Por: Gloria Amparo Alzate Castaño y Alonso Cardona.
El primero de enero de 2020 se posesionaron los nuevos alcaldes y gobernadores e iniciaron la elaboración del Plan de Desarrollo 2020-2023 cuyo proyecto deben entregar a evaluación del CTP antes de terminar febrero. Pero con el nuevo año también llegó el Covid 19 que trastornó toda la vida humana de una manera que nunca había ocurrido en la historia.
El 23 de enero de 2020 por causa de la aparición y expansión rápida y mortal del coronavirus el gobierno chino cerró la ciudad Wuhan de once millones de habitantes y se suspendió la celebración del Dia de la Primavera o Año Nuevo Lunar como medidas para frenar el avance del virus y reducir los riesgos de contagio. El 24 de enero ya había contagios en Europa y el 27 de enero se contaron 13 países afectados por contagio. El 30 de enero la OMS declaró el Covid como una emergencia de salud mundial. Durante el mes de febrero diferentes países comenzaron a declarar la alerta sanitaria y el 28 la OMS elevó a muy alto el riesgo global por Coronavirus. En los primeros días de marzo el virus apareció en Perú, Argentina y Colombia y en Europa comienzan a aplicarse las cuarentenas obligatorias generalizadas. El 11 de marzo la OMS declaró la situación creada por el Covid 19 como pandemia y el 12 el gobierno colombiano declaró la emergencia sanitaria. En Bogotá se anunció cuarentena pedagógica que inició el 20 de marzo y el 24 de marzo fue declarada la cuarentena obligatoria para toda Colombia, un encierro que duró varios meses.
Entre tanto en el gobierno nacional no hubo ministro de salud y protección social en propiedad sino encargado entre diciembre del 2018 y marzo 3 del 2020 cuando fue nombrado un ministro en propiedad con el encargo presidencial de acelerar al máximo la puesta en marcha del Acuerdo de Punto Final en salud, que debería haber llevado recursos frescos al sistema de salud y en particular a las Instituciones Prestadoras de Salud y a su personal en el segundo semestre de 2019, pero no se había aplicado. Como si fuera poco, el 30 de marzo finalizó el período de más de 900 gerentes de los hospitales de la red pública y debían buscarse sus reemplazos. Así que mientras la pandemia avanzaba en el mundo, en Colombia no había ministro de salud en propiedad, no se había irrigado el sistema de salud con los recursos del Acuerdo de Punto Final y los directores de hospitales públicos estaban de salida y llegarían nuevos a enfrentar la emergencia. Febrero y marzo fueron meses de incertidumbre por las noticias sobre la rápida y agresiva expansión del virus y las decisiones de cierre de las economías en medio de contradicciones sobre el mejor curso de acción, algunas de ellas entre gobiernos locales y el gobierno nacional, que finalmente se concretó en la cuarentena obligatoria. En ese ambiente extraordinariamente adverso se formularon los Planes de Desarrollo municipales y departamentales y los CTP debieron cumplir su obligación de conceptuar sobre el proyecto presentado por alcaldes y gobernadores.
La obligación de quedarse en casa sumó el aislamiento a las situaciones difíciles que pueden vivir las personas para ejercer la participación ciudadana. El hecho de no poder verse, encontrarse y conversar de manera directa y presencial o el que la comunicación esté mediada y limitada por formas tecnológicas a las cuales muchos ciudadanos/as aún no tienen acceso ha tenido efectos graves en la acción colectiva, en las organizaciones de la sociedad civil, en la movilización ciudadana y la protesta, en la incidencia en las decisiones públicas que afectan a todos los ciudadanos/as, la cual ha sido muy restringida y de pocos resultados. No obstante, la ciudadanía ha tenido que explorar toda su creatividad y utilizar los medios digitales para hacerse escuchar en este momento inédito e inesperado de confinamiento lo cual ha restringido la participación de la ciudadanía en un momento coyuntural y fundamental de la vida de las entidades territoriales cual es la construcción del plan de desarrollo, documento que regirá los destinos de los territorios en los próximos cuatro años.
La plataforma Democracia en Riesgo formada durante la cuarentena obligatoria decidió explorar el desempeño de los espacios de participación ciudadana y empezó por estudiar el caso de los CTP valiéndose de la presencia local de varias de sus organizaciones integrantes. Para el efecto diseño una encuesta que fue aplicada en 40 municipios de Antioquia, el departamento de Antioquia y la ciudad de Bogotá.
Les invitamos a conocer los resultados de esta encuesta.
