Resumen

Las organizaciones sociales, como expresión de la sociedad civil organizada en Colombia, conforman una red extendida en todos los territorios del país. Su fortaleza se fundamenta en la diversidad, el conocimiento y la experticia para asumir realidades locales y regionales; también, en su contribución a concreción de los derechos y de la participación en los escenarios de incidencia de las políticas públicas que los garantizan. Sin embargo, se enfrentan permanentemente a situaciones y riesgos para permanecer en el tiempo, y continuar fortaleciendo su oferta de valor y su sostenibilidad técnica y financiera para actuar por derecho propio en el desarrollo.

Gestión y sostenibilidad de las organizaciones sociales: realidades, riesgos y retos.

Presentación

Las organizaciones sociales, como expresión de la sociedad civil organizada en Colombia, conforman una red extendida en todos los territorios del país. Su fortaleza se fundamenta en la diversidad, el conocimiento y la experticia para asumir realidades locales y regionales; también, en su contribución a concreción de los derechos y de la participación en los escenarios de incidencia de las políticas públicas que los garantizan. En las agendas internacionales de Desarrollo Sostenible¹ y de Efectividad de la Cooperación al Desarrollo², las OSC son reconocidas por su rol social y político como actor corresponsable del desarrollo.

Justamente, estas agendas globales, llaman a los gobiernos, a los organismos de cooperación y al sector empresarial, a asegurar a las OSC un ambiente habilitante y condiciones favorables para su acción³, lo cual se traduce en garantías para el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos que les permitan actuar permanentemente en las democracias. Pero aunque cuentan con este reconocimiento explícito, falta mayor compresión, por parte del sector público, empresarial y de la cooperación internacional, sobre su rol en la sociedad. Conocer y comprender las difíciles realidades que afrontan estas organizaciones, permitirá reconocer sus procesos, sus formas de trabajar, articularse y participar en lo público.

En este artículo compartiré las situaciones y los riesgos que enfrentan las OSC para permanecer en el tiempo, y una aproximación a lo que se entiende por sostenibilidad de las mismas, que indiscutiblemente pasa, por tener una oferta de valor construida colectivamente a lo largo de los años. Al final se plantean retos para que, mediante la acción colectiva, colaborativa y articulada, las organizaciones potencien sus roles y continúen fortaleciendo su oferta de valor y su sostenibilidad técnica y financiera para actuar por derecho propio en el desarrollo.

Realidades

La fuerza y el talante de las organizaciones sociales les ha permitido persistir y resistir a la estigmatización, la invisibilización, la deslegitimización de su accionar, su asimilación con el mercado y mucho más grave, amenazas, persecución y asesinato de lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por ello es prioritario reconocer su valor social en las comunidades y territorios; su experticia en la construcción de conocimientos y saberes aplicados e innovados; los aportes y contribuciones a temas tan relevantes para el país como la consolidación de la paz, el desarrollo, la igualdad de oportunidades, entre muchos otros. En síntesis, la trayectoria de las OSC muestra su capacidad de adaptación a contextos cambiantes para permanecer a lo largo del tiempo.

Ante estas condiciones impuestas por la realidad y los sistemas normativos, como la Reforma Tributaria⁴ y la Reforma a la Contratación Pública⁵, las organizaciones sociales colombianas siguen ahí, actuando en pro del desarrollo, convencidas de que la suma de sus acciones y esfuerzos, revertirá estas situaciones adversas y se logrará una re-significación de sus roles y contribuciones para hacer efectivos los derechos, bien sea porque aportan en su concreción o por que hacen seguimiento, monitoreo y denuncias y, continuarán asumiendo con entereza su tarea, a pesar de los riesgos que implica hacer visibles las problemáticas, las vulneraciones, las injusticias y las desigualdades.
El análisis acerca de cómo gestionar y hacer sostenible la acción de las organizaciones sociales, amerita revisar aspectos que en ocasiones, sobrepasan sus capacidades pues provienen de fuerzas y poderes políticos y económicos que arremeten contra las OSC desde miradas sesgadas, generalizaciones e imaginarios, causando daño a un número importante de organizaciones sociales legítimas que cumplen con todas las exigencias de ley.

En este contexto abordaré el análisis en dos ámbitos; el interno, que llamaré condiciones propias para la gestión y la acción de las organizaciones sociales, donde las reflexiones giran en torno a:
i. La oferta de valor que se tiene y que hace sostenible a la organización. ¿Para qué y para quién ser sostenible?
ii. El valor generado, la innovación social frente a lo que se hace. ¿Cómo se relaciona, articula y se crea valor colaborativo con otras organizaciones pares?
iii. La participación efectiva, la incidencia en el ciclo de las políticas públicas.
iv. La acción solidaria, como un aporte al sector social en el fortalecimiento de lo asociativo, de lo colectivo.

Reconocer el estado real de las condiciones propias y necesarias para la gestión y la acción, es una decisión autónoma y voluntaria de los órganos de gobierno interno para re-valorar su rol en la comunidad, en el territorio, y en los escenarios sociales, políticos, culturales y ambientales donde hacen efectiva su oferta de valor.

En el ámbito externo, el cual debe propiciar un ambiente habilitante o favorable para la acción libre, autónoma, basada en derechos y responsabilidades de las organizaciones, es necesario reflexionar sobre:

i. La confianza en la acción que gestionan las organizaciones, en la acción colaborativa y articulada con sus pares y con los otros actores del desarrollo.
ii. Las normas y regulaciones legales, de promoción y fomento, fiscales, y de inspección, vigilancia y control para que reconozcan la diversidad de las entidades sin ánimo de lucro; les brinden igualdad de condiciones, por ejemplo en el acceso a recursos públicos; y promuevan procesos de fortalecimiento pertinentes y oportunos adelantados por pares.
iii. La valoración y visibilización de los aportes sociales, laborales y fiscales, que las organizaciones hacen al desarrollo.
iv. Un mayor entendimiento y comprensión del sector empresarial, cooperativo, académico, y de otros actores como gobiernos y comunidad internacional, sobre el rol social, político y de desarrollo de las OSC.

Trascender la concepción tradicional, que ve a las organizaciones sociales como instancias de ayuda, caridad o asistencia, y como operadoras o ejecutoras de recursos y programas que generan relaciones verticales, de subordinación y dependencia, es una obligación tanto de los gobiernos que deben garantizar el Estado Social de Derecho como de los actores privados y especialmente, de la cooperación internacional.

Los dos ámbitos (interno y externo) plantean formas y alternativas para la sostenibilidad del ser: lo misional, la vocación social; y el saber hacer: la oferta de valor de las organizaciones, para contar con narrativas renovadas de la acción que realizan, para reposicionar y reivindicar su buen nombre, y muy especialmente, para invitar a creer y confiar en su acción y en sus contribuciones.

Con esta perspectiva, la Confederación Colombiana de ONG – CCONG, en colaboración con las organizaciones nacionales, las federaciones y los nodos territoriales de ONG, se propusieron valorar y fortalecer la oferta de valor, entendida como el conjunto de conocimientos, modelos de trabajo, metodologías y pedagogías que han desarrollado y aplicado a lo largo del tiempo y cuya pertinencia radica en la generación de valor, desde una acción basada en derechos, transformadora de realidades, creadora de competencias sociales y ciudadanas, que aporta al cumplimiento de agendas globales e incorpora en su acción, los ocho principios de la eficacia de las OSC al desarrollo⁶. Esta oferta de valor se diferencia de la de otros actores porque adopta prácticas de auto-regulación, transparencia y rendición social pública de cuentas; promueve la innovación social, el trabajo en red, la construcción de nuevo conocimiento, y es relevante, al propiciar con su acción, el diálogo político y aportar al diseño de políticas públicas, incidir en escenarios de participación y hacer monitoreo y control social.

La oferta de valor con la cual las organizaciones logran cambios y transformaciones sociales, es la mejor alternativa para garantizar, en la actualidad, su sostenibilidad y su permanencia en el tiempo. Iniciativas como el sistema de acreditación de las OSC⁷ y los ejercicios de rendición social pública de cuentas⁸ han permitido fortalecer la autonomía, la articulación y la incidencia, a partir de la legitimidad que les da su saber – hacer. Al respecto, Marín y Millares (2017) corroboraron la pertinencia de entender la sostenibilidad a partir de valorar la acción de las organizaciones; en su estudio de caso en cuatro países encontraron que:

“…la oferta de valor de las OSC les ha permitido ser exitosas (en términos procedimentales o sustanciales). Ello les garantiza lograr recursos de donantes, credibilidad entre los socios y legitimidad democrática” [...] la oferta de valor de cada una de las OSC latinoamericanas no es homogénea. Siempre dependerá́ de sus propias prácticas y de las temáticas en las que esté involucrada. Incluso, puede decirse que hay prácticas y metodologías que son usadas de manera reiterada porque son exitosas, pero siempre requieren ajustes locales que hacen parte del proceso de apropiación del nuevo conocimiento” (p. 196).

Lo anterior implica que las organizaciones revisen, tanto los elementos esenciales para la sostenibilidad, desde el ser y el saber hacer, como la legitimidad, el valor, la diferenciación y la relevancia de su acción.

Riesgos

En consecuencia, los riesgos que enfrentan y que afectan la sostenibilidad y permanencia en el tiempo, exigen un compromiso por parte del sector como colectivo y muy especialmente, del gobierno nacional y los gobiernos territoriales para contrarrestarlos y garantizar oportunidades en igualdad de condiciones para todos los actores del desarrollo. Estos riesgos son:

1. Hay pocas garantías para el ejercicio pleno de derechos civiles y políticos de las organizaciones sociales. El Monitor adelantado anualmente por Civicus⁹ es una herramienta para hacer seguimiento al estado de la sociedad civil y las libertades cívicas, (derecho a la vida, a la asociación, a la participación, al control social, a la denuncia) en 196 países y los clasifica en cerrado, reprimido, obstruido, estrecho y abierto, de acuerdo con las realidades del espacio cívico. Según el Monitor, el espacio cívico en Colombia está significativamente limitado; por lo tanto, su categoría es “reprimido”. La descripción del mismo indica que:

“las personas activas y los miembros de la sociedad civil que critican a los titulares de poder corren el riesgo de vigilancia, acoso, intimidación, encarcelamiento, lesiones y muerte. Si bien existen algunas organizaciones de la sociedad civil, su trabajo de defensa se ve obstaculizado regularmente y enfrentan amenazas de cancelación del registro y cierre por parte de las autoridades. Las personas que organizan o participan en protestas pacíficas probablemente sean blanco de las autoridades mediante el uso de fuerza excesiva, incluido el uso de munición real, y corren el riesgo de arrestos y detenciones masivas. Los medios de comunicación generalmente reflejan la posición del estado, y cualquier voz independiente es objeto de ataques rutinarios, ataques físicos o acoso legal prolongado. Los sitios web y las plataformas de redes sociales están bloqueados y el activismo en Internet está muy controlado”¹⁰.

2. El Marco Normativo desconoce la acción de las organizaciones sociales. Los datos demuestran que la reforma tributaria de 2016 desconoció las realidades de las organizaciones sociales y destruyó su capital social, especialmente en los territorios. Según información entregada a la CCONG, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a 31 de diciembre de 2017 estaban obligadas a presentar solicitud de permanencia en el régimen tributario especial, 170.100 ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) y tan solo 27.596 lo hicieron antes del 21 de mayo de 2018; fecha límite establecida en el Decreto 2150 de 2017.

Ese mismo decreto estableció la obligación de actualizar anualmente el registro web para continuar en el régimen tributario especial, a partir del año 2019. Al indagar por el número de ESAL, que debían cumplir con este proceso durante los primeros tres meses de 2019, incluidas las cooperativas, se informó que 50.779 organizaciones tenían que hacer el respectivo trámite, y que vencido el plazo, tan solo 18.950 habían realizado el proceso para continuar en el régimen tributario especial en el año.

Bien vale la pena preguntar ¿la reforma tributaria contribuyó a disminuir la corrupción?, pues ese fue el argumento que de manera irresponsable, el gobierno de turno esgrimió, endilgando este calificativo a las organizaciones sociales.

En cuanto a la reforma del reglamento de contratación entre entidades estatales y ESAL, y considerando la medida cautelar del Consejo de Estado¹¹, se observa que, a juicio del máximo tribunal administrativo, el ejecutivo pudo haber extralimitado sus funciones e incurrido en inconstitucionalidad e ilegalidad. Esta decisión también, deja claro que la contratación con ESAL, a que se refiere el articulo 355 de la Constitución de 1991, tiene un régimen jurídico especial y no pueden aplicarse normas del Estatuto de Contratación Estatal.

3. Las organizaciones sociales enfrentan desventajas para acceder a recursos públicos frente a actores como la cooperación internacional. Un monitoreo social realizado por la CCONG a los procesos de contratación de los recursos públicos del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2014-2018¹², con la Delegación de la Unión Europa, el Sistema de Naciones Unidas (8 Agencias) y la Agencia de Cooperación Alemana – GIZ, encontró los montos totales de la contratación, como se muestra en el cuadro 1.

Durante el período de análisis se hallaron 65 convenios suscritos con Organismos de Cooperación por un monto superior a los $118 millones de dólares, que corresponden a recursos públicos del PND. Se observa que no todos cumplen con el mandato de aportar el 50% de contrapartida como lo establece la norma, lo cual es una desventaja para las organizaciones sociales que deben aportar en contrapartida el 30% en dinero¹³, cuando no se someten a proceso competitivo (contratación directa). A los recursos públicos manejados por organismos de cooperación se les aplica el fuero de inviolabilidad de bienes, haberes y archivos, lo cual los sustrae del régimen de deberes y obligaciones en relación con la presentación de informes, supervisión y vigilancia, así como del régimen sancionatorio y de control fiscal solo por su calidad de organismo internacional.

Así mismo, se les otorgan exenciones que la contratación pública prohíbe para las ESAL, como por ejemplo, la subcontratación, la no exigencia del principio de anualidad presupuestal¹⁴, de rendición de cuentas públicas y el derecho de acceso a la información pública¹⁵, ni lo relacionado con la Ley del Estatuto Anticorrupción¹⁶, frente a las organizaciones privadas que ejecutan recursos públicos.

Estos privilegios se convierten en desventajas para que las organizaciones sociales accedan a los recursos públicos en igualdad de condiciones. Por lo tanto vale la pena preguntar ¿son legítimas las responsabilidades del cumplimiento de las metas de las políticas y programas del PND en manos de los Organismos de Cooperación es legítimo?

Retos

Afrontar la sostenibilidad de las organizaciones implica renovarnos de cara a los siguientes desafíos el continuo intento de equiparar al sector social y al sector con ánimo de lucro, y ii) el afán de convertir el rol de desarrollo, social y político propio de la oferta de valor de las OSC, en una acción meramente mercantil. Lo anterior promueve la idea falsa de que la sostenibilidad de las organizaciones sociales depende del desarrollo de actividades económicas, lo que desvirtúa su valor social, su vocación y su identidad propia.

Un estudio reciente sobre de la “Financiación de organizaciones y redes de la sociedad civil¹⁷” señala que: “La Ayuda Oficial al Desarrollo […] se encuentra en claro retroceso […] Su espacio está siendo ocupado por una amplia variedad de nuevos actores filántropos y mecanismos innovadores de financiación procedentes de contextos muy distintos.”

El estudio recomienda que “Para que la sociedad civil pueda prosperar, los donantes deben desarrollar nuevos sistemas y modalidades de financiación colaborativa y adaptada a cada contexto, a partir de las buenas prácticas”. Por tanto, las alternativas para sostener la oferta de valor de las organizaciones pasa por: reconocer la diversidad de actores que están en los territorios; trascender y establecer nuevas relaciones y articulaciones con el sector público, el empresariado y la cooperación internacional; avanzar hacia acciones colaborativas con las organizaciones sociales, en las que prime la confianza y se valoren sus diversos aportes técnicos, políticos y financieros; se requiere también, renovar las relaciones de solidaridad y no competencia entre las mismas OSC, movimientos sociales y demás actores del tercer sector. El fortalecimiento está en la “juntanza”, en el compartir encuentros, convergencias, propósitos e intereses superiores, lejos del individualismo y la acción aislada; la suma de conocimientos, saberes y acumulados pedagógicos, es potente para transformar la realidad y generar cambios sostenibles.

Por último, la sostenibilidad requiere con urgencia, reconstruir la narrativa sobre el rol de los actores sociales a partir de: Reconocer su aporte social, político y de desarrollo; revindicar su buen nombre y generar opinión entre la ciudadanía para reposicionar la acción y la incidencia de las OSC en los territorios; favorecer ambientes que garanticen los derechos civiles y políticos de las organizaciones y difundir por diferentes medios lo que hacen, lo que son, y lo que aportan a públicos estratégicos, desde la convergencia de propósitos, medios y tecnologías.

Referencias bibliográficas

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2016). Lo que hay que saber de las Entidades sin Ánimo de Lucro. Consultar en este enlace. 

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2016). ¿Estamos listas para la Agenda de Desarrollo Sostenible? Oferta de valor 2014-2015. Consultar en este enlace. 

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2018). Documento resumen Monitoreo Social: “El rol de la cooperación internacional en Colombia: su acción actual, un tema para reconsiderar”. Consultar en este enlace. 

INNPACTIA - CIVICUS. (2019). Informe sobre acceso a recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina. Datos y retos. Consultar en este enlace. 

FORUS. (2019). Financiación de organizaciones y redes de la sociedad civil. Estrategias potenciales para la financiación del Desarrollo en el siglo XXI, informe de investigación – mayo de 2019. Consultar en este enlace.

GPDEC. (2016). Documento Final de Nairobi con motivo de la segunda reunión de Alto Nivel de la Alianza Global sobre Eficacia de la Cooperación al Desarrollo. Consultar en este enlace.

INNPACTIA - CIVICUS. (2019). Informe sobre acceso a recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina. Datos y retos. Consultar en este enlace.

Marín Aranguren, E. M. y Millares Abella, N. (2017). Las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y su oferta de valor. Estudio de caso: México, Brasil, Colombia y Argentina. OASIS (25): 187-221.
DOI: https://doi.org/10.18601/16577558.n25.11

Mesa de Articulación de Plataformas Nacionales y Redes Regionales de América Latina y el Caribe. (2014). Estudio regional sobre mecanismos de financiación de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Consultar en este enlace.

Palabras clave:

Gestión, sostenibilidad, organizaciones sociales, oferta de valor, sociedad civil.

Notas al pie:

^{1 Consultar en este enlace.
2 Consultar en este enlace.
3 Consultar en este enlace.
4 Ley 1819 de 2016
5 Decreto 092 de 2017
6 Consultar los Principios de Eficacia de las OSC al Desarrollo en este enlace.
7 Consultar en este enlace. 
8 Consultar en este enlace. 
9 Consular en este enlace. 
10 Consultar en este enlace.
11 La medida cautelar consiste en la suspensión provisional del inciso segundo del artículo 1; los literales a y c y el inciso quinto del artículo 2, el inciso segundo del artículo 3 y el inciso final del artículo 4 del Decreto 092 de 2017. Consultar en este enlace.
12 Consultar en este enlace.
13 Decreto 092 de 2017. Ver la Guía de Colombia Compra Eficiente.
14 Esto de acuerdo con el concepto de la Contraloría del año 2002: “los recursos del Presupuesto General de la Nación que se ejecutan a través de la celebración de contratos con Organismos de Cooperación Internacional, como es el caso del PNUD, no están sujetos al principio de la anualidad presupuestal y por esta razón solo en el momento en que expira el plazo para el cumplimiento del objeto contractual se debe proceder a su liquidación para establecer el monto de las obligaciones a cargo de las partes. Si resultan saldos no ejecutados serán reintegrados a la Dirección General del Tesoro”
15 Ley 1712 de 2014.
16 Ley 1474 de 2011.
17 Consultar en este enlace.}