Resumen

En las últimas tres décadas Colombia ha mostrado importantes avances en diversos aspectos de la educación, especialmente si se compara la situación de comienzos de los años 90 con la situación actual. Sin embargo pareciera que seguimos estando muy atrás con respecto a lo que tendríamos que haber conseguido en estas tres décadas para estar en el nivel de países de similar desarrollo al nuestro, ya en el contexto del ingreso a la OCDE. Quizá el problema más urgente de atender es el referido a la reducción de las brechas y la segmentación social que desde el origen de la nación ha sido perpetuado por la precariedad de la educación pública en relación con el modelo privado que se instauró desde el principio de la República. En relación con esto hay debates de fondo que seguramente sólo podrían ser impulsados por las Organizaciones Sociales.

Tres décadas de educación:

¿el vaso medio lleno o medio vacío?

En las últimas tres décadas Colombia ha tenido importantes avances en diversos aspectos de la educación, especialmente si se compara la situación de comienzos de los años noventa con la actual. Sin embargo, en el contexto del ingreso a la OCDE, seguimos muy atrás para estar a nivel de países de similar desarrollo al nuestro. Quizás el problema más urgente de atender es la reducción de las brechas y la segmentación social que desde el origen de la nación, ha sido perpetuado por la precariedad de la educación pública en relación con el modelo privado que se instauró a principios de la República. Los debates de fondo sobre el tema sólo podrán ser impulsados por las organizaciones sociales.

Aunque la educación pública en Colombia si se ha transformado, siempre es mucho más lo que falta que lo que se ha conseguido; tal vez, es cierto que partimos como el corredor que inicia la maratón varios kilómetros atrás de sus competidores, según lo muestra el estudio de María Teresa Ramírez e Irene Salazar (2007) quienes afirman:

"Durante el siglo XIX Colombia fue uno de los países más atrasados del mundo en materia educativa. El indicador de alumnos en educación primaria como porcentaje de la población en Colombia era bastante inferior al obtenido por los países desarrollados e incluso menor al del promedio latinoamericano. A mediados de ese siglo, el número de alumnos en educación primaria era cercano al 20% de la población en los Estados Unidos, más del 10% de la población en Holanda y Reino Unido, cercano al 10% en Francia y superior al 5% en España. En Colombia este indicador no alcanzaba el 2%, y ésta brecha entre Colombia y los países desarrollados se mantuvo durante todo el siglo".

La misma autora, en esta ocasión con Juana Patricia Téllez (2006), evidencia que la situación del siglo XX no fue mejor:

"Las transformaciones educativas en Colombia sólo empezaron a ocurrir en la década de los cincuenta, cuando se presentó un rápido y sostenido crecimiento económico y un cambio significativo en la estructura económica y demográfica del país. Desde 1950 y hasta mediados de los setenta, los indicadores educativos crecieron a un ritmo nunca antes visto. El número de alumnos matriculados tanto en primaria como en secundaria se expandió en forma considerable así como el número de docentes y de establecimientos educativos. La expansión educativa de estos años se dio en paralelo con la de otros países latinoamericanos y los indicadores colombianos siguieron siendo bajos al compararlos con estos países. La expansión de los indicadores educativos se frenó desde mediados de los setenta y hasta principios de los ochenta, cuando se dio una nueva expansión en los mismos que se mantuvo hasta finales de siglo. A pesar de estos grandes avances durante la segunda mitad del siglo XX, al finalizar los noventa el sector educativo Colombiano seguía presentando bajos niveles de cobertura, eficiencia y calidad así como vaguedad en las competencias y obligaciones en términos administrativos y financieros de los diferentes niveles gubernamentales".

Desde la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 115 de 1994 se han producido importantes transformaciones en el Sistema Educativo. Es evidente el incremento de la cobertura en todos los niveles, pero aún quedan retos para poder ubicarnos en los promedios de países con desarrollos similares al nuestro.

El informe de la OCDE, en 2018 sobre la educación colombiana señala que: "En las últimas décadas, Colombia ha expandido considerablemente el acceso a la educación. Las tasas de matrícula han incrementado en la educación media e inicial, y Colombia también ha progresado en cuanto a la expansión del acceso a la educación y el cuidado de la primera infancia, así como también a la educación superior. Sin embargo, aún necesita incrementar la cobertura, mantener a los estudiantes en la escuela y suavizar las transiciones. Las brechas en materia de tasas de matriculación siguen existiendo entre las áreas urbanas y rurales y entre los estudiantes desfavorecidos y favorecidos, particularmente en la educación pre-escolar y la educación media".

Otra observación a destacar en este informe es el incremento de la educación privada como opción; señala que cuando una entidad territorial certificada tiene dificultades para proveer educación puede contactar a un proveedor privado. En 2017, el 5,3% de los más de 9,3 millones de estudiantes en educación preescolar, primaria y secundaria asistían a este tipo de provisión privada dependiente del gobierno, de otra parte, la familia puede elegir una escuela privada independiente, caso del 18,7% de estudiantes; la oferta privada, por lo tanto, representa un 24% de todas las matrículas.

Para hacer un juicio de valor sobre los datos mencionados es útil enunciar con claridad lo que la sociedad espera de su educación. Si lo que se pretende es que toda la población infantil y juvenil vaya a la escuela y culmine su educación básica independientemente de lo que allí se le ofrezca, es claro que hemos avanzado mucho en estos treinta años, aunque todavía haya deudas pendientes como las que señala la OCDE. Si además del acceso se espera que el estudiantado desarrolle un conjunto preciso de competencias cognitivas relacionadas con el lenguaje, las matemáticas y las ciencias, ya el diagnóstico es mucho menos optimista, pues estamos en los últimos lugares de desempeño entre todos los países que se someten a las pruebas PISA. Pero si fuéramos más ambiciosos y pensáramos que la educación es la herramienta más importante en la construcción de la equidad social y la paz, tendríamos que preocuparnos seriamente.

La educación es sin duda, el factor fundamental de constitución de una sociedad. La forma como se organiza el sistema educativo de un pueblo determina en alto grado la organización de la sociedad y las relaciones que se establecen entre los diversos grupos que la conforman. En la medida en que la infancia y sus familias se integren o se segreguen en la escuela básica y luego en la educación superior, la sociedad se consolida de una forma más o menos homogénea y con mayores o menores posibilidades de construcción de Capital Social. Esto lo anunció Aristóteles desde el siglo IV a.C., en el libro quinto de La Política:

"No puede negarse que la educación de los niños debe ser uno de los objetos principales de que debe cuidar el legislador. Dondequiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. (…) Las costumbres democráticas conservan la democracia, así como las costumbres oligárquicas conservan la oligarquía, y cuanto más puras son las costumbres, tanto más se afianza el Estado. (…) Como el Estado todo sólo tiene un solo y mismo fin, la educación debe ser necesariamente una e idéntica para sus miembros, de donde se sigue que la educación debe ser objeto de una vigilancia pública y no particular, por más que este último sistema haya generalmente prevalecido, y que hoy cada cual educa a sus hijos en su casa según el método que le parece y en aquello que le place. (…) En nuestra opinión, es de toda evidencia que la ley debe arreglar la educación y ésta debe ser pública".

Pues bien, en Colombia se optó desde el inicio de la República por una educación profundamente segregada en la cual, las élites granadinas aseguraron un modelo que permitió preservar privilegios y poder, mediante un sistema de educación privada muy diferenciado de la educación pública, impartido de manera escasa para el resto de la población.

Para comprender el significado de uno u otro tipo de educación en la constitución de determinada sociedad, es necesario tener en cuenta que por debajo de lo que pareciera semejante en todo el aparato escolar y universitario, circulan unos mensajes bien diferentes que, en últimas, son los que producen un impacto real en la conciencia de las personas. En efecto, cuando se estudian las normas legales que regulan el sistema educativo, parecería que todos los ciudadanos tienen acceso a lo mismo, tal vez con diferencias en la calidad, en las condiciones materiales o en las facilidades de acceso, pero sin discriminación evidente en los contenidos de la instrucción que se ofrece. Esto puede decirse desde las primeras normas expedidas por Francisco de Paula Santander hasta las últimas pautas que intentan implantar la jornada única en los colegios oficiales. Pero atrás de currículos, planes de estudio, formación del magisterio y políticas de cobertura, circula algo más profundo que es la educación del deseo, la conciencia de clase y la manera de insertarse en la pirámide social. Por esto la escuela se convierte en uno de los pilares que aseguran la pertenencia o acceso a ciertos círculos sociales exclusivos.

Este es un asunto de supremo interés, más allá de las cuentas que hacen los gobiernos, las exigencias de los sindicatos o las evaluaciones que año a año pretenden medir avances en la calidad. Lo importante es indagar si de verdad la educación está siendo un factor de movilidad social, si es cierto que quienes terminan el bachillerato en colegios oficiales tienen las mismas oportunidades de ir a la educación superior, si el Estado está interesado en ampliar la cobertura de las universidades públicas con el mismo empeño con el que estimula la aparición de más y más instituciones privadas. Reconocidos académicos dudan sobre este asunto. Parece que haber asistido a una buena universidad no es suficiente para ascender en la escala social, pues es evidente el papel que todavía juegan factores de clase (apellidos, círculos de influencia, etc.).

Mientras en Estados Unidos, México y Argentina tuvieron claro desde el principio el papel de la educación pública como base constitutiva de la nación, nosotros nos desbarrancamos por la disgregación que produjo un modelo caótico, donde la iniciativa privada orientada a la defensa de unos intereses particulares y excluyentes, se hizo cargo de lo que tendría que ser asunto central de la atención del Estado. Y los gobiernos, más preocupados por su éxito de corto plazo, incapaces de establecer un modelo de convivencia pacífica, aprendieron a endosarle sus propias responsabilidades a la iniciativa privada.

Entre nosotros, las familias de sectores pobres consideran que la educación privada es un camino seguro de ascenso social y un indicador de prestigio, así ello implique grandes esfuerzos. Esto explicaría la gran cantidad de estas instituciones educativas en sectores populares de las grandes ciudades. En diversos estudios y encuestas de opinión se evidencia como, en el imaginario colectivo, la educación pública es menos valorada por razones de calidad y oportunidad de progreso para quienes concluyen sus estudios.

La educación oficial, que congrega cerca del 76% de la población escolar, padece serios problemas de calidad, representados en muy bajos resultados académicos comparativos, tanto dentro del país (con relación a la educación privada) como en la mayor parte de las pruebas internacionales. Esto no es extraño si se tiene en cuenta que la calidad está marcada no solo por el currículo y el nivel de preparación del magisterio, sino por factores como las instalaciones y equipamiento de los colegios, el nivel cultural de familiares y educadores y, desde luego, la inversión del Estado en la prestación del servicio.

La mayor parte de la población juvenil que concluye sus estudios secundarios en la educación oficial no logra ingresar a la universidad. En algunos casos el problema es económico, pues dedicarse a estudiar cinco años más, requiere un ingreso capaz de soportarlos, y esto no es posible cuando cerca del 45% de las familias viven debajo de la línea de pobreza. En otros casos la dificultad es el nivel académico que no les permite acceder la educación superior.

Más o menos así se ha configurado nuestra sociedad, en un cuidadoso proceso selectivo desde la primera infancia por eso, cuando se llega a la edad adulta cada quien tiene claridad sobre lo que es, lo que no es y lo que quisiera ser; los deseos, las relaciones, las diversiones, los gustos, el lenguaje, las amistades y hasta los derechos fundamentales, han quedado claramente estratificados, recogiendo una tradición de doscientos años de independencia retórica y de inequidad real.

Mientras tanto las discusiones y debates nacionales giran alrededor de una jornada única que se limita a añadir un par de horas a lo mismo que siempre ha fracasado, sin una discusión seria sobre el anquilosamiento curricular o la incapacidad de las universidades para formar un magisterio de excelencia. Se sigue hablando de la calidad en clave de competencias cognitivas, pero no se toca la organización escolar y su estructura disfuncional, frente a los ideales de participación y convivencia anunciada en la Ley 115. Las normas abrieron el camino a la autonomía, pero los modelos absurdos de supervisión y control, aunados al temor de hacer cambios audaces, han sumido al sistema en un letargo que solo se va llenando de una terminología críptica proveniente de los organismos internacionales.

La realidad es que en el país no se están pensando con seriedad los cambios tecnológicos y sociales que han transformado la cultura, la familia, la empresa, el trabajo, las relaciones humanas y las formas de acceder a la información. El ministerio es interrogado sobre el uso de los recursos de alimentación, las obras de infraestructura, las asignaciones presupuestales, pero no sobre la creciente frecuencia del suicidio infantil, el descenso en la demanda de educación superior o el destino de los miles y miles de jóvenes que en vez de ir a la universidad, son reclutados por el ejército para la guerra y luego no pueden retomar un camino para su inserción productiva en la sociedad.

Ciertamente hemos tenido avances, incluso muy notorios si los comparamos con el comienzo de los noventa. La Constitución del 91 marcó un hito al consagrar el derecho a la educación y extenderlo de cinco a once años; se introdujeron cambios importantes en la organización del sistema, la descentralización y el financiamiento. Además se ampliaron las políticas de inclusión, en gran parte inducidas por sentencias de la Corte Constitucional en fallos de tutela que evidenciaron las muchas violaciones al derecho fundamental.

Pero el mundo va más rápido y cuando todo avanza tan de prisa, la realidad nos va dejando atrás, por eso es fundamental valorar todo lo logrado, sostenerlo y consolidarlo y, lo sustancial es tener la audacia de dar grandes pasos que nos permitan salir de la inercia que parece cada vez más pesada y difícil de vencer.

Abrir estos grandes debates es un deber de la sociedad civil, pues quienes aspiran a ocupar las altas dignidades del Estado por estos días, no ven más allá de los cuatro años y no dicen nada que no sean baratijas brillantes para los electores. Las organizaciones sociales que hoy disponen de medios nunca antes imaginados, tienen el poder de instalar en la agenda pública discusiones que superen la dialéctica simplista de la derecha y la izquierda. Librar a miles de niñas y niños de una vida miserable por falta de sentido, no es un problema de tendencias políticas aunque, sólo mediante el ejercicio pleno de la política pueden buscarse nuevos modelos pedagógicos que quizá les abran rutas de esperanza.

El magisterio y sus organizaciones tienen la obligación de repensar sus propósitos y sus luchas, pues desde hace tiempo están transitando un camino tortuoso de complicidad con los poderes establecidos y con el sistema que tanto critican. De ellos depende la calidad de la educación de las clases más pobres y no del Estado, pues son ellos quienes están (o no están) en las aulas, quienes cultivan en sus estudiantes la confianza en sí mismos o les desaniman en sus búsquedas, son quienes pueden presionar para que la escuela ofrezca lo mejor, así implique algún cambio en las jornadas de trabajo; pero si no se modifican ciertos parámetros tampoco el gremio conseguirá ni el respeto de la sociedad ni mejoras reales en sus condiciones laborales. Estas son discusiones profundas que sólo podrían convocar organizaciones sociales que no estén alineadas con los gobiernos y poder así, enfrentar con crudeza las grandes preguntas que no sabemos todavía cómo hacer.

Desde luego será necesario promover foros en los que muchos actores con intereses diversos y seguramente muy divergentes puedan encontrarse para pensar qué sociedad queremos construir a través de nuestro sistema educativo, más allá de limitarse a dar informes numéricos sobre matrícula, retención, repetición, graduación, competencias… Hablar de educación es hablar de personas, de cultura, de nación, de identidad. Esta es la verdadera agenda educativa pendiente.

Referencias bibliográficas

Aristóteles, Libro quinto. De la política.

Ramírez, María Teresa y, Salazar, Irene. (2007). Surgimiento de la educación en la República de Colombia, ¿En que fallamos? Borradores de economía, No. 454, Banco de la República. Bogotá.

Ramírez María Teresa y Tellez, Juana Patricia, (2006). La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX. Banco de la República, Bogotá,. Versión digital.

Radinger, Thomas, y otros. (2018). Revisión de recursos escolares: Colombia. Resumen. OECD Ministerio de Educación Nacional.

Palabras clave:

Educación, desarrollo, sistema educativo, sociedad, escuela.