Este veinte de julio en Colombia, tomará posesión un nuevo parlamento y el siete de agosto, el presidente electo Iván Duque. Las preguntas por el país que se va a configurar y por el papel que en estas condiciones tendremos que asumir los sectores sociales que apostamos por la paz y la democracia, es sustancial.
La composición del legislativo ofrece de entrada, dos novedades:
Primera, el presidente y su plan de gobierno contarán con una amplísima gobernabilidad, respaldada en una coalición mayoritaria, liderada por el Centro Democrático y el partido Conservador y, por la mayoría de los congresistas del partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical y el partido Mira. Sin embargo, no es claro aún que éste sea un bloque homogéneo, es posible que algunos de los parlamentarios recién electos, que se opusieron hasta el último momento al programa del Centro Democrático, no adhieran a su agenda.
Y segunda, alrededor de veinticuatro congresistas adscritos a la Alianza Verde, el Polo Democrático, la lista de Los Decentes, Gustavo Petro y Ángela Maria Robledo, como representantes de La Colombia Humana, estrenarán las posibilidades que ofrece el recién aprobado Estatuto de la Oposición. Pero tampoco estas fuerzas alternativas conforman un bloque homogéneo, como quedó demostrado en la campaña electoral; hay aquí matices que seguramente van a pesar, tanto en la agenda como en el estilo de oposición.
Con este panorama, asistiremos a una interesante dinámica, en la que el papel de la ciudadanía será fundamental, para incidir en la agenda parlamentaria y en el seguimiento y observación de los actos del Gobierno y el Congreso.
Lo que suceda en este escenario, estará fuertemente marcado por Iván Duque, electo por más de diez millones de votantes con una alta legitimidad y favorabilidad. En principio este resultado evidencia varios asuntos que nos invitan a una reflexión de largo aliento: la consolidación del Centro Democrático como partido, justo en el momento de un claro declive de los partidos tradicionales y en el que otras fuerzas alternativas no logran constituirse como tal; la confluencia en esta candidatura, no sólo de la maquinaria política sino de todo el establecimiento (partidos políticos, sectores empresariales, medios de comunicación); el poder arrasador de Álvaro Uribe quien, a pesar de los grandes interrogantes sobre la legalidad de sus actuaciones públicas y las investigaciones judiciales en su contra, se erige como líder indiscutible de la derecha, logrando penetrar y manejar de manera contundente, la conducta de sus seguidores, entre quienes se expresan, además de los partidos tradicionales y el establecimiento, la opinión pública favorable a su agenda política que apunta, a reformar sustancialmente el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las Farc; a transformar la institucionalidad democrática, en especial, la separación e independencia de los poderes y, a recortar derechos y libertades a las minorías.
El discurso inicial del presidente electo fue alentador: dijo que gobernará en favor de todos los colombianos incluyendo a quienes no lo eligieron; se comprometió a trabajar por la paz y la reconciliación del país. Quisiéramos creerle, sería lo más conveniente para todos. No obstante, la actuación de su bancada en el Congreso, tan solo un par de días después, va en contravía de este espíritu y refuerza los grandes temores con respecto a lo que vendrá; su oposición al Acuerdo de Paz y especialmente, a la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (la inclusión de dos propuestas que desvirtúan el sentido de todo el sistema Integral de Justicia), sus cuestionamientos a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a las circunscripciones territoriales de paz y a la erradicación voluntaria de cultivos, dejan ver que comenzó haciendo trizas los acuerdos. A esto se suma el tono triunfalista, retaliador y descalificador de los adversarios, de varios de sus congresistas, lo cual no sólo resta altura al debate, sino que también profundiza la polarización. Le corresponderá al presidente demostrarnos que él es quien gobierna, que tiene injerencia real sobre esta bancada y, sobre todo, que no cargará en sus hombros la enorme responsabilidad de volver a la guerra que ya padecimos durante décadas.
Ahora bien, el país tiene hoy como nunca antes, una ciudadanía con un alto potencial de expresión, en oposición a los propósitos regresivos del nuevo gobierno. Los más de ocho millones que votaron en segunda vuelta por la propuesta de La Colombia Humana y los cerca de 900.000 que lo hicieron en blanco, constituyen un caudal enorme para avanzar en la consolidación de una fuerza alternativa que permita al país, avanzar por la senda de la justicia, la equidad y la paz. El gran reto es el cómo convertir esta opinión, en masa crítica con poder real y vocación democrática, con posibilidades de incidir y resistir. El papel de la dirigencia será importante, pero sobre todo, el compromiso de las bases, de la ciudadanía, de las mujeres y los hombres que creyeron y se la jugaron en las calles y en las urnas por configurar otras opciones para el país, será crucial. No basta con la opinión y el entusiasmo, es necesario dar paso a la conformación de movimiento político, de partido, que consolide estas aspiraciones.
Para las organizaciones sociales como Región y miles más, jugadas abiertamente por la justicia, la democracia y la paz, la defensa del Acuerdo de Paz es medular. Es evidente que las propuestas de reforma que hoy cursan en el Congreso y que hacen parte del plan de gobierno de Iván Duque, son reformas sustanciales que desvirtúan el punto de partida de los acuerdos: que trató de una negociación, no de un sometimiento de las FARC; que las víctimas debían ser el eje central del Acuerdo; que éste significaba una oportunidad para emprender reformas democráticas aplazadas, especialmente en relación con la participación política y el desarrollo agrario; y que conocer la verdad de lo sucedido (responsables, motivaciones, afectaciones, y las respuestas de la sociedad) es la única forma de avanzar en la reconciliación y la no repetición.
Hoy, a pesar de las acciones adversas de la coalición de gobierno, (que aumentan la incertidumbre sobre lo que vendrá en estos cuatro años), creemos que nuestra democracia imperfecta sigue ofreciéndonos, dentro del marco de la institucionalidad, posibilidades de acción. Al lado de un sin número de organizaciones hermanas, consideramos que es posible incidir en el Congreso, en las Cortes, en la Comunidad Internacional, con propuestas legislativas, con contenidos temáticos en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, haciendo seguimiento y veeduría de manera seria y fundamentada.
Queremos seguir promoviendo y participando de la movilización ciudadana, en la virtualidad y también en la calle, en los territorios, con las comunidades; todos, espacios para la defensa legítima de la equidad, los derechos humanos, la justicia, la democracia y la paz. Ahí estaremos, aportando nuestras energías y nuestro saber, con la esperanza puesta en la ciudadanía y en las reservas democráticas.
