El pasado 18 de julio, la Corte Constitucional declaró exequible la convocatoria de un plebiscito para que la población colombiana se pronuncie sobre su apoyo al acuerdo de paz logrado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc luego de casi cuatro años de arduas negociaciones. Respaldar la determinación de consultar a la ciudadanía es una decisión política para rodear de legitimidad lo acordado, pues reconoce que se trata de un componente fundamental para pasar a la implementación de los acuerdos.

La publicación del estudio de la Fundación Compartir, "Tras la excelencia docente" en plena campaña electoral, convertida a la postre en una propuesta de política educativa nacional, la emergencia del movimiento ciudadano "Todos por la educación", el anuncio del gobierno nacional de presentar en su plan de desarrollo un presupuesto para educación de 28,9 billones de pesos, por primera vez mayor que el de defensa, la celebración de la 1ª Cumbre Nacional por la Educación en Medellín y, sobre todo, los últimos resultados de las pruebas internacionales PISA, han generado una suerte de clima favorable para la discusión sobre la educación en el país.

Oportuno e importante el acuerdo logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc y en el marco de las negociaciones de paz en La Habana para la conformación de una Comisión de Verdad una vez culminadas las negociaciones de paz, que tendrá como finalidad "el que se esclarezca y conozca lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

El 22 de noviembre de 1989, con el recuerdo vivo de lo que significaba para esta ciudad y este país el asesinato de personas que fueron referente por sus ideales democráticos como Hector Abad Gómez, Leonardo Betancur, Luis Felipe Vélez o Jaime Pardo Leal; ilusionados con los cambios que ya venía generando la Perestroika en el orden mundial; emocionados con las imágenes todavía frescas de la caída del muro de Berlín y en plena promoción del movimiento de la séptima papeleta que dio lugar posteriormente a la Constitución del 91, un grupo de personas, muy jóvenes la mayoría, algunos con trayectoria en trabajo barrial y en los movimientos eclesiales de base, otros en el sindicalismo y en el movimiento estudiantil y otros simplemente convencidos de que el país requería transformaciones profundas a las que quizás podríamos aportar, fundamos la Corporación Región.