadanía, ha tenido que encontrar nuevos cauces, vía la movilización, para la exigibilidad y reivindicación de sus derechos. En los ejercicios, se descubren diferentes roles que despliegan los actores, el alcance de los espacios, el empoderamiento de los sujetos en términos del aumento de sus capacidades, la articulación con otros actores, el fortalecimiento del tejido social, la generación de contrapoderes sociales y, astucia política. Pero también se advierte que muchos ejercicios están o han sido permeados por prácticas burocráticas de corrupción y cooptación política que desvirtúan su objetivo. Ejemplo de ello, son algunas experiencias desarrolladas por Consejos Territoriales de Planeación y Comités de Veeduría Ciudadana que atienden los requerimientos de las autoridades públicas en detrimento de los intereses colectivos.

Entre 1986 y 2018 han sido creados en el país, 130 espacios institucionales de los cuáles, el 58.5% son sectoriales, el 28.5% poblacionales y el 13% de gestión pública⁴. Los primeros creados, tenían un carácter más social que mixto; no obstante, se advierte que del universo de espacios creados hasta 2018, el 88.5% son mixtos y sólo el 11.5% tienen un carácter social. En una encuesta realizada por Foro Nacional por Colombia en el 2018 se constata que del universo de encuestados el 36.5% indicó que no le interesaba participar. El 63.5% reconoce la participación como ingrediente esencial de la gestión pública y, por tanto, han intervenido en espacios institucionales; el 8% son líderes sociales (4.4%) y activistas (3.6%).

Del universo de agentes participativos sólo el 20,5% pertenecen a una organización o grupo social. Esta situación puede significar que las personas ya no se aglutinan en estas formas organizativas; un punto para reflexionar, por cuanto estos espacios se nutren de la representación de las organizaciones sociales. Varias razones explican esta situación: Desinterés en trabajar por la exigibilidad de los derechos y en apuestas colectivas, niveles de burocratización y baja representatividad de las organizaciones, cooptación por parte de movimientos o partidos políticos, falta de tiempo, etc. Cualquiera que sea la razón pone de presente la debilidad del tejido social que impide que la ciudadanía se constituya en un contrapoder, en el sentido del poder de control del ciudadano para relacionarse más horizontalmente con otros actores y el Estado, en la presentación de iniciativas y en la incidencia en lo público (Fung y Wrigh, s.f)

En el caso de las movilizaciones acaecidas en el país desde el 2002 hasta el 2017⁵ se advierte que, en mayor proporción, están relacionadas con temas de políticas públicas, derechos planeación y ordenamiento territorial, y en menor proporción con el incumplimiento de pactos por parte de las autoridades y de las empresas, impactos ambientales y asuntos laborales. Muchas de las movilizaciones no se producen sólo en momentos coyunturales, también, responden a visibilizar los diversos proyectos políticos, culturales y sociales de las organizaciones, movimientos sociales y comunidades. Los agentes que participan son en su mayoría comunidades étnicas y campesinas, organizaciones comunitarias, sindicatos, estudiantes, el sector gremial, iglesias, animalistas, LGBTI y movimientos feministas.

La ciudadanía acude a estas modalidades de participación debido, entre otras cosas, a la poca efectividad de los espacios, a la no respuesta de los diferentes gobiernos a sus demandas y al cumplimiento de los derechos y garantías de la ciudadanía. Muchas veces, los repertorios de actuación de grupos y organizaciones sociales combinan las acciones en espacios institucionales de participación con movilizaciones sociales.

Los actores que están sobresaliendo en los espacios institucionales son: la juventud, las víctimas, las mujeres, comunidades étnicas y la tercera edad. En los últimos diez años es notorio su papel en la defensa de sus identidades, la reivindicación de sus derechos (mujeres, jóvenes, LGBTI, indígenas, afros, víctimas, ambientalistas, campesinos), sus apuestas y contribuciones a la democracia y a la garantía de derechos en el país y en los territorios. Es un hecho que algunas organizaciones y movimientos sociales, grupos poblacionales y sectoriales han construido narrativas culturales y políticas que han puesto de presente sus derechos, demandas y apuestas por un país más democrático, participativo y en paz, y han trabajado por ser reconocidos como sujetos políticos.

La construcción de paz, la defensa de la vida, la salud, la cultura, los servicios públicos, el medio ambiente, la educación, mujer y género y víctimas, son los ámbitos de los dispositivos institucionales en los que los agentes participativos se interesan mayoritariamente, y en los cuales despliegan una serie de repertorios de acción que están ligados a dinámicas reivindicativas, de diálogo, negociación, formulación y defensa de iniciativas ciudadanas, control social e incidencia.

A la luz del análisis de las experiencias participativas, los agentes participativos continúan apostándole a la intervención en escenarios públicos en la mira de defender los derechos de varios sectores sociales, garantizar la inclusión social y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Ello ha implicado elevar sus capacidades en términos de: mejorar sus estrategias de actuación y de demandas, apostarle a la construcción de iniciativas, aceptar el diálogo, la deliberación y la negociación como herramientas para la incidencia, erigirse como contrapoderes y lograr contribuir en la elaboración de políticas públicas y leyes, en la vigilancia y control social, en la defensa del territorio, en la exigibilidad de sus derechos, en la apuesta por la paz , en el cuidado y construcción de lo público.

Dos experiencias son ejemplo significativo de la participación de organizaciones y movimientos sociales en la construcción de leyes en el país, (formulación de la ley 1757 de 2015, Ley de participación ciudadana, y la construcción de los lineamientos de la Ley Estatutaria de garantías y promoción de la participación ciudadana y otras actividades, emanadas del punto 2 del Acuerdo Final), se constató que los agentes participativos se erigieron como un contrapoder social, en la medida en que sus planteamientos y propuestas fueron presentadas, sustentadas y argumentadas en los diferentes espacios de diálogo, y finalmente, tenidas en cuenta en la formulación final del proyecto de Ley. Fue un escenario por excelencia de gobernanza participativa, y de constatación de una ciudadanía defensora de sus derechos sociales, políticos y culturales.

De otro lado, en las experiencias participativas tanto institucionales como de movilización también, resaltan las diferentes voces ciudadanas que propungan por ser incluidas y por el reconocimiento de sus identidades y apuestas. La participación posibilita la apertura a escuchar y reconocer a “otros” y “otras”, a promover sus apuestas y demandas, y a intervenir en los escenarios públicos. En otras palabras, en los espacios de participación emergen nuevas ciudadanías que buscan insertarse en espacios públicos con el propósito de luchar contra las discriminaciones y por demandar el reconocimiento de las diferencias, la inclusión y la equidad y, por la defensa de sus derechos a la educación, al medio ambiente, a la salud, al empleo, entre otros. Desde esta línea es claro que las mujeres, la juventud, las víctimas y defensores del medio ambiente y del territorio, son quienes más notoriedad e incidencia tienen en los escenarios de participación y, contribuyen al afianzamiento de la democracia en los territorios y en el país.

A pesar de los múltiples obstáculos que se presentan en ejercicios participativos, del escaso alcance que tienen los espacios institucionales , de la estigmatización de los dispositivos de movilización ciudadana, y de los resultados obtenidos, en algunos casos, se evidencia que la participación es un mecanismo imprescindible para la democratización. De estas modalidades de actuación participativa se denota la existencia de una sociedad diversa, como lo señala Chantal Mouffe, una sociedad plural en la que existen diferentes identidades y voces que se pronuncian y posicionan sus identidades y proyectos políticos en los espacios de participación (Olvera, J. 2009) en los cuales dialogan, deliberan, construyen iniciativas y logran incidir en la definición de políticas, normas y programas.

De otro lado, las dinámicas de participación coadyuvan a generar una ciudadanía activa, como la denomina Boaventura de Sousa Santos, que promueve la defensa y exigibilidad de los derechos, la visibilización de las demandas ciudadanas, la construcción de iniciativas y propuestas relacionadas con políticas sociales y normas, la articulación de intereses, actores, y la asunción de prácticas democráticas. De igual forma, se advierte la emergencia de contrapoderes sociales (Fung y Wrigh, S.F) que en diferentes espacios públicos logran posicionar sus iniciativas e inciden en diseños institucionales, normativos y de gestión pública. Este punto es clave en cuanto los agentes participativos logran configurar relaciones más horizontales con las autoridades públicas y con otros actores, en las dinámicas de deliberación, concertación y toma de decisiones. Por ello es fundamental seguirle apostando a las dinámicas de participación en el país y a configurar una ciudadana activa, con capacidad de diálogo y de constituirse en un polo fuerte de la relación con el Estado.

Referencias bibliográficas

Cunill, Nuria (1991).

Dagnino, Evelina; Olvera, Alberto y Panfichi, Aldo. (2006). La Disputa por la construcción democrática en América Latina, Fondo de Cultura, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Veracruzana, México.

Fung, Archon y Wright, Eric O. (s.f.). Democracia en profundidad. Nuevas formas institucionales de gobierno participativo con poder de decisión, Bogotá, , Universidad Nacional de Colombia.

Mouffe, Chantal, Democracia, Ciudadanía y la cuestión de la pluralidad, En: Alvarez, L., C. San Juan y C. Sanchez Mejorada (coord..). Democracia y exclusión. Caminos encontrados en la Ciudad de México. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Plaza y Valdés. 2006.

Olvera, Alberto, Las relaciones entre democratización y participación en México: apuntes para su historia; en Revista Controversia, No. 191, Bogotá, 2008, Págs. 71-104.

Santos, Boaventura (org.). Democratizar a democracia: os caminos da democracia participativa. Civilizaçao Brasileira, Río de Janeiro, 2002.

Velásquez, Fabio y González, Esperanza, La Ley estatutaria de participación en Colombia. Un escenario de relaciones entre Estado y sociedad civil. Ponencia presentada al Congreso de Lasa 2012. San Francisco, mimeo, 2012.

Palabras clave:

Participación ciudadana, actores, democracia, inclusión política, derechos.

Notas al pie:

^{1 Mouffe distingue la diferencia entre “lo político” y “la política”. El término político se refiere al antagonismo que está inmerso en todas las sociedades y que surge en la multiplicidad de las relaciones sociales y, por tanto, puede tomar diversas formas en su expresión. La política es el conjunto de prácticas, discursos e instituciones que intentan organizar la coexistencia entre los individuos mediante el establecimiento de una reglas de juego y un orden establecido. Coexistencia que no está libre de conflicto, que se ven afectados por la dimensión de lo político (Mouffe, Chantal, 2006, págs. 4 y 5).
2 La lógica de la institucionalidad se ubica en la idea del derecho a la participación vía el ejercicio de normas de derecho positivo que define quiénes pueden participar, en qué espacios, cuál es el alcance, los instrumentos, procedimientos y resultados. La movilización se rige por las estrategias y acciones colectivas que los actores desarrollan, a partir de sus necesidades e inteseses, para alcanzar objetivos comunes.
3 De acuerdo a la investigación sobre participación ciudadana en Colombia, adelantada por Foro Nacional por Colombia, desde el año 2002 se ha incrementado de manera notoria las expresiones de movilización en el país. Cinep registra 12.078 movilizaciones sociales hasta el año 2017.
4 Datos de la Fundación Foro Nacional por Colombia, diciembre de 2018.
5 Datos del Estudio sobre participación ciudadana en Colombia, 2002-2018 que está adelantando la Fundación Foro Nacional por Colombia.}