Opinión

Lunes, 27 Octubre 2014 23:01

Debatimos sobre la calidad educativa o sobre la garantía integral del Derecho a la Educación

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La publicación del estudio de la Fundación Compartir, "Tras la excelencia docente" en plena campaña electoral, convertida a la postre en una propuesta de política educativa nacional, la emergencia del movimiento ciudadano "Todos por la educación", el anuncio del gobierno nacional de presentar en su plan de desarrollo un presupuesto para educación de 28,9 billones de pesos, por primera vez mayor que el de defensa, la celebración de la 1ª Cumbre Nacional por la Educación en Medellín y, sobre todo, los últimos resultados de las pruebas internacionales PISA, han generado una suerte de clima favorable para la discusión sobre la educación en el país.

Este debate ha tenido como núcleo central de la reflexión la calidad educativa, calidad que tiene como indicador principal y casi excluyente, mejorar en las pruebas internacionales como la liderada por la OCDE, cuya línea de base son los resultados "catastróficos", según algunas voces interesadas en los discursos apocalípticos, que el país obtuvo en este 2014.

Ver a la educación sólo desde esta perspectiva deja por fuera de la reflexión, del objeto de las políticas públicas y de los programas de Gobierno, temas cruciales como la cobertura, la infraestructura suficiente y digna, la libertad y autonomía curricular contextualizada, la superación de obstáculos para la permanencia, la falta de maestros y maestras, la dignificación de la labor docente, la tercerización del "servicio educativo", la formación para el fortalecimiento de la ciudadanía y los derechos humanos y la transformación de un sistema escolar centralista,homogéneo y con funciones de desconcentración administrativa a un sistema educativo territorializado e incluyente que reconozca la diversidad y aporte a la construcción de una paz estable y duradera.

La experiencia de la Corporación Región en la promoción e implementación de estrategias que garanticen la permanecía de los niños y niñas en la escuela en varios territorios del país nos indica la enorme brecha existente entre este discurso de calidad educativa y los obstáculos con que a diario miles de niños y niñas y sus familias se encuentran para garantizar un asunto que pareciera elemental y ya superado: la permanencia y la terminación exitosa del ciclo escolar básico.

Por ejemplo, con la estrategia La Escuela busca al Niño y a la Niña, entre el Ministerio de Educación Nacional, UNICEF, el Consejo Noruego para los Refugiados y la Corporación Opción Legal, se han identificado 18.0542 niños, niñas y adolescentes, de los cuáles, hasta septiembre del presente año, se escolarizaron a 7.217; es decir, apenas el 40%. En Antioquia, esta misma estrategia, desarrollada por la Secretaría de Educación Departamental y la Corporación Región, identificó en una semana de búsqueda en seis municipios del Bajo Cauca y cuatro de Urabá, 2.380 niños, niñas y adolescentes que no estaban vinculados al sistema escolar, la mayoría por razones de tipo económico, por falta de cupos y porque lamentablemente no veían en la educación un elemento vital para sus proyectos de vida, como se anota en el informe del proyecto La Escuela busca al Niño y a la Niña (sin publicar) presentado al Consejo de Gobierno de Antioquia en 2014. Vale la pena anotar que este programa se realizó solo en 20 municipios de cinco departamentos: Cauca, Córdoba, Putumayo, Norte de Santander y Nariño. 

Estas realidades indican que hoy más que nunca se necesita de un debate que vaya más allá del discurso de la calidad educativa, entendida ésta como mejoramiento en pruebas estandarizadas, en la que la educación queda reducida a la concepción del aprendizaje como producto, como negocio, como sector de la economía que mueve muchos otros sectores, propio del enfoque del neoinstitucionalismo económico y de la formación para el capital humano. Se debe ampliar la mirada teniendo como referente la formación de capacidades humanas y los compromisos contenidos en los pactos internacionales, la constitución y la jurisprudencia de la corte constitucional.

Necesitamos recobrar la idea de la educación como derecho humano en la que el Estado está obligado a desarrollar el máximo esfuerzo político, financiero y administrativo para que los niños, niñas y adolescentes ingresen a la edad adecuada y permanezcan en el sistema aprendiendo lo necesario para construir sus proyectos de vida desde las particularidades del territorio y la cultura, siendo tratados con respeto y valoración por sus saberes, en espacios seguros y bellos, con maestros y maestras suficientes y cualificados, donde la escuela sea un espacio para la diversidad y el reconocimiento. Como se dijo antes, en estos tiempos en que pensar en un horizonte de paz parece un imperativo, la educación debe ser claramente un recurso para la inclusión y la reparación transformadora que ayude a la construcción de una paz duradera y que sea un componente vital para la configuración del desarrollo local con justicia y equidad.