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Resumen

Expongo en este texto la trayectoria de la noción de víctima, su instauración y sus usos como sujeto y lugar de enunciación del campo de la memoria histórica, para para rastrear los enlaces entre derechos humanos, memoria y construcción de paz. Esta relación ha sido objeto de debates que interrogan la conformación de un poderoso régimen global de derechos humanos con sus tratados, convenciones, normas, instituciones y su operación con cierta autonomía, del poder de los Estados nación (Levy, D., & Sznaider, N., 2010). Para el caso colombiano, existe un amplio número de trabajos que documentan la incursión de los derechos humanos en el país. 

Memoria y Derechos Humanos: La Noción de “Víctima”

Como puede verse, seguimos pensando nuestro trabajo como una mezcla de anhelo utópico y de guía para la vida. En este sentido nuestro programa sigue consignado en palabras fundamentales como el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Editorial Revista Región, Noviembre 23, 1999

 

El origen de la Corporación Región en los años ochenta coincide con la instalación en el país, de los derechos humanos como lenguaje para nombrar las experiencias individuales y colectivas de las violencias en el conflicto armado, y como lugar articulador de las protestas sociales y la negociación con el Estado¹. En el año dos mil, la trayectoria de Región demuestra cómo los derechos humanos se enlazan con el campo emergente de la memoria histórica² y y de las transformaciones ocurridas, en los movimientos sociales, con la profesionalización de los derechos humanos y su persistencia como medio de denuncia y de visiones alternas sobre la sociedad y la justicia. Estos temas y sus debates han estado atravesados por el de la paz, el olvido, la verdad, el perdón y la impunidad. La construcción y defensa de la paz, ha sido también, eje central y la manera en que la Corporación ha pensado y soñado la ciudad y el país.

Expongo en este texto la trayectoria de la noción de víctima, su instauración y sus usos como sujeto y lugar de enunciación del campo de la memoria histórica³, para para rastrear los enlaces entre derechos humanos, memoria y construcción de paz. Esta relación ha sido objeto de debates que interrogan la conformación de un poderoso régimen global de derechos humanos con sus tratados, convenciones, normas, instituciones y su operación con cierta autonomía, del poder de los Estados nación (Levy, D., & Sznaider, N., 2010). Para el caso colombiano, existe un amplio número de trabajos que documentan la incursión de los derechos humanos en el país. En los años setenta y ochenta, los grupos de izquierda acogen este lenguaje como medio para la acción política frente al Estado, en el contexto del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, del aumento de la represión estatal contra los movimientos sociales y, en la búsqueda de protección de la población civil frente a las amenazas y abusos de los actores armados (González-Jácome, 2016). Fernanda Espinoza (2019) describe el surgimiento de la víctima como sujeto testimonial y sujeto público en escenarios como el primer Foro Nacional de los Derechos Humanos en 1979; a partir de entonces y como lo describe Luis van Isschot en su trabajo sobre Barrancabermeja, el lenguaje de los derechos humanos hace inteligible la violencia política, a funcionarios estatales y a su vez, adquiere relevancia como principio ético de las relaciones sociales, en particular entre el Estado y sus ciudadanos.

Si bien en las últimas tres décadas, el discurso de los derechos humanos se institucionaliza, profundiza y adquiere peso simbólico y político para legitimar la transparencia y “buenas prácticas” de las instituciones del Estado (ejército, alcaldías, presidencia); la paradoja que continúa marcando al país, es que uno de los grupos más estigmatizados y a la vez con mayores índices de victimización mediante amenazas, asesinatos selectivos, desaparición y exilio, es el de defensores de derechos humanos. La profesionalización del campo no ha derivado en protección y podría decirse que el “compromiso con las víctimas” y la incorporación de dichos discursos en manuales, unidades y regulaciones de instituciones estatales y no estatales, ha operado como universo paralelo a la criminalización y victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos y ambientalistas. En parte esta fricción e incoherencia, mantiene vigente el debate sobre la impunidad y los tipos de justicia, memoria y verdad que se necesitan en el país, para sostener la paz y pensar la reconciliación; a la vez nos recuerdan como el poder se pone en juego en estas discusiones, así como la capacidad de negociación e interpelación de los diferentes actores sociales en campos desiguales de poder.

Por otra parte, y como argumenta Iván Orozco (2015), la consolidación de los derechos humanos y los trabajos de memoria histórica como discursos globales, están entrelazados con la conformación de una conciencia humanitaria que surge en las postrimerías de la segunda guerra mundial, del holocausto judío y con los juicios de Núremberg. La generalización del discurso sobre las víctimas y la atención dada a los temas de memoria, reparación y reconciliación en Colombia, desde mediados del año dos mil, se entiende en la convergencia de esta conciencia humanitaria y las tendencias mundiales de universalización del discurso de los derechos humanos. Igualmente responde a la presión ejercida a los Estados nacionales por instituciones supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Este cambio de sensibilidades, sostiene Orozco, se remite al reconocimiento que adquiere en la segunda mitad del siglo XX, el discurso sobre la necesidad, y el deber de la memoria y del castigo, para hacer frente a las atrocidades del pasado y enfrentar las tareas de la reconstrucción social

En Colombia esta relación se expresa más claramente a finales de los años noventa, cuando en el contexto de la desmovilización de los grupos paramilitares, que hacen parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se decreta la Ley de Justicia y Paz, se crean la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Grupo de Memoria Histórica . Este es un periodo en el que también florecen, de parte de organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y comunidades afectadas por la violencia (GMH, 2009), las prácticas conmemorativas de dignificación y defensa de la memoria a nivel local y regional, como vehículos de resistencia.

En Colombia, esta relación se expresa más claramente a finales de los años noventa, cuando en el contexto de la desmovilización de los grupos paramilitares, que hacen parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se decreta la ley de Justicia y Paz, se crean la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Grupo de Memoria Histórica⁴. Este es un periodo en el que también florecen, de parte de organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y comunidades afectadas por la violencia (GMH, 2019), las prácticas conmemorativas de dignificación y defensa de la memoria a nivel local y regional, como vehículos de resistencia.

El uso de la noción de víctima tiene su propia genealogía y una historia más reciente. Nicolás Rodríguez (2017) expresa que si bien Colombia tiene una larga historia de: violencia y conflicto armado, de conformación de comisiones de esclarecimiento histórico y, de atención a afectados por los desastres ambientales y por las violencias; la noción de víctima como categoría moral, legal, y socio política, empieza a usarse en los años noventa. Antes, durante La Violencia, se manejaba la categoría de “damnificado” y los programas de asistencia, se enmarcaban en lógicas de rehabilitación. Rodríguez traza las razones históricas que contribuyen a la asociación entre víctima y desastre “natural” para evidenciar las tensiones que atraviesan este enlace entre derechos humanos y memoria histórica: una noción de víctima “como depositaria de un desastre inherente” y de la violencia, como una fuerza natural que vacía de significado político y social, las acciones de las personas afectadas por la violencia política o los desastres humanitarios.

Subyacente a estas asociaciones, argumenta Rodríguez, está la no diferenciación entre desastre natural y violencia política, así ésta se naturaliza porque se ve como impredecible e incontrolable y corre el riesgo, de presentar una visión a-histórica de los repertorios de victimización en la guerra o de los desastres humanitarios. Por ello, las personas que han sido víctimas de eventos como el desplazamiento forzado, “aparecen ante la ciudadanía desprovistas de textura regional, moral e histórica”.

La noción dominante de victima que informa a los procesos contemporáneos de justicia transicional, se basa en el discurso de los derechos humanos y se asocia a alguien (individual o colectivo), que ha sido agraviado y ha sufrido pérdidas (humanas, materiales, culturales o de libertades) y enfrentado situaciones traumáticas. En la trayectoria institucional de la atención a víctimas en el país, observamos que fueron cada vez más las nociones de víctima, enmarcadas en la de trauma y en los discursos morales y psicológicos sobre el sufrimiento y la victimización. La preponderancia de estos discursos sobre el trauma y el impacto psicológico para justificar y caracterizar los trabajos de memoria histórica, reducen el papel de las Comisiones de la Verdad y los tribunales, a mecanismos para que las víctimas y las sociedades curen sus traumas del pasado. El legado de una visión sobre las personas afectadas por desastres o violencia, como damnificadas y, las nuevas configuraciones del discurso de víctima alrededor del trauma, se debaten entre el impulso hacia la naturalización de la violencia y el de cargar, a la memoria histórica, con una función redentora de la verdad y de la sociedad.

Los mecanismos formales de búsqueda de la verdad, como los tribunales y las comisiones, tienden así a operar dentro de un paradigma de memoria en el que los testimonios personales, se enmarcan en lo que Rosalind Shaw (2007) llama mecanismos de "redención" y de "responsabilidad moral" histórica. El testimonio del testigo en este paradigma dominante se construye, como un componente clave para garantizar la efectividad social de los imperativos de no repetición y, a menudo, se enmarca como un medio para facilitar el cierre del duelo y la sanación de la víctima. De manera problemática, el paradigma de la memoria redentora, asumida dentro de los procesos y el pensamiento de justicia transicional, tiende a ignorar las complejas disputas sobre la memoria que dan forma a los testimonios públicos; también, descuida los diversos puntos de vista y funciones sociales en los que se promulga el testimonio de testigos y otras prácticas de memoria social de carácter más local o social, que operan por fuera de estos espacios formales nacionales o supranacionales y con objetivos bastante diferentes.

Para dar cuenta de las maneras plurales en que la noción de víctima se usa en el ámbito público y del entramado dinámico en el que múltiples narrativas y actores trabajan y disputan las asociaciones simplistas entre víctima y pasividad o víctima y trauma o desastre, es importante anotar como en estos mismos años y contexto socio político, “las víctimas” y sus organizaciones se ubican como interlocutores políticos centrales y como emprendedores de importantes iniciativas de memoria histórica. Este posicionamiento reciente de las víctimas, en el centro de los discursos sobre la guerra y la paz y en los procesos de memoria, es una conquista del trabajo de las organizaciones sociales y de sus luchas por la memoria.

La profesora María Teresa Uribe ha sido elocuente al expresar que sociedades como la colombiana que han sufrido violencias endémicas, se enfrentan a dolores y duelos individuales y colectivos; a duelos y dolores que circulan simultáneamente ámbitos íntimos, privados y públicos (2003). En este contexto, la labor de la memoria histórica es vista como proceso colectivo de recuperación de historias y duelos silenciados y como estrategia para contrarrestar una especie de pacto social histórico de silencio y olvido. De esta manera, la memoria se consolida en Colombia en la década del 2000, como un campo autónomo de esclarecimiento histórico para la construcción de paz, y democracia.

Las víctimas y sus organizaciones fueron interlocutoras centrales en las negociaciones, propuestas y arreglos que sustentan la formulación de la ley de víctimas del 2011 y del acuerdo de paz en el 2016. Sus aportes y proyectos pueden rastrearse en el contenido de los textos⁵ y en procesos e iniciativas de memoria a nivel local (los primeros años del Museo Casa de la Memoria en Medellín o del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá) y a nivel nacional en el Centro Nacional de Memoria Histórica (Museo de Memoria Histórica hasta el 2018); están también presentes en las organizaciones de la sociedad civil (las galerías de la memoria de Movice, los informes de memoria histórica de Región, el IPC y la Ruta Pacífica de Mujeres por la Paz). En cada una de estas instancias, el conocimiento, documentación y relatos de las víctimas se encuentra en la producción de textos, exposiciones, cronologías y periodizaciones de eventos emblemáticos y ejemplares, de la guerra y de las afectaciones y respuestas de quienes los han vivido.

En este contexto la noción de víctima se asocia con la de sujeto de derechos, de resistencia a la impunidad, al silenciamiento y la desmemoria, y a la de constructores y gestores de memoria histórica (CNMH 2013). En un artículo que escribimos con María Victoria Uribe sobre el Grupo de Memoria Histórica (GMH), nos preguntamos sobre las dinámicas históricas y las razones a partir de las cuales, se construye una especial sensibilidad hacia las víctimas y las nociones de víctima, implícitas en nuestro propio quehacer investigativo como Grupo con sus inclusiones y exclusiones. Anotábamos como se llevó esta discusión al ámbito epistemológico, al trabajar desde la siguiente premisa: quienes vivieron la guerra y/o fueron testigos de actos de violencia, son sujetos productores de relatos, historias e interpretaciones sobre lo que sucedió y por consiguiente, dichos relatos hacen parte de la labor de esclarecimiento histórico. Adicionalmente el GMH planteó el trabajo de memoria histórica tanto en su dimensión esclarecedora, es decir, revelar y documentar los hechos, las cifras y las responsabilidades en las violencias, como en la construcción de relatos en los que convergen múltiples voces, experiencias y perspectivas.

Al rastrear el trabajo del Grupo en documentos e intervenciones de interlocución con comunidades y organizaciones, las metodologías y las maneras en que se elaboran informes concluimos que:

Las víctimas son agentes sociales, políticos y de derechos, pero, como parte de un universo heterogéneo tanto en su composición socio demográfica, como en la manera en que se reconocen o nombran (CNMH, 2013). Se llamó la atención sobre los modos tan diversos en que las personas se reconocen como sujetos víctimas; el rechazo al uso de esta categoría por parte de algunos sobrevivientes y, la necesidad de reconocer y legitimar los modos de nombrarse de quienes han sufrido y sentido el impacto de la guerra, incluyendo a quienes cuestionan la asociación de la condición de víctima con un evento específico (por ejemplo una masacre) y no con una trayectoria histórica o un régimen de opresión (por ejemplo la colonización o la esclavitud) (Riaño y Uribe, 2016).

También registramos la enorme tensión y paradoja surgidas con la difusión masiva de los productos escritos y visuales y los trabajos de investigación del GMH. El lanzamiento de informes, su presencia en los medios y la manera en que, desde sectores empresariales, políticos y noticiosos, comienza a dar importancia a las víctimas, activa una asociación entre la enunciación de un discurso de apoyo solidario y cierta superioridad moral de quien lo emite. El discurso sobre las victimas adquiere un valor simbólico, estético y político importante, expresado de maneras muy diversas que van desde, la acción filantrópica o de fuerte presencia en redes sociales, mediante las que se expresa una solidaridad vertical con las víctimas⁶, a la puesta en escena de eventos públicos o performance con actores o personalidades políticas y del mundo del arte “que se ponen en la piel de las víctimas”, lo cual da cuenta de una de las fricciones que resultan del desplazamiento de la noción de víctima como sujeto y agente de memoria histórica, a la de sujeto de la solidaridad; argumento que aunque de una manera muy diferente a los tiempos de La Violencia, el impulso que aquí se hace presente es también, uno naturalizador en el que la víctima es la depositaria inherente de la ayuda.

Por Por último, quiero llamar la atención sobre las nuevas fricciones y la polarización surgidas con la irrupción de las fuerzas armadas y la policía, en los debates sobre la memoria histórica, y sus demandas, tanto por conocer de qué manera se les va a representar y presentar en el museo de Memoria Histórica, como por hacer parte del Consejo asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica, dando cumplimiento al decreto firmado por Juan Manuel Santos el 23 de marzo del 2017, en el que se da un puesto al Ministerio de Defensa, en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad responsable en el país, de la investigación de memoria histórica, los acuerdos de verdad, el archivo nacional de derechos humanos y el MNM. El decreto no es un acto aislado o repentino; materializa la preocupación y la exigencia de las fuerzas militares para que sus miembros, “en su rol de servidores públicos que presenciaron en forma directa el desarrollo del conflicto”, participen en “establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos (relacionados con la guerra)”. (El Espectador, Abril 18 de 2017)

Más recientemente se firmó una ley radicada en el Congreso en la que se “rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza pública” en el Museo de Memoria Histórica. El esfuerzo de estos estamentos y de poderosas asociaciones gremiales como Fedegan, de apropiarse de la noción de víctima, ilustra el complejo conjunto de actores disputando la memoria histórica y las discordias y fricciones que están atravesando el campo cuyos acumulados construidos en los últimos diez años, están siendo amenazados y corren el riesgo de convertirse en narrativa oficial.

Para concluir quiero resaltar la centralidad política y de recurso simbólico que adquiere la noción de víctima en los discursos y narrativas sobre la guerra, los derechos humanos y la paz en los últimos treinta años, y el vasto campo de fricción social por el riesgo de su instrumentalización, cooptación y en ocasiones, regulación de las víctimas. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales han posicionado a la memoria de las víctimas como lugar autónomo de dignificación de los recuerdos y como lugar para el reclamo de agendas sociales más amplia, tomando distancia frente a las iniciativas institucionales que instrumentalizan su memoria y limitan su agencia social y política como víctimas.

Referencias bibliográficas

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Remembering and Narrating Conflict/Recordando y Narrando el Conflicto. Resources for doing historical memory work. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Espinoza Moreno, Fernanda. (2019). El surgimiento público de la víctima en Colombia: la voz testimonial de la tortura (1978-1979). Historia y Grafía, año 26, núm. 52, enero-junio 2019, pp. 129-156

González-Jácome, Jorge (2016). Derechos humanos y pensamiento de izquierda en Colombia (1974- 1978): Una relectura de “el libro negro de la represión”. 133 Universitos, 105-138, 2016. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj133.dhpi

Grupo de Memoria Histórica. (2009). Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de iniciativas. Bogotá: Puntoaparte eds.

Grupo de Memoria Histórica. Justicia y Paz. (2012). ¿Verdad judicial o verdad histórica? Bogotá: Editorial Taurus.

Isschot, Luis Van, 2015). The social origins of human rights: protesting political violence in Colombia's oil capital. 1919-2010. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

Levy, D., & Sznaider, N., (2010). Human Rights and Memory. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2010.

Orozco, Iván. (2015). Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la paz y la justicia en América Latina. Bogotá: Editorial Temis.

Riaño Alcalá, Pilar y Uribe, Maria V. (2016). Constructing Memory amidst War: The Historical Memory Group of Colombia. International Journal of Transitional Justice, 10(1),: 6-24. doi:10.1093/ijtj/ijv036

Rodríguez, Nicolás. (2017). La naturalización de la violencia. Damnificados, víctimas y desarrollo en la segunda mitad del siglo XX colombiano. Tesis presentada para la obtención del grado de doctor en Historia. Universidad de Montreal.

Shaw, Rosalind (2007). Memory Frictions: Localizing the Truth and Reconciliation Commission in Sierra Leone. The International Journal of Transitional Justice 1:183–207, p.190

Uprimny, Catalina. (2000). La memoria en la Ley de Víctimas en Colombia: derecho y deber. Anuario de Derechos Humanos: 135-143.

Uribe, María Teresa. (2003). Estado y sociedad frente a las víctimas de la violencia. Estudios Políticos. N. 23, Julio-diciembre: 9-25

Winifred, Tate. Counting the dead: the culture and politics of human rights activism in Colombia. Berkeley: University of California Press, 2007.

Palabras clave:

Memoria, derechos humanos, víctimas, conflicto armado, verdad.

Notas al pie:

^{1 Jorge González Jácome establece que los movimientos por los derechos humanos adquieren peso en estos años cuando el conflicto armado entre guerrillas, Estado y paramilitares, atraviesa una de sus etapas más brutales de violencia contra la población civil. Ver: Derechos humanos y pensamiento de izquierda en Colombia (1974- 1978): Una relectura de “el libro negro de la represión”. 1 33 Universitos, 105-138, 2016. Ver enlace.
2 Memoria histórica entendida como el conjunto de relatos en los que memoria e historia se conjugan para dar cuenta de una comprensión común (pero no necesariamente de un relato único) y de unas responsabilidades por el significado que el pasado tiene para el presente de un grupo, comunidad o sociedad. Levy, D., & Sznaider, N. Human Rights and Memory. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2010.
3 María Emma Wills caracteriza el campo de memoria histórica como “una esfera delimitada y muy heterogénea de producción de conocimientos, saberes y estéticas impulsados por diversos gestores, siguiendo prácticas y criterios de validación propios, que responden a regímenes de producción/marcos sociales específicos. Estos conocimientos y saberes constituyen representaciones de un pasado imaginado ya sea en el orden local, regional, nacional o internacional, constituyéndose en la fundamentación de identidades colectivas con capacidad de agencia.” Documento interno Seminario Vancouver, 2019.
4 La versión final de esta ley con sus componentes de memoria histórica y atención a las victima resulta de una historia más compleja de negociaciones y activismo legal que no tengo espacio en este artículo para ver al respecto el documento de la Corporación Humanas sobre la participación de las mujeres en el Acuerdo de Paz y la síntesis sobre las maneras de participación de las víctimas en la negociación de la Organización Internacional de Migraciones.
5 Ver al respecto el documento de la Corporación Humanas sobre la participación de las mujeres en el Acuerdo de Paz y la síntesis sobre las maneras de participación de las víctimas en la negociación de la Organización Internacional de Migraciones, ver enlace”
6 Por ejemplo la campaña que lanza la Fundación Semana para solidarizarse con las víctimas del Salado en la que las personas podían hacer una donación bajo emblemas como “yo estoy ayudando a la reconstrucción del Salado” o “todos por la reconstrucción del Salado” y su cubrimiento mediático en el que se relata como el pueblo “resucita”.}

Resumen

Como se trata de un tema extenso, me centraré en los aspectos que muestran la poca voluntad del Estado para abordar y superar este sensible asunto, a pesar de sus obligaciones con el Derecho Internacional de los DDHH, y la presión política que vive permanentemente. Inicialmente, expongo lo que se entiende por persona defensora de DDHH y liderazgo social; luego describo la importancia de los liderazgos sociales en la búsqueda de la paz en los territorios; también, presento un rápido diagnóstico de la situación de agresiones a estas personas y por último, me refiero al papel del Estado y su incidencia en el contexto de criminalización de personas defensoras de DDHH, en particular, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas militares, aclarando que no son las únicas instituciones responsables.

Construcción de paz y liderazgos sociales

Diana Sánchez Lara 

Sin duda alguna, Colombia es un país en deuda con los Derechos Humanos (DDHH): civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medio ambientales y con el derecho a la paz. Si queremos ser viables como sociedad, el debate sobre cada uno de ellos debería ser el más importante y actual, lo cual implica interpelar también, el modelo económico vigente. Para avanzar en la defensa de los DDHH y la construcción de la paz hoy, resulta sustantivo analizar la agresión contra el liderazgo social del país.

Qué se entiende por persona defensora de DDHH

Existen diversas formas de entender quiénes son las personas que defienden los DDHH; entre ellas, se encuentran todos los liderazgos sociales y populares del país. Según la conceptualización de Naciones Unidas y su marco normativo, establecido en la Declaración sobre Defensores de DDHH, adoptada por la Asamblea General en 1999:

“La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales… Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. Algunas veces defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales (Naciones Unidas, 1999).

En Colombia se habla con más frecuencia de liderazgos sociales que de personas defensoras de DDHH, sin embargo, para el caso es lo mismo, en la medida que los líderes y lideresas sociales luchan por la reivindicación de los derechos de sus comunidades. Así las cosas, se entiende que, dentro del concepto amplio de Naciones Unidas, se incluyen liderazgos reconocidos por pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas, organizaciones comunales, mujeres, estudiantes y sindicatos.

Desde un punto de vista más sociológico y espiritual, la siguiente expresión también, resulta válida para caracterizar a estas personas:

“Los líderes y lideresas sociales son el alma de los territorios, son el faro de sus comunidades, son fuente de democracia, son germen de saber ancestral, hacen parte del cordón umbilical con la tierra… son la esperanza de paz en la coyuntura histórica que vive Colombia. Esos hombres y mujeres, son esto y mucho más… su inmenso sacrificio, no lo perdonará la historia” (Somos Defensores, 2018, Pág. 3).

Con estos reconocimientos como fundamento, es indudable su importancia en los territorios, especialmente porque las comunidades excluidas del país, ubicadas en regiones altamente conflictivas, tienen una profunda desconfianza en las instituciones; no creen en ellas porque: el Estado hace presencia a través del aparato represivo, la clase política sólo en épocas electorales y los funcionarios públicos, no ven en las comunidades sujetos de derecho ni actores políticos capaces de transformar la realidad. Esta ruptura en la comunicación es sin duda problemática.

Ante el recelo y una especie de instrumentalización mutua para pervivir en el mismo espacio, los liderazgos sociales y populares, cumplen una función de puente y acercamiento muy importante entre las partes, dado que cuentan con legitimidad en sus comunidades y tienen una permanente interlocución con los gobiernos locales, regionales y nacionales. Esta labor es aún más valiosa, en la pretensión del proceso de paz de llevar los acuerdos a los territorios; precisamente estos liderazgos facilitarían el acercamiento de todos los actores, incluidos los ejércitos reincorporados.

Quitar del camino un líder o lideresa, es un duro golpe para las comunidades pues les produce un sentimiento de orfandad, que es justo lo que buscan quienes lo hacen. Dejar desamparados estos grupos sociales, es una estrategia que imprime suficiente miedo para que no insistan en impedir el desarrollo económico y político de particulares con intereses precisos en sus territorios, sean empresas nacionales o internacionales, grupos políticos corruptos, narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, mafiosos de todo orden, entre otros.

Radiografía de una realidad

No es posible entender cómo en el actual contexto colombiano, en medio de la búsqueda del fin del conflicto armado por la vía política, haya tanta criminalidad contra personas defensoras de DDHH, quienes también, se caracterizan por animar la construcción de paz en sus territorios. Según el Programa Somos Defensores, entre el 2010 y junio de 2019, han asesinado al menos 666 líderes y lideresas sociales¹. De este universo de casos, 400 han sido atacados desde el 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz. ¡Simplemente inaudito!

Se suman a este lamentable diagnóstico otras agresiones que, en su conjunto, generan contextos adversos para el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los DDHH. Con base en una década de monitoreo del Programa Somos Defensores, presento otros ataques que contribuyen a este ambiente hostil, advirtiendo que siempre será un sub registro frente a la realidad:

1. La amenaza. Es la agresión más frecuente y generalizada contra activistas sociales y populares. Entre 2010 y junio de 2019 se registraron al menos 3.434 casos, la mayoría bajo la modalidad de “panfleto”². También, consiste en llamadas telefónicas, mensajes de texto, sufragios, ramos de flores fúnebres y otro tipo de intimidaciones.

2. Los atentados a la integridad física. Son agresiones habituales aunque muy invisibilizadas; de 366 casos en el mismo periodo, la Fiscalía no da cuenta de investigaciones, a pesar de ser un atentado y un ataque directo a la integridad personal, y lo más grave, es que en todos los casos, pudo convertirse en asesinato.

3. Las detenciones arbitrarias. Eventos frecuentes donde se retiene a las personas injustificadamente. En el periodo analizado se han documentado alrededor de 197 casos cuya importancia para los funcionarios públicos es nula, por tanto, no se consideran graves.

4. Del uso arbitrario del sistema penal o judicialización. se tienen registros preocupantes. En el mismo lapso, al menos 66 personas defensoras fueron judicializadas. Estos hechos generan sin duda, temor, angustia permanente y contextos adversos para las organizaciones sociales. Se suma a esta vulneración de derechos, la exposición y “juicio” mediático y público que posteriormente, al recuperar la libertad por falta de pruebas, no se repara.

5. El robo de información sensible. Hurto de computadores y herramientas de almacenamiento de información, propias de personas y organizaciones que defienden DDHH. Al menos 48 casos están registrados en el periodo analizado. Hasta el momento no se ha logrado que la Fiscalía reconozca su gravedad y los investigue pues asocia estos hechos a robos ordinarios.

Las anteriores modalidades de agresión, sin contar otras intimidaciones y asedios en los territorios- configuran contextos adversos y hostiles para el ejercicio de la defensa de los DDHH y la construcción de la paz.

Ante este panorama, desde hace una década, el movimiento de DDHH a través de las plataformas nacionales y territoriales, focalizó sus esfuerzos en exigir al Estado y al gobierno colombiano, garantías para el ejercicio de defensa de los DDHH. Para ello, creó el Proceso Nacional de Garantías –PNG– también conocido como Mesa Nacional de Garantías³, el cual comenzó en el 2009, último año del segundo mandato de Álvaro Uribe, precisamente por el nivel de agresión contra personas defensoras de DDHH, muchas de las cuales, provenían del mismo Presidente y de altos funcionaros del gobierno.

Los principales objetivos del proceso se centraron en: 1) Establecer un diálogo directo entre sociedad civil y altos funcionarios públicos del orden nacional y territorial, para identificar conjuntamente las principales vulnerabilidades y amenazas que vivían los liderazgos sociales y, adoptar correctivos por parte de la institucionalidad. 2) Fortalecer el proceso de interlocución nacional y territorial, para generar confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado. 3) Avanzar en la construcción de acuerdos, compromisos y rutas para promulgar medidas que creen un ambiente propicio para las actividades de defensa de los derechos humanos. 4) Hacer seguimiento a los compromisos que se adopten nacional y territorialmente en el tema de garantías.

Para alcanzar los anteriores objetivos, y en el marco de los principios obligados del Estado colombiano, ante el Derecho Internacional de los DDHH de Respetar, Proteger y Garantizar la vida, el PNG se propuso trabajar en tres líneas de acciones: prevención, protección e investigación. Desde el inicio se construyó una metodología sinérgica entre lo nacional y regional para que la participación de las organizaciones locales fuera protagónica y determinante. Igualmente, dado lo sensible de la problemática y su contenido político, se logró que los funcionarios comprometidos en el PNG fueran del más alto nivel: Ministros del interior, Fiscales Generales, Procuradores, Vicepresidentes, Defensores del Pueblo y otros, expertos temáticos. Similar ha sido la participación de gobernadores, alcaldes y funcionarios estatales del orden territorial. También ha contado con el apoyo y observación de la comunidad internacional, especialmente de las embajadas de España y Suecia, además del Sistema de Naciones Unidas.

Hoy el PNG es el espacio de interlocución más importante entre la sociedad civil y el establecimiento; además de reconstruir la confianza perdida entre dichas partes, en el 2008, ha tenido importantes logros, entre ellos: el entendimiento y aceptación de que todas las personas que ejercen liderazgos sociales en el país, son defensoras de DDHH y el reconocimiento de su importancia y valía en Colombia. Así mismo, se avanzó en la lucha contra la estigmatización y los señalamientos, a partir de pronunciamientos de alto nivel, resoluciones y actos de reconocimiento político de los Ministros del Interior, en diferentes regiones. La creación de la Unidad Nacional de Protección, UNP, también, es producto del proceso, a pesar de que el enfoque no sea el propuesto por el movimiento de DDHH.

El avance en las investigaciones judiciales sobre asesinatos de personas defensoras también, es un resultado importante del PNG, no obstante las críticas por la manipulación de cifras. Otros logros recientes son el Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, a través de la Resolución número 0845 del 14 de junio de 2014, precedido por la creación del Comité Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, a través del Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016 ambos, del Ministerio del Interior. Por otra parte, la instalación de las Mesas Territoriales de Garantías en varios departamentos, se convirtieron en espacios de encuentro e interlocución permanente entre, los movimientos sociales y de DDHH y los gobiernos e instituciones estatales territoriales, para tramitar situaciones adversas en el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los DDHH. Antioquia y Cauca, son las experiencias más exitosas.

Sin embargo, con el actual gobierno ha sido difícil avanzar en el proceso, dado que la temática no está en sus prioridades. Sin embargo, es preciso reconocer que a pesar del esfuerzo realizado por la sociedad civil en estos diez años, la problemática persiste y el Estado colombiano no avanza en detener la criminalidad contra activistas de DDHH; el gobierno nacional se empeña en mantener una mirada estrecha de la política pública, centrada en protección física y material, que de alguna manera, es una forma de prolongar el problema sin tocar de fondo: el desmantelamiento del paramilitarismo y otras expresiones del crimen organizado en los territorios; la investigación a funcionarios públicos que por acción u omisión no cumplen con el mandato de garantizar la vida de estas personas y, el debate histórico del movimiento de DDHH en Colombia por la depuración de las fuerzas militares y su doctrina de seguridad nacional. Es importante enunciar que algunos de estos asuntos se abordaron en el punto 3.4⁴ del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, no obstante, el actual gobierno lo desconozca por completo.

El papel de la Fiscalía General de la Nación

El movimiento de DDHH durante muchos años ha exigido al Estado colombiano, particularmente a la Fiscalía General de la Nación, resultados de las investigaciones adelantadas por todos estos hechos, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales, y desestructurar las organizaciones criminales, así como los funcionarios públicos que cohonestan con ellas.

A partir del PGG, se consiguió que la Fiscalía, a través de la Directiva 02 de 2017, ordenara a los operadores judiciales indagar, en caso de un asesinato, si la persona tenía algún tipo de liderazgo social o era defensora de DDHH, de tal manera que se convirtiera en la primera hipótesis de investigación criminalística (Fiscalía General de la Nación, 2017). Pero esta Directiva tuvo dos antecedentes normativos, reseñados en el Informe La Naranja Mecánica, así:

“Las bases las puso el Fiscal Eduardo Montealegre, quien impartió la Resolución 1783 de 2015 que crea un grupo de tareas especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, principalmente indígenas, afrodescendientes, de restitución de tierras, incluidos funcionarios públicos y otros agentes relacionados con el tema. Con esta resolución se dio impulso a investigaciones, pero también estaba destinada a avanzar frente a las amenazas. (…) Posteriormente, el Fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo Torres, sacó la Resolución 0011 de 2016, que adopta el concepto de defensor de derechos humanos en la ruta metodológica e investigación criminal en los casos de homicidios contra estas personas y se acogen otras disposiciones relacionadas con el delito de amenazas… Pero también desarrolla directrices para los fiscales en materia del delito de amenazas, de manera que a partir de este documento se sientan las bases para avanzar en una ruta de investigación más certera” (Fiscalía General de la Nación, 2016).

Reconociendo el valor de estas bases normativas y el avance en las investigaciones de asesinatos, persisten situaciones y enfoques en la Fiscalía, que no terminan de convencer al movimiento de DDHH, veamos:

En la última década se estima que al menos 666 personas defensoras de DDHH fueron asesinadas (Somos Defensores, 2019), ciertamente, se trata de un universo grande. Sin embargo, la Fiscalía decidió priorizar los casos desde el 2016, sin dar cuenta de los de los años anteriores. Esta decisión es problemática, pues si los procesos no tienen alguna prioridad, al pasar el tiempo, es más difícil encontrar pruebas y hallar responsables; entonces, la esperanza de contar con resultados en crímenes de años anteriores al 2015 es poca.

En el país existen varias instituciones públicas y privadas que hacen seguimiento a esta lamentable situación, pero la Fiscalía decidió tener en cuenta, para priorizar investigaciones, los casos registrados y documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, OACNUDH. Esta decisión es problemática por dos razones: Una, a pesar de que la Fiscalía dice considerar las otras fuentes, solo da cuenta de los registros de OACNUDH, que entre otras cosas, son los más bajos. Dos, desestima el universo de casos registrados por una entidad del Estado como la Defensoría del Pueblo, que, de acuerdo con sus estadísticas, del 2016 y 17 de mayo de 2019, han sido asesinadas 486 personas defensoras (Defensoría del Pueblo, 2019), es decir, un 40% más. Pero la Fiscalía, solo priorizó 289 tomados de la OCNUDH sin tener en cuenta las cifras de la Defensoría del Pueblo. Si considerara los 666 asesinatos en la última década, según el Programa Somos Defensores; la Fiscalía estaría investigando con prioridad, el 43% de los mismos, es decir que el 57% restante, seguramente nunca llegará a tener resultados. A lo anterior se suma el cuestionado y ambiguo concepto de “esclarecimiento”, utilizado por la Fiscalía para informar de los avances en las investigaciones, debate que se encuentra ampliamente descrito en los informes del Programa Somos Defensores La Naranja Mecánica y “Defensores ¿El juego final? (Somos Defensores, 2019).

Las Fuerzas Militares

A este panorama es necesario sumarle otro desafío en materia de DDHH en Colombia, que por su puesto, tiene mucho que ver con el diagnóstico de la alta criminalidad contra los liderazgos sociales: las Fuerzas militares y su papel en la historia de agresión a los movimientos sociales, como se recoge parcialmente en “La inteligencia en Colombia: el lado oscuro de la fuerza”. Este documento, además de reconstruir el nacimiento y desarrollo de los servicios de inteligencia militar en el país, con un énfasis especial en el concepto de enemigo interno –insurgencias-, muestra cómo se incluyeron organizaciones sociales y defensoras de DDHH dentro de dicho precepto y desde allí, se naturalizó su persecución y estigmatización (Somos Defensores, 2017). Importante recordar que el desmonte de la Doctrina de Seguridad Nacional, ha sido una de las banderas del movimiento de DDHH colombiano, dada la alta criminalidad que ha legitimado contra la población civil.

En un periodo más reciente que coincidió con el proceso de paz, el Ejército Nacional realizó una reforma a la Doctrina Militar cuyo resultado, fue el Manual Doctrina Damasco, nombre inspirado en un pasaje bíblico (Rojas Guevara, 2017, pág. 21). De acuerdo con textos de prensa y análisis del Coronel Rojas Guevara (2017), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia, se trata de una trasformación, sustancial en lo doctrinario y operacional, de las Fuerzas militares. No sé si porque ya había empezado a funcionar la nueva Doctrina Damasco, al interior de las Fuerzas Militares o como estrategia para armonizarla con el proceso de paz, lo cierto es que efectivamente se sintió variación en la actuación del Ejército Nacional, tanto en el discurso, encabezado por el General Alberto Mejía, como en los territorios donde las tropas se vieron menos agresivas y más conciliadoras con las comunidades. Dicho cambio también, se evidenció en el acompañamiento del Ejército a las FARC en su proceso de reincorporación y tránsito hacia la vida legal. Las imágenes de militares siguiendo en su marcha las caravanas de ex combatientes por agua o por tierra, quedaron como constancia fotográfica de que sí eran posibles, la paz y la reconciliación.

Sin embargo, tres años después, esas fotografías parecen desdibujarse. Un artículo del destacado diario estadounidense The New York Times, en meses pasados, advirtió sobre las nuevas órdenes o directivas de la cúpula militar a las tropas, donde les exigían duplicar las bajas en combate, a como diera lugar, para mostrar su eficiencia y capacidad de combatir a la guerrilla. Este documento recordó el deshonroso episodio protagonizado por el Ejército colombiano, conocido como “falsos positivos” (New York Times, abril 2019). Ante el escándalo provocado por este informe; dentro del mismo Ejército se habría iniciado una persecución contra los militares por filtrar la información, al medio de comunicación, lo cual evidenció que, efectivamente eran realidad las irregularidades al interior de la institución (Revista Semana, agosto 2019).

En un pasaje más reciente, las fuerzas militares se vieron envueltas en un nuevo escándalo por la falsedad en fotografías entregadas al presidente Iván Duque para demostrar, ante la Asamblea de Naciones Unidas, la alianza entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos irregulares colombianos; episodio que produjo la renuncia del general Oswaldo Peña Bermeo, jefe de inteligencia y contrainteligencia (Revista Semana, septiembre de 2019).

Todo lo anterior y lo que aún no conocemos, genera grandes interrogantes. Uno es sobre el verdadero y estructural cambio de esta poderosa institución colombiana: en su concepción, pensamiento y doctrina, y particularmente en su imaginario sobre el movimiento social y de DDHH a quien siempre han visto con sospecha y como enemigos internos; otro es, si el paso a la Doctrina Damasco es un ajuste –reservado por demás, como todo lo relacionado con la Fuerza Pública en el país– para modernizar y fortalecer el aparato militar a los contextos actuales, pero sin una nueva ontología de paz.

De todas maneras, como sociedad organizada, seguiremos exigiendo un debate público y abierto sobre el imperativo de construir, una Doctrina de Seguridad Humana para la Paz, como paso fundamental para modificar los contextos adversos en el ejercicio de la defensa de los DDHH en Colombia y continuaremos cerrando el camino de la violencia directa, estructural y cultural que arrastramos como sociedad.

Referencias bibliográficas

Defensoría Nacional del Pueblo. (2019). Informe de seguimiento a la alerta temprana 06-18. Recuperado de este enlace.

Fiscalía General de la Nación. (2016). Directiva 0011 de 2016. Por medio de la cual se determina el concepto de defensor de derechos humanos y se establecen los parámetros para la persecución del delito de amenazas en su contra. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2015). Resolución 1783. Por medio de la cual se crea un grupo de atareas especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2017). Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. Recuperado de este enlace.

Naciones Unidas, Derechos Humanos, Alto Comisionado. (1999). La Declaración de los defensores de los derechos humanos. Recuperado de este enlace.

Programa Somos Defensores. (2018). La Piedra en el zapato. Informe anual 2017. Pág. 3. Recuperado de este enlace.

Revista Semana. (2019). El jefe de inteligencia sale de las fuerzas militares en medio de escándalo de fotos falsas. Recuperado de este enlace.

Revista Semana. (2019). El general en su laberinto: los secretos de la cacería que involucra al comandante del Ejército. Recuperado de este enlace.

Rojas, Javier. (2017). Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Revista Científica General José María Córdova, Bogotá, Colombia. Recuperado de este enlace.

The New York Times. (2019). Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Recuperado de este enlace. 

Palabras clave:

Construcción de paz, liderazgo social, derechos humanos, democracia, líderes, defensores

Notas al pie:

^{1 Desde las organizaciones que conforman el Programa Somos Defensores, siempre se ha advertido que las estadísticas que publican sobre agresiones a personas defensoras, son un sub registro frente a la realidad, dado que en el Sistema de Información se registra un número mayor de casos, pero no todos se pueden confirmar por diversas razones. Así que estas cifran son una fotografía de la realidad del momento, pero no el universo completo.
2 En Colombia entendemos como panfleto amenazante, los mensajes escritos enviados normalmente por la web y redes sociales. El contenido siempre soez e intimidante puede ir contra un grupo genérico de personas, organizaciones y en muchas oportunidades tiene nombres propios. Es firmado en la mayoría de las veces por supuestos grupos paramilitares.
3 El Proceso Nacional de Garantías es un espacio de interlocución de alto nivel entre la sociedad civil -Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, La Alianza; la Plataforma de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo, DESCA; la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Sectores sociales: comunales y campesinos- el Gobierno Nacional y el Estado colombiano.
4 Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas criminales responsables de masacres y homicidios que atentan contra defensores de derechos humanos… y siguientes. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá, 24 de noviembre de 2016. pág., 77.}

Resumen

Derechos humanos, una tarea inconclusa

“Cuando nuestras convicciones éticas sean coherentes con nuestras aspiraciones políticas, estaremos alcanzando la utopía que haga de los derechos humanos una vivencia plena en la vida social”.
Alberto Yepes (Palacio, 1993) 

 

Este 2019 ha sido un año singular para la Corporación Región, tanto por cumplir 30 años de trabajo continuo, y por estar en un período decisivo de su futuro institucional, como por las reflexiones y aprendizajes que, en el marco de esta celebración, se han producido en los amenos encuentros de los viernes, denominados acertadamente “Diálogos Región”; para adentrarnos en lo que significa llegar a este momento, en medio en una sociedad cambiante y la posibilidad de identificar sus dinámicas en el quehacer de la Corporación.

En estos párrafos planteo algunas reflexiones y cambios que ha tenido Región, a lo largo de su historia, a partir del trabajo por los DDHH¹. Se abordan cuatro asuntos centrales que coinciden con tres momentos específicos: 1) Defensores y defensoras de los DDHH en Colombia, una apuesta por la paz; 2) Entre la exigencia y el disfrute de los DDHH, un trabajo desde los territorios; 3) Repensar los DDHH una mirada desde la diversidad; y 4) Paz y Derechos Humanos. Finalmente se presentan algunas consideraciones alrededor de los retos para la Corporación y el quehacer de la defensa de los DDHH en Colombia.

La organización administrativa y política de Región ha vivido diferentes procesos ubicando el campo de los Derechos Humanos en espacios como: el área de democracia y participación ciudadana, el programa de convivencia y derechos humanos, la línea de investigación sobre Derechos Humanos y el actual programa de Derechos Humanos y paz; la Corporación se entiende como una organización que trabaja por los DDHH desde todas sus estrategias y líneas con énfasis en la exigibilidad, promoción y disfrute como un todo articulado, inherentes a la persona humana, universal, progresivo e inalienable.

1. Defensores y defensoras de los DDHH en Colombia, una apuesta por la paz

Para 1989, fecha de nacimiento de Región, en el contexto local sobre DDHH afrontábamos desafíos: la violencia urbana se manifestaba especialmente en la guerra entre el Estado y los carteles de la droga, entre el Cartel de Medellín y otros carteles y en la presencia de las milicias urbanas de las guerrillas en los barrios periféricos de la ciudad, como una amenaza constante a la vida. Fue la época de los carros bomba, la implantación de la cultura traqueta, la cooptación de jóvenes de barrios populares para el sicariato. También, se recrudeció la lucha guerrillera en sus frentes urbanos y la respuesta militar del Estado que en muchos casos, desconoció su obligación constitucional de defensa y garantía de los DDHH bajo la concepción del “enemigo interno”², resultado, entre otros, de las enormes afectaciones sociales sufridas a los largo de los ochenta entre las que se cuentan: el “Estatuto de seguridad” del gobierno de Julio Cesar Turbay a inicios de la década, la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 y la cruenta guerra contra los carteles de las drogas a finales de este periodo e inicios de los noventa. En este escenario la defensa de la vida y el trabajo por los DDHH, mediante la pedagogía tanto de los derechos como de las rutas de acceso a la protección de los mismos, se convirtió en el punto de partida de una ciudadanía inconforme, activada e impulsada por un escenario de cambio que logró algunas victorias como la elección popular de alcaldes y las movilizaciones por la constituyente.

Las organizaciones defensoras de los DDHH se establecieron como bastiones sociales, a partir de las acciones urgentes, la denuncia y la exigibilidad; el país experimento una enorme movilización ciudadana reclamando la modernización del Estado, la finalización del conflicto armado y la instauración de una nueva carta democrática que tuviera como base los Derechos Humanos, lo cual, se expresó en la Asamblea Constituyente y en los primeros resultados exitosos de las negociaciones de paz con algunos grupos guerrilleros.

En medio de este escenario, Región reflexiona y hace propuestas a partir de tres cuestiones fundamentales:

a) La dimensión ética de los DDHH

Era necesario incorporar la dimensión ética en la defensa de los DDHH para que, al lado de la jurídica y la política, se planteara la obligatoriedad, a la sociedad en su conjunto, de velar, defender y garantizarlos; así, los actores armados ilegales también deben responder por las violaciones de derechos, criterio que hasta ese momento se aplicaba exclusivamente al Estado como órgano garante y por ende único responsable. Max Yuri lo expresa en su balance del año 2000: “Los derechos humanos, esa pauta de conducta y de convivencia ciudadana, constituyen la esencia de un mínimum ético, como eje central de un proyecto ético para la humanidad, los derechos humanos se convierten en un criterio fundamental de la justicia y en el instrumento privilegiado para la paz” (p. 125).

Esta apuesta, motivo de largas discusiones, se convirtió en un marco de acción ratificado en múltiples análisis académicos, entre los que resaltamos a Boaventura de Sousa Santos cuando habla del lugar de los Derechos Humanos, de cara a la posmodernidad: “Sólo se confrontó el poder del Estado y sólo el derecho del Estado sufrió el impacto democratizador promovido desde los derechos humanos. Se olvidó que en la sociedad hay varios modos de producción del poder y del derecho, y que el Estado es apenas uno de ellos, aunque sea el más importante” (2001, p. 178).

En 1991 Región publica el libro “Ética para tiempos mejores” en donde propone una crítica a las nociones preponderantes sobre el conflicto interno y los Derechos Humanos, específicamente sobre la dimensión ética de la violencia y la crisis de la ciudad. Se cuestionan asuntos como la explicación de la violencia desde la pobreza, el colapso moral de la sociedad y la ética en lo público:

La mayoría de ustedes recuerdan cómo la mañana siguiente a la promulgación de la nueva carta magna, casi todos los periódicos nacionales titulaban así la noticia: "Amaneció un nuevo país", "se engendra una nueva Colombia", etc. Esta afirmación un poco triunfalista exige más de un interrogante: ¿Solamente la formulación jurídica de unos principios de organización de convivencia ciudadana, garantizarán que Colombia sea nueva? nosotros pensamos que no y estamos convencidos que sin una mentalidad nueva, sin una higiene moral, sin un soporte ético fuerte, la nueva constitución quedará como una formulación escrita más; como haciendo parte de la ya grande colección de palabras de papel que acumula nuestro país, nuestra sociedad. Este sería el sentido de lo que llamaríamos ética ciudadana: ser como una especie de puntal que garantice, que haga de soporte a esa nueva realidad político-institucional que debería surgir en el país como resultado de la nueva constitución. (Calderón, 1991, p. 9)

Así, la noción misma de los DDHH y del lugar de la Corporación, se diversificó hacia un abanico de “todos los colores” que produjo trabajo no solo con población víctima del conflicto armado, sino también, con maestras y maestros escolares, personas en la función pública, jóvenes, líderes comunales y mujeres.

b) El rechazo a la lucha armada y a toda expresión violenta

Sin importar los argumentos ideológicos y/o políticos y asumiendo que la confrontación armada desconoce en principio la dignidad humana y por ende los Derechos Humanos, Región rechaza todas las expresiones de violencia armada y declara además, que los diferentes actores del conflicto tienen responsabilidad en las violaciones a los DDHH. Deslegitimar la revolución por medio de las armas, se acompañó de declaraciones públicas, producto de profundas reflexiones internas, cuestionando estrategias como la combinación de todas las formas de lucha, argumentos como la existencia de “guerras justas” o la validación de la emancipación popular por medio de las armas en contra del Estado. En contraposición, se plantea la incorporación de las reformas requeridas a través del marco institucional y la conquista de derechos por vías legales, como la concientización, movilización y presión ciudadana. Se defendió sobre todo, la idea de que la lucha armada desvirtúa cualquier propósito democratizador pues la principal afectación la sufre la población civil en los territorios más pobres y excluidos.

¿Qué se requiere para que exista vida política, para que exista el espacio o la dimensión de lo público? Aquí es donde yo veo la gran relación entre Aristóteles y Habermas; para que exista vida política se requieren de dos cosas que llamaban los griegos la praxis y la lexis, es decir, la acción y el discurso, que no es otra cosa que la acción comunicativa de que nos habla Habermas. Si la política está definida por la acción y el discurso, la violencia y la guerra quedarían completamente al margen de la política, se entenderían como una ruptura de la política, como el fracaso de la política, es decir, frente a esta propuesta que tiene raíces griegas pero recogidas por la teoría crítica, la violencia y la guerra no serían acciones de carácter político como lo plantearía por ejemplo Clausewitz, que piensa la guerra como una "continuación de la política por otros medios", planteando una especie de "continuum" entre política y guerra; ni tampoco coincide con la tesis leninista que ve en la lucha armada la forma superior de lucha, o sea/ la culminación de la política. (Uribe, 1991, p. 18)

c) El fortalecimiento institucional

El trabajo en pro de los DDHH, su exigibilidad y promoción, evidenció la necesidad de fortalecer la institución, lo cual implicó accionar también, con el Estado. Este cambio de concepción en la garantía de los derechos significaría igualmente, una apertura en el trabajo cotidiano de las organizaciones no gubernamentales que entendieron que el Estado, obligado a garantizar el disfrute de derechos, en muchos casos es su principal vulnerador, solo podría cambiar a partir de la incidencia directa de la sociedad en la conformación de una arquitectura institucional y de una participación ciudadana que tuvieran como centro los Derechos Humanos. Esta avanzada conceptual y social más tarde se reconocería como la profundización de la democracia y el reto de la transformación, vía la acción comunitaria y ciudadana, en donde prima el disfrute de los derechos más que su sola declaración. Lo que está en juego es la creación de nuevos espacios políticos, la ampliación del espacio público, la creación de nuevas identidades y de sujetos colectivos con capacidad de profundizar la democracia en el propio proceso de lucha por su consolidación. En su heterogeneidad estos movimientos sociales testimonian la vitalidad de una concepción emergente de los derechos humanos a nivel mundial, una concepción menos resignada con la mera promulgación de los derechos y más atenta a las prácticas cotidianas en que se satisfacen. (Santos, 2001, pp. 183-184).

La coyuntura de finales de los años ochenta y los noventa, planteó enormes retos organizativos, políticos y metodológicos al quehacer de las organizaciones sociales. Las acciones pedagógicas de formación ciudadana para el proceso constituyente fueron el primer paso en lo que se constituiría, a lo largo de toda la década, en la construcción de una apuesta por el reconocimiento y disfrute de derechos, una mirada particular de los temas de ciudad y una exigencia, especialmente de los derechos de primera generación, a la vez que se formaba en derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Corporación fue punto de partida para actuar en la promoción de los DDHH: en la escuela, con un proceso de formación de maestros sobre la importancia del reconocimiento de los derechos y su fomento temprano, es decir la construcción de una cultura ciudadana alrededor de los derechos; la producción y socialización constante de reflexiones sobre la importancia de la vida como derecho fundamental que se materializó en campañas como: “Enciende tu luz – elige la vida”; el álbum de derechos humanos “Viva la Vida”; y el acompañamiento en el proceso de negociación con las milicias populares ubicadas en los barrios periféricos de la ciudad.

Esta perspectiva de promoción en diferentes niveles, incluyendo ciudadanía victimizada, formación en el aula, acciones de ciudad y trabajo mancomunado con diferentes actores estatales, impactó en la sociedad y luego se fortaleció en espacios del orden nacional como la Consejería Presidencial para Medellín, aportando en lo cotidiano, lo común y lo barrial. El uso de los medios de comunicación se convirtió en una apuesta política y metodológica fundamental, así surgió el programa “Arriba mi Barrio” en el cual, Medellín se observó partir de sus diferencias, desde el barrio y en la promoción del goce de los DDHH.

Todo esto, se realizaba, en medio de una profunda persecución urbana a líderes y organizaciones, lo que obligó a denunciar, prevenir y buscar seguridad; esto fue posible con alianzas de hermanamiento entre organizaciones sociales y, a inicios del nuevo milenio, trabajando conjuntamente con la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos.

2. Entre la exigencia y el disfrute de los DDHH, un trabajo desde los territorios

El nuevo milenio trajo preguntas por los alcances de lo logrado en Derechos Humanos. La principal conclusión fue el reconocimiento del potencial articulador y movilizador de la acción colectiva principalmente en dos sentidos:

- Derechos humanos como ideología: Los análisis neo marxistas examinan cómo el discurso de los derechos humanos funciona como una ideología que permite articularse a los movimientos sociales y dar legitimidad a sus demandas en un mundo dominado por la ideología liberal. Los estudios posmarxistas […] consideran que la ideología es una construcción social y la democracia es un elemento fundamental y no contrario a la identidad, por lo que dejan de ver la identidad de clase como única y reconocen la importancia de la diversidad identitaria. (Estévez, 2010, p. 138)

- Derechos humanos como acción colectiva transnacional: “En el continente se ha consolidado un “espacio jurídico internacional de derechos humanos de las redes de activistas involucradas en asuntos tan disímiles como las desapariciones forzadas, las causas de las mujeres, los indígenas y los “sin tierra” (Estévez, 2010, p. 140)

Con la idea del potencial movilizador de los DDHH, surge la crítica a su mirada jurídica, asunto que inicialmente se suscita desde la Corporación. Sobre esto, Boaventura de Sousa Santos plantearía:

“La concepción del derecho que sustenta los DDHH es universal, general y abstracta, y al igual que la arquitectura modernista, niega el contexto en que se inserta. Esta negación se traduce en una atención casi exclusiva al cuadro de la promulgación de los derechos y en la negación consiguiente del cuadro de aplicación. La negación del contexto, que fue transformada en conquista científica por la ciencia jurídica, posibilitó la creación de un conocimiento técnico hiper especializado sobre el derecho y dejó al ciudadano vulgar desarmado en su sentido común jurídico” (2001, p. 179).

Para Región, esta reflexión se materializó en una apuesta por el disfrute real de los derechos desde procesos de formación: “procuradores comunitarios y universitarios”; de sensibilización: campañas por el disfrute de derechos y los mecanismos de acceso; de inclusión: principalmente de la población desplazada asentada en barrios periféricos de la ciudad con la campaña “tenemos nuevos vecinos”; y de fortalecimiento institucional, mediante la creación y promoción de los centros de convivencia, un proceso de construcción de entornos comunitarios para la garantía de DDHH en centros de conciliación, casas de justicia, y trabajo con jueces y fiscales de la ciudad.

3. Repensar los DDHH una mirada desde la diversidad

Luego de los atentados sufridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, se dieron importantes cambios en la realidad mundial y en el contexto colombiano donde, el discurso antiterrorista tomó la forma de guerra frontal contra los grupos guerrilleros y fortaleció la violencia paramilitar, recrudeciendo las prácticas violatorias de DDHH y del DIH, en medio de una enorme estigmatización de: la diferencia, desinstitucionalización y criminalización de la protesta, la oposición política y el control social. Esto propició, entre otros, un fenómeno de migración interna, como no se había vivido en el país con 7.816.000³ víctimas, siendo Antioquia el departamento con mayor población desplazada forzosamente y Medellín el principal destino.

Adicionalmente, la reflexión sobre la naturaleza de los DDHH a nivel mundial, atravesó una, aún inacabada, discusión sobre la necesidad de su particularización territorial y poblacional, repensándolos a partir del reconocimiento de la diversidad, asunto que las mujeres y otros movimientos sociales, ya venían advirtiendo:

“Si se revisan algunas de las declaraciones liberales de los derechos humanos, se aprecia que ellas tienen como punto de partida, el concepto de igual dignidad y autonomía de la persona. Dignidad y autonomía inviolables que se convierten en el fundamento de los derechos subsiguientes. En este sentido, la idea de persona que subyace al discurso universalista de los derechos humanos, hace referencia a la humanidad y no a la persona contextualizada, pues reconocer la igual dignidad en todos los seres humanos implica no tener en cuenta las diferencias cualitativas (raza, sexo y étnicas) en la distribución de derechos y titularidades” (López, 2001, p. 127).

A estos se sumó la preocupación por evidenciar vulneraciones específicamente contra las mujeres en asuntos como las violencias de género, la discriminación, exclusión y subvaloración social y cultural, esto permitió, además de un esfuerzo centrado en las violencias físicas y mentales, acciones en pro de la participación política de las mujeres y de la interpelación a las masculinidades hegemónicas.

También la dimensión social y cultural de los DDHH adquiere mayor importancia, lo que significó una apuesta por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA. Toma fuerza la discusión sobre las nuevas ciudadanías y los DDHH, se convierten en un marco referencial desde donde se replantea el concepto mismo de ciudadanía; surgen aportes como: ciudadanía laboral transnacional, flexible⁴, externa, cívica, posnacional, cosmopolita o global y post ciudadanía⁵, entre otros. “El auge de estas formas de vidas diferenciadas cuestiona la primacía que otorga la política liberal a los derechos y libertades negativas y, al mismo tiempo, pone en entredicho la neutralidad que el Estado liberal reclama respecto a los grupos y minorías etnoculturales” (López, 2001, p. 116).

Adicional a esto, la perspectiva del goce de los DDHH juega un papel fundamental teniendo en cuenta que el tránsito entre la exigibilidad de los derechos y el goce de los mismos, pasa por la “des idealización” de los conceptos y la pregunta por las condiciones materiales que permitan dar este salto.

“De este modo, los derechos humanos serían los resultados siempre provisionales de las luchas sociales por la dignidad. Entendiendo por dignidad, no el simple acceso a los bienes, sino que dicho acceso sea igualitario y no esté jerarquizado a priori por procesos de división del hacer que colocan a unos en ámbitos privilegiados a la hora de acceder a los bienes y a otros en situaciones de opresión y subordinación. Pero, ¡cuidado! Hablar de dignidad humana no implica hacerlo de un concepto ideal o abstracto. La dignidad es un fin material. Un objetivo que se concreta en dicho acceso igualitario y generalizado a los bienes que hacen que la vida sea “digna” de ser vivida” (Flores, 2008, p. 26).

4. Paz y Derechos Humanos

Actualmente, la perspectiva de los DDHH adquiere una posibilidad histórica en el marco de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc–Ep: concretar un proceso al cual la Corporación, al igual que otras organizaciones sociales del país, le han apostado desde la firma misma de la Constitución Política. Esto, puso sobre la mesa la urgencia de emprender procesos formativos sobre el valor de la paz, la pedagogía de los acuerdos, la defensa del proceso y la campaña por su validación e implementación a partir del plebiscito. Se reactivaron las plataformas de DDHH en torno a la paz y se concentraron las iniciativas, en la búsqueda del espacio necesario para concretar este largo proceso en donde la finalización del conflicto armado, significa establecer un escenario favorable para el desarrollo de acciones por el goce de los derechos y un nuevo cambio de contexto hacia una esperanza de construcción de paz mediante el disfrute de los DDHH.

A pesar de que impulsar decididamente la más amplia implementación posible del acuerdo, no solo favorece la reintegración efectiva de excombatientes, sino que produce escenarios donde es posible el goce de derechos, especialmente en territorios del país donde apenas se empieza a vislumbrar esta posibilidad luego de años de exclusión, los hechos a partir del pos acuerdo de paz, ponen de nuevo en tensión asuntos básicos de los DDHH, el debilitamiento de la implementación del acuerdo, producto del resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y de la victoria presidencial en 2018 del principal partido político opositor al acuerdo de paz, ha significado tanto la desfinanciación del proceso como el favorecimiento a nuevos escenarios de vulneración de derechos entre los que resalta, la retoma de la política de seguridad democrática dentro de las fuerzas armadas con prácticas como bombardeos, (cerca de o con población civil), contra grupos armados ilegales, acciones de inteligencia contrainsurgente que se expresa en contra de civiles, y las ejecuciones extrajudiciales⁶.

Probablemente el principal reto en el devenir del trabajo por los DDHH tiene que ver con el lugar que ocupa en las discusiones y acciones de las diferentes organizaciones sociales. Como se ha plantado en esta reflexión, el surgimiento del tema en Colombia, estuvo ligado a un contexto en donde primó la exigencia y la denuncia ante la vulneración ejercida desde todos los actores del conflicto armado. Este escenario convirtió a los derechos humanos en un refugio desde el cual soñar con una sociedad distinta que tomara como base el respeto a la vida, la libertad y la integridad. En este sentido, la finalización del llamado cartel de Medellín, la desmovilización de algunos de los grupos paramilitares en el proceso de justicia y paz y el reciente proceso de paz con las ex Farc-ep dejan en el imaginario, la idea de que la guerra, al menos la peor, ha quedado atrás y con ella la violación sistemática y generalizada a los DDHH⁷. Esto, sumado a las diversas discusiones, tendencias y debates alrededor de los DDHH, ha hecho que en nuestras agendas institucionales y, sobre todo, en la apuesta internacional para el desarrollo en Colombia, expresada en asuntos sobre los que se ofrece financiación, el tema, al menos en su dimensión más urgente, haya perdido fuerza.

Finalmente, la implementación del acuerdo de paz ofrece nuevos retos en la interpretación y en las acciones por los DDHH, como la integración de los territorios más afectados por el conflicto, la ampliación del espectro de participación política y ciudadana, y favorecer la cultura ciudadana por la paz impulsada, entre otros, mediante el acceso a la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y la judicialización de los responsables del conflicto armado, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR.

Algunos retos a futuro

En un texto del año 2000, Max Yuri Gil identificaba algunos retos para el trabajo en DDHH en el nuevo siglo resaltando las desigualdades económica, política y social, el alto nivel de impunidad, el creciente escepticismo frente a las posibilidades de transformar la realidad, la articulación entre el trabajo local, nacional e internacional y la prevalencia de unos derechos sobre otros, tanto en la exigencia y disfrute como en la garantía. Sin embargo, hay dos preocupaciones que se han profundizado en estas décadas y por ende aún son enormes retos en el quehacer de los derechos humanos:

a. Las reivindicaciones identitarias de los DDHH

En varios de estos asuntos el saldo es claramente deficitario. Pensemos sino en lo que significan hechos recientes como los cuestionamientos a los Estados nacionales, tanto a manos de los movimientos transnacionales que reivindican identidades a partir de elementos comunes étnicos, religiosos, lingüísticos o ideológicos, que no necesariamente concuerdan con la lógica de los croquis fronterizos; pero también en el peso de las iniciativas transnacionales de justicia, o de los esfuerzos de integración regional que en no pocas ocasiones cuestionan y revalúan las soberanías nacionales (Gil, 2000, p. 113) Frente a lo cual cabe la pregunta por el lugar que da a los DDHH en Colombia tanto la comunidad internacional como el actual enfoque de desarrollo que, pareciera apostarle a la finalización de los conflictos armados, a toda costa, como una oportunidad para su consolidación más que como un escenario para la superación de las vulneraciones o la construcción de una sociedad menos inequitativa.

b. La polarización política y social

Especial atención merece el hecho de que el país vive una creciente polarización, alentada por los actores armados, quienes cada día reducen más el espacio para la expresión de organizaciones y sectores sociales contrarios a la guerra y partidarios de una salida negociada. (Gil, 2000, p. 128)

En la actualidad, la inequidad y la exclusión social siguen siendo el principal reto de nuestra sociedad, atravesada por profundas disputas entre las que sobresale la polarización política que ha llegado al punto de cuestionar las bondades que para Colombia puede tener finalizar un conflicto armado con más de 8 millones de víctimas; ante esto resuena la pregunta con la que comenzamos este siglo ¿Cómo seguir realizando nuestro trabajo, en medio de la creciente hostilidad que existe en el país? (Gil, 2000, p. 128)

Esto obedece además a la urgencia, que el contexto actual impone, de emprender acciones por la trasformación social para la paz, paso con el que la Corporación se ha comprometido y que requiere de una gran articulación de actores y de recursos, puesto que ante tantos años de guerra, urge pensarnos los cambios necesarios para afrontar con una mirada distinta, el reto de la construcción de paz; esa mirada solo es posible mediante el reconocimiento del otro y de lo otro, el compromiso con sus derechos, la profundización de una cultura democrática, en una palabra, la reconciliación.

Referencias bibliográficas

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Gil, M. Y. (2000). Una agenda para el siglo XXI Los Derechos Humanos en Colombia . desde la Región, 113-129.

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Yepes, P. A. (1993). Vivir los Derechos Humanos. Desde la Región, 3 - 9. 

Palabras clave:

Derechos humanos, paz, ética, territorios, construcción social, retos

Notas al pie:

^{1 Las referencias de este artículo son: conversaciones en entrevistas y espacios colectivos; una línea de tiempo del programa de DDHH y Paz; producciones de Región: “Una agenda para el siglo XXI, los derechos humanos en Colombia” de Max Yuri Gil; “Vivir los Derechos Humanos” de Alberto Yepes y “Ética para tiempos mejores” de varios autores por invitación de la Corporación; y otras producciones académicas.
2 “En las realidades Latinoamericanas el concepto del «enemigo interno» como construcción política surge primero como la identificación de un «enemigo común»: el Comunismo Internacional, que fue interpretado como una amenaza para la “seguridad colectiva de los Estados” bajo la influencia de los Estados Unidos. Posteriormente toma nuevos significados frente al auge de las revoluciones en vías socialistas, concretamente la revolución cubana y la expansión del pensamiento comunista en Centro y Sur América, a partir de lo cual se trasplantó “la doctrina de seguridad nacional” (Ahuamada, 2007)
3 Según informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR, consultado en este enlace. 
4 Aquella que resalta el cúmulo de prácticas transnacionales que tienen migrantes de élite para acceder a diferentes tipos de ventajas que ofrece la globalización económica (Estévez, 2010, pág. 158)
5 Hace referencia a la ampliación de los artículos 13 y 14 de los DDHH como un derechos a migrar, lo que rebasa el anclaje nacionalista inherente al concepto de ciudadanía (Estévez, 2010, pág. 158)
6 Al cierre de este artículo, el país sufre una profunda crisis política y social producto del asesinato de por lo menos 8 menores de edad en un bombardeo de la fuerza pública contra un grupo residual de las Farc – Ep que continua en armas, adicional a varios asesinatos a excombatientes en proceso de reincorporación y población civil, que están en investigación.
7 Esto a pesar de la gran cantidad de vulneraciones a la vida e integridad de líderes y lideresas en todo el territorio nacional, solo en lo que va del 2019 han asesinado a 155, de los cuales 20 han sido en Antioquia, según cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ.}

Resumen

Con el ascenso de la extrema derecha en varios continentes, incluso en América Latina, estamos confrontando en la vida cotidiana amenazas a la democracia ya los derechos humanos, así como el recrudecimiento de las intolerancias sobre el "otro", sea él o ella extranjero, negro, indígena, Lgbti, morador en las periferias urbanas ...

Democracia y derechos humanos amenazados, junto con nociones de solidaridad y justicia social están, no por casualidad, también en el centro de los debates (y movilizaciones y resistencias sociales) al respecto de las migraciones y desplazamientos, en una coyuntura histórica marcada por las políticas globales y nacionales de acumulación por desposesión (Harvey 2006), expulsiones (Sassen 2014), con su criminalización y judicialización de migrantes y desplazados de varios tipos, en sociedades (racializadas) cada vez más polarizadas. En contraposición liderazgos migrantes y desplazados de varios tipos, junto con agentes que actúan con esas poblaciones, se movilizan en el cotidiano en sus luchas y resistencias para garantizar las conquistas obtenidas y los derechos humanos de esas poblaciones.

Democracia y Derechos Humanos amenazados:
Políticas migratorias nacionales y políticas globales en Brasil, de Lula a Bolsonaro (2002-2019)¹

Desde la década del noventa, período de reconfiguración del capitalismo global y expansión de las políticas económicas neoliberales, la intensificación de las migraciones hacia el Norte Global, ha sido acompañada por cambios en las formas de gestionar la movilidad humana. Junto con el proceso de regionalización de la política migratoria, vinculada al establecimiento de un régimen global para controlar las migraciones internacionales, las políticas de regulación tecnocrática han creado nuevas formas de organizar y clasificar esos flujos, también adoptados por los países latinoamericanos a través de los cuales, organizaciones internacionales han ayudado a acercar el tema migratorio al campo criminal (Domenech 2015; Dias 2018) En este artículo, analizo las relaciones y tensiones entre la formulación de una nueva ley de migración, centrada en los derechos humanos en Brasil y las políticas globales que intentan combinar la protección de las personas migrantes y la defensa de las fronteras, en un contexto cambiante de la economía política y de los escenarios global, regional y brasileño.

Política Nacional, políticas Globales

El año 2013 fue famoso en Brasil por: el estallido de grandes manifestaciones, la población salió a las calles a exigir servicios públicos de calidad y el fin de la corrupción². Aunque menos publicitado también, se destacó por la intensa participación de líderes transmigrantes y entidades que actúan, junto a refugiados y migrantes, en la formulación de políticas públicas y, a nivel local, en mayo de 2013, después de años de luchas y en medio de la llegada de contingentes de haitianos, fue finalmente instituida por la alcaldía de São Paulo, la Coordinación de Políticas para Migrantes (CPMig); gran victoria, pues se convirtió en una política de gobierno para la población migrante en 2016. Una nueva ley de migración que focalizaba a los migrantes como sujetos de derechos, parecía finalmente ser una posibilidad concreta producto de recurrentes demandas de entidades y movimientos sociales en favor de la sustitución del Estatuto del Extranjero, creado en 1980 aún durante la dictadura (1964-1985).

Mientras el Proyecto de Ley, conocido como "Proyecto Lula", continuaba archivado en el Congreso Nacional, el Senado tramitaba un nuevo anteproyecto de ley de inmigración: el Proyecto de Ley del Senado nº 288/2013. También el Ministerio de Justicia había designado una Comisión de Expertos para la formulación de una propuesta más amplia, titulada "Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes en Brasil". La Secretaría Nacional de Justicia, como parte de esa propuesta creó, en el marco de la organización de la 1ª Conferencia Nacional de Migración y Refugio (COMIGRAR), el Comité de Seguimiento de la Sociedad Civil sobre las Acciones de Migración y Refugio (CASC-Migrante), del cual formé parte representando a la Asociación Brasileña de Antropología (ABA).

Esta I COMIGRAR, celebrada en 2014, fue planeada como un amplio debate público, capaz de ofrecer subsidios para la creación de políticas públicas para migrantes y refugiados y, su proceso de organización se constituyó en manifestación de democracia participativa, la inserción de una Feria Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas y Experiencias de Políticas Migratorias que en su programación oficial, no incluyeron ni siquiera, discusiones previas con los miembros del CASC- Migrante fue por lo menos, paradójico. Si la formulación del Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes, respondió a las demandas de los movimientos sociales, la inclusión de cuestiones relacionadas con el tráfico de personas, reflejó la alineación de Brasil a las políticas globales de combate al tráfico de drogas, al crimen organizado y al terrorismo internacional que se vigorizaron con mayor vehemencia después del 11 de septiembre de 2001.

A pesar de reconocer la relevancia de esa problemática que fue además objeto de varios talleres en el marco de esa I COMIGRAR, el Comité Migraciones y Desplazamientos de la ABA, coordinado por mí, consideró que la vinculación con una organización que lidera los esfuerzos transnacionales para combatir el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el terrorismo internacional, tenía el potencial de criminalizar la cuestión migratoria. Como nuestra evaluación fue hecha con base en investigaciones, decidimos manifestarnos contra el mantenimiento de esta Feria, cuya concepción, a nuestro entender, evidenciaba una contradicción entre el proyecto democrático participativo de COMIGRAR, basado en consultas previas y focalizado en los derechos humanos, y la pauta anti-tráfico de personas producida por agencias multilaterales y utilizada especialmente, por gobiernos del hemisferio norte, como instrumento de contención de la movilidad humana, el libre ejercicio de la prostitución y, en última instancia, de criminalización de la inmigración³.

Para aclarar y desarrollar mejor esta propuesta y las discontinuidades posteriores, sostengo que las confluencias y tensiones entre la migración y la criminalidad, al igual que entre los derechos humanos, el humanitarismo y la securitización, se han convertido en una parte sistémica del diseño de un régimen global del control de las migraciones, inmerso en un capitalismo altamente destructivo, basado en la acumulación por despojo (Harvey 2004), que ha ampliado las desigualdades sociales y creado contingentes de desposeídos (Sassen 2014). Así, mientras predominan las ideologías y la retórica basada en los "derechos humanos" y el humanitarismo, se producen categorías sociales y políticas de gobernanza tecnocrática de la securitización, criminalización y deshumanización de la pobreza. Con la intensificación de los desplazamientos sociales y ecológicos, expulsiones, brutalidad y precariedad de la vida humana, el control del movimiento de migrantes transnacionales, y refugiados, se ha convertido en una prioridad en las agendas públicas de las agencias multilaterales y los gobiernos nacionales. Del mismo modo el desplazamiento interno, ya sea por la eliminación de territorios o personas consideradas al margen del Estado, se ha convertido en el foco de las políticas públicas locales que reflejan las agendas multilaterales (Feldman-Bianco 2015, 2018).

En este escenario, me enfrenté con el desafío de examinar, desde una perspectiva global de migración y desplazamientos⁴, la relación y las tensiones entre, por un lado, las políticas globales que equiparan la migración indocumentada con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional y, por otro, las políticas de migración y control de fronteras en Brasil, desde la era de Lula (2002-2010) hasta los primeros diez meses del actual gobierno de Bolsonaro que empezó en enero de 2019. Por lo tanto, comienzo este análisis cuando, paralelo a las demandas de migrantes transnacionales de Brasil y en Brasil, por una nueva ley de migración basada en derechos humanos, el gobierno de Lula accedió al régimen global de control de las migraciones como parte de sus acciones y estrategias para la transformación del país en un importante protagonista en el escenario mundial.

Entre los derechos humanos y el régimen global de control de las migraciones

Identifiqué entonces la adopción de diferentes políticas y escalas. Así, mientras en el nivel nacional el gobierno Lula (2002-2010) atendía las demandas de los movimientos sociales, encaminando un anteproyecto de ley de inmigración conocido como el Proyecto Lula, concediendo amnistía a los inmigrantes en 2009, y reconociendo los derechos de los así llamados brasileños en el exterior, invirtió a escala continental en UNASUR, reunió países cuyos dirigentes tendían más a la izquierda. Al mismo tiempo, la ratificación del Protocolo de Palermo (Decreto nº 5.017, de 2004), la resultante aprobación de la Política Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas y la suscripción al Convenio Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo (Decreto nº 5.640, (2005), alineaba a Brasil a las políticas globales de combate al tráfico de drogas, al crimen organizado y al terrorismo internacional y, por lo tanto, al régimen global de control de las migraciones.

En el Gobierno de Dilma Rousseff (2011/31 a 08/2016), las políticas de migración y fronteras, coordinadas por la Secretaría Nacional de Justicia, también mostraban diferentes procedimientos escalares. Por un lado, las iniciativas de formulación de un nuevo Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes en Brasil (Ordenanza nº 2.162/2013), tenían como referencia las políticas migratorias de Argentina y Uruguay, consideradas ejemplares. Al mismo tiempo, la I COMIGRAR propició amplia participación social de los migrantes y de los agentes que actúan juntos o estudian migración y refugio. Por otro lado, ese gobierno parece haber seguido más directamente que el anterior, las orientaciones de las organizaciones internacionales, como OIM, UNODC⁵ e ICPMD⁶, en lo que concierne a la (doble) protección a las personas migrantes y a las fronteras. Se han realizado fuertes inversiones en la política dirigida a enfrentar el tráfico de seres humanos y en la Estrategia Nacional de Fronteras (ENAFRON), interviniendo políticas de seguridad contra oponentes internos y de defensa nacional contra: enemigos externos, el crimen organizado transnacional, el tráfico de personas, el terrorismo que amenazan los espacios urbanos y la lucha anti drogas. Este énfasis en la securitización, moldeada en la agenda y formato de las políticas globales, contiene, como argumenta Hirata (2015) el potencial de colisionar con la economía y el sistema de intercambios locales. En el "desarrollismo" gubernamental vigente en la época, el interés recae predominantemente en los grandes proyectos hidroeléctricos y en el agro negocio, sin considerar los conocimientos tradicionales y sistemas de intercambio local, como ocurrió en la construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte y sus efectos nocivos en la organización social de las poblaciones tradicionales de su entorno (Pacheco de Oliveira e Cohn 2014).

Las tensiones entre derechos humanos y políticas de securitización también fueron parte integral del proceso de formulación de la nueva ley de migración que dio origen al decreto nº 9.199 de 2017. La versión de la ley aprobada en el Congreso Nacional fue esencialmente resultado de negociaciones entre movimientos sociales de/y/o que actúan junto a migrantes y refugiados y gobierno, incluida la policía federal. Así, a pesar del enfoque en migrantes como sujetos de derechos, el 40% de sus artículos se referían a la vieja noción de seguridad nacional del Estatuto del Extranjero. Sin embargo, la polarización entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de la aprobación de la nueva ley, se intensificaron después de la deposición de Rousseff de la presidencia de la República y de las victorias del Brexit en Inglaterra y de Trump en los EEUU.

Es importante tener en cuenta que ya existía resistencias a la Nueva Ley, durante el Gobierno de Rousseff, en mayo de 2016, por ejemplo, la Federación Nacional de Policías Federales procesó una profesora universitaria italiana involucrada en actividades sindicales, con base en el Estatuto del Extranjero, aunque estuviera en contradicción con la Constituyente de 1988. En la época, eso parecía un episodio aislado, pero retrospectivamente constituye un indicio de las fuertes polarizaciones, cuando, ya en el gobierno de Michel Temer, la nueva ley estaba para ser votada en el Senado Federal. Junto con una petición en línea, activada por robotización contra la nueva ley “por abandonar la perspectiva de seguridad nacional del Estatuto del Extranjero”, movilizaciones en las calles de São Paulo, demandaban el veto integral del texto, debido al peligro de la islamización del Brasil y del terrorismo. La polarización demostró la yuxtaposición de la defensa del Estatuto del Extranjero combinada con el temor a las "nuevas amenazas", representadas por la ecuación entre migración indocumentada, tráfico y terrorismo.

La securitización y la criminalización de los migrantes

Las políticas del gobierno neoliberal de Temer, mezclando el tradicional autoritarismo de las élites brasileñas, antiguas nociones de seguridad nacional y el temor a las nuevas amenazas, reflejaron el giro a la derecha que estaba ocurriendo en el continente sudamericano y que se amplificó con la victoria de Bolsonaro. Así, las movilizaciones en torno a la sanción presidencial de la nueva ley intensificaron las polarizaciones en curso. Por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a los movimientos sociales formados por inmigrantes, refugiados, Iglesia, academia y ONG, se posicionaron firmemente en pro de una sanción presidencial sin vetos. Por otro lado, el Ministerio de Defensa, Gabinete de Seguridad Nacional y la Policía Federal ejercieron presión en favor del veto de artículos que, supuestamente, constituían una amenaza para el control de las fronteras, la soberanía nacional y la seguridad de los nacionales.

Aunque la nueva ley mantuvo un foco en los derechos humanos, la sanción presidencial con 18 vetos, acentuó la securitización y la criminalización de los migrantes que continuaron siendo vistos como amenaza o problema. Entre los vetos, se destaca la amnistía para migrantes, la revocación de las expulsiones decretadas antes del 5 de octubre de 1988, la obligatoriedad de permanencia de migrantes ya residentes que hayan cometido delito en el país, la libre circulación de indígenas y poblaciones tradicionales entre fronteras. A pesar de las presiones de representantes de las organizaciones que actúan junto a migrantes y refugiados, incluso a través de una carta por la aprobación de la nueva ley sin vetos, firmada por más de cien entidades; la única consulta presencial dirigida a la sociedad civil fue realizada por el foro de participación social del Consejo Nacional de Inmigración (CNIg).

Como bien sintetizaron Acosta, Espinoza y Brumat (2016), el decreto de reglamentación de la ley, contradice la Constitución de 1988 al permitir la detención de migrantes indocumentados, mientras esperan expulsión. Además de delegar extensos poderes a la Policía Federal en la admisión, residencia y expulsión de no nacionales, el decreto no especificaba las condiciones para la concesión de residencia humanitaria a los no nacionales, dejando esa decisión a los Ministerios de Justicia, Trabajo y Relaciones Internacionales conjuntamente, en otra fase. Sin embargo, aunque representantes de la sociedad civil continuaron subrayando los avances logrados con el cambio de paradigma de la nueva ley y su foco en los derechos humanos; al mismo tiempo llamaron la atención sobre los "retrocesos" que pautaron el proceso de reglamentación. De hecho, el decreto de ley resultante de ese proceso regulatorio, apoyó e incluso subrayó la seguridad nacional y la judicialización de la migración, acarreando grandes desafíos a quienes luchan por los derechos humanos de los migrantes.

Además de dar continuidad a las políticas de securitización de fronteras de la gestión Rousseff, el gobierno de Temer federalizó y militarizó la escala local a través de la intervención, en la ciudad de Río de Janeiro, en lo relacionado con la "guerra a las drogas" y, a nivel estatal en el caso de Roraima, concerniente a la inmigración venezolana y a la protección de fronteras. En el proceso, amplió la inserción de Brasil en el combate global al tráfico de drogas, tráfico de seres humanos y terrorismo y, por lo tanto, en el régimen global de control de las migraciones. Más allá de aprobar una reforma laboral siguiendo la agenda neoliberal, al alejarse de los movimientos sociales y restringir la participación social, recordó el aforismo de Sergio Buarque de Holanda (1936): en Brasil "la democracia no pasa de un gran malentendido". No por casualidad, ese gobierno representaba el (viejo) nacionalismo y los intereses de la antigua y nueva derecha con sus demandas de políticas de securitización y militarización del país e, incluso, por el retorno del Estatuto de los Extranjeros. Pero, sorprendentemente, mientras el Consejo Nacional de Inmigración, con su composición tripartita, logró elidir durante veinte años (1996-2016) el anacronismo del Estatuto del Extranjero a través de la formulación, coordinación y orientación de la política de migración por medio de normativas basadas en decretos y resoluciones específicas, involucrando la solución de casos omisos, con la regulación de la Nueva Ley, hubo una militarización de la política migratoria.

En el caso de la intervención federal en Río de Janeiro, los asesinatos en marzo de 2018 de Marielle Franco, concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y defensora de los derechos de los negros, de los habitantes de barrios marginales y homosexuales, y de su chofer, Anderson Pedro Gomes, expusieron la existencia de la polarización entre derechos humanos y políticas de securitización y militarización de la pobreza racializada. Esas muertes, definidas como "ejecuciones", apuntaron hacia una dirección, trillada por Colombia y México, en el avance de las milicias y paramilitares. Al mismo tiempo, la conmoción ante esta violencia institucionalizada y las continuas manifestaciones de repudio a esa violencia, tanto a nivel local como nacional e internacional, impulsan la lucha por la dignidad humana.

La política migratoria y la supresión de los derechos humanos

Si hubo bajo la presidencia de Temer una ocupación militar en Río de Janeiro y también en Roraima, desde el comienzo del gobierno Bolsonaro enfrentamos a nivel nacional, una escalada de la violencia estatal militarizada y policial: el avance de las milicias y la intensificación de la violencia estructural contra las mujeres, LGBTI, indígenas, negros, residentes de las periferias urbanas, inmigrantes racializados y otras poblaciones vulnerables. Sobre todo, en Brasil hoy, vivimos a diario con los intentos presidenciales de erosionar las garantías constitucionales y, en última instancia, desmantelar la malentendida democracia. Al igual que otros candidatos tiranos, Jair Bolsonaro, admirador fanático de la dictadura y la tortura, forma parte de una red transnacional de nacionalistas de extrema derecha, bajo la órbita de Steve Bannon, encabezada por Donald Trump con una fuerte influencia del astrologo y filósofo brasilero Olavo de Carvalho. Como Levitsky e Ziblat (2018) destacan, aunque esos gobiernos de extrema derecha llegaron al poder por la ruta electoral, paradójicamente usan las mismas instituciones de la democracia, gradual, sutil e incluso legalmente, para matarla.

Jair Bolsonaro fue elegido presidente del Brasil con un discurso de odio y anticorrupción, entrelazado con la defensa de los valores morales tradicionales, direccionado especialmente contra Lula y el Partido de los Trabajadores, en una coyuntura de recesión económica, arresto de Lula e intensa polarización derecha-izquierda. Aunque sin presentar un programa gubernamental, su plataforma combina la continuidad de una política económica neoliberal de reducción de derechos, ahora basada en el modelo chileno de los tiempos de Pinochet (1973-1990), con un paquete contra el crimen y anticorrupción, que conlleva el peligro de transformar el país en un Estado policial. Con el apoyo de las élites económicas, militares y de los grupos armamentistas, ruralistas y evangélicos, su gobierno favorece drásticamente el avance de un capitalismo altamente destructor, en perjuicio de: el medio ambiente, la ciencia, la educación, la tecnología, las instituciones democráticas y, los derechos humanos. Su modo de legislar mediante decretos y medidas provisionales, es cuestionado como "una forma de socavar la democracia desde dentro, mostrando poco aprecio por las reglas del juego democrático"⁷. No por casualidad, la mayoría de esas gestiones han sido refutadas judicialmente por violar la Constitución de 1988, incluidas sus principales promesas de campaña, como la de relajar la regulación sobre posesión de armas y el paquete contra el crimen, defendido por su Ministro de Justicia Sergio Moro⁸. Por lo tanto, se convierten en un campo de disputas a nivel institucional, ya sea dentro del alcance del Congreso Nacional, Senado Federal, Fiscalía Federal, Corte Suprema o Defensor Público, entre otros. La defensa de la constitucionalidad tiende a ser inducida por la presión de los movimientos sociales. Pero incluso cuando se suspenden sus decretos y medidas provisionales, la retórica de Bolsonaro y su uso de las redes sociales y de las Fake News, funcionan como una licencia para legitimar la securitización y la violencia, como la otorgada a la policía para matar, que ha resultado en un mayor número de muertes en las periferias urbanas. Hay igualmente una relación entre sus campañas por la posesión de armas y aquella en contra de la supuesta ideología de género y el aumento del feminicidio, así como entre los incendios causados en la Amazonia y el énfasis en la deforestación, criminalización y eliminación de las poblaciones indígenas y el desarrollo capitalista de la región. Esas acciones y estrategias, practicadas por un gobierno de las redes sociales, están promoviendo reveses sociales y una escalada de la violencia involucrando, así, la reducción de los derechos sociales y el exterminio de los desposeídos y de los que desafían los valores morales tradicionales: homosexuales, lesbianas y transgénero, muestra de una parte de los continuos intentos de destrucción del Estado de derecho.

La decisión del gobierno de Bolsonaro de disociar a Brasil del Pacto Mundial de Migración Ordenada, Segura y Regular, es parte de este escenario⁹. Representa su alineación con el nacionalismo exacerbado y las políticas draconianas de Trump y otros aliados de extrema derecha. Si bien los movimientos sociales señalaron la imposibilidad de proteger, simultáneamente, los derechos humanos y las fronteras territoriales, la salida de Brasil de este Pacto significó la supresión de los derechos humanos de la política migratoria a favor de la escalada de la securitización y criminalización de los inmigrantes, incluyendo los refugiados y, por lo tanto, el creciente control y vigilancia sobre quién puede cruzar las fronteras nacionales y permanecer en Brasil.

Los intentos del Ministro Sergio Moro de introducir cambios en la nueva Ley de Migración se subscriben a esta política de securitización y criminalización de la cuestión migratoria, convirtiéndola en un campo de disputa a escala nacional. Así, la inserción de cuatro adiciones diseñadas para endurecer las reglas sobre el ingreso de personas al país, a través de una enmienda al Proyecto de Ley 1928/2019, fue rechazada por los movimientos sociales en defesa de los inmigrantes, por herir: “los principios que guiaron el debate actual sobre la ley de migración, restableciendo la intención de ampliar el control de la migración, observando la inmigración desde la perspectiva de criminalización de las personas en movilidad”.¹⁰

Igualmente, su Ordenanza 666 de 25 de julio de 2019, instituyendo “el impedimento de entrada, repatriación y deportación de persona peligrosa o que ha cometido un acto contrario al principios y objetivos establecidos en la Constitución”, fue repudiada vehementemente, incluso por el Comité Migraciones y Desplazamientos de la ABA, por representar un ataque al Estado democrático. Esa legislación, que también fue cuestionada legalmente y sujeta a acción en la Corte Suprema Federal¹¹, fue derogada por la Ordenanza 770/2019 de 11 de octubre de 2019, nueva instrucción del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una nota pública firmada por 33 entidades de la sociedad civil manifestó que: La derogación de la Ordenanza 666 es un retiro bienvenido, pero aun así no es suficiente. La ordenanza 770 sigue siendo una afrenta a la Ley de Migración, ya que …además de llegar tarde, el retiro también es insuficiente y permanece en una lógica inadecuada para un estado de derecho democrático. Inadecuado ya que está más allá de la lógica constitucional el intento de enmendar lo que dice la Ley de Migración (Ley N ° 13.445/17), que es el resultado de un profundo debate nacional, por una mera ordenanza, que va más allá de las pautas legales cuando debería, solo y únicamente, estipular el flujo de procedimientos.¹²

Mientras continúan las movilizaciones contra la Ordenanza 770, la sociedad civil obtuvo una pequeña victoria con la terminación del proyecto de ley 1928/2019 en el Congreso Nacional. Según el blog MigraMundo, el autor de la versión original, que se refería únicamente a la intención de simplificar la emisión de visas para jóvenes inmigrantes interesados en trabajar y estudiar en Brasil, decidió cerrarlo, señalando que el gobierno lo usaría para imponer acciones en su interés sin el debido debate público.¹³

Las acciones del gobierno de Bolsonaro también penalizan a los refugiados. Dado el giro a la derecha de la geopolítica del continente, el refugio otorgado en 2003, a tres paraguayos acusados de secuestro (político), por temor a la persecución, fue revocado a solicitud del Presidente de Paraguay¹⁴. Este retiro ya está induciendo amenazas contra los refugiados de otros países y continentes, trayendo, al menos un caso en el que sigo, la imposibilidad de proseguir viviendo en Brasil. Asimismo, por razones geopolíticas, Bolsonaro mantuvo y continuó la militarización de la política migratoria del gobierno de Temer direccionada a los inmigrantes venezolanos que continúan llegando a Roraima. Percibidos como refugiados políticos de Venezuela por el gobierno brasileño y el ACNUR, los desplazados de un país gobernado por un “enemigo” pueden requerir refugio o residencia provisional pero no la visa humanitaria a la que, según la nueva Ley de Migración, tendrían derecho. Colocados en viviendas temporales que se asemejan a campamentos de refugiados, esos desplazados están sujetos a políticas de internalización, discriminación y xenofobia¹⁵.

Del mismo modo, los brasileños que viven en situación de indocumentados en el exterior, están siendo objeto de discriminación y arbitrariedad, aunque, bajo la nueva Ley de Migración, sea un deber constitucional del Estado brasileño, protegerlos en tránsito en el extranjero, de cualquier forma de violencia estatal en el país anfitrión¹⁶. Pero en desacuerdo flagrante con esta legislación, los informes de prensa indican que el actual gobierno está facilitando la deportación de brasileños de los Estados Unidos. Preocupado por esta noticia, ABA, a través de su Comité de Migración y Desplazamientos, envió una solicitud de aclaración al Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que:

“La supuesta cooperación entre los estados nacionales va en contra de los principios básicos de la circulación internacional de personas, que debe hacerse a través de rutinas administrativas que respeten el derecho de defensa de las personas en tránsito. En segundo lugar, la supuesta facilitación de la deportación por parte de los Estados Unidos, a cargo de la autoridad brasileña, viola el principio de protección del Estado brasileño a sus ciudadanos en el extranjero, lo que lleva a casos de deportación sumaria sin el debido proceso. (Por lo tanto) esta decisión del gobierno brasileño, si confirmada, además de señalar una sumisión indeseable a los intereses de Estados Unidos, revelaría una intención sin precedentes de dañar y criminalizar a los ciudadanos que, ante la crisis económica y el alto desempleo en Brasil, han estado buscando alternativas de vida y trabajo en otros países”.¹⁷

Hasta el momento no ha habido respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta petición. Mientras tanto, en una coyuntura de recesión económica, con 12,5 millones de desempleados, aumento del trabajo informal, reforma laboral y de la recién aprobada reforma de pensiones basada en la experiencia chilena de reducción de derechos, la salida de los brasileños al extranjero solo tiende a multiplicarse. Si quienes pueden invertir en el extranjero consiguen adquirir fácilmente visas y derechos, las personas en situación indocumentada ni siquiera pueden contar con la protección del gobierno brasileño. Por cierto, aquellos que viven sin papeles en los Estados Unidos, por el contrario, deben mantenerse alejados de los consulados y embajadas de Brasil para evitar la deportación.

La actual coyuntura socioeconómica brasileña, marcada por la recesión económica, la flexibilización y precariedad del trabajo; la consiguiente reducción de derechos y protección social, el progresivo aumento de la securitización y criminalización de la pobreza y el alargamiento de los contingentes de desposeídos incluida su extirpación, expone un capitalismo devastador que se asemeja a la era colonial en términos de explotación, violencia y deshumanización. Por lo tanto, plantea no solo preguntas sobre quién tiene derecho a los derechos sino también, sobre quién tiene derecho a ser humano, y que esto no está restringido al Brasil.

Capitalismo global vs migraciones forzadas

Estos procesos de expulsión, despojo, securitización y criminalización, no son exclusivos de Brasil. Son el resultado de políticas y prácticas que condujeron a una mayor concentración de ingresos, poder y desigualdades sociales a través de la acumulación por desposesión. Se nutren de los movimientos temporales y espaciales del capitalismo global en la apertura de mercados y las consecuentes crisis causadas por la sobreacumulación de capital, que afectan la vida de las personas, generando migraciones y refugio debido a las guerras, impactos de proyectos de desarrollo en el campo y en la ciudad, y a la especulación inmobiliaria, entre otros desplazamientos que están siendo criminalizados.

Este análisis desde Brasil y desde el punto de vista de las migraciones y los desplazamientos, permite desplegar las políticas nacionales y globales que estimulan los avances de ese capitalismo desmedido. En conjunto, estas políticas han llevado a la reducción gradual de los derechos humanos y la protección social y al mismo tiempo, a la intensificación de la securitización y criminalización, incluida la violencia estatal, con respecto a las poblaciones vulnerables, ya sean migrantes, refugiados, pueblos indígenas, residentes de las periferias urbanas o los LGBTI.

Por lo tanto, los gobiernos de desarrollo de Lula y (especialmente) Dilma Rousseff implementaron políticas de inclusión y protección social al mismo tiempo que invirtieron en agro negocios y grandes proyectos hidroeléctricos y urbanísticos que produjeron desplazamientos y cambios en los modos de vida de las poblaciones tradicionales y periferias urbanas. Además, si bien respaldaron proyectos de ley basados en migrantes como sujetos de derechos, suscribieron políticas globales. El derrocamiento de Dilma Rousseff y el ascenso al poder de la derecha, permitieron el regreso de las políticas económicas neoliberales privatizadoras y la reducción de la protección social y de los derechos de los trabajadores; la desfiguración de la nueva ley de migración y la militarización tanto de la periferia urbana en la lucha contra las drogas (en el caso de Río de Janeiro), así como de la cuestión migratoria en lo que respecta a los inmigrantes venezolanos en Roraima en el contexto de cambios geopolíticos en el continente sudamericano.

La elección de Bolsonaro y sus intentos de destruir la democracia son el pináculo de los procesos que liberan el avance del capitalismo a través de políticas económicas neoliberales ortodoxas y la constitución de un Estado policial. En este sentido, su lema de gobierno: Brasil sobre todo también puede significar Capitalismo sobre todo, sin derechos humanos y sin protección social. En consecuencia, sus diversos decretos y medidas provisionales tienen objetivos específicos: facilitar la explotación, la violencia y la deshumanización, incluyendo, si es necesario, la disposición de las poblaciones vulnerables, como en la época colonial. Desde esa perspectiva, los incendios causados en la Amazonía, la criminalización de los indígenas y la negativa a demarcar sus tierras, se vuelven más comprensibles con la reciente solicitud del presidente del Instituto Brasileño de Turismo (EMBRATUR) que quiere que el organismo responsable de proteger los derechos indígenas en el país (FUNAI) ponga fin al proceso de demarcación de una reserva, que se encuentra en el sur de la Bahia y que pertenece al pueblo Tupinambá de Olivenza, para permitir la construcción allí de un hotel de lujo de una empresa privada, . Del mismo modo, aunque los inmigrantes que tienen capital y desean invertir en Brasil son bienvenidos, las personas indocumentadas son criminalizadas con medidas de deportación sumaria.

Ciertamente, la forma en que este gobierno legisla está siendo desafiada, y numerosas de sus acciones están detenidas debido a su inconstitucionalidad y la presión de los movimientos sociales temáticos, ya sea en defensa del medio ambiente, los problemas indígenas, la migración, la educación, la ciencia y la tecnología, el género, etc. Pero independientemente de si Bolsonaro logra o no terminar su mandato, desafortunadamente las marcas de sus intentos de destrucción permanecerán.

Referencias bibliográficas 

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Palabras clave:

Migración, políticas globales, Brasil, democracia, derechos humanos.

Notas al pie:

^{1 Esta es una versión sintetizada y actualizada de mi artículo O Brasil frente ao regime global de controle das migrações: Direitos humanos, securitização e violências (2018)
2 Ver enlace.
3 Esa petición está disponible en este enlace.
4 A través de ese paradigma, nuestros estudios han indicado que las políticas de gobernanza actuales criminalizan protagonistas específicos, ya sean inmigrantes indocumentados, solicitantes de refugio, trabajadores sexuales en el mercado laboral internacional, o residentes de favelas y periferias urbanas Esta lógica de exclusión social, anclada en una racionalidad tecnocrática y en la producción de categorías sociales, cuyos componentes jurídicos y morales también implican interseccionalidades de raza, género, clase, descarta personas, lugares y bienes considerados innecesarios o amenazantes, negando, en el caso de las personas, el derecho a ser humano. Por lo tanto, crea contingentes de los desposeídos (Feldman-Bianco 2015, 2018).
5 Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones
6 Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias
7 “Governar por decretos é minar a democracia, Pacto por la Democracia, 31/05/2019. Ver enlace.
8 El ex juez que dirigió la extensa investigación sobre corrupción y lavado de dinero y condenó al presidente Lula
9 Fellet, João, Bolsonaro confirma saída de pacto de migração da ONU. Ver enlace.
10 Ver enlace. 
11 Ver enlace.
12 Ver enlace.
13 Ver enlace.
14 Ver enlace. 
15 Ver enlace. 
16 Ver enlace.
17 Ver enlace.
18 Ver enlace.}