Luego de arduas jornadas de renegociación, el Gobierno Nacional y las Farc lograron un nuevo Acuerdo de paz, el cual busca incorporar una parte sustancial de los ajustes y modificaciones formuladas por diferentes sectores del No, luego del resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre. Este proceso, fundamental para avanzar en las transformaciones democráticas en Colombia, pasó de ser un asunto anodino para la inmensa mayoría de la población, poco interesada en conocer el contenido de lo negociado, a ser el principal tema de debate; aunque lamentablemente la estigmatización, las tergiversaciones y la polarización, no sólo han contribuido al desinterés ciudadano sino que han revelado los graves problemas de autoritarismo e intolerancia de nuestra cultura política.

Al escepticismo sobre los beneficios del acuerdo de paz, se suman asuntos como la naturalización de la guerra y la inercia generada por la concentración de la confrontación, en los últimos años, en zonas marginales de la geografía nacional, pues para el 75% de la población, que vive en zonas urbanas, existen preocupaciones distintas a la guerra en sus vidas cotidianas.

Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, plantea sobre las negociaciones de paz:

Nos tardó tanto llegar hasta aquí porque esta ha sido para muchos, y de diversas maneras, una guerra con la que ha sido posible convivir en relativa tranquilidad. Pese a la enorme cantidad de víctimas, esta ha sido vivida como una guerra ajena, distante de los centros de poder político y económico, anclada en las periferias, lejana socialmente para los habitantes de las ciudades. Ha sido, en gran parte de su trayectoria, un conflicto armado de muertos anónimos, de muertos campesinos, de tragedias rurales.
En Revista Arcadia

Además de la distancia y el desinterés, hay una franja ciudadana que está desencantada de las negociaciones porque piensan que esta es una paz mínima, barata, que no resolverá todos los problemas estructurales de la sociedad colombiana en materia de justicia y equidad social y política. De cierta manera, consideran que las Farc “negociaron por muy poquito”. Contrario a esta postura, creo que la agenda tiene importantes elementos para facilitar las transformaciones democráticas que involucran no solo los cambios para incluir a las poblaciones excluidas en la Colombia profunda, sino también, a la vida en las ciudades. A la relación entre las negociaciones y esa ciudadanía está dedicada la primera parte de este artículo. Pero claro, la agenda de la democracia y los derechos en Colombia no se agota en las negociaciones de La Habana y así debe ser, pues éstas son para poner fin a la confrontación militar entre el Gobierno y las Farc, mientras que la agenda de la democracia debe tramitarla la sociedad civil. A este asunto se dedica la segunda parte del artículo que concluye con unas notas sobre la relación entre las dos agendas y sus perspectivas.

“La agenda tiene importantes elementos para facilitar las transformaciones democráticas que involucran no solo los cambios para incluir a las poblaciones excluidas en la Colombia profunda, sino también, a la vida en las ciudades”.

La agenda de las negociaciones entre las Farc y el Gobierno Colombiano

Esta agenda parte del reconocimiento de las Farc como organización política levantada en armas, por lo tanto, plantea un conjunto de reformas tendientes al abandono de la lucha armada y su transformación en organización que actúa en la legalidad. Se establecieron seis puntos alrededor de los cuales se adelantaron las negociaciones y se elaboró el Acuerdo Final.

A continuación se presentan los principales elementos de lo acordado y se exponen algunas líneas de desarrollo para su aplicación en las ciudades:

Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral

Los principales elementos de discusión apuntan a la necesidad de resolver tres problemas históricos en el campo colombiano: en primer lugar, el de los millones de campesinos pobres, sin tierra y en zonas de colonización, los cuales requieren la adjudicación de tierras para su supervivencia; otros campesinos esperan la legalización de la posesión que han tenido durante décadas sin sustento de propiedad legal. Para ello, se establece un catastro nacional de tierras que permita identificar tierras susceptibles de ser adjudicadas y revisar el despojo violento especialmente a manos de grupos de paramilitares.

En segundo lugar se busca implementar programas de desarrollo con enfoque territorial, que garanticen la inversión pública integral y permitan transformaciones democráticas para proveer de condiciones de vida dignas, a millones de personas sin acceso a servicios públicos básicos como educación, salud, agua potable, alcantarillado, vivienda y vías de comunicación. Esta iniciativa se basa en experiencias exitosas como los programas de desarrollo y paz realizados en años recientes en diferentes zonas del país, los cuales, mediante una inversión integral, han mejorado las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios.

En tercer lugar se establecen planes nacionales para una reforma rural integral, cuyo objetivo es la superación de la pobreza y la desigualdad, que en nuestro país tiene una dimensión más dramática en el sector rural, al tiempo que se promueve el cierre de la brecha de inequidad entre el campo y la ciudad, generando ambientes favorables y condiciones dignas de existencia de la economía campesina, que se desarrolla especialmente en las pequeñas unidades familiares dedicadas a la producción de alimentos.

Para la población de las ciudades esto tiene dos enormes potenciales: transformaciones democráticas de los entornos campesinos de las urbes y generación de oportunidades para la constitución de circuitos económicos que aseguren la alimentación básica en las ciudades.

“Para la población de las ciudades esto tiene dos enormes potenciales: transformaciones democráticas de los entornos campesinos de las urbes y generación de oportunidades para la constitución de circuitos económicos que aseguren la alimentación básica en las ciudades”.

Participación política: apertura democrática para construir la paz

Este punto del acuerdo no se centra en la construcción de garantías para la transformación de las Farc en movimiento político, sino en las condiciones necesarias para la constitución de un ambiente político favorable a la democracia en nuestro país. Son tres sus propósitos: desarrollar y profundizar el espíritu de democracia participativa plasmado en la Constitución Política, que haya garantías reales para el ejercicio político alternativo y de oposición, y eliminar de una vez y para siempre la articulación entre violencia y política, rompiendo de manera definitiva las alianzas entre grupos armados y sectores políticos que han capturado porciones del poder político y recursos públicos en el país.

Para las ciudades este es un desafío de gran trascendencia. Dada la alta concentración poblacional en Colombia, la concreción y garantía de los puntos que establece el acuerdo serán fundamentales pues son las urbes el escenario fundamental de actuación política y será en ellas ahí donde se espera un mayor esfuerzo para que los cambios propuestos se implementen y consoliden. De manera particular, el reto para romper las alianzas criminales entre grupos armados y sectores políticos tiene en las ciudades un campo de gran potencial, pues si bien es cierto que hasta el momento sabemos más de cómo funcionan estos procesos en zonas rurales, como lo evidenciaron las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia sobre el fenómeno de la parapolítica, problemas como la corrupción, el clientelismo y el uso de la violencia para la acumulación de poder político no son ajenos al ejercicio de la política en las ciudades.

“Este punto del acuerdo se centra en las condiciones necesarias para la constitución de un ambiente político favorable a la democracia en nuestro país”.

Solución al problema de las drogas ilícitas

El narcotráfico ha sido un elemento crucial para potenciar la guerra en Colombia, tanto por la participación de organizaciones criminales en el conflicto armado como por la provisión de recursos generados en esta actividad ilegal. Aunque la solución a esta problemática no está en manos sólo del Estado colombiano, dada su dimensión global, el acuerdo busca una transformación del enfoque de lucha que se ha desarrollado en el país en las últimas décadas.

Con el acuerdo se lograría en primer lugar que la acción punitiva del Estado, centrada de manera prioritaria en los campesinos productores y en los consumidores, se transforme, ofreciendo recursos para implementar programas de sustitución de cultivos y que los consumidores sean tratados desde una perspectiva de salud pública. Adicionalmente, que las acciones penales se concentren en los eslabones donde se genera la mayor violencia y ganancia, es decir, en las estructuras criminales que se encargan de la producción de drogas y de su distribución tanto a nivel interno como para la exportación.

La mayoría de las ciudades colombianas viven hoy graves problemas de microtráfico y consumo, y será allí donde se presenten los mayores retos para que lo acordado se implemente, en especial en lo relacionado con la lucha contra las organizaciones criminales y la atención de adictos.

“El acuerdo busca una transformación del enfoque de lucha [contra las drogas] que se ha desarrollado en el país en las últimas décadas.

Acuerdo sobre víctimas del conflicto armado

En este punto se dio la mayor dificultad en concretar un acuerdo, dada la complejidad para lograr un equilibrio en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Sus principales elementos son la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, con la cual se busca construir una interpretación de los motivos y dinámicas del conflicto armado, así como las responsabilidades en el mismo, tanto de combatientes como de altos mandos y de civiles que auspiciaron y se beneficiaron de manera directa con la confrontación armada. También pretende ser un mecanismo de resarcimiento de la dignidad de las víctimas, al tiempo que se convierte en un estímulo para la convivencia democrática en el país. La Comisión busca esclarecer las responsabilidades no desde una perspectiva de venganza, sino como una manera de aprender del pasado para no repetir en el futuro, y como una forma de reparación simbólica de las víctimas directas e indirectas de la guerra.

Esta Comisión deberá convertirse en un gran proceso de movilización política y social en los territorios, para que con base en la búsqueda de la verdad y el establecimiento de responsabilidades, se puedan identificar elementos de transformación en la perspectiva de que nunca más vuelva a pasar lo que pasó.

También se establece una Jurisdicción Especial de Paz, en la que se ofrecen incentivos para que los responsables de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, puedan, sobre la base de contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas, obtener penas alternativas para los crímenes cometidos.

Se crea la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que tiene como objetivo establecer lo acaecido a estas personas en el contexto del conflicto armado y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral, en particular en su componente de satisfacción. Aunque no hay consenso sobre el número de víctimas de esta modalidad de victimización (el Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 60.630), es evidente que constituye un grave problema y que es muy importante la creación de esta Comisión. Finalmente, se busca el fortalecimiento de las medidas de reparación integral para las víctimas, en sus dimensiones de restitución, rehabilitación e indemnización.

Si bien es cierto que el foco principal de este punto son las cerca de 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia , es evidente que los beneficios de su implementación están destinados al conjunto de la sociedad colombiana, y que el cumplimiento de lo acordado es la base para la no repetición futura de la crisis humanitaria que por décadas ha vivido el país.

“Si bien es cierto que el foco principal de este punto son las cerca de 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, es evidente que los beneficios de su implementación están destinados al conjunto de la sociedad colombiana”.

Con relación a los puntos 5, Fin del conflicto armado, y 6, Mecanismos de implementación, verificación y refrendación, el mayor nivel de oportunidad para la democracia se ubica en los aprendizajes ya vividos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, adecuados a las características de este proceso, en lo cual hay una vasta experiencia en nuestro país y un conjunto de elementos definitivos para la culminación con éxito del proceso. Igualmente, será vital generar el entusiasmo colectivo con la esperanza de construir un país distinto sin confrontación armada con las Farc.

¿Y la agenda de la democracia en Colombia?

Como se desprende del apartado anterior, la agenda acordada entre el Gobierno Colombiano y las Farc tiene grandes impactos democratizantes. En el proceso de implementación se demostrará la voluntad de las partes para producir las transformaciones que el país necesita y superar un conjunto de asuntos pendientes que no nos han permitido construir una nación democrática y sin conflicto armado. El cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes es imprescindible para la transformación democrática del país.

No obstante, esta agenda no agota todas las demandas que en materia de democracia y derechos humanos tiene Colombia. Persisten problemáticas que deben abordarse tales como la garantía y plena vigencia y respeto de la dignidad humana, y otras violaciones de los derechos humanos que no obedecen ni se explican como consecuencia del conflicto armado. Hay transformaciones pendientes para garantizar el ejercicio de las libertades, así como evidentes inequidades políticas, sociales y culturales; también, hay grandes problemas con relación al pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de millones de colombianos y colombianas, en educación, salud, seguridad social, trabajo y vivienda, y son graves las dificultades en cuanto a la protección de la diversidad, frente a prácticas tradicionales de discriminación por motivos de sexo, edad, etnia, condición socioeconómica, discapacidad y opción sexual.

Aunque la agenda acordada en La Habana impacta la sociedad en general, es evidente la ausencia de problemáticas específicamente urbanas, las cuales se pueden agrupar en lo que se ha denominado el derecho a la ciudad en sus dos perspectivas: todos los derechos humanos para todas las personas que habitan las ciudades y la garantía de derechos que son particulares de la vida urbana como el disfrute del derecho al espacio público y de los inmuebles públicos urbanos, la vivienda, el transporte público, la movilidad y un medio ambiente sano.

Finalmente, la agenda de la democracia debe incluir de manera central, garantías para la lucha por los derechos humanos, la organización y acción pública de organizaciones y movimientos sociales. El fin de la guerra no es el fin de los conflictos, pero si es la oportunidad para tratar desde una perspectiva diferente los conflictos sociales y políticos, sin enmarcarlos en las nociones de guerra fría y seguridad hemisférica, y eso implica construir un ambiente democrático para la tramitación de los conflictos.

“La agenda de la democracia debe incluir de manera central, garantías para la lucha por los derechos humanos, la organización y acción pública de organizaciones y movimientos sociales”.

A modo de conclusión

Colombia se encuentra frente a una oportunidad histórica de transformación democrática. El fin de la guerra es la puerta para avanzar en este camino y demanda acciones y grandes movilizaciones ciudadanas favorables a la paz para que lo acordado se implemente en los territorios.

Tramitar las demandas que la agenda de la democracia contiene, requiere la confluencia de tres procesos:

1. Constituir y consolidar un vigoroso y diverso movimiento social y político que haga de la paz su programa para impulsar la democracia en Colombia.
2. Fortalecer una institucionalidad pública democrática que propicie la construcción de la paz en los territorios.
3. Transformar la cultura política afianzándola en valores y prácticas democráticas que desnaturalicen y deslegitimen el uso de la violencia como mecanismo válido para la constitución del orden social. Ese es el reto que tenemos; no es de poca monta pero es una gran oportunidad para democratizar la sociedad, el país.

Como dice el sacerdote jesuita Francisco de Roux: lo que está en juego no es el futuro del presidente Santos ni el futuro político del ex presidente Uribe ni el futuro del ELN ni el futuro de las Farc, sino la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos.