El inicio del 2020 nos sitúa ante una doble coyuntura: la principal, sin duda alguna, es la emergencia por el carácter pandémico del Covid-19, una prioridad de los gobiernos y de toda la sociedad. El gran desafío que tenemos como humanidad es atender a los llamados que nos hace esta pausa mundial, retomar lo fundamental y construir sociedades incluyentes, respetuosas y protectoras de los derechos básicos y del medio ambiente, entendiéndolo no como fuente de recursos sino como el nicho en el que todos los seres vivos, debemos compartir en armonía. ¡Y reconocer que como vamos, vamos mal!
La otra coyuntura de gran relevancia para los territorios, durante los próximos cuatro años, es la construcción, adopción y puesta en marcha de los planes de desarrollo departamentales y municipales. Sabemos que estos planes se verán inevitablemente afectados por la crisis general que se avecina, pues deberán considerar la precarización y el aumento de las necesidades de amplios sectores sociales que si bien antes considerábamos focalizables, ahora se generalizan, demandando esfuerzos inimaginables para lograr sostener y defender la vida de toda la población. La Corporación Región ha participado del proceso de revisión de los anteproyectos de los planes para Antioquia y Medellín, aportando observaciones y recomendaciones, a través de las plataformas interinstitucionales de las que hacemos parte. Hoy, con espíritu esperanzador, queremos compartir los cuatro principales retos que identificamos para el departamento de Antioquia en este cuatrienio que apenas despunta, y sobre los cuales llamaremos la atención:
Primero, construir equidad
De acuerdo con la última medición disponible, incluida en el anteproyecto del Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023, en 2018 Antioquia tenía más de 330 mil personas (5.6% de sus habitantes) en situación de pobreza monetaria extrema (ingreso igual o inferior a $117 mil pesos mensuales), lo que impide satisfacer una adecuada nutrición. Si bien el anteproyecto realiza un diagnóstico detallado de esta situación, no plantea apuestas ni metas contundentes para avanzar en la reducción de las desigualdades y poner fin a la pobreza.
La pobreza y la pobreza extrema se transforman con inversión social estatal, reconocimiento y garantía de derechos, implementando medidas concertadas con el sector productivo y empresarial para la promoción del empleo digno, con actuación diferenciada y enfoque territorial para personas, comunidades y territorios con mayores carencias y necesidades. En otras palabras, con un enfoque de equidad social y económica que iguale en derechos a todas los personas y territorios de nuestro departamento. Si bien este discurso está presente en el plan, el desafío es precisamente convertirlo en pauta efectiva de acción para las decisiones políticas.
Segundo, tomar en serio nuestra sostenibilidad
La sostenibilidad ambiental tiene que ver, en concreto, con el control de la deforestación, la protección de nuestros ecosistemas hídricos, la prevención y atención a los efectos del cambio climático, además de la atención a problemáticas y necesidades específicas de comunidades y territorios rurales. En esta línea, los datos que presenta el anteproyecto del plan muestran la necesidad apremiante de preocuparnos por nuestra Casa Común y avanzar hacia el reconocimiento y garantía de la calidad del ambiente como un derecho colectivo de la comunidad antioqueña, del cual depende la sostenibilidad de nuestra vida natural y social. En este sentido, es necesario priorizar la protección del agua y las actividades productivas relacionadas con la sostenibilidad alimentaria. La sostenibilidad ambiental se asegura con inversión estatal permanente en los territorios, con educación ambiental y control estatal efectivo a las intervenciones individuales y empresariales que afectan los territorios y el medio ambiente.
Como pasa en diferentes temas, en la línea de sostenibilidad ambiental se identifican de manera acertada las principales problemáticas, pero esto no se corresponde con la envergadura de los indicadores de resultado, los programas diseñados y el presupuesto asignado.
Tercero, avanzar en la construcción de la paz territorial
Este reto tiene dos manifestaciones: la implementación del Acuerdo de Paz adoptado en noviembre de 2016: “Para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, y la construcción permanente de una cultura de paz y convivencia basada en el respeto de los Derechos Humanos. Un aspecto muy favorable del anteproyecto del Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023, para resaltar particularmente en la línea 4, Nuestra vida, es la inclusión de varios indicadores y programas relacionados con el Acuerdo de Paz. Sin embargo, dados los pocos avances en estos ya casi tres años y medio de la implementación del Acuerdo, consideramos necesario que el departamento, arriesgue mucho más y no se limite solo a los compromisos establecidos con el Gobierno Nacional. Antioquia cuenta con las condiciones para liderar el desarrollo de una estrategia de paz territorial que aporte a la construcción de una región y un país reconciliado y debería apostarle, decididamente, a esa perspectiva con recursos y voluntad política.
Y el cuarto desafío, como siempre… es la educación
Sin duda, la educación continúa siendo un reto fundamental. En nuestra video columna del mes de febrero, planteamos la necesidad de implementar estrategias que garanticen a la población infantil y juvenil, sobre todo rural, el logro de trayectorias educativas exitosas; es decir, que puedan disfrutar del derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación terciaria. En este sentido, nos parece acertada la propuesta de formular una política pública departamental de educación rural, lo cual permitiría construir, con diferentes actores, una ruta clara de actuación para los próximos años, tanto en lo político, como en lo programático y lo presupuestal.
El llamado en este componente es a poner especial atención a los temas de infraestructura educativa, precisamente en las zonas rurales, pues lo que se propone se queda corto en relación a las necesidades identificadas en las diferentes subregiones del departamento. Se requiere una propuesta más clara y audaz que, por un lado, logre avanzar en la legalización y regularización de los predios, donde se encuentran la mayoría de los establecimientos educativos rurales y, por el otro, realice las inversiones a que haya lugar para garantizar nuevas aulas e intervenir las existentes en asuntos relacionados con agua potable, alcantarillado, manejo de basuras, energía eléctrica y conectividad.
Las desigualdades en educación son, sin lugar a dudas, un factor de profundización de las inequidades sociales, económicas y ambientales, al tiempo que incrementa las violencias cotidianas en los territorios. Liberarnos de la sombra del miedo y la desesperanza que dejan la guerra y la pobreza pasa por un hecho inapazable: que las generaciones presentes sientan y constaten que a través de la educación se pueden construir la vida que desean.
Como ya lo mencionamos, consideramos que la contingencia generada por el Covid-19 exige repensar las prioridades del Plan de Desarrollo de Antioquia y los planes de desarrollo municipales. El anteproyecto fue formulado antes de la declaración de pandemia, sin tener en cuenta todas las afectaciones sanitarias, sociales y económicas que esta traería. No se trata entonces de incluir marginalmente o como dato general de contexto el tema del Covid-19 en la nueva versión del Plan de Desarrollo, sino de repensar todo el Plan a la luz de las nuevas circunstancias políticas, sociales y económicas mundiales, nacionales y departamentales. Creemos que la Alianza propuesta por el Gobernador para diseñar una Antioquia para el 2040, especialmente por su carácter participativo y deliberativo, es el escenario ideal para ello.
Les invitamos a creer, imaginar y pensar en reinventarnos para que otro mundo sea posible y realizable.
