La estructura del Estado es ante todo una cuestión política, no solo técnica, como en muchos casos quieren presentarla. Las decisiones que se toman a nivel administrativo definen prioridades y jerarquías en la asignación de los recursos públicos que tienen repercusiones en toda la ciudadanía. En temas como la equidad de género, estas decisiones también responden a las reivindicaciones de movimientos sociales que buscan que sus necesidades y propuestas sean atendidas a través de las acciones estatales. En este sentido, cualquier intento por crear, modificar o eliminar dependencias del Estado, debería considerar tanto la eficiencia administrativa, como los intereses políticos en disputa.
En el mes de marzo, la Asamblea Departamental le otorgó facultades extraordinarias al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para realizar el rediseño institucional que considerase necesario. A inicios de julio, se anunció un proyecto que modificaría la estructura administrativa del departamento, pasando de 33 a 17 dependencias de primer nivel; el gobernador argumentó que con este ajuste cumplía con su promesa de campaña de gobernar con austeridad y permitía un ahorro, durante el cuatrienio, de 69 mil millones de pesos que irían a inversión social.
Frente al escueto comunicado de la administración departamental, en el que se dieron a conocer los cambios propuestos, uno de los ajustes que más polémica generó fue el relacionado con la Secretaría de las Mujeres. La transformación propuesta buscaba que esta dependencia quedara integrada por el Sistema Departamental del Cuidado y dos gerencias que, en la actualidad, funcionan de manera independiente: Maná, dedicada a la soberanía alimentaria, e Infancia y Adolescencia. Además, que pasaría a llamarse Secretaría de las Mujeres y del Cuidado.
Esta modificación, que el gobernador Rendón presentó como administrativa, motivó la rápida reacción del movimiento social de mujeres, quienes desde un espacio denominado “Asamblea Permanente de Mujeres”, en el cual se articularon lideresas sociales y comunitarias de todas las subregiones del departamento, rechazaron tajantemente los cambios propuestos a la secretaría. Con plantones, protestas y acciones de incidencia, las mujeres le propusieron una discusión política al gobernador, evidenciando que con los ajustes anunciados se estaría pasando de un enfoque de derechos humanos de las mujeres a un enfoque familiarista, en el que las tareas de la crianza y el cuidado recaen nuevamente sobre las mujeres. Esto sería un gran retroceso para una dependencia cuyo principal propósito es el cierre de brechas de género.
Los argumentos y la presión ejercida por la Asamblea Permanente lograron que la Gobernación reversara los cambios propuestos para este despacho. Esto, sin duda, es un nuevo hito para el movimiento social de mujeres, quienes con su fuerza y resistencia defendieron una estructura estatal coherente con sus reivindicaciones históricas y demostraron que en Antioquia no hay ni habrá reestructuración sin su participación. Además, con sus distintas interpelaciones, develaron las limitaciones discursivas y técnicas de Rendón y su equipo.
Tres meses después de haber aprobado las facultades extraordinarias del gobernador, se realizó en la Asamblea un debate de control político en el que la administración departamental presentó en detalle la propuesta de reestructuración. Esta sesión suscitó más preguntas que respuestas y, de paso, evidenció la ligereza de la decisión tomada por los honorables diputados, quienes dieron carta blanca al gobernador con muy poca información. Si bien se presentó un informe interno para respaldar los cambios anunciados, lo único que se pudo mostrar es que la transformación propuesta aún estaba en fase de diseño, y que ninguno de los estudios técnicos que la respaldaba estaba terminado.
Durante los seis meses que la Asamblea le otorgó al gobernador para elaborar el rediseño institucional –que finalizan el 6 de septiembre–, este se limitó a reiterar en medios de comunicación y redes sociales que el Estado en Colombia es grande e ineficiente, por lo que es necesario reducir el gasto burocrático para invertir en programas sociales. Sin embargo, ni las mujeres ni la demás ciudadanía interesada en el tema conoció de parte suya o de sus funcionarios las razones técnicas y políticas que fundamentan dicho rediseño.
Ahora, sobre el argumento del tamaño del Estado es importante señalar que el Estado colombiano es pequeño si se compara, por ejemplo, con los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la liga en la que se quiere jugar en la geopolítica internacional. Además, la Gobernación no ha entregado datos que corroboren esta idea, esencialmente porque nunca ha contado con ejercicios de evaluación sistemáticos sobre las políticas que implementa ni sobre el desempeño de sus dependencias, así que no es posible asegurar que su eficiencia está directamente relacionada con el tamaño del aparato administrativo. Y frente la tesis de reducir la burocracia para incrementar la inversión en los programas sociales, llama la atención que precisamente los más afectados con el rediseño propuesto son los procesos relacionados con mujeres, niñez, cultura y grupos étnicos, quienes pierden en enfoque y en capacidad para llevar a cabo las acciones relacionadas con estas poblaciones.
Sabemos que siempre será necesario revisar y adecuar la estructura del Estado para buscar mayor eficiencia, pero es fundamental que estos procesos incluyan las consultas y consensos necesarios con los diferentes actores implicados, tanto dentro como fuera del gobierno. Además, justamente para garantizar el buen funcionamiento del aparato estatal, es necesario que las transformaciones cuenten con estudios técnicos rigurosos y claros.
Con o sin rediseño institucional, lo que Antioquia necesita es un gobierno y una estructura administrativa que garanticen de manera integral los derechos de los cerca de siete millones de personas que vivimos en este departamento, y que sea capaz de reducir la desigualdad que hoy mantiene en la pobreza a casi dos millones de personas. El movimiento de mujeres lo ha repetido y en Región nos sumamos a este llamado: el argumento de austeridad del gobernador no puede poner en riesgo ni la vida ni los derechos de los diversos sectores y poblaciones de este territorio.
