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María Camila Moreno M.

El Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno y las Farc abre múltiples oportunidades para responder al anhelo de la sociedad de una paz estable y duradera, con justicia social, convivencia pacífica y ampliación de la democracia. Y especialmente para hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Durante la negociación, progresivamente, se fue instalando en los discursos del Gobierno y de las Farc la idea de que un proceso de paz en Colombia no es sostenible si no se toman en serio los derechos de las víctimas.

En nuestro anterior editorial propusimos seis componentes que, a nuestro modo de ver, serían indispensables desde la perspectiva de un enfoque territorial de paz. Estos son: 1. Atención integral de víctimas; 2. Acciones de pedagogía y cultura de paz; 3. Reintegración y reconciliación; 4. Garantías de No Repetición; 5. Instancias de participación ciudadana; y 6. Medidas de anticorrupción y transparencia.

Los planes de desarrollo municipales que se construyen en la actualidad tienen un reto histórico: posibilitar el tránsito hacia la construcción de la paz desde los territorios. Para lograrlo, es fundamental no sólo el reconocimiento de las personas víctimas del conflicto armado, pues es necesario que el accionar institucional se enfoque hacia la garantía del goce efectivo de sus derechos. Esto es aún más prioritario en Medellín si se considera que en la ciudad hay 575.000 víctimas del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas (RUV).

Durante este semestre se aprobarán los planes de desarrollo municipal y departamental para el próximo cuatrienio. Esto se convierte en un escenario para la participación ciudadana, para la lectura de los territorios y sus retos. Pero esta vez ocurre en una coyuntura histórica para el país: la negociación del conflicto armado entre las FARC y el Gobierno y los retos que allí se desprenden en términos de paz territorial. La ciudadanía en general y las organizaciones de la sociedad civil en particular, tenemos el deber de hacerle a todos los borradores de plan una pregunta sencilla pero contundente: "¿Cómo aporta este plan de desarrollo a consolidar la paz en nuestro territorio?"

El pasado 18 de julio, la Corte Constitucional declaró exequible la convocatoria de un plebiscito para que la población colombiana se pronuncie sobre su apoyo al acuerdo de paz logrado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc luego de casi cuatro años de arduas negociaciones. Respaldar la determinación de consultar a la ciudadanía es una decisión política para rodear de legitimidad lo acordado, pues reconoce que se trata de un componente fundamental para pasar a la implementación de los acuerdos.

Oportuno e importante el acuerdo logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc y en el marco de las negociaciones de paz en La Habana para la conformación de una Comisión de Verdad una vez culminadas las negociaciones de paz, que tendrá como finalidad "el que se esclarezca y conozca lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)".