Resumen

La Corporación Región aboca el tema migratorio en varios momentos y desde varias perspectivas teóricas y metodológicas. En este artículo se describen cuatro momentos de este trayecto e identifica las preguntas claves en cada uno de ellos: A comienzos de los años noventa, muy ligada a la investigación sobre violencia urbana se resalta la figura del migrante campesino y su acción de conquista y lucha por la ciudad. Luego, desde medidos de los noventa, reconocemos el fenómeno del desplazamiento forzado. No le llamamos migración por su carácter forzado y su asociación al conflicto armado. Así llegamos a la noción de Migración forzada, a la descripción de rutas migratorias, de trayectos, de políticas migratorias nacionales e internacionales; a identificar las relaciones y diferencias con otras formas de migración (económica, cultural). El último momento es el presente: Colombia es el principal lugar de destino de la migración venezolana. Nuestra historia había sido la de un país y una ciudad que expulsaba a su gente, no la de quien recibe. Este fenómeno, que por las características socio políticas del país vecino, no pareciera ser transitorio, nos genera nuevos retos investigativos y de acción colectiva. A 30 años, nuevas preguntas y perspectivas se abren.

Sociedades en Movimiento.
Migraciones y Desplazamiento Forzado

La Corporación Región nace con la necesidad de comprender las realidades y problemáticas que nos aquejan como sociedad. El poblamiento de la ciudad y especialmente lo que algunos denominaron “la colonización urbana” o la “segunda fundación”, propiciada por la romería de los habitantes del campo desde finales de los años cincuenta, por razones asociadas a la violencia, la pobreza o simplemente por la atracción que representaba la ciudad, fue una de esas realidades. Entre los componentes de la crisis que estalló a finales de los ochenta, estaba la insatisfacción del conjunto de demandas de inclusión y reconocimiento, de esta población. Así fue nuestro primer acercamiento a los temas migratorios y de movilidad humana; después vino el desplazamiento forzado; poco a poco comprendimos que más allá del tema humanitario, éste expresaba una modalidad de trashumancia que hacía mella en el mundo, la migración forzada, de la cual Colombia era una de sus máximas exponentes. Los acercamientos a este tema desde la investigación, la formación ciudadana y la incidencia pública, constituyen otras piezas de la reflexión y acción propuesta por Región en sus 30 años.

1. Momento uno: De campesinos a pobladores urbanos excluidos

Algunos de entre quienes fundamos la Corporación, veníamos del trabajo barrial y de los movimientos sociales urbanos; de ahí que, las preguntas por los procesos de poblamiento, la identificación del barrio como unidad socio espacial, en la que se reproducían las contradicciones de la sociedad y se generaban nuevas formas de habitar la ciudad; la valoración de grupos que demandaban acceso a recursos y bienes (económicos, sociales y culturales) fueran parte del equipaje inicial.

En este contexto, la caracterización socio espacial de las comunas, las historias de barrios, y la reflexión sobre las raíces de la violencia que aquejaba al Medellín de los noventa, nos acercaron, desde diversas ópticas, a las migraciones como componente central de la conformación de la ciudad contemporánea.

El termino migración asociado a la movilidad campo-ciudad, aparece por primera vez en “Medellín en zonas” (Naranjo, 1992). Allí se hace referencia a la procedencia de los habitantes reasentados en las zonas nororiental, noroccidental, centro oriental y centro occidental de la ciudad. A lo largo del texto se trabajan dos acepciones de este tipo de migración, una de carácter fenomenológico “movimientos migratorios”, otra que alude a la construcción del sujeto migrante “Migración campesina”. Se hablaba entonces de un fenómeno asociado a la movilidad humana ligada a la violencia de mediados del siglo XX y a las precarias condiciones de vida en el campo, así como de un reasentamiento marcado por la escases y el desarraigo, en una ciudad que no lograba insertarlos y que les empujaba a “reasentarse de hecho” en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Otra vía por la que llegamos a esta reflexión fue la violencia urbana. La crisis de la década de los noventa y las altas cifras de homicidios, apremió la necesidad de indagar sobre sus causas. Sin duda alguna, la existencia de poderes armados, de redes criminales, del negocio de las drogas, explicaban una parte del fenómeno; pero bastó hurgar un poco para encontrar que, en su base estaba también, la existencia de un segmento importante de la población, mujeres y hombres que expulsados del campo por la violencia o por la pobreza y con demandas insatisfechas, habían llegado como migrantes rurales en el transcurso de tres décadas (60-70- 80). La prole de esta generación de migrantes, en buena medida, estaba nutriendo los grupos armados, lo que explicaba la alta tasa de homicidios, tal y como fue relatado en el texto “Subculturas del narcotráfico” (Salazar y Jaramillo, Cinep, 1996). Otros, totalmente apropiados e identificados con la ciudad que sus familias ayudaron a construir, sumaron su voz a la de quienes reclamaban para ellos posibilidades de futuro.

En este primer momento, la atención no se puso en la migración como problema, sino en el no reconocimiento y la exclusión de estos migrantes campesinos; nuevos pobladores urbanos que ayudaron a fundar la ciudad, y planteaban para ellos y sus familias, demandas de inserción y bienestar que no eran atendidas. Ellos hacían parte de una dinámica de movilidad presente en América Latina pero en Medellín, sólo lo pudimos ver, a partir de la pregunta por las causas de la violencia que, desde mediados de los ochenta, azotó al país y la ciudad.

2. Segundo momento: El desplazamiento forzado y las víctimas

Este tema estuvo relacionado, de manera directa, con el reconocimiento de un conflicto armado que se hizo visible desde mediados de los noventa. En el trabajo que se realizaba en zonas periféricas de la ciudad, nos encontramos con un nuevo sector poblacional, familias expulsadas del campo, que llegaban buscando refugio y, por lo general, en condiciones extremas de pobreza. Asuntos primordiales como el derecho a una alimentación básica, el acceso a la escuela o al sistema de salud, nos suscitaron otras preguntas: ¿Cómo hablar de derechos humanos con una población con todos sus derechos vulnerados?, ¿Cómo emprender procesos de formación y liderazgo ante la imperiosa necesidad de sobrevivir? ¿Cómo entender la ciudadanía con personas que, en muchos casos, no tenían ni siquiera cédula o registro civil y su documento más preciado era la carta de desplazado, emitida por una entidad pública y con la que podían recibir ayudas humanitarias? ¿Cómo focalizar esta población en sectores y asentamientos conformados por los llamados “pobres históricos”, igualmente vulnerados y excluidos? Estas preguntas interrogaron nuestros currículos y metodologías; las herramientas obtenidas de corrientes de la Educación Popular y pedagogías activas, en las que nos apoyábamos, fueron insuficientes. Las nuevas dimensiones de nuestra labor de acompañamiento, para el reconocimiento de la población desplazada en la ciudad fueron: el lugar de procedencia y la edad; las subjetividades y la memoria; el trabajo psicosocial, las afectaciones diferenciales por género y las resistencias y capacidades de estas personas para enfrentar y transformar los impactos del conflicto armado.

Una de las experiencias que sintetiza esta perspectiva fue La Rueca, un proceso de formación para la reflexión, la creatividad y la solidaridad con personas desplazadas. La Rueca, fue el símbolo que nos acompañó desde el inicio hasta el final. Buscamos con esta metáfora estética, unir las madejas del tejido social roto por la guerra pues, reconocíamos esa ruptura y la necesidad de recomponerlo, entrelazando acciones colectivas. Nos interesaba facilitar que cada sujeto se pensara de forma individual, repensara su proyecto de vida y tratara de resignificar los efectos del conflicto armado, siempre en relación con los demás. Cuarenta y cinco personas, en su mayoría mujeres entre los diecisiete y los setenta años, participaron del proceso cada domingo durante un año.

Además de su precaria situación, a las personas desplazadas les pesaba el estigma del que eran objeto. En una exploración realizada en la investigación sobre la construcción social del miedo (Villa y otras, 2003), encontramos que las identificaban con la guerra; entendiendo que ésta, se desarrollaba principalmente en el escenario rural, se las señalaba de traer la guerra a la ciudad: “si huyeron por algo será”; “quién sabe quiénes serán y por qué están aquí” se decía. La desconfianza y la sospecha eran el rasgo predominante de la relación entre esta población y la sociedad receptora que no se atrevía ni a mirar a los ojos de quienes, parados en los semáforos, portaban sus carteles: “Ayúdenme. Soy desplazado”.

2.1. Una ciudad con nuevos habitantes y nuevos vecinos

Trabajar por el reconocimiento de esta población fue un propósito explícito de nuestro accionar. Para ello, acudimos al arte y a la comunicación pública: campañas como Tenemos Nuevos Vecinos y Esta es Tu casa¹ , la contribución a la exposición Destierro y Reparación impulsada por el Museo de Antioquia² y la puesta en marcha de una obra colectiva, producto del diálogo entre artistas y organizaciones de víctimas: el Bus de la Memoria³ , llamaron la atención sobre un fenómeno que había tomado una magnitud superlativa y aun así, seguía siendo marginal en las agendas sociales y políticas de la ciudad y el país. Lo más importante quizás, era ver en cada rostro el drama humano que había llevado a miles de personas a la ciudad, como única forma de protegerse y de intentar una nueva vida. Con estas acciones logramos: llamar la atención sobre su presencia en la ciudad, darles la bienvenida, ayudar a otros a comprender que, como nosotros, tenían derecho a quedarse en la ciudad, a ser bien tratados y a una ciudadanía plena.

Como parte de esta apuesta por el reconocimiento y por develar el rostro de la tragedia del desplazamiento, se produjo la serie audiovisual Multitud Invisible⁴ , bajo la dirección de Luigi Baquero. En las voces de sus protagonistas, se transitó el camino que habían recorrido las personas desplazadas hasta llegar a ocupar los bordes de la ciudad, caracterizados por la extrema pobreza; conocimos las demandas de educación y salud, no sólo de quienes llegaron del campo, también, de quienes eran desplazados en la misma ciudad; supimos de sus pérdidas y sufrimientos y, aprendimos de su capacidad de liderazgo, sus expectativas de futuro, su sueños.

De esta forma, a través del arte y la comunicación, la Corporación Región se la jugó por incluir en la agenda pública y gubernamental esta realidad, por ponerle palabra y rostro a un drama humanitario que no le era exclusivo, pues afectaba todo el país.

2.2. La agenda investigativa

Como parte de nuestra política de producción de conocimiento, desarrollamos diferentes proyectos de investigación que apuntaban a comprender un fenómeno que estaba transformando de manera definitiva, el rostro de las ciudades y evidenciando la debilidad institucional para su atención. Desde comienzos del 2000, hicimos parte del grupo impulsor de la Red de Investigación sobre Desplazamiento Forzado (REDIF) que apostó a construir una comunidad académica para debatir asuntos de orden teórico, ético y metodológico, además, para incidir en las políticas públicas que se adelantaron desde finales del noventa en el país⁵ . En este escenario compartimos las preguntas y los resultados de nuestra actividad investigativa.

El libro “Miedo y Desplazamiento” (Jaramillo y otras, 2004), resultado de un proyecto e investigación con personas desplazadas del Oriente y el Urabá, exploró sus trayectorias y recorridos hasta llegar a la ciudad, a través de ejercicios de memoria, por las redes sociales en las que se insertaban y por las representaciones que de esta población se hacía en las comunidades receptoras. Así, comenzamos a cruzarnos con el campo de los estudios migratorios. Por cerca de una década participamos en el Grupo de Migraciones de CLACSO⁶ , y establecimos un diálogo que nos permitió encontrar, tanto nuevos referentes teóricos y metodológicos, como las especificidades del problema que nos ocupaba. Efectivamente estábamos frente a una modalidad migratoria cuyos contextos eran la violencia y el conflicto armado en los que se producían. Con la noción de Migración forzada, encontramos la relación y, a su vez, la especificidad.

“Poniendo Tierra de por Medio. Migración forzada de colombianos en Colombia, Ecuador y Canadá” recogió los resultados de una investigación colaborativa con Flacso (Ecuador) y la UBC (Canadá) en la que comparamos las diversas modalidades de migración forzada: interna (intraregional e intra urbana) e internacional (Ecuador y Canadá). Así, nos aproximamos a otro tema de reflexión y debate: el refugio y las políticas para su atención.

Como parte de los estudios sobre la memoria, profundizamos en dos casos de desplazamiento forzado: el primero, en el oriente antioqueño municipio de San Carlos, zona rural ubicada en el complejo hidroeléctrico más importante del país; más del 90% de la población abandonó sus tierras por razones asociadas al conflicto armado, ocasionando un verdadero éxodo⁷ ; el segundo en la Comuna 13 de Medellín, publicado en el texto “La huella invisible de la guerra; Desplazamiento forzado en la Comuna 13”⁸ . Al acercarnos desde la perspectiva de la memoria, pudimos nombrar tanto las dinámicas de guerra en la ciudad, como uno de sus impactos más invisibilizados: el desplazamiento forzado dentro de la ciudad, y el desplazamiento rural, casi siempre provocado por delitos como asesinatos, amenazas, reclutamiento forzado y despojo, entre otros. Con este enfoque, nuestra mirada de las tipologías migratorias en Colombia, en este caso asociada a contextos de conflicto armado, se diversifica: ya no sólo se trata de la clásica migración campo-ciudad, sino, desde el punto de vistas de las trayectorias, de una migración intraregional, urbana e internacional.

Y nos interesamos en comprender y describir: los contextos de expulsión, los recorridos, los recursos empleados, las formas de recepción en las comunidades, las representaciones, los estigmas, las prácticas de inserción y, especialmente, las demandas de atención y reparación asociadas a la emergencia de un nuevo sujeto político: las víctimas. También, ha formado parte de nuestra reflexión en Región y en el intercambio con el campo de estudios sobre el tema, el retorno como parte de las trayectorias migratorias y de las medidas de reparación y restablecimientos de derechos de la población desplazada dentro y fuera del país.

2.3. La incidencia en políticas públicas incluyentes

La ley para la atención de desplazamiento forzado (Ley 387 de 1997) fue el resultado de la presión de organizaciones de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales que, en sintonía con los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado (1996), apuntaba a reconocer el drama humanitario que padecían cientos de miles de personas, de manera silenciosa, y la obligación del Estado en su atención. También fue expedida por la decisión de diferentes administraciones locales, de asumir su responsabilidad y competencias respecto a la atención de las víctimas.

Para su implementación se crean instrumentos de política, una institucionalidad y un sistema nacional de atención que determinó también, las obligaciones y las instancias que en los territorios debían implementarse. La Corte Constitucional se convirtió en garante de los derechos de la población desplazada, y durante años, produjo una doctrina valorada “como uno de los aportes más sugestivos y novedosos al constitucionalismo contemporáneo” (Rodríguez y otros, 2010). En una de sus sentencias, admitió el incumplimiento sistemático del Estado a los mandatos de la ley, y reconoció la configuración de un Estado de Cosas Inconstitucional (Sentencia T-025 de 2004). Las organizaciones de la sociedad civil conformaron la Comisión de Seguimiento a la sentencia y desde allí produjeron una importante batería de indicadores para evaluar sus avances⁹.

Región se involucra en este campo desde el análisis de políticas públicas en las que se incluyen asuntos tales como: las representaciones políticas que los servidores públicos tienen sobre las víctimas y la constitución de las víctimas como sujetos políticos (Villa y otras, 2004) al incidir en el diseño de la política para la atención a la población desplazada a nivel local (acuerdo 049 de 2007) y departamental (ordenanza 006 de 2006) y apoyando los mecanismos de participación creados por la misma política; también, con el fortalecimiento de organizaciones sociales para el ejercicio de su liderazgo y agencia de sus derechos¹⁰. Y participamos en: procesos de elaboración de políticas locales y el avance en la conceptualización del fenómeno y sus víctimas, así como sus conexiones con el derecho a la ciudad que mejoraron los instrumentos de política. Se incidió en la implementación de los lineamientos trazados, especialmente en Medellín, primero con el acompañamiento en el diseño y puesta en funcionamiento de la antigua Gerencia de Desplazamiento de Medellín, y posterior Unidad Municipal de Atención a Víctimas, así como en la evaluación de desempeño de esta dependencia, con un estudio que condujo a la adecuación de algunas de sus principales líneas de trabajo: reconocimiento, reparación, retornos y reubicaciones.

El desplazamiento forzado, que llegó a contabilizar más de 8.000.000¹¹ de desplazados internos y 25.452¹² que cruzaron las fronteras en búsqueda de protección internacional, modificó de manera determinante el territorio nacional. La brecha entre el avance en la formulación de la política pública y su implementación, fue el dato relevante. Con la aprobación de la ley de víctimas y el proceso de paz, emergen otros referentes contextuales y las víctimas del desplazamiento forzado conforman un campo en el que se constituye un nuevo sujeto político.

A pesar de las demandas insatisfechas de atención y reparación, sus requerimientos se sitúan hoy, en el pleno derecho a la ciudad, esto es, a estar, a quedarse, a disfrutar de los beneficios del desarrollo y a incidir en su futuro. Ya no son nuevos vecinos; la ciudad les pertenece, al menos a una parte de ellos.

3. Coda. La pregunta por la migración venezolana

En estas tres décadas nos hemos ocupado, de manera prioritaria, de la migración forzada de colombianos, dentro y fuera del país. Aunque el contexto del conflicto armado ha cambiado, el desplazamiento forzado se sigue produciendo desde algunas regiones y, muchas de las demandas de inclusión y reconocimiento siguen latentes, por lo que seguirán siendo relevantes en las agendas investigativas, sociales y políticas.

A esto se suma un nuevo fenómeno: la migración desde Venezuela hacia Colombia. Se calcula que 1.400.000 personas han llegado y que, al menos la mitad se encuentra en situación irregular. Muchas son de origen venezolano, otras son colombianas que, después de décadas de vivir allá, retornan. Nunca antes el país había sido un lugar significativo para la admisión de migrantes extranjeros, por lo que este escenario, genera un conjunto de preguntas sobre la atención, la recepción y las posibilidades de reconocimiento e inclusión.

Tal como sucedió con migrantes colombianos que llegaron a otras ciudades o países, buscando protección, una parte de la sociedad les responde con actitudes xenófobas. El ambiente político y el drama humanitario que se vive en Venezuela, hace pensar que se trata de circunstancias que tardarán décadas en tramitarse, pues no se trata de asuntos coyunturales.

A Región, como organización democrática, le corresponderá en los próximos años, poner por obra los aprendizajes sobre la migración forzada de colombianos y ayudar a entender esta nueva realidad, para incidir en las políticas públicas y en las representaciones sociales que sobre la migración se tienen. Y ayudar a otras personas a decir colectivamente a los hermanos venezolanos: ¡Esta es tu casa!

Listado de publicaciones sobre desplazamiento forzado registrado en Colciencias

Referencias bibliográficas

Bello, Marta Nubia (compiladora), 2006. Investigación y Desplazamiento Forzado. Reflexiones éticas y metodológicas. Bogotá, Colciencias.

Jaramillo, Ana, Villa Marta y Sánchez, Luz Amparo. (2004). Miedo y Desplazamiento. Experiencias y percepciones 2000-2004. Medellín. Corporación Región.

Naranjo, Gloria. (1992). Medellín en zonas. Medellín, Corporación Región.

Riaño Pilar y Villa Marta. (editoras). (2008). Poniendo Tierra de por Medio. Migración forzada de colombianos en Colombia, Ecuador y Canadá. Disponible en este enlace.

Salazar, Alonso y Jaramillo, Ana María. (1996). Subculturas del narcotráfico. Bogotá. Cinep.

Rodríguez César. Diana Rodríguez, Franco, . (2010). Cortes y cambio social: cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Villa, Marta, Sánchez, Luz Amparo y Jaramillo, Ana María (2003). Los rostros del miedo. Una investigación sobre los miedos sociales urbanos. Medellín. Corporación Región.

Villa, Marta, Jaramillo, Ana María. y Sánchez, Luz Amparo. (2004). Miedo Y Desplazamiento: experiencias y percepciones. Medellín. Corporación Región.

Palabras clave:

Sociedad, ciudad, migración, desplazamiento forzado, inclusión social, víctimas.

Notas al pie:

^{1 Ver: Salazar, Marta. Arte para develar esas otras realidades. 
2 A propósito ver: González, Lucia. Desterrando la indiferencia, recuperamos nuestra dignidad.  
3 Sanchez, Luz Amparo: El bus de la memoria; un ejercicio de memoria colectiva. Una descripción de estas campañas puede verse en: Revista 58 Desde la Región. Arte y reconciliación
4 La serie está compuesta de 5 videos: “Esta es tu casa”, “Donde comen uno comen tres comen seis? , “No se lo deseo a nadie” , “Nos tocará” 
5 Textos producidos por Redif: Bello, 2006
6 En este grupo se produjeron dos libros que dan cuenta de esta producción y de este diálogo: Las migraciones en América Latina / compilado por Susana Novick. -1a ed.- Buenos Aires: Catálogos, 2008. Y, Bela Feldman-Bianco, Liliana Rivera Sánchez, Carolina Stefoni, Marta Inés Villa Martínez (Compiladoras) La construcción social del sujeto migrante en América Latina. Prácticas, representaciones y categorías. CLACSO - FLACSO – UAH, Buenos Aires, Quito,Santiago, 2011, 366
7 San Carlos, memorias del éxodo en la guerra. Disponible en este enlace. 
8 La huella invisible de la guerra. Disponible en este enlace.
9 Corte Constitucional (2008) Indicadores de Goce Efectivo de Derechos. En: Auto 116 de 2008.
10 La institución acompañó la caracterización de las organizaciones inscritas en las Mesas Municipales de Participación en Medellín (2013) y Antioquia (2014)
11 Registro Único de Víctimas. Corte a 1 de septiembre de 2019.
12 Registro Único de Víctimas. Corte a 31 de julio de 2019.} 

Resumen

¿Cuáles han sido los principales debates y discusiones que se han dado y se dan hoy frente a la violencia en la sociedad – y en particular en Medellín y Antioquia - durante estas tres décadas?, ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales frente a estas problemáticas y debates? Para responder estas preguntas será necesario aproximarse al por qué para analizar cómo la sociedad (local) ha evolucionado durante estas tres décadas, es fundamental tomar en cuenta los debates y problemáticas sugeridas en ellas por las organizaciones sociales, sin solo limitarse a analizar planes de desarrollo y programas de gobierno.

Violencia y paz: el eje central de cuatro décadas de debate en sociedad

Introducción

En este ensayo presento algunos insumos para la reflexión en torno a dos preguntas ambiciosas pero inspiradoras, que ameritan sin duda, un tratamiento más elaborado e histórico del que ofrezco acá: ¿Cuáles son los principales debates que se han dado sobre la violencia, en la sociedad, durante las últimas décadas? Y ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales en ellos y frente a la problemática de la violencia en general?

Contrario a la creencia de que en Colombia la violencia fue siempre la misma, en las últimas décadas han sido grandes sus transformaciones y es evidente que el contenido, el tono y la participación de las organizaciones sociales en los debates sobre la problemática, también han cambiado. Esto no excluye algunas continuidades: Primero, el binomio violencia-paz siempre ha sido el eje central de las reflexiones en las organizaciones sociales durante estas décadas, y en general (pero no siempre) a partir de una preocupación ética - política para superar la violencia y pacificar la sociedad. El corazón del debate ha sido más cómo alcanzar la paz, y menos en que consiste ella, ya que mientras algunos aspiran a cero homicidios, otros tienen exigencias mayores (inclusión, equidad, reformas políticas). Segundo, la coyuntura política y las tragedias diarias (masacres, magnicidios, líderes sociales asesinados) marcaron las discusiones, dificultando casi siempre ver el bosque a través de los árboles, en particular en los momentos más agudos de la violencia, cuando el país vivía pegado al radio y al televisor. Tercero, la violencia no se analiza en los mismos términos en el mundo político, académico o de opinión pública, pero las organizaciones sociales como la Corporación Región, con frecuencia han intentado ser un puente entre estos diferentes ámbitos.

Estructuro este ensayo desde una periodización esquemática, no para desarrollar un argumento evolucionista, sino para precisar los principales contenidos de los debates en cada periodo, y el papel de las organizaciones sociales en ellos y también, para invocar las respectivas coyunturas políticas y acontecimientos violentos. Cuando hablo de ‘violencia’ me refiero a su forma instrumental, como recurso de eliminación y destrucción, y bajo las diferentes modalidades de victimización que las organizaciones armadas decidieron utilizar. Modos individuales de violencia (riñas, violencia interpersonal e interfamiliar) y formas de exclusión, opresión y agresión, se retro-alimentaron de una u otra manera con la violencia (en el sentido indicado), pero no es un asunto que para analizar en este ensayo.

En cuanto a organizaciones sociales, me refiero en particular a las de tipo investigación-acción con una preocupación central en el tema de violencia, como la Corporación Región. Otras expresiones, organizativas comunitarias (barriales, veredales), cooperativas y la protesta social quedan sub-dimensionadas.

Los Ochenta: confusión, eufemismos y miedo.

Retrospectivamente se puede argumentar que el nuevo ciclo de violencias inició a mitad de los setenta y que sus aspectos principales fueron, por un lado, la compleja interferencia entre redes criminales, actores armados ilegales, eslabones corruptos del Estado y por otro lado, que la mayoría de las víctimas fueron civiles o sea, no fueron miembros de las bandas, razón por la cual Daniel Pécaut ha sugerido el concepto de Guerra contra la sociedad y no, el de guerra civil.

Todo aquello no fue tan evidente para los contemporáneos; los que vivieron, pensaron y debatieron las violencias a finales de los setenta y durante los ochenta, la entendieron más bien en términos de una prolongación tardía de La Violencia: la guerra civil larvada a mitad del siglo entre conservadores y liberales. Las redes criminales del tráfico de cocaína se estaban apenas construyendo, y aun cuando La Violencia tuvo su fin oficial con el arranque del régimen del Frente Nacional (1958-1974), hubo disidencias armadas y casi de inmediato aparecieron también, núcleos guerrilleros comunistas inspirados en la revolución cubana (1959) y en el Maoismo, que se auto-legitimaron como producto ‘necesario’ del carácter ‘excluyente’ del Frente Nacional; interpretación retomada con frecuencia aun hoy, de manera a-critica.

La especificidad de la gran coalición bi-partidista del Frente Nacional fue la milimétrica distribución del poder entre los Partidos Liberal y Conservador desde la presidencia hasta el nivel municipal. La fórmula fue introducida en común acuerdo entre los dos partidos para neutralizar la violenta rapiña por el control del erario público, de los puestos oficiales, y contratos públicos. Tuvo exito en su objetivo principal de disminuir la violencia bi-partidista, pero el precio a pagar fue una especie de estancamiento y ensimismamiento político en la capital, justo cuando el país vivía transformaciones históricas que requerían drásticas reformas institucionales que nunca llegaron. Muchas oportunidades y necesidades, producto del intenso proceso de modernización quedaron, en buena medida, desatendidas: vías, transporte público, informalidad urbana, informalidad rural, grandes fronteras internas incorporadas de manera privada en la economía del país, pero con débil institución estatal. Veamos un ejemplo, no el menor, de los atajos a los que los gobiernos recurrieron para solucionar problemas: en la educación oficial primaria y secundaria para ampliar la cobertura, en vez de construir nuevos colegios, se recurrió al truco de la doble jornada, dos (a veces tres) turnos en el mismo colegio; el resto del día la juventud estaba en la calle. Lo increíble, ¡80% de ellos estudian bajo esta barbaridad hoy! Mientras tanto, el consumismo (el televisor y otros electrodomésticos) tuvo fuertes características libertadoras y el viejo imaginario político bi-partidista perdió importancia, en particular en las ciudades, donde las redes clientelares terminaron siendo una entre muchas modalidades de rebusque para las nuevas clases populares.

En realidad, el Frente Nacional no fue un régimen políticamente tan excluyente como se decía y con frecuencia aún se repite. Por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano tuvo concejales, diputados y congresistas durante el Frente Nacional, gracias a alianzas con facciones liberales y conservadoras. El problema era otro; ante las nuevas necesidades y expectativas, el centralismo se hizo anacrónico y los ciudadanos se dirigieron hacia redes alternativas (para-institucionales, clientelares, informales, ilegales) para solucionar sus necesidades, incluso en seguridad. Aun así, desde una perspectiva histórica, el Frente Nacional figura como un periodo de relativa paz, intercalado entre La Violencia y las violencias recientes. De hecho, la degradación del campo político y la dramática intensificación de la violencia se generaron pos-Frente Nacional, entre 1975 y 1990. Dos factores interrelacionados, uno político y otro criminal, fueron particularmente influyentes en ella:

El Primero, las regulaciones milimétricas del Frente Nacional finalizaron en 1974, pero no fueron remplazadas por nuevas fórmulas propias de un campo político-electoral moderno: ni voto anónimo, ni tarjetón, ni listas cerradas, ni financiación transparente de campañas, etc. En consecuencia, por dos décadas, el campo político-electoral colombiano operaría como un free for all, que solo se corrigió parcialmente a finales de los ochenta. Este desorden, con su multiplicación ad infinitum de facciones, listas y candidatos, facilitó la penetración de dineros calientes en la política, y con ello, la formación de una criminalidad mafiosa organizada capaz de implantarse permanentemente en lo político-institucional. Evidentemente, un mundo político tan fragmentado no podía producir una nueva institución simbólica de la sociedad; dominaba la gestión por emergencia y a corto plazo. No es tan sorprendente, entonces que otros, lograran imponer sus narrativas a sectores de la sociedad. El Paro cívico nacional de 1977, apoyado por las federaciones sindicales de casi todas las direcciones políticas, duró apenas un día, pero fue masivo y se acompañó de expresiones violentas (provocaciones organizadas por sectores cercanos a las organizaciones armadas), y fue de inmediato mitificado como expresión de un ambiente pre-revolucionario y de progresiva unificación de todas las organizaciones sociales.

El Segundo factor, la irrupción del tráfico de cocaína. Su evolución durante los setenta e inicios de los ochenta fue poco debatida y poco estudiada, y se vivió como una bonanza económica y financiera del momento. Al mismo tiempo, el nuevo negocio provocó un revolcón en el bajo mundo; se pasó de una criminalidad todavía algo folclórica, peleando a bala, hacia un crimen organizado mafioso, capaz de penetrar lo político-institucional, como ya vimos. Los nuevos criminales se rodearon de bandas armadas, pero también encontraron sectores de la fuerza pública y del aparato judicial dispuesto a corromperse. Las guerrillas a su vez se metieron de varias maneras con la bonanza, gravando cultivos, laboratorios, rutas. Es en buena parte por su relación con estos negocios, que las Farc y el M19 en particular, tomaron un segundo aire, razón desde luego negada por los que veían en el Frente Nacional, la causa principal.

Ahora bien, si las visiones y decisiones de los diferentes protagonistas hubieran sido otras, la desregulación del bi-partidismo y la apertura del régimen de partidos durante los setenta, podrían haber generado una sociedad más abierta, con una sociedad civil más activa y más autónoma. Trágicamente los gobiernos pos Frente Nacional no modernizaron las instituciones al ritmo y enfoque requeridos y se generaron muchos vacíos: territoriales, de monopolio de violencia, de cobertura y calidad de servicios, que fueron hábilmente aprovechados por los ilegales intolerantes con las organizaciones sociales, que terminaron amenazadas, asesinadas o cooptadas por los actores armados: guerrilla, paras, fuerza pública en deriva. Las pocas organizaciones sociales que mantuvieron contra viento y marea una cierta autonomía, se vieron diezmadas por el terror criminal, como fue el caso del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.

Los estudios y debates se focalizaron en el análisis de lo narco-paramilitar (MAS, MRN, Acdegam, etc.), la primera masacre narco-para-política (agosto de 1983, en Segovia), las revelaciones sobre el congresista (suplente) Escobar y el asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla (1984) por los narcotraficantes. Es con la demencial toma guerrillera del Palacio de Justicia y la retoma por la fuerza pública, en pleno centro de la capital del país, que la guerra hace irrupción en la escena nacional y es interpretada como el cierre simbólico y real de los esfuerzos de paz del gobierno Betancur (1982-1986) y su “gran dialogo nacional para escapar al engranaje de la violencia”. Betancur puso fin al Estatuto de Seguridad, liberó y amnistió sin pre-condiciones a 500 miembros de organizaciones armadas (casi todos de inmediato se reintegraron a sus respectivas guerrillas), logró el ceses al fuego con las Farc, el M19, el EPL y varias guerrillas más, y permitió que crearan brazos políticos (UP, Frente Popular, A Luchar), pero el desencuentro fue total: Jacobo Arenas jefe de las Farc, califica la coyuntura de “revolucionaria” y reconfirma en 1985 la decisión ya tomada por las Farc y el PCC en 1982, de pasar a la ofensiva y tomar el poder por las armas. De nada sirvió que las esperanzas insurreccionales investidas en el Paro cívico nacional, convocado para el 20 de Julio de 1985, meses antes de la toma del Palacio, no se materializaran. Con el regreso oficial a las armas cayeron también, víctimas de la UP (1061 miembros asesinados entre 1984 y 1990 y 537 más, después), que aspiraban a una cierta autonomía y a aliarse con otras iniciativas políticas de la izquierda.

Fuente:Universidad El Rosario

Durante el primer lustro de los ochenta, era difícil adivinar la dramática intensificación de la violencia que vendría y mucho menos un universo de victimas superior al de La Violencia. Los debates giraron con frecuencia en torno a las causas “objetivas” y “estructurales” de la violencia: En lo político, el Frente Nacional, la declaración semi-permanente del Estado de sitio, las políticas represivas del gobierno de Turbay (1978-1982), y de Estados Unidos con “su guerra fría y contra las drogas”, pero casi no se generaba un debate serio sobre la política colombiana frente el tráfico de cocaína y sus expresiones criminales (La criminología es de muy reciente trayectoria en Colombia, y todavía menos practicada en las facultades de economía o derecho). En lo socio-económico, la pobreza rural y urbana, la informalidad, el desempleo, la baja tasa de sindicalización. Persistía también la tendencia de leer la violencia siempre, como el producto de luchas políticas y sociales cuando, la gran mayoría de los colombianos estaban bregando a conseguir lo necesario para el día a día. En lo ideológico, las guerras civiles y revolucionarias en Nicaragua y El Salvador generaron distintas expectativas, y los llamados nuevos movimientos sociales, urbanos, de género, juveniles, identitarios, fueron investidos de la esperanza de poder ayudar a pasar de la protesta social al levantamiento generalizado.

En la cruda realidad, aquellos ejercicios de unidad eran “puro cuento”, ya que dominaba la fragmentación y el llamado “canibalismo de izquierda”, cuyos casos más emblemáticos fueron las guerras sindicales bananeras en Urabá, desde 1983 en adelante. Allá, el PC-ML/EPL y el PCC/FARC compitieron manu-militari y con terror por la afiliación de los trabajadores a sus respectivos sindicatos; asesinaron obreros, dirigentes sindicales, mayordomos y administradores del otro bando; ambas facciones acusaron sistemáticamente al Estado y a los bananeros de esas muertes. En este juego de sombras, pronto se mezclaron también, organizaciones narco-para-militares y la fuerza pública. De los 207 miembros de sindicatos asesinados entre 1984 y 1990 en Antioquia (el 54% del total nacional), 137 lo fueron en Urabá.

La participación de la CSTC en la creación de la CUT, en 1986, como unificación de varias federaciones sindicales, fue una hipocresía, ya que su partido político, el PCC, apostó a la subordinación de lo sindical a la lucha armada. “Sencillamente [a los sindicatos] se los tragó el remolino de la guerra, del conflicto interno”, explica Álvaro Delgado, antiguo dirigente del PCC, en su libro autobiográfico, Todo tiempo pasado fue peor (2007: 259). “Al fin de cuentas todo ese proceso se vio entorpecido por el nacimiento del mandato guerrillero” (ídem: 264), “por la supeditación final de la lucha política por la lucha armada” (ídem: 277). “Los sectores de izquierda se entusiasmaron con la guerra, con el uso de la fuerza y comprometieron al movimiento sindical” (ídem: 279). Debo precisar: a casi todo movimiento u organización social en su área de influencia territorial.

Ante esta situación, en los debates dominaban los eufemismos. Reconocer públicamente la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha: social, política, armada, promulgada por el PCC y otros partidos de la izquierda armada, era anatema: criticarla era contribuir a criminalizar organizaciones políticas y sociales. Para dar un ejemplo: la Escuela Nacional Sindical (ENS) en Medellín, considerada por muchos una fuente seria del análisis sindical, en sus informes sobre la violencia de la época, jamás reconoció el papel de la guerrilla. Otro ejemplo: el ajusticiamiento por un comandante de las Farc de un frente de 164 guerrilleros insumisos, acusados de “infiltrados”, no fue considerado en la izquierda como aberración, o como la acción de un paranoico, sino, como una falsedad producida por el régimen y no llevó a un debate serio sobre el operar interno de las organizaciones armadas, sus prácticas sistemáticas de ajustamiento interno, y el “todo vale” para el bien de la revolución. Los debates, no solo eran híper-politizados, muchas veces también, poco sinceros por admiración o miedo a los armados. Organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnistía desde Europa, y Human Rights Watch desde Estados Unidos, intensificaron sus informes sobre Colombia, pero sufrieron de los mismos sesgos –muy orientados en lo político y lo institucional- y con grandes dificultades para entender cómo las diferentes dinámicas (guerrillera, paramilitar, narco) interferían y evolucionaban hacia lógicas de acción violenta más autónomas.

Mientras tanto, a mitad de los ochenta, en la academia los violentólogos investigaban sobre todo, el tema de la Violencia lo cual dio el nombre a la disciplina. Debatieron sobre su posible unidad (levantamiento campesino, tensión revolucionaria, guerra civil, demanda desordenada de cambio, etc.), pero también sobre su diversidad regional y periodicidad. Estos debates eran el punto de partida para interpretar los nuevos hechos. Como escribió Gonzalo Sánchez (1986: 257), “todavía hoy, Colombia se encuentra enfrentada a los conflictos desencadenados por la Violencia o reprimidos por ella”. Sin embargo, durante la segunda parte de los ochenta, los análisis académicos hicieron un importante giro hacia la actualidad, evidente en obras colectivas - realizadas desde Bogotá- como Violencia y Democracia (1987) contratada por el gobierno Barco; Al filo del caos (1990), y Pacificar la Paz (1992). En todas se muestra la heterogeneidad de las violencias (desde las más organizadas y más des-organizadas), su multi-causalidad, su diversidad regional y la necesidad de un enfoque integral para superarlas.

Los que se metieron con la realidad fueron en primera línea los periodistas, sobre todo en la provincia. En Medellín, los estudios iniciales tenían un marcado enfoque periodístico y descriptivo, innegable en No Nacimos Pa’ Semilla (1990) de Alonso Salazar, el único libro escrito en los ochenta sobre la violencia de aquellos años que hoy, puede ser considerado un clásico. En 1990, la socióloga María Teresa Uribe constata de manera auto-critica que los investigadores sociales de su universidad, la de Antioquia, desconocían la realidad que se vivía a diez cuadras del campus, y que la descubrieron apenas aquel año, gracias a Rodrigo D No Futuro (1990), la película de Víctor Gaviria, a su vez la mejor película de los ochenta sobre la violencia de la década.

Lo puesto en escena por Salazar y Gaviria visibilizó una escandalosa deuda social, y generó además de una enorme cantidad de columnas y debates, la creación de numerosos programas orientados a la juventud de los barrios pobres. Menos observado y debatido fue otro elemento presente en particular en el libro de Salazar, a saber, la relativa autonomía con la cual ya proliferaban las violencias y los cruces entre sicarios nihilistas y a-políticos con otros actores armados, específicamente las milicias guerrilleras y las redes criminales. Aquella autonomía de la violencia terminaría siendo un factor importante en los extremos a los cuales llegó la situación, pero ha figurado poco en los debates de entonces y de hoy.

1995-2005: esperanzas de paz y realidades de guerra

Durante este periodo, el tono de los debates sobre la violencia se mueve entre la esperanza y la desilusión, pero con una dramática polarización de la sociedad desde finales del siglo en relación con el conflicto armado.

La esperanza fue alimentada en un primer momento, por la desmovilización de ocho guerrillas, en especial del M19, por la Asamblea Constituyente y la nueva constitución, con su promesa de profundizar la democracia y el acceso ciudadano a sus derechos. Hubo además un descenso sistemático en la tasa de homicidios entre 1991 y 1998. En este contexto nacieron numerosas organizaciones sociales comprometidas con las vías democráticas y hubo, de forma más general una cierta re-dinamización de la sociedad civil a nivel nacional y en las ciudades y con algunas excepciones, mucho menos en el campo. En Urabá, la desmovilización del EPL generó por un par de años un ambiente constructivo en el cual sectores privados, organizaciones sociales y reinsertados cooperaron; sin embargo, algunas disidencias y el exterminio de los desmovilizados por parte de las Farc, llevo progresivamente a un nuevo capítulo de canibalismo de izquierda, en el cual el CINEP intentó mediar. En Medellín se respiraba un aire esperanzador más duradero por la entrega de los capos y la labor de la Consejería Presidencial (1990-94). La victoria en contiendas electorales locales de candidatos independientes, Antanas Mockus y el ex guerrillero Navarro Wolf, parecían confirmar las buenas tendencias.

Desarrollos internacionales tales como: el fin de la dictadura de Pinochet (1990), la liberación de Nelson Mandela (1990), su elección como presidente (1994), los acuerdos de paz en El Salvador (1992), la elección de Clinton (1992), la derrota de Sendero Luminoso en Perú –aún que a mano dura –, y por supuesto la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética (1991), y las revoluciones democráticas y pacificas en sus países satélites, con algunas excepciones también, reorientaron los debates sobre la democracia y las relaciones entre sociedad civil y Estado.

Durante el gobierno de Samper (1994-98), el conflicto armado volvió a intensificarse con la proliferación de las Convivir, el reordenamiento narco-paramilitar, su federalización en las AUC (1997), y las posturas ofensivas de las Farc y el Eln. Uno de sus escenarios fue otra vez el Urabá, donde una nueva guerra (1994-1997) enlutó la región, mezclando el exterminio de los Esperanzados con una ofensiva narco-paramilitar, liderada por los hermanos Castaño, que a sangre y fuego saca a las Farc de la zona bananera y de su histórico centro operacional, en la extensa zona veredal del corregimiento San José de Apartado. Mientras tanto, el único acuerdo gestionado por Samper fue el Pacto del Nudo del Paramillo, en el cual las AUC, a cambio de reconocimiento político e inicio de negociaciones, prometieron dejar los civiles por fuera de sus combates. Sin embargo, cuando Samper reintroduce la extradición y la DEA intensifica sus operaciones en el país, las Auc cambian de estrategia y consiguen un vertiginoso auge, de 4.000 a 18.000 integrantes entre 1998 y 2000.

Entre 1997 y 2002, los secuestros, asaltos a pueblos, masacres, desapariciones forzadas, muertes en combate y otros indicadores del conflicto armado se incrementaron sin cesar. Según el CNMH, entre 1991 y 1997, hubo 17.288 secuestros, 50% por las Farc, 38% por el Eln, y 12% por las paramilitares, y otros 5.336 únicamente por las Farc, durante sus negociaciones con el gobierno de Pastrana en El Caguan (1998-2002). La palabra “guerra” se impone, pero además de una guerra contra la sociedad, también se hizo una guerra militar de verdad: mientras en Afganistán en 12 años (2002-2014), murieron 3.400 soldados aliados, en Colombia en 7 años (1995-2002) perecieron en combate, 5.000 soldados y policías. La debilidad de la fuerza pública pre-Plan Colombia fue tal, que ante la ofensiva guerrillera, el 20% de los municipios del país quedaron sin policía alguna.

Fuente:El País España

Ante estas tragedias, volvieron los debates sobre las causas y problemas ‘estructurales’, esta vez en particular alrededor de las insuficiencias y propuestas incumplidas por las reformas de 1991; la persistente pobreza, la inequidad, el problema de la tierra y otros desafíos. Daniel Pecaut (1998: 82), explicaba que: “la idea de la democratización no puede ser considerada como un remedio milagroso para la violencia, y esta no se debe resumir como una demanda de democratización”. Los grandes temas debatidos: neoliberalismo, globalización, imperialismo, tampoco facilitaron una visión de la esfera pública como escenario de acción. Peor aún, el miedo regresó e impactó fuertemente a las organizaciones sociales, pues las nuevas masacres y magnicidios apuntaron a voces independientes, para forzar la polarización e imponer una dinámica de guerra civil. Entre los más sonados, figuraron el asesinato del defensor de las negociaciones de paz, y profesor universitario Jesús Antonio Bejarano, a manos de las Farc; el del antropólogo de la Universidad de Antioquia, Hernán Henao, y la masacre contra los investigadores del CINEP, Mario Calderón, Elsa Alvarado y su padre, perpetrados por las AUC.

Cuando durante los dos últimos años del gobierno de Pastrana (1998-2002) se esfuman las esperanzas de paz con las Farc y el Eln, la opinión pública se polariza y el conflicto armado se intensifica a tal punto que se instaura un reino del terror, y el miedo paraliza buena parte de la sociedad. La coyuntura que precede la victoria de Álvaro Uribe sobre Serpa, en las elecciones de 2002, estuvo signada por muertes, desplazamientos y los secuestros de: Ingrid Betancourt (febrero 2000); los 12 diputados en Cali (abril de 2002); el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri (abril del 2002 asesinados el 3 de mayo de 2003); las muertes de 79 civiles en Bojaya por las Farc (mayo del 2002); el éxodo de 12.000 de los 19.000 campesinos de Granada que huyeron a Medellín aterrorizados por la guerrilla y los paramilitares; escenas que se repitieron en decenas de municipios y regiones.

Con la elección de Uribe, el 11 de septiembre y la guerra internacional contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, los debates sobre la violencia en Colombia cambian. La política de seguridad ciudadana promovida por Uribe, y posibilitada gracias a los recursos del Plan Colombia, creado entre Clinton y Pastrana, así como su decisión de negociar con los paramilitares, fueron los nuevos temas centrales, debido a la supuesta colusión con los paramilitares, al riesgo de mayores violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y el incremento del conflicto armado. Los dos primeros riesgos, en efecto se materializaron y las organizaciones sociales corroboraron su revelación: la para-política y los falsos positivos. Sin embargo, en vez de la intensificación del conflicto armado, se dio una muy significativa pacificación pero como suele suceder, fue poco debatida o analizada para evitar tener que dar algún crédito a la repudiada política de seguridad democrática o a las negociaciones con las AUC. Retrospectivamente, se puede constatar que la mayor reducción de los homicidios y otras modalidades de victimización, se dieron durante los dos primeros años del gobierno Uribe (2002-2010) y que el factor más importante parece haber sido, el cese al fuego unilateral de las AUC en diciembre del 2002. De hecho, en Medellín, la menor tasa de homicidios entre 1975 y hoy, fue en el año 2003 en particular en la Comuna 13, donde se redujeron de 299 (2002) a 95 (2003). Tampoco ha sido debatido de manera sería el impacto del Plan Colombia, más allá de su apoyo a las fumigaciones, y pocos parecen interesarse en las lecciones aprendidas con la profesionalización de la fuerza pública, el fortalecimiento del acceso a la justicia, o el mejoramiento de las cadenas productivas en zonas de cultivos ilícitos.

Desde 2005: derechos de las víctimas y esperanzas de pos-conflicto

Un cambio paradigmático se ha generado desde 2005 en los debates sobre la violencia, y el aporte de las organizaciones sociales ha sido fundamental en ello, en particular por su contribución y presión entorno a la Ley de Justicia y Paz (2005/2006), y su exigencia de garantizar los derechos a verdad, justicia y reparación de las victimas del paramilitarismo. Con esta ley por primera vez en Colombia, las víctimas se posicionaron en el centro de la atención pública, los debates, y las negociaciones con las organizaciones armadas. Inicialmente, fue entendida como una victoria sobre el gobierno de Uribe y su argumento de que las AUC no aceptarían desmovilizarse sin garantías judiciales. Se esperaba además que esta justicia transicional y restauradora, revelara en particular las responsabilidades del Estado, las dimensiones de la para-política y los crímenes de los paramilitares. Sin desconocer los problemas e insuficiencias, este ha sido en buena medida el caso. Nunca antes supimos tanto sobre el conflicto armado en el país como ahora, gracias a todo lo divulgado por Justicia y Paz.

Inevitablemente, Justicia y Paz generó debate sobre la necesidad de incluir el enfoque de víctimas y de justicia restaurativa en eventuales negociaciones futuras con la guerrilla, como efectivamente sucedería con las Farc, bajo la presión del gobierno, de las víctimas, de organizaciones sociales y la comunidad internacional. Tampoco ha faltado hipocresía: algunos que defendieron de manera ejemplar los derechos de las víctimas de los paramilitares, hoy parecen interesarse más por los desmovilizados de las Farc, que por sus víctimas. Más allá de los novedosos dispositivos de Justicia Transicional creados por ellas, a partir de la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Victimas (2011) y el acuerdo con las Farc (2016), las investigaciones lideradas inicialmente por el Grupo de Memoria Histórica (2006-2011) y después por el Centro Nacional de Memoria Histórica, han catalizado una novedosa, dinámica y variada agenda en organizaciones sociales y centros académicos en memoria y memoria histórica del conflicto armado. La difusión y el acceso a estos trabajos se ven además muy fortalecido gracias a los nuevos medios sociales. Cuando antes, para verificar acontecimientos, fechas, personas, procesos judiciales y contextos, uno necesitaba recurrir a publicaciones, bibliotecas y archivos, hoy la web garantiza acceso a casi todo, y disposición inmediata de todos, incluso en las regiones más alejadas del país, no obstante, las limitantes que puede haber para acceder la web.

Fuente: El Heraldo

El Nunca Más: un horizonte común de debate.

Según Aristóteles, la polis existe por naturaleza y por naturaleza el ser humano es un animal político. En otras palabras, los seres humanos tienen una capacidad innata para asociarse, decidir en común como actuar bien y justo y hacer política y no la guerra. El filósofo precisa que esto no quiere decir que todos los seres humanos vivan en una polis, ya que ésta debe ser construida por humanos, que a veces fallan en erigirla entre otras razones porque algunas personas a-sociales (sin comunidad, sin ley, sin corazón) les llevan a ser amantes de la guerra. Hoy sabemos que en tiempos de Aristóteles, existían unas 900 polis, y a la vez muchos núcleos poblados y una serie de veredas organizadas y asociadas, gracias a una variedad de herramientas democráticas (asambleas, asociaciones, concejos, elecciones, etc.), que varían de una polis a otra, pero que compartían la construcción política de la colectividad para el bien común, a través del debate.

Para que la asociatividad política que Aristóteles considera propia del animal político, prospere, se requieren ciertas condiciones. En Colombia, entre 1985 y 2005 en muchos lugares, esas condiciones se fueron degradando a punta de violencia y terror. Las organizaciones sociales, minorías activas que operaron bajo dichas condiciones e intentaron debatir y actuar en autonomía por el bien común, son hoy, a veces a-críticamente, reconocidas como resistencias o resiliencias y sin duda, la Corporación Región es una de ellas.

Durante el último decenio, gracias a las negociaciones y desmovilizaciones de las Auc y las Farc, la sociedad ha conocido una importante pacificación, y las condiciones asociativas para debatir y decidir en común sobre el bien y lo justo se han mejorado radicalmente. En su excelente libro Por que no pasan los 70. No hay verdades sencillas para pasados complejos (2018), Claudia Hilb explica refiriéndose al caso argentino que, para tener un horizonte común como sociedad pos-dictadura o pos-conflicto, el problema no está en las opiniones opuestas o en las diversas interpretaciones del pasado, sino en el reconocimiento entre todos de un principio común no-negociable: el Nunca Más. Hoy en Colombia, muchas organizaciones sociales orientan el debate sobre la violencia en esta dirección. Ojalá un día, este compromiso pueda ser de toda la sociedad.

Referencias bibliográficas

Delgado, Á., & Ospina, J. C. C. (2007). Todo tiempo pasado fue peor: entrevistas hechas al autor en 2005 por Juan Carlos Celis, revisadas en febrero de 2007. Carreta.

Hilb, Claudia. (2018). Por que no pasan los 70. No hay verdades sencillas para pasados complejos

Pecaut, Daniel. (1998). “La contribución del IEPRI a los estudios sobre la violencia en Colombia”, en: Análisis político, Bogotá, No. 34, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 73.

Sánchez, Gonzalo. (1986).

Palabras clave:

Violencia, paz, debate, organizaciones sociales, sociedad.

Resumen

En las últimas tres décadas Colombia ha mostrado importantes avances en diversos aspectos de la educación, especialmente si se compara la situación de comienzos de los años 90 con la situación actual. Sin embargo pareciera que seguimos estando muy atrás con respecto a lo que tendríamos que haber conseguido en estas tres décadas para estar en el nivel de países de similar desarrollo al nuestro, ya en el contexto del ingreso a la OCDE. Quizá el problema más urgente de atender es el referido a la reducción de las brechas y la segmentación social que desde el origen de la nación ha sido perpetuado por la precariedad de la educación pública en relación con el modelo privado que se instauró desde el principio de la República. En relación con esto hay debates de fondo que seguramente sólo podrían ser impulsados por las Organizaciones Sociales.

Tres décadas de educación:

¿el vaso medio lleno o medio vacío?

En las últimas tres décadas Colombia ha tenido importantes avances en diversos aspectos de la educación, especialmente si se compara la situación de comienzos de los años noventa con la actual. Sin embargo, en el contexto del ingreso a la OCDE, seguimos muy atrás para estar a nivel de países de similar desarrollo al nuestro. Quizás el problema más urgente de atender es la reducción de las brechas y la segmentación social que desde el origen de la nación, ha sido perpetuado por la precariedad de la educación pública en relación con el modelo privado que se instauró a principios de la República. Los debates de fondo sobre el tema sólo podrán ser impulsados por las organizaciones sociales.

Aunque la educación pública en Colombia si se ha transformado, siempre es mucho más lo que falta que lo que se ha conseguido; tal vez, es cierto que partimos como el corredor que inicia la maratón varios kilómetros atrás de sus competidores, según lo muestra el estudio de María Teresa Ramírez e Irene Salazar (2007) quienes afirman:

"Durante el siglo XIX Colombia fue uno de los países más atrasados del mundo en materia educativa. El indicador de alumnos en educación primaria como porcentaje de la población en Colombia era bastante inferior al obtenido por los países desarrollados e incluso menor al del promedio latinoamericano. A mediados de ese siglo, el número de alumnos en educación primaria era cercano al 20% de la población en los Estados Unidos, más del 10% de la población en Holanda y Reino Unido, cercano al 10% en Francia y superior al 5% en España. En Colombia este indicador no alcanzaba el 2%, y ésta brecha entre Colombia y los países desarrollados se mantuvo durante todo el siglo".

La misma autora, en esta ocasión con Juana Patricia Téllez (2006), evidencia que la situación del siglo XX no fue mejor:

"Las transformaciones educativas en Colombia sólo empezaron a ocurrir en la década de los cincuenta, cuando se presentó un rápido y sostenido crecimiento económico y un cambio significativo en la estructura económica y demográfica del país. Desde 1950 y hasta mediados de los setenta, los indicadores educativos crecieron a un ritmo nunca antes visto. El número de alumnos matriculados tanto en primaria como en secundaria se expandió en forma considerable así como el número de docentes y de establecimientos educativos. La expansión educativa de estos años se dio en paralelo con la de otros países latinoamericanos y los indicadores colombianos siguieron siendo bajos al compararlos con estos países. La expansión de los indicadores educativos se frenó desde mediados de los setenta y hasta principios de los ochenta, cuando se dio una nueva expansión en los mismos que se mantuvo hasta finales de siglo. A pesar de estos grandes avances durante la segunda mitad del siglo XX, al finalizar los noventa el sector educativo Colombiano seguía presentando bajos niveles de cobertura, eficiencia y calidad así como vaguedad en las competencias y obligaciones en términos administrativos y financieros de los diferentes niveles gubernamentales".

Desde la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 115 de 1994 se han producido importantes transformaciones en el Sistema Educativo. Es evidente el incremento de la cobertura en todos los niveles, pero aún quedan retos para poder ubicarnos en los promedios de países con desarrollos similares al nuestro.

El informe de la OCDE, en 2018 sobre la educación colombiana señala que: "En las últimas décadas, Colombia ha expandido considerablemente el acceso a la educación. Las tasas de matrícula han incrementado en la educación media e inicial, y Colombia también ha progresado en cuanto a la expansión del acceso a la educación y el cuidado de la primera infancia, así como también a la educación superior. Sin embargo, aún necesita incrementar la cobertura, mantener a los estudiantes en la escuela y suavizar las transiciones. Las brechas en materia de tasas de matriculación siguen existiendo entre las áreas urbanas y rurales y entre los estudiantes desfavorecidos y favorecidos, particularmente en la educación pre-escolar y la educación media".

Otra observación a destacar en este informe es el incremento de la educación privada como opción; señala que cuando una entidad territorial certificada tiene dificultades para proveer educación puede contactar a un proveedor privado. En 2017, el 5,3% de los más de 9,3 millones de estudiantes en educación preescolar, primaria y secundaria asistían a este tipo de provisión privada dependiente del gobierno, de otra parte, la familia puede elegir una escuela privada independiente, caso del 18,7% de estudiantes; la oferta privada, por lo tanto, representa un 24% de todas las matrículas.

Para hacer un juicio de valor sobre los datos mencionados es útil enunciar con claridad lo que la sociedad espera de su educación. Si lo que se pretende es que toda la población infantil y juvenil vaya a la escuela y culmine su educación básica independientemente de lo que allí se le ofrezca, es claro que hemos avanzado mucho en estos treinta años, aunque todavía haya deudas pendientes como las que señala la OCDE. Si además del acceso se espera que el estudiantado desarrolle un conjunto preciso de competencias cognitivas relacionadas con el lenguaje, las matemáticas y las ciencias, ya el diagnóstico es mucho menos optimista, pues estamos en los últimos lugares de desempeño entre todos los países que se someten a las pruebas PISA. Pero si fuéramos más ambiciosos y pensáramos que la educación es la herramienta más importante en la construcción de la equidad social y la paz, tendríamos que preocuparnos seriamente.

La educación es sin duda, el factor fundamental de constitución de una sociedad. La forma como se organiza el sistema educativo de un pueblo determina en alto grado la organización de la sociedad y las relaciones que se establecen entre los diversos grupos que la conforman. En la medida en que la infancia y sus familias se integren o se segreguen en la escuela básica y luego en la educación superior, la sociedad se consolida de una forma más o menos homogénea y con mayores o menores posibilidades de construcción de Capital Social. Esto lo anunció Aristóteles desde el siglo IV a.C., en el libro quinto de La Política:

"No puede negarse que la educación de los niños debe ser uno de los objetos principales de que debe cuidar el legislador. Dondequiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. (…) Las costumbres democráticas conservan la democracia, así como las costumbres oligárquicas conservan la oligarquía, y cuanto más puras son las costumbres, tanto más se afianza el Estado. (…) Como el Estado todo sólo tiene un solo y mismo fin, la educación debe ser necesariamente una e idéntica para sus miembros, de donde se sigue que la educación debe ser objeto de una vigilancia pública y no particular, por más que este último sistema haya generalmente prevalecido, y que hoy cada cual educa a sus hijos en su casa según el método que le parece y en aquello que le place. (…) En nuestra opinión, es de toda evidencia que la ley debe arreglar la educación y ésta debe ser pública".

Pues bien, en Colombia se optó desde el inicio de la República por una educación profundamente segregada en la cual, las élites granadinas aseguraron un modelo que permitió preservar privilegios y poder, mediante un sistema de educación privada muy diferenciado de la educación pública, impartido de manera escasa para el resto de la población.

Para comprender el significado de uno u otro tipo de educación en la constitución de determinada sociedad, es necesario tener en cuenta que por debajo de lo que pareciera semejante en todo el aparato escolar y universitario, circulan unos mensajes bien diferentes que, en últimas, son los que producen un impacto real en la conciencia de las personas. En efecto, cuando se estudian las normas legales que regulan el sistema educativo, parecería que todos los ciudadanos tienen acceso a lo mismo, tal vez con diferencias en la calidad, en las condiciones materiales o en las facilidades de acceso, pero sin discriminación evidente en los contenidos de la instrucción que se ofrece. Esto puede decirse desde las primeras normas expedidas por Francisco de Paula Santander hasta las últimas pautas que intentan implantar la jornada única en los colegios oficiales. Pero atrás de currículos, planes de estudio, formación del magisterio y políticas de cobertura, circula algo más profundo que es la educación del deseo, la conciencia de clase y la manera de insertarse en la pirámide social. Por esto la escuela se convierte en uno de los pilares que aseguran la pertenencia o acceso a ciertos círculos sociales exclusivos.

Este es un asunto de supremo interés, más allá de las cuentas que hacen los gobiernos, las exigencias de los sindicatos o las evaluaciones que año a año pretenden medir avances en la calidad. Lo importante es indagar si de verdad la educación está siendo un factor de movilidad social, si es cierto que quienes terminan el bachillerato en colegios oficiales tienen las mismas oportunidades de ir a la educación superior, si el Estado está interesado en ampliar la cobertura de las universidades públicas con el mismo empeño con el que estimula la aparición de más y más instituciones privadas. Reconocidos académicos dudan sobre este asunto. Parece que haber asistido a una buena universidad no es suficiente para ascender en la escala social, pues es evidente el papel que todavía juegan factores de clase (apellidos, círculos de influencia, etc.).

Mientras en Estados Unidos, México y Argentina tuvieron claro desde el principio el papel de la educación pública como base constitutiva de la nación, nosotros nos desbarrancamos por la disgregación que produjo un modelo caótico, donde la iniciativa privada orientada a la defensa de unos intereses particulares y excluyentes, se hizo cargo de lo que tendría que ser asunto central de la atención del Estado. Y los gobiernos, más preocupados por su éxito de corto plazo, incapaces de establecer un modelo de convivencia pacífica, aprendieron a endosarle sus propias responsabilidades a la iniciativa privada.

Entre nosotros, las familias de sectores pobres consideran que la educación privada es un camino seguro de ascenso social y un indicador de prestigio, así ello implique grandes esfuerzos. Esto explicaría la gran cantidad de estas instituciones educativas en sectores populares de las grandes ciudades. En diversos estudios y encuestas de opinión se evidencia como, en el imaginario colectivo, la educación pública es menos valorada por razones de calidad y oportunidad de progreso para quienes concluyen sus estudios.

La educación oficial, que congrega cerca del 76% de la población escolar, padece serios problemas de calidad, representados en muy bajos resultados académicos comparativos, tanto dentro del país (con relación a la educación privada) como en la mayor parte de las pruebas internacionales. Esto no es extraño si se tiene en cuenta que la calidad está marcada no solo por el currículo y el nivel de preparación del magisterio, sino por factores como las instalaciones y equipamiento de los colegios, el nivel cultural de familiares y educadores y, desde luego, la inversión del Estado en la prestación del servicio.

La mayor parte de la población juvenil que concluye sus estudios secundarios en la educación oficial no logra ingresar a la universidad. En algunos casos el problema es económico, pues dedicarse a estudiar cinco años más, requiere un ingreso capaz de soportarlos, y esto no es posible cuando cerca del 45% de las familias viven debajo de la línea de pobreza. En otros casos la dificultad es el nivel académico que no les permite acceder la educación superior.

Más o menos así se ha configurado nuestra sociedad, en un cuidadoso proceso selectivo desde la primera infancia por eso, cuando se llega a la edad adulta cada quien tiene claridad sobre lo que es, lo que no es y lo que quisiera ser; los deseos, las relaciones, las diversiones, los gustos, el lenguaje, las amistades y hasta los derechos fundamentales, han quedado claramente estratificados, recogiendo una tradición de doscientos años de independencia retórica y de inequidad real.

Mientras tanto las discusiones y debates nacionales giran alrededor de una jornada única que se limita a añadir un par de horas a lo mismo que siempre ha fracasado, sin una discusión seria sobre el anquilosamiento curricular o la incapacidad de las universidades para formar un magisterio de excelencia. Se sigue hablando de la calidad en clave de competencias cognitivas, pero no se toca la organización escolar y su estructura disfuncional, frente a los ideales de participación y convivencia anunciada en la Ley 115. Las normas abrieron el camino a la autonomía, pero los modelos absurdos de supervisión y control, aunados al temor de hacer cambios audaces, han sumido al sistema en un letargo que solo se va llenando de una terminología críptica proveniente de los organismos internacionales.

La realidad es que en el país no se están pensando con seriedad los cambios tecnológicos y sociales que han transformado la cultura, la familia, la empresa, el trabajo, las relaciones humanas y las formas de acceder a la información. El ministerio es interrogado sobre el uso de los recursos de alimentación, las obras de infraestructura, las asignaciones presupuestales, pero no sobre la creciente frecuencia del suicidio infantil, el descenso en la demanda de educación superior o el destino de los miles y miles de jóvenes que en vez de ir a la universidad, son reclutados por el ejército para la guerra y luego no pueden retomar un camino para su inserción productiva en la sociedad.

Ciertamente hemos tenido avances, incluso muy notorios si los comparamos con el comienzo de los noventa. La Constitución del 91 marcó un hito al consagrar el derecho a la educación y extenderlo de cinco a once años; se introdujeron cambios importantes en la organización del sistema, la descentralización y el financiamiento. Además se ampliaron las políticas de inclusión, en gran parte inducidas por sentencias de la Corte Constitucional en fallos de tutela que evidenciaron las muchas violaciones al derecho fundamental.

Pero el mundo va más rápido y cuando todo avanza tan de prisa, la realidad nos va dejando atrás, por eso es fundamental valorar todo lo logrado, sostenerlo y consolidarlo y, lo sustancial es tener la audacia de dar grandes pasos que nos permitan salir de la inercia que parece cada vez más pesada y difícil de vencer.

Abrir estos grandes debates es un deber de la sociedad civil, pues quienes aspiran a ocupar las altas dignidades del Estado por estos días, no ven más allá de los cuatro años y no dicen nada que no sean baratijas brillantes para los electores. Las organizaciones sociales que hoy disponen de medios nunca antes imaginados, tienen el poder de instalar en la agenda pública discusiones que superen la dialéctica simplista de la derecha y la izquierda. Librar a miles de niñas y niños de una vida miserable por falta de sentido, no es un problema de tendencias políticas aunque, sólo mediante el ejercicio pleno de la política pueden buscarse nuevos modelos pedagógicos que quizá les abran rutas de esperanza.

El magisterio y sus organizaciones tienen la obligación de repensar sus propósitos y sus luchas, pues desde hace tiempo están transitando un camino tortuoso de complicidad con los poderes establecidos y con el sistema que tanto critican. De ellos depende la calidad de la educación de las clases más pobres y no del Estado, pues son ellos quienes están (o no están) en las aulas, quienes cultivan en sus estudiantes la confianza en sí mismos o les desaniman en sus búsquedas, son quienes pueden presionar para que la escuela ofrezca lo mejor, así implique algún cambio en las jornadas de trabajo; pero si no se modifican ciertos parámetros tampoco el gremio conseguirá ni el respeto de la sociedad ni mejoras reales en sus condiciones laborales. Estas son discusiones profundas que sólo podrían convocar organizaciones sociales que no estén alineadas con los gobiernos y poder así, enfrentar con crudeza las grandes preguntas que no sabemos todavía cómo hacer.

Desde luego será necesario promover foros en los que muchos actores con intereses diversos y seguramente muy divergentes puedan encontrarse para pensar qué sociedad queremos construir a través de nuestro sistema educativo, más allá de limitarse a dar informes numéricos sobre matrícula, retención, repetición, graduación, competencias… Hablar de educación es hablar de personas, de cultura, de nación, de identidad. Esta es la verdadera agenda educativa pendiente.

Referencias bibliográficas

Aristóteles, Libro quinto. De la política.

Ramírez, María Teresa y, Salazar, Irene. (2007). Surgimiento de la educación en la República de Colombia, ¿En que fallamos? Borradores de economía, No. 454, Banco de la República. Bogotá.

Ramírez María Teresa y Tellez, Juana Patricia, (2006). La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX. Banco de la República, Bogotá,. Versión digital.

Radinger, Thomas, y otros. (2018). Revisión de recursos escolares: Colombia. Resumen. OECD Ministerio de Educación Nacional.

Palabras clave:

Educación, desarrollo, sistema educativo, sociedad, escuela.