Quienes creímos y creemos que tras décadas de guerra y millones de víctimas, la negociación política del conflicto armado entre el gobierno y las FARC era la mejor salida para este país, sabíamos que el camino sería pedregoso… ¡pero no tanto!
Estamos asistiendo, impávidos, al final anunciado de una película de terror: ¡el Acuerdo de Paz hecho trizas!
Hemos insistido en la importancia de rodear y presionar la implementación del Acuerdo de Paz, a pesar del bajo porcentaje de desarrollo de puntos centrales del acuerdo legislativo, del escaso margen de gobernabilidad del presidente Santos, de la precaria voluntad política del Parlamento y de la dolorosa oposición de un sector de la población que piensa que hay que rehacer el Acuerdo, desmantelando varios de sus puntales, aunque esto reactive la guerra.
Hay al menos tres razones para persistir en ello: en primer lugar, la centralidad de las víctimas y sus demandas de verdad, justicia y reparación; segundo, los territorios azotados durante años por la presencia y confrontación de actores amados y lo que les significa varios de los puntos referidos al desarrollo agrario y a la participación ciudadana; y tercero, la necesidad de que los hombres y mujeres exmilitantes de las FARC, entrenados durante años para la guerra, transiten hacia la vida civil y puedan ejercer la política a través de los espacios democráticos, defendiendo sus ideas con el poder de la palabra y el testimonio de sus argumentos.
Sin embargo, en el último mes han salido a la luz pública dos asuntos que lesionan la confianza y minan la esperanza en este proceso: el manejo de los recursos del Fondo para la Paz y las disputas en torno a la construcción institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El Fondo Colombia Sostenible fue creado por el mismo Acuerdo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, Naciones Unidas y donaciones de otros países amigos, además del presupuesto general de la Nación, y está adscrito al Ministerio del Post-conflicto. Con estos recursos, serían financiados los proyectos acordados a través de la institucionalidad creada para la implementación de los acuerdos: la Agencia Nacional de Reincorporación, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Renovación del Territorio, así como el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación (Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y Unidad de (búsqueda de personas dadas por desaparecidas). Pero ante el lento desarrollo e implementación de los proyectos a los que se suponía iban dirigidos, se suscitó la pregunta de la comunidad internacional por la transparencia y eficacia del Fondo. A partir de esto, se han dado a conocer una serie de denuncias relacionadas con asuntos como la selección de los operadores y los procedimientos administrativos, con muy pocas respuestas y claridades hasta ahora desde el Gobierno Nacional y las entidades competentes.
Lo cierto es que conociendo de cerca la realidad de los territorios priorizados para el posconflicto, sabemos que estos recursos no están llegando allí. Profesionales o líderes locales, comprometidos con la implementación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDET) han pasado meses sin recibir su sueldo y trabajan literalmente con las uñas. También sabemos que en muchos de estos territorios, los excombatientes de las FARC no han iniciado su reincorporación económica porque los recursos para desarrollar estos proyectos, tampoco han llegado. Esta es una de las principales razones por la cuales, muchos de ellos han desistido, dejando los lugares de concentración ni siquiera pensando en rearmarse, sino en subsistir por sus propios medios. Los recursos destinados a la paz territorial están siendo retenidos por los nuevos carteles de la corrupción y atrapados en viejas prácticas clientelistas.
De otro lado, está el complejo debate sobre el montaje de la Jurisdicción Especial para la Paz y los recursos del mismo Fondo, destinados para este fin. Aún no son claras las razones de la tensión evidenciada entre las posturas del Secretario Ejecutivo y la Presidenta de la JEP. Sabemos que construir institucionalidad pública, más aún en el campo de la justicia, es complejo. Ante esto es urgente el llamado a la transparencia, no solo en relación al manejo de recursos sino a la correspondencia entre el propósito misional de la JEP y la eficacia en la construcción de institucionalidad pública.
Hoy, más que nunca, las organizaciones sociales y sectores de la opinión pública que trabajamos por la paz no deberíamos obviar ninguna pregunta que aclare el manejo de los recursos destinados para la construcción de paz: la vigilancia, la veeduría y la rendición de cuentas son banderas en nuestro diario quehacer, y no excluyen a ningún actor del proceso. Quienes se han opuesto al Acuerdo ven en estas falencias la oportunidad perfecta para demeritarlo y no podemos permitirlo. ¡Nada más funcional al propósito de hacer trizas los acuerdos que la corrupción!.
Hoy lo decimos a viva voz: es inmoral que los recursos de la paz no lleguen a su destino. ¡La mejor forma de atizar la guerra es robarse la plata de la paz! Así que exigimos que le expliquen al país qué ha pasado con estos recursos, que de hagan los correctivos necesarios y, sobre todo, que la paz territorial sea por fin viable y posible.
Posdata:
Nos unimos a las múltiples voces que reclaman respuestas claras del alcalde Federico Gutiérrez sobre temas neurálgicos:
1. ¿Qué dice sobre las denuncias relacionadas con la estrategia de comunicación de su alcaldía y la existencia de ‘La Bodega de Fico’?;
2. ¿Puede decir la Alcaldía de Medellín que no le apostará a una intervención militar en la comuna 13? ¿Y qué pasará con la situación que enfrentan Belén Altavista y Robledo?
3. Y para que no se nos olvide: ¿Cuál es la postura de Alcaldía frente al caso de su exsecretario de seguridad, Gustavo Villegas?
