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Resumen

Como se trata de un tema extenso, me centraré en los aspectos que muestran la poca voluntad del Estado para abordar y superar este sensible asunto, a pesar de sus obligaciones con el Derecho Internacional de los DDHH, y la presión política que vive permanentemente. Inicialmente, expongo lo que se entiende por persona defensora de DDHH y liderazgo social; luego describo la importancia de los liderazgos sociales en la búsqueda de la paz en los territorios; también, presento un rápido diagnóstico de la situación de agresiones a estas personas y por último, me refiero al papel del Estado y su incidencia en el contexto de criminalización de personas defensoras de DDHH, en particular, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas militares, aclarando que no son las únicas instituciones responsables.

Construcción de paz y liderazgos sociales

Diana Sánchez Lara 

Sin duda alguna, Colombia es un país en deuda con los Derechos Humanos (DDHH): civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medio ambientales y con el derecho a la paz. Si queremos ser viables como sociedad, el debate sobre cada uno de ellos debería ser el más importante y actual, lo cual implica interpelar también, el modelo económico vigente. Para avanzar en la defensa de los DDHH y la construcción de la paz hoy, resulta sustantivo analizar la agresión contra el liderazgo social del país.

Qué se entiende por persona defensora de DDHH

Existen diversas formas de entender quiénes son las personas que defienden los DDHH; entre ellas, se encuentran todos los liderazgos sociales y populares del país. Según la conceptualización de Naciones Unidas y su marco normativo, establecido en la Declaración sobre Defensores de DDHH, adoptada por la Asamblea General en 1999:

“La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales… Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. Algunas veces defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales (Naciones Unidas, 1999).

En Colombia se habla con más frecuencia de liderazgos sociales que de personas defensoras de DDHH, sin embargo, para el caso es lo mismo, en la medida que los líderes y lideresas sociales luchan por la reivindicación de los derechos de sus comunidades. Así las cosas, se entiende que, dentro del concepto amplio de Naciones Unidas, se incluyen liderazgos reconocidos por pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas, organizaciones comunales, mujeres, estudiantes y sindicatos.

Desde un punto de vista más sociológico y espiritual, la siguiente expresión también, resulta válida para caracterizar a estas personas:

“Los líderes y lideresas sociales son el alma de los territorios, son el faro de sus comunidades, son fuente de democracia, son germen de saber ancestral, hacen parte del cordón umbilical con la tierra… son la esperanza de paz en la coyuntura histórica que vive Colombia. Esos hombres y mujeres, son esto y mucho más… su inmenso sacrificio, no lo perdonará la historia” (Somos Defensores, 2018, Pág. 3).

Con estos reconocimientos como fundamento, es indudable su importancia en los territorios, especialmente porque las comunidades excluidas del país, ubicadas en regiones altamente conflictivas, tienen una profunda desconfianza en las instituciones; no creen en ellas porque: el Estado hace presencia a través del aparato represivo, la clase política sólo en épocas electorales y los funcionarios públicos, no ven en las comunidades sujetos de derecho ni actores políticos capaces de transformar la realidad. Esta ruptura en la comunicación es sin duda problemática.

Ante el recelo y una especie de instrumentalización mutua para pervivir en el mismo espacio, los liderazgos sociales y populares, cumplen una función de puente y acercamiento muy importante entre las partes, dado que cuentan con legitimidad en sus comunidades y tienen una permanente interlocución con los gobiernos locales, regionales y nacionales. Esta labor es aún más valiosa, en la pretensión del proceso de paz de llevar los acuerdos a los territorios; precisamente estos liderazgos facilitarían el acercamiento de todos los actores, incluidos los ejércitos reincorporados.

Quitar del camino un líder o lideresa, es un duro golpe para las comunidades pues les produce un sentimiento de orfandad, que es justo lo que buscan quienes lo hacen. Dejar desamparados estos grupos sociales, es una estrategia que imprime suficiente miedo para que no insistan en impedir el desarrollo económico y político de particulares con intereses precisos en sus territorios, sean empresas nacionales o internacionales, grupos políticos corruptos, narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, mafiosos de todo orden, entre otros.

Radiografía de una realidad

No es posible entender cómo en el actual contexto colombiano, en medio de la búsqueda del fin del conflicto armado por la vía política, haya tanta criminalidad contra personas defensoras de DDHH, quienes también, se caracterizan por animar la construcción de paz en sus territorios. Según el Programa Somos Defensores, entre el 2010 y junio de 2019, han asesinado al menos 666 líderes y lideresas sociales¹. De este universo de casos, 400 han sido atacados desde el 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz. ¡Simplemente inaudito!

Se suman a este lamentable diagnóstico otras agresiones que, en su conjunto, generan contextos adversos para el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los DDHH. Con base en una década de monitoreo del Programa Somos Defensores, presento otros ataques que contribuyen a este ambiente hostil, advirtiendo que siempre será un sub registro frente a la realidad:

1. La amenaza. Es la agresión más frecuente y generalizada contra activistas sociales y populares. Entre 2010 y junio de 2019 se registraron al menos 3.434 casos, la mayoría bajo la modalidad de “panfleto”². También, consiste en llamadas telefónicas, mensajes de texto, sufragios, ramos de flores fúnebres y otro tipo de intimidaciones.

2. Los atentados a la integridad física. Son agresiones habituales aunque muy invisibilizadas; de 366 casos en el mismo periodo, la Fiscalía no da cuenta de investigaciones, a pesar de ser un atentado y un ataque directo a la integridad personal, y lo más grave, es que en todos los casos, pudo convertirse en asesinato.

3. Las detenciones arbitrarias. Eventos frecuentes donde se retiene a las personas injustificadamente. En el periodo analizado se han documentado alrededor de 197 casos cuya importancia para los funcionarios públicos es nula, por tanto, no se consideran graves.

4. Del uso arbitrario del sistema penal o judicialización. se tienen registros preocupantes. En el mismo lapso, al menos 66 personas defensoras fueron judicializadas. Estos hechos generan sin duda, temor, angustia permanente y contextos adversos para las organizaciones sociales. Se suma a esta vulneración de derechos, la exposición y “juicio” mediático y público que posteriormente, al recuperar la libertad por falta de pruebas, no se repara.

5. El robo de información sensible. Hurto de computadores y herramientas de almacenamiento de información, propias de personas y organizaciones que defienden DDHH. Al menos 48 casos están registrados en el periodo analizado. Hasta el momento no se ha logrado que la Fiscalía reconozca su gravedad y los investigue pues asocia estos hechos a robos ordinarios.

Las anteriores modalidades de agresión, sin contar otras intimidaciones y asedios en los territorios- configuran contextos adversos y hostiles para el ejercicio de la defensa de los DDHH y la construcción de la paz.

Ante este panorama, desde hace una década, el movimiento de DDHH a través de las plataformas nacionales y territoriales, focalizó sus esfuerzos en exigir al Estado y al gobierno colombiano, garantías para el ejercicio de defensa de los DDHH. Para ello, creó el Proceso Nacional de Garantías –PNG– también conocido como Mesa Nacional de Garantías³, el cual comenzó en el 2009, último año del segundo mandato de Álvaro Uribe, precisamente por el nivel de agresión contra personas defensoras de DDHH, muchas de las cuales, provenían del mismo Presidente y de altos funcionaros del gobierno.

Los principales objetivos del proceso se centraron en: 1) Establecer un diálogo directo entre sociedad civil y altos funcionarios públicos del orden nacional y territorial, para identificar conjuntamente las principales vulnerabilidades y amenazas que vivían los liderazgos sociales y, adoptar correctivos por parte de la institucionalidad. 2) Fortalecer el proceso de interlocución nacional y territorial, para generar confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado. 3) Avanzar en la construcción de acuerdos, compromisos y rutas para promulgar medidas que creen un ambiente propicio para las actividades de defensa de los derechos humanos. 4) Hacer seguimiento a los compromisos que se adopten nacional y territorialmente en el tema de garantías.

Para alcanzar los anteriores objetivos, y en el marco de los principios obligados del Estado colombiano, ante el Derecho Internacional de los DDHH de Respetar, Proteger y Garantizar la vida, el PNG se propuso trabajar en tres líneas de acciones: prevención, protección e investigación. Desde el inicio se construyó una metodología sinérgica entre lo nacional y regional para que la participación de las organizaciones locales fuera protagónica y determinante. Igualmente, dado lo sensible de la problemática y su contenido político, se logró que los funcionarios comprometidos en el PNG fueran del más alto nivel: Ministros del interior, Fiscales Generales, Procuradores, Vicepresidentes, Defensores del Pueblo y otros, expertos temáticos. Similar ha sido la participación de gobernadores, alcaldes y funcionarios estatales del orden territorial. También ha contado con el apoyo y observación de la comunidad internacional, especialmente de las embajadas de España y Suecia, además del Sistema de Naciones Unidas.

Hoy el PNG es el espacio de interlocución más importante entre la sociedad civil y el establecimiento; además de reconstruir la confianza perdida entre dichas partes, en el 2008, ha tenido importantes logros, entre ellos: el entendimiento y aceptación de que todas las personas que ejercen liderazgos sociales en el país, son defensoras de DDHH y el reconocimiento de su importancia y valía en Colombia. Así mismo, se avanzó en la lucha contra la estigmatización y los señalamientos, a partir de pronunciamientos de alto nivel, resoluciones y actos de reconocimiento político de los Ministros del Interior, en diferentes regiones. La creación de la Unidad Nacional de Protección, UNP, también, es producto del proceso, a pesar de que el enfoque no sea el propuesto por el movimiento de DDHH.

El avance en las investigaciones judiciales sobre asesinatos de personas defensoras también, es un resultado importante del PNG, no obstante las críticas por la manipulación de cifras. Otros logros recientes son el Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, a través de la Resolución número 0845 del 14 de junio de 2014, precedido por la creación del Comité Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, a través del Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016 ambos, del Ministerio del Interior. Por otra parte, la instalación de las Mesas Territoriales de Garantías en varios departamentos, se convirtieron en espacios de encuentro e interlocución permanente entre, los movimientos sociales y de DDHH y los gobiernos e instituciones estatales territoriales, para tramitar situaciones adversas en el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los DDHH. Antioquia y Cauca, son las experiencias más exitosas.

Sin embargo, con el actual gobierno ha sido difícil avanzar en el proceso, dado que la temática no está en sus prioridades. Sin embargo, es preciso reconocer que a pesar del esfuerzo realizado por la sociedad civil en estos diez años, la problemática persiste y el Estado colombiano no avanza en detener la criminalidad contra activistas de DDHH; el gobierno nacional se empeña en mantener una mirada estrecha de la política pública, centrada en protección física y material, que de alguna manera, es una forma de prolongar el problema sin tocar de fondo: el desmantelamiento del paramilitarismo y otras expresiones del crimen organizado en los territorios; la investigación a funcionarios públicos que por acción u omisión no cumplen con el mandato de garantizar la vida de estas personas y, el debate histórico del movimiento de DDHH en Colombia por la depuración de las fuerzas militares y su doctrina de seguridad nacional. Es importante enunciar que algunos de estos asuntos se abordaron en el punto 3.4⁴ del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, no obstante, el actual gobierno lo desconozca por completo.

El papel de la Fiscalía General de la Nación

El movimiento de DDHH durante muchos años ha exigido al Estado colombiano, particularmente a la Fiscalía General de la Nación, resultados de las investigaciones adelantadas por todos estos hechos, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales, y desestructurar las organizaciones criminales, así como los funcionarios públicos que cohonestan con ellas.

A partir del PGG, se consiguió que la Fiscalía, a través de la Directiva 02 de 2017, ordenara a los operadores judiciales indagar, en caso de un asesinato, si la persona tenía algún tipo de liderazgo social o era defensora de DDHH, de tal manera que se convirtiera en la primera hipótesis de investigación criminalística (Fiscalía General de la Nación, 2017). Pero esta Directiva tuvo dos antecedentes normativos, reseñados en el Informe La Naranja Mecánica, así:

“Las bases las puso el Fiscal Eduardo Montealegre, quien impartió la Resolución 1783 de 2015 que crea un grupo de tareas especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, principalmente indígenas, afrodescendientes, de restitución de tierras, incluidos funcionarios públicos y otros agentes relacionados con el tema. Con esta resolución se dio impulso a investigaciones, pero también estaba destinada a avanzar frente a las amenazas. (…) Posteriormente, el Fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo Torres, sacó la Resolución 0011 de 2016, que adopta el concepto de defensor de derechos humanos en la ruta metodológica e investigación criminal en los casos de homicidios contra estas personas y se acogen otras disposiciones relacionadas con el delito de amenazas… Pero también desarrolla directrices para los fiscales en materia del delito de amenazas, de manera que a partir de este documento se sientan las bases para avanzar en una ruta de investigación más certera” (Fiscalía General de la Nación, 2016).

Reconociendo el valor de estas bases normativas y el avance en las investigaciones de asesinatos, persisten situaciones y enfoques en la Fiscalía, que no terminan de convencer al movimiento de DDHH, veamos:

En la última década se estima que al menos 666 personas defensoras de DDHH fueron asesinadas (Somos Defensores, 2019), ciertamente, se trata de un universo grande. Sin embargo, la Fiscalía decidió priorizar los casos desde el 2016, sin dar cuenta de los de los años anteriores. Esta decisión es problemática, pues si los procesos no tienen alguna prioridad, al pasar el tiempo, es más difícil encontrar pruebas y hallar responsables; entonces, la esperanza de contar con resultados en crímenes de años anteriores al 2015 es poca.

En el país existen varias instituciones públicas y privadas que hacen seguimiento a esta lamentable situación, pero la Fiscalía decidió tener en cuenta, para priorizar investigaciones, los casos registrados y documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, OACNUDH. Esta decisión es problemática por dos razones: Una, a pesar de que la Fiscalía dice considerar las otras fuentes, solo da cuenta de los registros de OACNUDH, que entre otras cosas, son los más bajos. Dos, desestima el universo de casos registrados por una entidad del Estado como la Defensoría del Pueblo, que, de acuerdo con sus estadísticas, del 2016 y 17 de mayo de 2019, han sido asesinadas 486 personas defensoras (Defensoría del Pueblo, 2019), es decir, un 40% más. Pero la Fiscalía, solo priorizó 289 tomados de la OCNUDH sin tener en cuenta las cifras de la Defensoría del Pueblo. Si considerara los 666 asesinatos en la última década, según el Programa Somos Defensores; la Fiscalía estaría investigando con prioridad, el 43% de los mismos, es decir que el 57% restante, seguramente nunca llegará a tener resultados. A lo anterior se suma el cuestionado y ambiguo concepto de “esclarecimiento”, utilizado por la Fiscalía para informar de los avances en las investigaciones, debate que se encuentra ampliamente descrito en los informes del Programa Somos Defensores La Naranja Mecánica y “Defensores ¿El juego final? (Somos Defensores, 2019).

Las Fuerzas Militares

A este panorama es necesario sumarle otro desafío en materia de DDHH en Colombia, que por su puesto, tiene mucho que ver con el diagnóstico de la alta criminalidad contra los liderazgos sociales: las Fuerzas militares y su papel en la historia de agresión a los movimientos sociales, como se recoge parcialmente en “La inteligencia en Colombia: el lado oscuro de la fuerza”. Este documento, además de reconstruir el nacimiento y desarrollo de los servicios de inteligencia militar en el país, con un énfasis especial en el concepto de enemigo interno –insurgencias-, muestra cómo se incluyeron organizaciones sociales y defensoras de DDHH dentro de dicho precepto y desde allí, se naturalizó su persecución y estigmatización (Somos Defensores, 2017). Importante recordar que el desmonte de la Doctrina de Seguridad Nacional, ha sido una de las banderas del movimiento de DDHH colombiano, dada la alta criminalidad que ha legitimado contra la población civil.

En un periodo más reciente que coincidió con el proceso de paz, el Ejército Nacional realizó una reforma a la Doctrina Militar cuyo resultado, fue el Manual Doctrina Damasco, nombre inspirado en un pasaje bíblico (Rojas Guevara, 2017, pág. 21). De acuerdo con textos de prensa y análisis del Coronel Rojas Guevara (2017), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia, se trata de una trasformación, sustancial en lo doctrinario y operacional, de las Fuerzas militares. No sé si porque ya había empezado a funcionar la nueva Doctrina Damasco, al interior de las Fuerzas Militares o como estrategia para armonizarla con el proceso de paz, lo cierto es que efectivamente se sintió variación en la actuación del Ejército Nacional, tanto en el discurso, encabezado por el General Alberto Mejía, como en los territorios donde las tropas se vieron menos agresivas y más conciliadoras con las comunidades. Dicho cambio también, se evidenció en el acompañamiento del Ejército a las FARC en su proceso de reincorporación y tránsito hacia la vida legal. Las imágenes de militares siguiendo en su marcha las caravanas de ex combatientes por agua o por tierra, quedaron como constancia fotográfica de que sí eran posibles, la paz y la reconciliación.

Sin embargo, tres años después, esas fotografías parecen desdibujarse. Un artículo del destacado diario estadounidense The New York Times, en meses pasados, advirtió sobre las nuevas órdenes o directivas de la cúpula militar a las tropas, donde les exigían duplicar las bajas en combate, a como diera lugar, para mostrar su eficiencia y capacidad de combatir a la guerrilla. Este documento recordó el deshonroso episodio protagonizado por el Ejército colombiano, conocido como “falsos positivos” (New York Times, abril 2019). Ante el escándalo provocado por este informe; dentro del mismo Ejército se habría iniciado una persecución contra los militares por filtrar la información, al medio de comunicación, lo cual evidenció que, efectivamente eran realidad las irregularidades al interior de la institución (Revista Semana, agosto 2019).

En un pasaje más reciente, las fuerzas militares se vieron envueltas en un nuevo escándalo por la falsedad en fotografías entregadas al presidente Iván Duque para demostrar, ante la Asamblea de Naciones Unidas, la alianza entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos irregulares colombianos; episodio que produjo la renuncia del general Oswaldo Peña Bermeo, jefe de inteligencia y contrainteligencia (Revista Semana, septiembre de 2019).

Todo lo anterior y lo que aún no conocemos, genera grandes interrogantes. Uno es sobre el verdadero y estructural cambio de esta poderosa institución colombiana: en su concepción, pensamiento y doctrina, y particularmente en su imaginario sobre el movimiento social y de DDHH a quien siempre han visto con sospecha y como enemigos internos; otro es, si el paso a la Doctrina Damasco es un ajuste –reservado por demás, como todo lo relacionado con la Fuerza Pública en el país– para modernizar y fortalecer el aparato militar a los contextos actuales, pero sin una nueva ontología de paz.

De todas maneras, como sociedad organizada, seguiremos exigiendo un debate público y abierto sobre el imperativo de construir, una Doctrina de Seguridad Humana para la Paz, como paso fundamental para modificar los contextos adversos en el ejercicio de la defensa de los DDHH en Colombia y continuaremos cerrando el camino de la violencia directa, estructural y cultural que arrastramos como sociedad.

Referencias bibliográficas

Defensoría Nacional del Pueblo. (2019). Informe de seguimiento a la alerta temprana 06-18. Recuperado de este enlace.

Fiscalía General de la Nación. (2016). Directiva 0011 de 2016. Por medio de la cual se determina el concepto de defensor de derechos humanos y se establecen los parámetros para la persecución del delito de amenazas en su contra. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2015). Resolución 1783. Por medio de la cual se crea un grupo de atareas especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2017). Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. Recuperado de este enlace.

Naciones Unidas, Derechos Humanos, Alto Comisionado. (1999). La Declaración de los defensores de los derechos humanos. Recuperado de este enlace.

Programa Somos Defensores. (2018). La Piedra en el zapato. Informe anual 2017. Pág. 3. Recuperado de este enlace.

Revista Semana. (2019). El jefe de inteligencia sale de las fuerzas militares en medio de escándalo de fotos falsas. Recuperado de este enlace.

Revista Semana. (2019). El general en su laberinto: los secretos de la cacería que involucra al comandante del Ejército. Recuperado de este enlace.

Rojas, Javier. (2017). Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Revista Científica General José María Córdova, Bogotá, Colombia. Recuperado de este enlace.

The New York Times. (2019). Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Recuperado de este enlace. 

Palabras clave:

Construcción de paz, liderazgo social, derechos humanos, democracia, líderes, defensores

Notas al pie:

^{1 Desde las organizaciones que conforman el Programa Somos Defensores, siempre se ha advertido que las estadísticas que publican sobre agresiones a personas defensoras, son un sub registro frente a la realidad, dado que en el Sistema de Información se registra un número mayor de casos, pero no todos se pueden confirmar por diversas razones. Así que estas cifran son una fotografía de la realidad del momento, pero no el universo completo.
2 En Colombia entendemos como panfleto amenazante, los mensajes escritos enviados normalmente por la web y redes sociales. El contenido siempre soez e intimidante puede ir contra un grupo genérico de personas, organizaciones y en muchas oportunidades tiene nombres propios. Es firmado en la mayoría de las veces por supuestos grupos paramilitares.
3 El Proceso Nacional de Garantías es un espacio de interlocución de alto nivel entre la sociedad civil -Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, La Alianza; la Plataforma de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo, DESCA; la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Sectores sociales: comunales y campesinos- el Gobierno Nacional y el Estado colombiano.
4 Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas criminales responsables de masacres y homicidios que atentan contra defensores de derechos humanos… y siguientes. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá, 24 de noviembre de 2016. pág., 77.}