El debate actual sobre el financiamiento de la universidad pública ha tenido un impacto considerable en varias direcciones: en primer lugar convocó a docentes, estudiantes y directivas de las 32 universidades públicas del país a construir acuerdos sobre lo fundamental, que no es otra cosa que la defensa de la educación superior pública como proyecto social, político y cultural que aporta a la construcción de paz, al cierre de brechas y a la justicia social. En este punto la comunidad universitaria y la ciudadanía están conociendo las dramáticas cifras que concretan una crisis sin precedentes que se ha venido profundizando desde hace por lo menos 25 años y que amenaza, ahora más que nunca, la permanencia de una Universidad al alcance de todos y todas.
Según el Sistema Universitario Estatal (SUE) el déficit acumulado de las universidades públicas en el país es de $1,4 billones de pesos para funcionamiento y de $15 billones para infraestructura, solo para la Universidad de Antioquia, por ejemplo, se calcula que el desfinanciamiento llega a los 181.528 millones de pesos. Esta realidad contrasta con el incremento en la cobertura del 57% para el periodo 2004 – 2017, pasando de 365.985 a 576.393 estudiantes; además el Estado colombiano solo aporta el 49% de los gastos de la universidad, lo que significa que más del 50% son recursos de autogestión de las instituciones de educación superior con la traducción inmediata en el incremento en el costo de las matrículas, la limitación de programas de bienestar universitario, la precarización laboral de docentes y la participación en venta de servicios, lo anterior en conjunto, afecta la calidad de la educación y el objeto misional de las universidades públicas.
El segundo elemento que ha develado este proceso de movilización es el imperativo de la defensa ciudadana del patrimonio social, político y cultural que representa la universidad pública para el país. En buena hora, las diversas campañas que se han venido desarrollando en espacios públicos, en las redes, en los medios de comunicación tradicionales, en el voz a voz tienen un énfasis determinante: la universidad pública es de todos y todas no sólo de quienes están en ella y por tanto es un deber ético y moral su defensa.
Los procesos de privatización neoliberal no solo se centran en la venta de activos y empresas del Estado, en la desregulación del mercado, en el paulatino desmantelamiento de subsidios a los sectores de la población más pobre y por supuesto en la disminución de los recursos para el financiamiento de las instituciones públicas garantes de derechos, sino que además se ocupa de generar en la población sentidos y representaciones sobre lo público como un sector corrupto, ineficiente, de la mala calidad y generador de muchos más problemas sociales. El proceso privatizador ha construido sentidos sobre la educación pública incluida la universidad, que han generado aislamiento, animadversión, falta de solidaridad y unidad frente a lo que debe ser la lucha por un derecho de todos y todas. Las familias, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores políticos, la empresas, la sociedad en general estamos llamadas a rodear, acompañar y promover la defensa de la educación como un derecho fundamental a lo largo de la vida, desde la educación inicial hasta la educación superior, con recursos suficientes, con autonomía y libertad para seguir aportando a la construcción de un país en paz.
Un tercer elemento que aparece en esta coyuntura es la reflexión sobre nuestro sistema educativo nacional, es decir, que la discusión sobre la desfinanciación de la universidad tiene que ver con la crisis de la educación pública en general y la desarticulación con otros sistemas como el económico, el cultural y el político.
El país no le garantiza a un ciudadano promedio los 12 años de escolarización básica, por ejemplo, según el informe de Medellín Cómo Vamos 2017, en el Valle de Aburrá el promedio de años de escolaridad es de 10,15; de acuerdo al ritmo de crecimiento de los últimos diez años Medellín y el Área Metropolitana lograrán que su población termine su ciclo escolar básico (un año de preescolar y once de básica) solo hasta el año 2036.
Es preocupante que la subregión que concentra los mayores recursos de todo el departamento de Antioquia tenga por lo menos 10.000 jóvenes entre los 15 y 16 años por fuera del sistema educativo y 45.000 entre los 18 y 24 años que no están estudiando. La posibilidad de estos jóvenes de acceder a la educación superior es todavía más lejana. A esto se le suma elementos de brechas educativas entre calidad en la educación oficial y privada, urbana y rural, permanencia, extraedad y repitencia, donde efectivamente se ha avanzado, pero siguen siendo retos determinantes a la hora de asegurar una trayectoria educativa en condiciones dignas.
Desde la Corporación Región hacemos un llamado a unir voluntades y esfuerzos por la defensa de la educación pública, este momento histórico precisa de la construcción de sentidos a favor de la educación como un bien de todos y todas, necesitamos de imaginarios que nos ayuden a unirnos en torno a su protección y fortalecimiento desde todos los sectores posibles, queremos una educación pública que garantice que cada niño y niña en este país ingrese a la escuela en la edad adecuada, aprenda lo que necesita y desea aprender para darle sentido a su existencia en condiciones de dignidad e igualdad, contando con un sistema que le permita transitar y gozar del derecho a educarse a lo largo de la vida.
