Es del caso hacer notar el avance logrado en la definición de criterios orientadores sobre su misión:
No se trata de dar cuenta solo de hechos y los directos responsables sino de "ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto."
La Comisión además deberá contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados, el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.
Así mismo se reconoce la importancia de los territorios como escenarios en los cuales se hagan los reconocimientos de las responsabilidades individuales y colectivas y de la generación de un ambiente de diálogo donde se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género y una cultura democrática que cultive la tolerancia y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás.
El hacer explícito el carácter extrajudicial de esta Comisión es fundamental para garantizar el cumplimiento de estos propósitos y para tener claras sus limitaciones, ya que no tendrá los efectos judiciales que corresponden a otras instancias. En virtud de ello se facilitará el conocimiento de verdades que hasta el momento actual no conocemos ante el temor de victimarios a ser judicializados y de las víctimas a ser objeto de nuevas amenazas y represalias.
No menos importante es el acuerdo logrado con respecto a la composición y el funcionamiento de la Comisión. Es de resaltar la decisión de favorecer la participación de toda la sociedad y en particular de las organizaciones de víctimas mediante la presentación de candidatos y con respecto a experiencias anteriores. Cabe recordar que en 1958 la Comisión de Estudios de la Violencia, a quien se le encargó la misión de esclarecer la Violencia de los años cincuenta, estuvo integrada por los representantes de los poderes de la sociedad política y civil de ese entonces: dos miembros del Partido Liberal, dos del Partido Conservador, dos representantes de la Iglesia Católica y dos militares; de ella estuvieron excluidos otros sectores como los campesinos y las mujeres, el grueso de las víctimas.
Al mismo tiempo, es necesario reconocer el desafío de poner en marcha esta Comisión ante las inquietudes y reservas que genera, e incluso su rechazo, por parte de sectores políticos opuestos a las negociaciones de paz, pero también por las enormes expectativas que suscita en materia de verdad y reparación y a las cuales resulta difícil dar cumplimiento en tres años, tiempo previsto para el funcionamiento de la Comisión. En este sentido, no se puede perder de vista la contribución de otras Comisiones de la Verdad en el mundo y sobre todo en países latinoamericanos, como es el caso de Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala o Perú, y cuya labor ha sido fundamental en el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y en la reparación de las víctimas y la reconciliación. Como lo han advertido algunos de los integrantes de estas Comisiones, sus logros dependen, en buena medida, del adecuado reconocimiento del contexto de cada país y, ante todo, la necesidad de reconocer que habrá límites, pues no todo se sabrá ni se resolverá con el informe que se produzca. Las Comisiones de Verdad son un punto de partida de procesos de larga duración.
Pero es claro que la Comisión no parte de cero. Cuenta a su favor con un importante acumulado, muestra de ello son las múltiples iniciativas de construcción de memoria que se han venido desarrollando en diversas regiones del país y el disponer de un informe general como el ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicado en 2013 y en el que se logra dar cuenta de más de 50 años ce conflicto armado en el país, basado en cientos de testimonios aportados por las víctimas y la consulta de numerosos expediente judiciales y archivos históricos.
La Corporación Región ha realizado en los últimos años diversos informes sobre las memorias del conflicto armado para el Centro Nacional de Memoria Histórica: San Carlos, Comuna 13 y más recientemente, Granada y San Rafael. Y acabamos de instalar el equipo de investigación que realizará el Informe Basta Ya Medellín, un proyecto impulsado de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Ministerio del Interior, con el que se pretende avanzar en la comprensión de las violencias ocurridas en el marco del conflicto armado en la ciudad, sus dinámicas y estrategias, sus impactos en la población y la manera como la ciudad ha respondido para no dejarse sucumbir. Este es uno de los más grandes retos académicos y políticos que enfrentamos como institución. Además, también hemos acompañado, por años, ejercicios de memoria y reconocimiento de las víctimas con trabajos de educación, formación y comunicación pública. La promulgación de este acuerdo sobre la Comisión de la Verdad configura un horizonte que da sentido a estos ejercicios. De ahí nuestra disposición a contribuir a este propósito.
