El confinamiento y las medidas tomadas para tratar de garantizar la educación desde la casa, están generando una cadena de impactos de tipo pedagógico, emocional, social y económico que afectan a docentes, estudiantes y sus familias.
Según la Unesco, 1.370 millones de niñas, niños y adolescentes, algo así como el 80% de la población estudiantil en el mundo, están viendo limitado o vulnerado su derecho a una educación de calidad, debido al cierre de instituciones de educación básica y universitaria. En América Latina ese porcentaje llega al 95%, es decir, casi 156 millones de estudiantes. En el caso colombiano, las entidades públicas y privadas cerraron el 16 de marzo (decreto 457 y la circular 20 del Ministerio de Educación) para evitar la propagación del virus, y a partir de allí se dictaron una serie de disposiciones buscando no parar y dar continuidad desde la casa.
Reconocemos que los ministerios de Educación Nacional, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las secretarías departamentales y municipales de educación reaccionaron de manera más o menos rápida, diseñando estrategias encaminadas a proteger el proceso formativo, centrándose mayoritariamente en la digitalización de contenidos, la entrega de guías y la virtualización del acompañamiento docente.
Sin embargo, la emergencia por el covid19 develó, como en otras situaciones críticas, la crueldad de un sistema económico que crea, mantiene y multiplica la desigualdad social, incrementando los índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la exclusión educativa y la pérdida de vida en las poblaciones históricamente al margen de los beneficios del desarrollo.
Justamente, estas condiciones contribuyen al fracaso actual de las estrategias de acompañamiento educativas basadas, por ejemplo, en la virtualidad; para ilustrarlo basta con mirar el censo 2018 (DANE), donde se plantea que solo el 50,8% de los hogares en las cabeceras municipales cuenta con computador, pero más dramática aún es la realidad en los corregimientos y zonas rurales dispersas, donde apenas el 9,4% de las familias tienen este recurso tecnológico. Un dato parecido lo presenta el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana: según cifras del ICFES 2018, el 63% de estudiantes matriculados en educación media de colegios oficiales no tienen acceso a internet ni computador en su casa, y en el 96% de los municipios son más del 50% de estudiantes de escuelas públicas tampoco cuentan con acceso a internet ni computador, una cifra vergonzosa.
Estos datos, además de demostrar la magnitud de la marginación educativa en el país, evidencian la lamentable brecha existente entre lo rural y lo urbano. Hay impactos inmediatos, como la exclusión de un gran porcentaje de la población estudiantil de las estrategias de continuidad educativa virtuales y de distribución de material físico; sin embargo, el gobierno nacional, y las administraciones regionales y locales, deben prepararse para atender las problemáticas de salud mental en la infancia y la juventud, ocasionadas por factores como la pérdida de espacios de sociabilidad posibilitados por la escuela o la universidad, además de la terrible huella de la violencia intrafamiliar, que según estimaciones del Observatorio Colombiano de las Mujeres aumentó en 175%. En los próximos meses se prevé mayor deserción, un bajón considerable en los aprendizajes y crecimiento de los porcentajes de repitencia.
De otro lado, la carga laboral asignada al magisterio se ha incrementado, la falta de conocimientos y la precaria preparación para afrontar la educación virtual o a distancia generan mucha angustia y trastornos de ansiedad y fatiga. Con respecto al efecto en las familias, podríamos decir que están ante un fenómeno nocivo de escolarización de las relaciones familiares, viéndose presionadas por un sinnúmero de deberes académicos, que en muchos casos superan las capacidades de orientación de madres, padres, y cuidadores. Importante mencionar que en Colombia existe un 5,24% de analfabetismo y que en las zonas rurales asciende al 12,6%, lo que se convierte en una amenaza para la continuidad en el sistema educativo de estudiantes cuyos familiares no han podido acceder a su derecho a la educación.
Entender la complejidad de las afectaciones al derecho a la educación en esta pandemia permitiría al país diseñar e implementar estrategias de mitigación y restablecimiento de manera más eficiente y pertinente. Dicho desde un lenguaje de gestión integral del riesgo, facilitaría el desarrollo de acciones duraderas que contrarresten directamente las causas estructurales que potencian las vulnerabilidades ante una crisis. En este sentido, hacemos un llamado al gobierno nacional y a los gobiernos locales para avanzar en la identificación e implementación de acciones duraderas que garanticen el derecho a la educación en el contexto de la atención, mitigación y superación de la emergencia. Desde nuestra experiencia institucional proponemos algunas de estas posibles acciones:
- Democratizar el acceso a la tecnología y a la información. Esto significa por lo menos tres cosas: desarrollar una campaña contundente de distribución de recursos tecnológicos tanto en las instituciones educativas como en las familias más vulnerables, ampliar y mejorar las coberturas a internet y democratizar el acceso a información de bibliotecas públicas y de universidades; además de la vigilancia del mercado de contenidos digitales para evitar los monopolios y las restricciones a información de fuente diversa.
- Construir participativamente un plan de apertura con docentes, familias y comunidad. La reapertura de las instituciones educativas precisa la construcción de un plan que mitigue la deserción estudiantil y logre atraerles de vuelta, que contemple un acompañamiento psicosocial que les ayude a recuperarse de los impactos emocionales del confinamiento, desactivar el miedo y elaborar el duelo por la pérdida de vidas de familiares, vecinos, cercanos y la de cientos de colombianos y de miles de personas en todo el mundo.
- Mejoramiento de la infraestructura educativa y dotación de elementos de bioseguridad. Pensar la reapertura de las escuelas en el país significa que el magisterio, estudiantes, personal administrativo y de servicios generales tengan garantizado el acceso al agua, a baterías sanitarias dignas, mejoramiento de salones y elementos básicos de bioseguridad suficientes y de buena calidad.
- Provisión de docentes y tutores que acompañen la distribución de estudiantes en grupos pequeños y que diseñen y desarrollen estrategias de convivencia y sociabilidad, basadas en actividades artísticas y lúdicas que mitiguen el distanciamiento físico evitando el riesgo de contagio.
Está claro que la pandemia profundiza la crisis social, económica, ambiental y cultural, tocando los cimientos de lo que hoy conocemos como modelo educativo y descubriendo, una vez más, su ineficiencia, su desarticulación y las desigualdades que produce. Por lo tanto, la invitación es a no detenernos en resanar las grandes grietas que quedaron al desnudo y reconocer que este es un modelo incapaz de liderar la transformación de la sociedad y de sostener un nuevo pacto ético con nosotros mismos, con los demás y con el planeta.
La tarea que nos debe ocupar como ciudadanía es avanzar en la construcción de una nueva propuesta que genere un cambio en el paradigma pedagógico del país, desde una educación que parta del reconocimiento de los saberes territoriales y culturales, que se conecte con la dimensión estética de estudiantes, docentes, familias y comunidad y que logre poner en el centro los problemas que nos aquejan como sociedad. Una educación menos enfocada en los contenidos y en las competencias individuales y que transite más bien hacia un currículo basado en capacidades colectivas y habilidades para el buen vivir.
