Opinión

Resumen

Desde su fundación Región se dio a la tarea de convertirse en una institución sólida, eficiente y viable. Esto implicó construir un modelo de gestión coherente con sus apuestas sociales y políticas, dejando claro desde sus inicios que lo que SE ES Y LO QUE SE HACE constituyen el mismo entramado.

Al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil del país, la Corporación identifico hace varios años, grandes cambios que afectaban de manera directa su sostenibilidad. Este artículo da cuenta de cómo hemos entendido y asumido la gestión y la sostenibilidad institucional a lo largo de 30 años; las principales dificultades, los debates y los retos que hoy se enfrentan para mantenernos viable financieramente¹ y vigentes a nivel político y social..

Gestión y sostenibilidad en la Corporación Región: 30 años construyendo condiciones favorables para la acción social y política

El Modelo

La gestión entendida como el conjunto de principios, procesos y acciones que orientan la conducción de los recursos: financieros tecnológicos y humanos, en función de los propósitos institucionales ha pasado por diferentes momentos y comprensiones a lo largo de 30 años de vida institucional. Inicialmente estos temas se manejaron de manera informal, lo cual era normal para la época y el sector; sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que la buena voluntad no era suficiente para constituir una organización sólida, capaz de responder a retos como el fortalecimiento de la democracia, la construcción de ciudadanía, la promoción y garantía de los derechos humanos y la construcción de la paz. Poco a poco fuimos formalizando los diferentes procesos que daban soporte a la acción institucional y logramos consolidar un modelo de gestión que nos ha posibilitado la sostenibilidad por tres décadas.

Una lectura retrospectiva interna, realizada en el año 2013² planteó que Región ha avanzado en el diseño y montaje de un modelo de gestión institucional basado en procesos, a través de una estructura organizacional horizontal. Esto quiere decir que la institución ha construido, de manera colectiva, un mapa de procesos definidos por lo estratégico, lo misional y los de soporte. Los que se orientan al cumplimiento de las metas políticas de la organización, que han sido básicamente dos: la gestión de relaciones y recursos y la comunicación pública para la movilización social y la incidencia, se han comprendido como procesos estratégicos. En los procesos misionales se recogen aquellos que permiten desarrollar las políticas definidas por la Corporación. La estrategia privilegiada ha sido la implementación de proyectos, por lo tanto, en esta segunda categoría, se encuentran los procesos relacionados con el diseño, la ejecución, el monitoreo y evaluación de proyectos para la formación, la producción de conocimiento y la incidencia política. Los procesos de apoyo se han entendido como los que facilitan el cumplimiento de la misión institucional y, se ha contado con dos: la gestión contable y financiera y la gestión del talento humano.

En este mapa de procesos es importante resaltar tres características de las entrañas de Región y que son parte fundamental de su sello. En términos estratégicos, desde su fundación Región ha buscado mantener una amplia red de relaciones con distintos sectores de la sociedad para llevar a cabo sus propósitos y contribuir a fortalecer proyectos de ciudad, sobre la idea de que “hacer y estar con otros es también una manera de ser” (Fernández, 2007)

En relación a lo misional, el interés primordial ha estado en cuidar la calidad de lo que se hace, por lo tanto “planificar para el mediano plazo y evaluarse con todo rigor a la luz de los planes trazados ha sido un imperativo en el desarrollo de los distintos procesos” (Fernández, 2016)

En los procesos de apoyo administrativos y financieros, hemos entendido la transparencia en el manejo de los recursos como un valor democrático y, la rendición de cuentas, como un ejercicio privilegiado para contarle a la ciudadanía quién es, qué pretende, qué hace, cómo lo hace y con cuánto lo hace Región. (Fernández, 2005).

Las formas organizativas que se han priorizado a través de los años para darle vida a estos procesos, constituyen una marca institucional en la medida en que reflejan en la práctica, lo que se aspira SER. Sostener que Región es una organización horizontal, transparente, crítica y enfocada a la vivencia de la democracia interna, significa haber definido espacios permanentes para el debate, la reflexión, con mecanismos de control externos e internos y estrategias para regular el poder favoreciendo la toma colectiva de las decisiones.

La sostenibilidad social, política y económica

Región es un actor social y político, un sujeto colectivo con agenda y agencia propia. Esta auto denominación ha marcado la forma como se entiende la sostenibilidad y ha sido definitiva para definir las estrategias para lograrla.

La pregunta por la sostenibilidad política y social ha estado puesta en Región, sobre su modelo de acción, el cual empieza a definirse a mediados de los noventa y se ha mantenido más o menos estable, aunque como es natural, en algunos periodos ha tenido revisiones, debates y maneras distintas de nombrarse. La formación de actores sociales, la producción de conocimiento y la comunicación y, la deliberación pública, constituyen las tres líneas del modelo de acción que han posibilitado mantenernos como una organización vigente y pertinente.

En relación con la sostenibilidad económica, tradicionalmente Región se financió con recursos provenientes de agencias privadas y oficiales de cooperación al desarrollo. Estos recursos tenían un carácter estable y sobre todo predecible, usualmente con varios años de vigencia. Algunas de las agencias realizaban además una financiación institucional, es decir, que los recursos no estaban solamente aplicados a proyectos específicos sino a apalancar el funcionamiento de la organización, lo que permitía cubrir una parte del presupuesto general. Existía una claridad razonable en estas organizaciones según la cual, no bastaba un proyecto bien ejecutado, sino que había una institución sólida que respaldara su ejecución.

Las diversas maneras de asumir los procesos de gestión implementados desde 1989, permitieron la sostenibilidad social, política y económica de la institución hasta esa fecha. Sin embargo, en el 2010 empieza un importante debate interno sobre la necesidad de una transformación institucional. Los cambios en: la composición de la base asociativa y del equipo de trabajo, el contexto, la financiación y la normatividad para el sector, generaron alarmas sobre la sostenibilidad y la necesidad de modificar las maneras de ser y estar. A esta intensa reflexión, que actualmente continúa, se le llama Región Futura y nos ha facilitado comprender los cambios que se vienen presentando.

En relación con las personas que conforman la estructura social y el equipo de trabajo, se produjo una transformación rotunda. Del grupo fundador en el que todos eran empleados de la Corporación, se pasa a uno pequeño con vinculación contractual. Paralelo a esto, se incrementa el número de profesionales no socios, de una nueva generación, encargada de la realización de las labores institucionales. Se expresa entonces la tensión entre diferentes maneras de pertenecer a la institución, de comprenderla y vivirla, desde preguntas a la estructura y a las relaciones de poder, evidenciando la necesidad de crear estrategias de relevo generacional.

En el contexto de la ciudad y el país también se evidencian cambios en muchos sentidos. Una de las principales variaciones es el del rol del Estado en el campo social. Región nació en un contexto en donde el Estado lo eludía y lo endosaba a las fuerzas del mercado. Hoy eso se ha modificado y lo que tenemos es un Estado intervencionista que pone a circular gigantescas cantidades de recursos en programas sociales cuyo enfoque dista de una visión democrática; esto, por un lado, altera el papel de las organizaciones pues se encuentran con un Estado que las reduce al rol de contratistas; y además, cambia el sentido de las luchas sociales: cosa muy distinta es actuar en un contexto en el que la tarea central es presionar al Estado para que cumpla sus funciones sociales e invierta en lo social (problema de cobertura y reconocimiento de derechos) y otra, la de movilizarse por la calidad de los servicios o denunciar los clientelismos y la corrupción con la que se ejecutan enormes proyectos sociales con recursos públicos.

Otro de nuestros cambios significativos, es la manera de financiar la acción institucional. En los últimos años, Región no ha sido ajena a las modificaciones en la tendencia global de la Cooperación Internacional al Desarrollo, por la cual, tanto la pública como la privada, se han retirado paulatinamente de América Latina para concentrarse en otros continentes; han ido cerrando los marcos de la financiación programática para enfocarse en la realización de proyectos (asunto letal para las OSC pues, en lugar de financiar su actividad, las obliga a poner recursos de contrapartida), con plazos de ejecución cada vez más cortos y los fondos que quedan abiertos o disponibles, son altamente competidos. A lo anterior se suma que hoy las universidades, las agencias locales del sistema de Naciones Unidas, las fundaciones empresariales e incluso, plataformas de carácter internacional y grandes consorcios privados, han entrado a competir por esos mismos recursos, todas ellas con un respaldo financiero tal, que saca cualquier organización pequeña de la contienda. En la práctica, una parte importante de las políticas sociales, terminan diseñadas para ser ejecutadas por entidades que pertenecen a la órbita de los grandes capitales, esto es, concentradoras de riqueza en lugar de ser instrumentos de su redistribución, como deberían ser³.

Un estudio realizado por Innpactia+Civicus (2019) sobre acceso a recursos para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en América Latina, muestra como las locales, deben competir con otros actores: en el 71% con el sector privado, en el 45,5% con entes estatales nacionales y en el 36% con organismos internacionales e intergubernamentales. El estudio también plantea que las OSC latinoamericanas tuvieron acceso exclusivo a solo el 2% de las convocatorias, equivalente a menos del 3% de los fondos totales. Se destaca además que el 5,5% de convocatorias de la muestra se ofreció con exclusividad a diversos actores del sector privado, como emprendimientos, empresas, agremiaciones y universidades privadas. De otro lado, se expone que solo el 4,5 % de las convocatorias y el 5,5 % de los fondos accesibles para las OSC estaban destinados a apoyar actividades de incidencia política y social que constituyen la razón de ser de la sociedad civil. En síntesis, el estudio evidencia que la mayoría de los recursos (94,5 %) se dispuso para financiar actividades de los que pueden considerarse proyectos tradicionales de desarrollo con una menor oportunidad de participación para las OSC.

Este tema de la financiación ha tenido variaciones importantes. En 2010 el volumen de recursos ejecutados por Región venía creciendo gradualmente hasta llegar a $5.000 millones de pesos. Sin embargo, también puede observarse que a partir del 2001, con cerca del 90% de los ingresos provenientes de la Cooperación Internacional, empezaba un proceso de decrecimiento sostenido, sustituido con ingresos del orden nacional.

En ese momento se pensó que esta tendencia iba a acentuarse, es decir que habría un retiro paulatino de la cooperación y un incremento de la contratación con el Estado. Sin embargo, los estados financieros de los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) muestran que no ha sido así. Efectivamente se ha dado una salida de la cooperación internacional, lo cual se ve en contar con menos agencias financiadoras y una destinación de montos y tiempos menores de las que aún permanecen, pero no se ha dado, por lo menos para Región, un incremento en la contratación con el Estado. En 2016 los ingresos fueron de $2.3 mil millones, de los cuales el 65.7% correspondió a Cooperación Internacional y solo el 17.17% a entidades estatales. En 2018 el 89.94% fue de cooperación internacional y el 0.27% de contratos con el Estado.

El acceso a recursos del Estado presenta una dificultad insalvable para organizaciones como Región que, por principios ético-morales, se niegan a establecer relaciones poco trasparentes con los agentes estatales decisores sobre esos fondos. En no pocas ocasiones, al entrar en el cara-cara con servidores públicos, se encuentran exigencias abiertas, cínicas a veces, de coimas y porcentajes a cambio de la adjudicación de un proyecto. El acceso meritocrático o la pregonada abierta competencia por los recursos, termina cercenada por prácticas corruptas generalizadas.

En síntesis, los ingresos generales de la Institución han disminuido desde el 2010 y la cooperación internacional que cada vez es menor en el país, sigue siendo la principal fuente de financiación.

Finalmente, es necesario mencionar los cambios en la normatividad para el sector y sus efectos en el debilitamiento financiero de las OSC. Las reformas tributarias, Ley 1429/10; Ley 1607/12 y Ley 1819/16 y adicionalmente los decretos y resoluciones que periódicamente son emitidas por la DIAN y por otras instancias estatales, dificultan a las organizaciones sociales cumplir con la normatividad. El Estado colombiano con la excusa de prevenir la corrupción, ha implementado una política que, en lugar de promover y proteger el capital social de la sociedad, obstaculiza y hace a veces imposible la organización ciudadana.

Reconocemos la necesidad y la importancia del control estatal de la legalidad de las organizaciones. Es necesario reconocer que muchas OSC deben renovarse y fortalecer sus procesos administrativos; sin embargo, el paquete de medidas legislativas que el gobierno promueve no contribuye a este fortalecimiento, por el contrario, genera una gran presión para que sean más eficientes, efectivas y competitivas, desde una lógica financiera, que muchas veces desborda las posibilidades de las organizaciones. El análisis indica que en lugar de existir una legislación que fomente y fortalezca las OSC, se tienen una gran cantidad de normas y decretos que al final, afectan la sostenibilidad y desdibujan la razón de ser. Si se está de acuerdo con que el papel del Estado frente a la iniciativa empresarial privada es promoverla, protegerla y facilitar su creación y desenvolvimiento, una cosa similar debe decirse de la organización social y ciudadana. El capital social de un territorio es un bien público que el Estado debe proteger y no perseguir.

Ante este panorama fue necesario, en primer lugar, sumarse a acciones estratégicas del sector que permitieran garantizar la sostenibilidad social y política de las OSC, retomando su esencia en tanto bien público que debe ser protegido por el Estado y, el riesgo que significa para la sociedad y la democracia, la amenaza a su existencia. Esto ha implicado un trabajo articulado a través de redes y plataformas locales y nacionales, de promoción de acciones de gestión política para visibilizar y permitir comprender la labor y el aporte de las OSC al desarrollo del país, la necesidad de generar ambientes habilitantes para su trabajo y la urgencia de adoptar políticas públicas para su fortalecimiento. La tarea está en proceso, sin embargo, el entorno ha sido adverso y las posibilidades de actuación son cada vez más reducidas.

Paralelo a este trabajo sectorial, se identificó la necesidad de realizar cambios internos en lo que hasta el momento se tenía establecido como estrategia de gestión de recursos financieros, y que como ya se dijo, dependía en gran medida de la cooperación internacional. La búsqueda de alternativas de sostenibilidad económica llevó a la elaboración de una política interna que por primera vez proponía combinar tres estrategias para la gestión de recursos: 1) La oferta de servicios 2) La solidaridad a través de aportes económicos de personas naturales o jurídicas y 3) la concurrencia a convocatorias, la cual ha sido el mecanismo tradicional para la obtención de recursos.

Estos cambios en la estrategia de gestión representan un hito en la vida institucional, sobre todo por las preguntas que introducen la línea de oferta de servicios, en la cual se trata principalmente de incursionar en el campo de los servicios de desarrollo, convirtiendo la experiencia, el acumulado y el saber, en una oferta de interés para diversos públicos a los que hasta el momento no se había llegado. Está claro que hay que lograr la sostenibilidad económica, pero ¿con qué estrategias, con qué principios, con qué procedimientos? ¿Cuáles son las opciones para entrar al mercado, conservando la coherencia con las apuestas políticas y no simplemente dejándose absorber por los parámetros de la globalización neoliberal? (Ver Sierra, 2018) Estas preguntas continúan abiertas, y si bien se han debatido e identificado alternativas alrededor de un modelo de economía social y solidaria, aún no hay un acuerdo institucional al respecto.

Las diferentes estrategias identificadas en los últimos años se han venido poniendo en marcha y ciertamente van abriendo nuevos caminos. Pero aún no logran tener la fuerza necesaria para contrarrestar la fragilidad y la incertidumbre que caracteriza ya, de modo definitivo, este tiempo y este contexto.

Los retos actuales: un nuevo modelo de gestión que preserve la perspectiva ética y política

En el marco de los 30 años de vida institucional es justo decir que Región ha logrado consolidar un modelo de gestión coherente con su misión institucional, riguroso en el cumplimiento de la normatividad, transparente en el manejo de los recursos, flexible frente a los cambios del contexto y responsable con las demandas de destinatarios y financiadores. Un modelo que ha generado condiciones favorables para desarrollar su acción social. Sin embargo, la realidad social, económica y política que actualmente enfrentan las OSC, está mostrando que este modelo ya no es suficiente.

La premisa de que Región mantiene su vigencia, pero que debe introducir cambios sustanciales en su modelo de gestión, por el hecho de que se han modificado de manera rotunda, definitiva e irreversible, varios aspectos nodales de su entorno de actuación y, en especial, de su marco de financiamiento tradicional, requiere tomar forma en la cotidianidad de la organización. La transformación implica interpelar todos los procesos institucionales: los estratégicos, los misionales y los de apoyo y realizar cambios tanto en lo programático como en lo operativo, para adaptarnos a las nuevas circunstancias del contexto.

Tal vez lo más difícil del cambio ha sido resistirse a ser una organización que simplemente se acomoda a las demandas del mercado. El espíritu que nos ha acompañado desde siempre está directamente relacionado con el rol de actor social, y en medio de las vicisitudes ha sido claro que no tiene sentido mantenerse de cualquier manera para terminar convertidos en una estructura marginal sin agenda y sin voz. La transformación que buscamos debe combinar un nuevo modelo de gestión con las históricas apuestas éticas y políticas, de manera que continuemos siendo una institución reflexiva, independiente, critica, propositiva y transparente, y a la vez viable y sostenible financieramente.

Los principales activos de Región están en su prestigio como entidad que entrega productos y servicios de calidad, y en su Modelo de Acción. Estos recogen la experiencia, el conocimiento, las metodologías y las estrategias con los que durante 30 años hemos aportado al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, a la construcción de la paz y a la garantía de derechos. Con esta oferta de valor, un equipo de trabajo con amplia experiencia y reconocimiento, una estructura administrativa eficiente y confiable y la capacidad de actuar en ambientes adversos, enfrentamos los retos actuales. Se trata ahora de ser capaces de recoger las reflexiones de los últimos 9 años y tomar las decisiones necesarias para concretar las transformaciones internas requeridas, las cuales pasan por todos los procesos del modelo de gestión e incluyen la estructura social y operativa; decisiones sobre como alivianarla, renovar la base asociativa, delimitar la oferta y especializarse, incluir nuevos perfiles en el equipo, definir el modelo económico para responder a la demanda de servicios, modificar la composición de la Junta Directiva, entre otras, deben ser tomadas.

Para terminar, es importante recordar que los retos no son solo de Región, se trata de todo un sector que enfrenta la misma situación, por lo tanto es necesario desarrollar una acción colectiva entre las OSC para promover su fortalecimiento. La Corporación ha venido manifestando, en los espacios gremiales de los que participa, la necesidad urgente de dotarse de una agenda conjunta que posibilite acciones para promover el cuidado de las OSC como un bien público; incidir para que exista una legislación y una normatividad que ayuden a construir un ambiente habilitante para el trabajo que desarrollan las OSC⁴. Revisar y construir nuevos acuerdos con la cooperación internacional, el sector público y privado. Generar apoyos y apalancamientos para la innovación y la transformación, entre otros temas centrales y urgentes. En todas estas acciones Región está dispuesta a participar y asumir responsabilidades, con el mismo convencimiento de hace 30 años: Fortalecer la democracia requiere de organizaciones sociales fuertes, con capacidad para defender los bienes públicos.

Referencias bibliográficas

CIVICUS e Innpactia. (2019). Acceso a recursos para las organizaciones de la sociedad civil en américa latina. Datos y Retos. https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/civicus+innpactia-informe_sep-2.pdf

Corporación Región. Junta directiva. (2011). Cambiar nuestro modo de gestionarnos preservando nuestra perspectiva ética y política.

Corporación Región. (2014). Región Hoy: Senderos de Reinvención.

Fernández, Rubén (2005). Las Cinco razones por las que las que las ONG debemos rendir cuentas.

________________. (editor). (2010 y 2011). Mito y realidad de la Ayuda al Desarrollo, América Latina al 2009. México. Alop

________________ (2007). Hacer y Estar con otros, es también una manera de Ser. En: Revista Desde la Región. Medellín

________________ (2016). Ideas que deja un sobrevuelo por la planeación en Región. Medellín

Herrera, Luis Fernando. (2013). Reflexiones sobre el desarrollo institucional desde un enfoque de gestión por procesos. Medellín

Sierra, Juan. (2017). Elementos para una historia sobre el Modelo de Acción de la corporación Región. Medellín

Sierra, Juan. (2018). Propuesta de Formación Ciudadana para el Centro de Estudios Región. Resultados de consultoría. Medellín.

Palabras clave:

Gestión, sostenibilidad, organizaciones sociales, oferta de valor, sociedad civil.

Notas al pie:

^{1 Para la elaboración de este texto se retomaron diferentes documentos internos producidos por socios y socias y personas del equipo de trabajo de Región. De manera particular, planteamientos de los siguientes textos: Corporación Región, Junta Directiva, (2011). Herrera, (2013), Corporación Región, (2014). Sierra (2017).
2 Herrera, 2013.
3 Región fue parte de la coordinación de la red global de organizaciones The Reality of Aid (2006 a 2012). Allí se produjeron varios reportes sobre las tendencias de la cooperación. Ver: Mito y realidad de la Ayuda al Desarrollo, 2009, 2010. (Fernández, 2010 y 2011).
4 Región participó en la plataforma internacional para la evaluación de la eficacia de las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores de desarrollo. Allí se desarrolló el concepto de “Ambiente habilitante”, como un cojunto de condiciones sociales, normativas y polítias, y como la posibilidad y el deber que tenían los Estados de crear entornos protectores de la organización social. Ver: https://www.csopartnership.org/cso-development-effectiveness}

Resumen

Las organizaciones sociales, como expresión de la sociedad civil organizada en Colombia, conforman una red extendida en todos los territorios del país. Su fortaleza se fundamenta en la diversidad, el conocimiento y la experticia para asumir realidades locales y regionales; también, en su contribución a concreción de los derechos y de la participación en los escenarios de incidencia de las políticas públicas que los garantizan. Sin embargo, se enfrentan permanentemente a situaciones y riesgos para permanecer en el tiempo, y continuar fortaleciendo su oferta de valor y su sostenibilidad técnica y financiera para actuar por derecho propio en el desarrollo.

Gestión y sostenibilidad de las organizaciones sociales: realidades, riesgos y retos.

Presentación

Las organizaciones sociales, como expresión de la sociedad civil organizada en Colombia, conforman una red extendida en todos los territorios del país. Su fortaleza se fundamenta en la diversidad, el conocimiento y la experticia para asumir realidades locales y regionales; también, en su contribución a concreción de los derechos y de la participación en los escenarios de incidencia de las políticas públicas que los garantizan. En las agendas internacionales de Desarrollo Sostenible¹ y de Efectividad de la Cooperación al Desarrollo², las OSC son reconocidas por su rol social y político como actor corresponsable del desarrollo.

Justamente, estas agendas globales, llaman a los gobiernos, a los organismos de cooperación y al sector empresarial, a asegurar a las OSC un ambiente habilitante y condiciones favorables para su acción³, lo cual se traduce en garantías para el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos que les permitan actuar permanentemente en las democracias. Pero aunque cuentan con este reconocimiento explícito, falta mayor compresión, por parte del sector público, empresarial y de la cooperación internacional, sobre su rol en la sociedad. Conocer y comprender las difíciles realidades que afrontan estas organizaciones, permitirá reconocer sus procesos, sus formas de trabajar, articularse y participar en lo público.

En este artículo compartiré las situaciones y los riesgos que enfrentan las OSC para permanecer en el tiempo, y una aproximación a lo que se entiende por sostenibilidad de las mismas, que indiscutiblemente pasa, por tener una oferta de valor construida colectivamente a lo largo de los años. Al final se plantean retos para que, mediante la acción colectiva, colaborativa y articulada, las organizaciones potencien sus roles y continúen fortaleciendo su oferta de valor y su sostenibilidad técnica y financiera para actuar por derecho propio en el desarrollo.

Realidades

La fuerza y el talante de las organizaciones sociales les ha permitido persistir y resistir a la estigmatización, la invisibilización, la deslegitimización de su accionar, su asimilación con el mercado y mucho más grave, amenazas, persecución y asesinato de lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por ello es prioritario reconocer su valor social en las comunidades y territorios; su experticia en la construcción de conocimientos y saberes aplicados e innovados; los aportes y contribuciones a temas tan relevantes para el país como la consolidación de la paz, el desarrollo, la igualdad de oportunidades, entre muchos otros. En síntesis, la trayectoria de las OSC muestra su capacidad de adaptación a contextos cambiantes para permanecer a lo largo del tiempo.

Ante estas condiciones impuestas por la realidad y los sistemas normativos, como la Reforma Tributaria⁴ y la Reforma a la Contratación Pública⁵, las organizaciones sociales colombianas siguen ahí, actuando en pro del desarrollo, convencidas de que la suma de sus acciones y esfuerzos, revertirá estas situaciones adversas y se logrará una re-significación de sus roles y contribuciones para hacer efectivos los derechos, bien sea porque aportan en su concreción o por que hacen seguimiento, monitoreo y denuncias y, continuarán asumiendo con entereza su tarea, a pesar de los riesgos que implica hacer visibles las problemáticas, las vulneraciones, las injusticias y las desigualdades.
El análisis acerca de cómo gestionar y hacer sostenible la acción de las organizaciones sociales, amerita revisar aspectos que en ocasiones, sobrepasan sus capacidades pues provienen de fuerzas y poderes políticos y económicos que arremeten contra las OSC desde miradas sesgadas, generalizaciones e imaginarios, causando daño a un número importante de organizaciones sociales legítimas que cumplen con todas las exigencias de ley.

En este contexto abordaré el análisis en dos ámbitos; el interno, que llamaré condiciones propias para la gestión y la acción de las organizaciones sociales, donde las reflexiones giran en torno a:
i. La oferta de valor que se tiene y que hace sostenible a la organización. ¿Para qué y para quién ser sostenible?
ii. El valor generado, la innovación social frente a lo que se hace. ¿Cómo se relaciona, articula y se crea valor colaborativo con otras organizaciones pares?
iii. La participación efectiva, la incidencia en el ciclo de las políticas públicas.
iv. La acción solidaria, como un aporte al sector social en el fortalecimiento de lo asociativo, de lo colectivo.

Reconocer el estado real de las condiciones propias y necesarias para la gestión y la acción, es una decisión autónoma y voluntaria de los órganos de gobierno interno para re-valorar su rol en la comunidad, en el territorio, y en los escenarios sociales, políticos, culturales y ambientales donde hacen efectiva su oferta de valor.

En el ámbito externo, el cual debe propiciar un ambiente habilitante o favorable para la acción libre, autónoma, basada en derechos y responsabilidades de las organizaciones, es necesario reflexionar sobre:

i. La confianza en la acción que gestionan las organizaciones, en la acción colaborativa y articulada con sus pares y con los otros actores del desarrollo.
ii. Las normas y regulaciones legales, de promoción y fomento, fiscales, y de inspección, vigilancia y control para que reconozcan la diversidad de las entidades sin ánimo de lucro; les brinden igualdad de condiciones, por ejemplo en el acceso a recursos públicos; y promuevan procesos de fortalecimiento pertinentes y oportunos adelantados por pares.
iii. La valoración y visibilización de los aportes sociales, laborales y fiscales, que las organizaciones hacen al desarrollo.
iv. Un mayor entendimiento y comprensión del sector empresarial, cooperativo, académico, y de otros actores como gobiernos y comunidad internacional, sobre el rol social, político y de desarrollo de las OSC.

Trascender la concepción tradicional, que ve a las organizaciones sociales como instancias de ayuda, caridad o asistencia, y como operadoras o ejecutoras de recursos y programas que generan relaciones verticales, de subordinación y dependencia, es una obligación tanto de los gobiernos que deben garantizar el Estado Social de Derecho como de los actores privados y especialmente, de la cooperación internacional.

Los dos ámbitos (interno y externo) plantean formas y alternativas para la sostenibilidad del ser: lo misional, la vocación social; y el saber hacer: la oferta de valor de las organizaciones, para contar con narrativas renovadas de la acción que realizan, para reposicionar y reivindicar su buen nombre, y muy especialmente, para invitar a creer y confiar en su acción y en sus contribuciones.

Con esta perspectiva, la Confederación Colombiana de ONG – CCONG, en colaboración con las organizaciones nacionales, las federaciones y los nodos territoriales de ONG, se propusieron valorar y fortalecer la oferta de valor, entendida como el conjunto de conocimientos, modelos de trabajo, metodologías y pedagogías que han desarrollado y aplicado a lo largo del tiempo y cuya pertinencia radica en la generación de valor, desde una acción basada en derechos, transformadora de realidades, creadora de competencias sociales y ciudadanas, que aporta al cumplimiento de agendas globales e incorpora en su acción, los ocho principios de la eficacia de las OSC al desarrollo⁶. Esta oferta de valor se diferencia de la de otros actores porque adopta prácticas de auto-regulación, transparencia y rendición social pública de cuentas; promueve la innovación social, el trabajo en red, la construcción de nuevo conocimiento, y es relevante, al propiciar con su acción, el diálogo político y aportar al diseño de políticas públicas, incidir en escenarios de participación y hacer monitoreo y control social.

La oferta de valor con la cual las organizaciones logran cambios y transformaciones sociales, es la mejor alternativa para garantizar, en la actualidad, su sostenibilidad y su permanencia en el tiempo. Iniciativas como el sistema de acreditación de las OSC⁷ y los ejercicios de rendición social pública de cuentas⁸ han permitido fortalecer la autonomía, la articulación y la incidencia, a partir de la legitimidad que les da su saber – hacer. Al respecto, Marín y Millares (2017) corroboraron la pertinencia de entender la sostenibilidad a partir de valorar la acción de las organizaciones; en su estudio de caso en cuatro países encontraron que:

“…la oferta de valor de las OSC les ha permitido ser exitosas (en términos procedimentales o sustanciales). Ello les garantiza lograr recursos de donantes, credibilidad entre los socios y legitimidad democrática” [...] la oferta de valor de cada una de las OSC latinoamericanas no es homogénea. Siempre dependerá́ de sus propias prácticas y de las temáticas en las que esté involucrada. Incluso, puede decirse que hay prácticas y metodologías que son usadas de manera reiterada porque son exitosas, pero siempre requieren ajustes locales que hacen parte del proceso de apropiación del nuevo conocimiento” (p. 196).

Lo anterior implica que las organizaciones revisen, tanto los elementos esenciales para la sostenibilidad, desde el ser y el saber hacer, como la legitimidad, el valor, la diferenciación y la relevancia de su acción.

Riesgos

En consecuencia, los riesgos que enfrentan y que afectan la sostenibilidad y permanencia en el tiempo, exigen un compromiso por parte del sector como colectivo y muy especialmente, del gobierno nacional y los gobiernos territoriales para contrarrestarlos y garantizar oportunidades en igualdad de condiciones para todos los actores del desarrollo. Estos riesgos son:

1. Hay pocas garantías para el ejercicio pleno de derechos civiles y políticos de las organizaciones sociales. El Monitor adelantado anualmente por Civicus⁹ es una herramienta para hacer seguimiento al estado de la sociedad civil y las libertades cívicas, (derecho a la vida, a la asociación, a la participación, al control social, a la denuncia) en 196 países y los clasifica en cerrado, reprimido, obstruido, estrecho y abierto, de acuerdo con las realidades del espacio cívico. Según el Monitor, el espacio cívico en Colombia está significativamente limitado; por lo tanto, su categoría es “reprimido”. La descripción del mismo indica que:

“las personas activas y los miembros de la sociedad civil que critican a los titulares de poder corren el riesgo de vigilancia, acoso, intimidación, encarcelamiento, lesiones y muerte. Si bien existen algunas organizaciones de la sociedad civil, su trabajo de defensa se ve obstaculizado regularmente y enfrentan amenazas de cancelación del registro y cierre por parte de las autoridades. Las personas que organizan o participan en protestas pacíficas probablemente sean blanco de las autoridades mediante el uso de fuerza excesiva, incluido el uso de munición real, y corren el riesgo de arrestos y detenciones masivas. Los medios de comunicación generalmente reflejan la posición del estado, y cualquier voz independiente es objeto de ataques rutinarios, ataques físicos o acoso legal prolongado. Los sitios web y las plataformas de redes sociales están bloqueados y el activismo en Internet está muy controlado”¹⁰.

2. El Marco Normativo desconoce la acción de las organizaciones sociales. Los datos demuestran que la reforma tributaria de 2016 desconoció las realidades de las organizaciones sociales y destruyó su capital social, especialmente en los territorios. Según información entregada a la CCONG, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a 31 de diciembre de 2017 estaban obligadas a presentar solicitud de permanencia en el régimen tributario especial, 170.100 ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) y tan solo 27.596 lo hicieron antes del 21 de mayo de 2018; fecha límite establecida en el Decreto 2150 de 2017.

Ese mismo decreto estableció la obligación de actualizar anualmente el registro web para continuar en el régimen tributario especial, a partir del año 2019. Al indagar por el número de ESAL, que debían cumplir con este proceso durante los primeros tres meses de 2019, incluidas las cooperativas, se informó que 50.779 organizaciones tenían que hacer el respectivo trámite, y que vencido el plazo, tan solo 18.950 habían realizado el proceso para continuar en el régimen tributario especial en el año.

Bien vale la pena preguntar ¿la reforma tributaria contribuyó a disminuir la corrupción?, pues ese fue el argumento que de manera irresponsable, el gobierno de turno esgrimió, endilgando este calificativo a las organizaciones sociales.

En cuanto a la reforma del reglamento de contratación entre entidades estatales y ESAL, y considerando la medida cautelar del Consejo de Estado¹¹, se observa que, a juicio del máximo tribunal administrativo, el ejecutivo pudo haber extralimitado sus funciones e incurrido en inconstitucionalidad e ilegalidad. Esta decisión también, deja claro que la contratación con ESAL, a que se refiere el articulo 355 de la Constitución de 1991, tiene un régimen jurídico especial y no pueden aplicarse normas del Estatuto de Contratación Estatal.

3. Las organizaciones sociales enfrentan desventajas para acceder a recursos públicos frente a actores como la cooperación internacional. Un monitoreo social realizado por la CCONG a los procesos de contratación de los recursos públicos del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2014-2018¹², con la Delegación de la Unión Europa, el Sistema de Naciones Unidas (8 Agencias) y la Agencia de Cooperación Alemana – GIZ, encontró los montos totales de la contratación, como se muestra en el cuadro 1.

Durante el período de análisis se hallaron 65 convenios suscritos con Organismos de Cooperación por un monto superior a los $118 millones de dólares, que corresponden a recursos públicos del PND. Se observa que no todos cumplen con el mandato de aportar el 50% de contrapartida como lo establece la norma, lo cual es una desventaja para las organizaciones sociales que deben aportar en contrapartida el 30% en dinero¹³, cuando no se someten a proceso competitivo (contratación directa). A los recursos públicos manejados por organismos de cooperación se les aplica el fuero de inviolabilidad de bienes, haberes y archivos, lo cual los sustrae del régimen de deberes y obligaciones en relación con la presentación de informes, supervisión y vigilancia, así como del régimen sancionatorio y de control fiscal solo por su calidad de organismo internacional.

Así mismo, se les otorgan exenciones que la contratación pública prohíbe para las ESAL, como por ejemplo, la subcontratación, la no exigencia del principio de anualidad presupuestal¹⁴, de rendición de cuentas públicas y el derecho de acceso a la información pública¹⁵, ni lo relacionado con la Ley del Estatuto Anticorrupción¹⁶, frente a las organizaciones privadas que ejecutan recursos públicos.

Estos privilegios se convierten en desventajas para que las organizaciones sociales accedan a los recursos públicos en igualdad de condiciones. Por lo tanto vale la pena preguntar ¿son legítimas las responsabilidades del cumplimiento de las metas de las políticas y programas del PND en manos de los Organismos de Cooperación es legítimo?

Retos

Afrontar la sostenibilidad de las organizaciones implica renovarnos de cara a los siguientes desafíos el continuo intento de equiparar al sector social y al sector con ánimo de lucro, y ii) el afán de convertir el rol de desarrollo, social y político propio de la oferta de valor de las OSC, en una acción meramente mercantil. Lo anterior promueve la idea falsa de que la sostenibilidad de las organizaciones sociales depende del desarrollo de actividades económicas, lo que desvirtúa su valor social, su vocación y su identidad propia.

Un estudio reciente sobre de la “Financiación de organizaciones y redes de la sociedad civil¹⁷” señala que: “La Ayuda Oficial al Desarrollo […] se encuentra en claro retroceso […] Su espacio está siendo ocupado por una amplia variedad de nuevos actores filántropos y mecanismos innovadores de financiación procedentes de contextos muy distintos.”

El estudio recomienda que “Para que la sociedad civil pueda prosperar, los donantes deben desarrollar nuevos sistemas y modalidades de financiación colaborativa y adaptada a cada contexto, a partir de las buenas prácticas”. Por tanto, las alternativas para sostener la oferta de valor de las organizaciones pasa por: reconocer la diversidad de actores que están en los territorios; trascender y establecer nuevas relaciones y articulaciones con el sector público, el empresariado y la cooperación internacional; avanzar hacia acciones colaborativas con las organizaciones sociales, en las que prime la confianza y se valoren sus diversos aportes técnicos, políticos y financieros; se requiere también, renovar las relaciones de solidaridad y no competencia entre las mismas OSC, movimientos sociales y demás actores del tercer sector. El fortalecimiento está en la “juntanza”, en el compartir encuentros, convergencias, propósitos e intereses superiores, lejos del individualismo y la acción aislada; la suma de conocimientos, saberes y acumulados pedagógicos, es potente para transformar la realidad y generar cambios sostenibles.

Por último, la sostenibilidad requiere con urgencia, reconstruir la narrativa sobre el rol de los actores sociales a partir de: Reconocer su aporte social, político y de desarrollo; revindicar su buen nombre y generar opinión entre la ciudadanía para reposicionar la acción y la incidencia de las OSC en los territorios; favorecer ambientes que garanticen los derechos civiles y políticos de las organizaciones y difundir por diferentes medios lo que hacen, lo que son, y lo que aportan a públicos estratégicos, desde la convergencia de propósitos, medios y tecnologías.

Referencias bibliográficas

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2016). Lo que hay que saber de las Entidades sin Ánimo de Lucro. Consultar en este enlace. 

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2016). ¿Estamos listas para la Agenda de Desarrollo Sostenible? Oferta de valor 2014-2015. Consultar en este enlace. 

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2018). Documento resumen Monitoreo Social: “El rol de la cooperación internacional en Colombia: su acción actual, un tema para reconsiderar”. Consultar en este enlace. 

INNPACTIA - CIVICUS. (2019). Informe sobre acceso a recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina. Datos y retos. Consultar en este enlace. 

FORUS. (2019). Financiación de organizaciones y redes de la sociedad civil. Estrategias potenciales para la financiación del Desarrollo en el siglo XXI, informe de investigación – mayo de 2019. Consultar en este enlace.

GPDEC. (2016). Documento Final de Nairobi con motivo de la segunda reunión de Alto Nivel de la Alianza Global sobre Eficacia de la Cooperación al Desarrollo. Consultar en este enlace.

INNPACTIA - CIVICUS. (2019). Informe sobre acceso a recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina. Datos y retos. Consultar en este enlace.

Marín Aranguren, E. M. y Millares Abella, N. (2017). Las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y su oferta de valor. Estudio de caso: México, Brasil, Colombia y Argentina. OASIS (25): 187-221.
DOI: https://doi.org/10.18601/16577558.n25.11

Mesa de Articulación de Plataformas Nacionales y Redes Regionales de América Latina y el Caribe. (2014). Estudio regional sobre mecanismos de financiación de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Consultar en este enlace.

Palabras clave:

Gestión, sostenibilidad, organizaciones sociales, oferta de valor, sociedad civil.

Notas al pie:

^{1 Consultar en este enlace.
2 Consultar en este enlace.
3 Consultar en este enlace.
4 Ley 1819 de 2016
5 Decreto 092 de 2017
6 Consultar los Principios de Eficacia de las OSC al Desarrollo en este enlace.
7 Consultar en este enlace. 
8 Consultar en este enlace. 
9 Consular en este enlace. 
10 Consultar en este enlace.
11 La medida cautelar consiste en la suspensión provisional del inciso segundo del artículo 1; los literales a y c y el inciso quinto del artículo 2, el inciso segundo del artículo 3 y el inciso final del artículo 4 del Decreto 092 de 2017. Consultar en este enlace.
12 Consultar en este enlace.
13 Decreto 092 de 2017. Ver la Guía de Colombia Compra Eficiente.
14 Esto de acuerdo con el concepto de la Contraloría del año 2002: “los recursos del Presupuesto General de la Nación que se ejecutan a través de la celebración de contratos con Organismos de Cooperación Internacional, como es el caso del PNUD, no están sujetos al principio de la anualidad presupuestal y por esta razón solo en el momento en que expira el plazo para el cumplimiento del objeto contractual se debe proceder a su liquidación para establecer el monto de las obligaciones a cargo de las partes. Si resultan saldos no ejecutados serán reintegrados a la Dirección General del Tesoro”
15 Ley 1712 de 2014.
16 Ley 1474 de 2011.
17 Consultar en este enlace.}