Por: Max Yuri Gil Ramírez
Socio de la Corporación Región
La derrota del Sí en el plebiscito del pasado 2 de octubre obligó tanto al gobierno nacional como a las Farc a revisar el Acuerdo logrado, tratando de dar cuenta de los ajustes que sean factibles con el espíritu general de un acuerdo de paz que busca poner fin de manera negociada a décadas de confrontación armada. Esto es aún más complejo si se tiene presente que no hay un consenso claro sobre los contenidos explícitos a renegociar entre las diferentes fuerzas y sectores que confluyen en la heterogénea coalición que impulsó el No y que, como ha quedado claro en las últimas semanas, dentro de las propuestas existentes hay algunas de ajustes factibles, otras difíciles de negociar y unas claramente inviables pues van en contravía de lo esencial que se acordó.
En materia de víctimas, el Acuerdo logró, luego de una ardua negociación de casi 18 meses, construir un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que además tiene en el centro de sus preocupaciones la garantía de los derechos de las víctimas. En este sentido, destaco los siguientes elementos como asuntos que deben ser preservados en medio de la renegociación.
1. El Acuerdo de víctimas busca dar cuenta de las diferentes dinámicas y responsables de conductas que pueden ser consideradas tanto violaciones de derechos humanos como infracciones al derecho internacional humanitario. Por ello este debe cobijar tanto a integrantes de la guerrilla de las Farc como a agentes estatales y lo que en el acuerdo se denominan terceros civiles, que son aquellos que hayan patrocinado, instigado o se hayan lucrado de crímenes cometidos durante el conflicto armado. Pretender desconocer la responsabilidad de otros actores distintos a las Farc o promover “alivios judiciales” para los integrantes de la fuerza pública condenados, claramente es una pretensión que busca negar legitimidad y reconocimiento a un amplio número de víctimas y es una estrategia descarada de impunidad.
2. La creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es una oportunidad para conocer de manera confiable las motivaciones que estuvieron detrás del accionar de los actores del conflicto armado, y esclarecer las responsabilidades especialmente de los determinadores de las conductas que produjeron más de 8 millones de víctimas. No es suficiente saber quiénes fueron los ejecutores, necesitamos saber quiénes fueron responsables y beneficiarios. Adicionalmente, este es un instrumento de carácter extrajudicial, de obligatoria comparecencia para quienes quieran obtener penas alternativas y de manera muy significativa, un componente fundamental en perspectiva de no repetición. Debemos asumir el reto de esclarecer el pasado y el presente para poder avanzar en la construcción de una sociedad más democrática en el inmediato futuro.
3. La creación de una Jurisdicción Especial de Paz es una buena decisión de cara a procesar y juzgar miles de delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Sabemos que la justicia ordinaria ha sido insuficiente en la lucha contra la impunidad y que debemos habilitar un mecanismo especial para procesar los crímenes cometidos, lo que hace absolutamente necesario que esta Jurisdicción garantice neutralidad e imparcialidad frente a quienes van a comparecer. Por esto, se deben adoptar y mantener lineamientos como su independencia frente a la rama judicial y la Fiscalía, dado que estas instituciones en no pocas ocasiones han sido funcionales a la criminalidad paramilitar y estatal.
4. Se deben mantener igualmente los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición tales como la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; la adopción y fortalecimiento de las Medidas de reparación integral para la construcción de paz; y Garantías de no repetición, entendidas estas últimas como el resultado de la implementación de los diferentes mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; las medidas acordadas en el Punto de la Agenda del Acuerdo General “Fin del Conflicto”, que deben garantizar la terminación definitiva del conflicto armado; y todos los puntos del Acuerdo Final en materia de Reforma Rural Integral, Apertura Democrática para Construir la Paz y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Estas medidas buscan cambiar las causas y condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.
Obviamente, hay elementos del Acuerdo que deben ser revisados, precisados y ajustados. Asuntos como la articulación con la justicia ordinaria y la justicia penal militar, el aporte de las Farc a la reparación de las víctimas, el tiempo de funcionamiento de la JEP y quien hará las veces de tribunal de cierre, junto con la revisión de sentencias, son asuntos que deben ser considerados. También ayudan a la redefinición las reuniones con diferentes sectores críticos del Acuerdo, con víctimas de las Farc y con organizaciones de integrantes de la fuerza pública que están condenados; esto, junto a los actos de petición de perdón que han realizado las Farc en Bojayá, La Chinita en Apartadó y con los familiares de los diputados del Valle del Cauca, incide para dar un mensaje de que hay un sincero compromiso con los derechos de las víctimas.
Finalmente, es fundamental que se mantenga la esencia de lo acordado en materia de garantía de los derechos de las víctimas. Considero que en este punto, en especial en asuntos como el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en el cual todas las partes cometieron graves crímenes, y en la importancia de saber la verdad de lo que pasó, nos jugamos una buena parte del potencial de transformación que el Acuerdo contiene. Por eso mismo, sin duda es uno de los puntos más difíciles de negociar con los partidarios del No, enemigos de que en Colombia se sepa una buena parte de la verdad de lo que nos pasó y que se conozcan las responsabilidades que había detrás de las acciones de violencia de los actores armados. Admitir retrocesos en los derechos de las víctimas y en su centralidad es inaceptable, no dignifica a las víctimas, contribuye a la impunidad y va en contra de garantizar que en Colombia la violencia nunca más sea un mecanismo legítimo para defender o impugnar el poder político.
