El cuatro de julio se cumplieron treinta años de la promulgación de la Constitución Política de Colombia, conmemoración que ha generado diversos balances sobre los avances y dificultades de su implementación y los retos para lograr su cumplimiento integral. Este aniversario coincide con una agitada coyuntura social, económica y política, marcada por numerosas manifestaciones sociales que interpelan su vigencia y pertinencia para responder a la situación actual del país.
La Constitución del 91 nace precedida —e incluso acompañada— de un ambiente que no parecía favorecerla, una profunda crisis de violencias ligadas al narcotráfico, las guerrillas y el surgimiento del paramilitarismo, un sistema político anacrónico e ineficiente y una ciudadanía cansada de las múltiples inequidades sociales, territoriales y poblacionales, pusieron en duda los efectos que tendría la naciente Carta Magna. Sin embargo, esta logró abrir las puertas a un nuevo país, convirtiéndose en un referente de progresismo legislativo. Según el presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo, son varias las transformaciones significativas que trajo consigo la Constitución: “haber adoptado como forma de organización política el Estado Social de Derecho y un modelo de democracia, participativa y pluralista, proclamar la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, ampliar la carta de derechos y contemplar acciones constitucionales para su defensa; abrir canales de participación en la vida económica, social y política; apostar por la profundización de la democracia, y disponer mecanismos para la moralización de la función pública y la modernización de las instituciones”. El reconocimiento de un Estado, laico pluriétnico y multicultural y la inclusión de normas para la promoción de la equidad de género y la defensa del medio ambiente, hablan de una Constitución a la altura de las demandas de una ciudadanía que se preparaba para los retos de un nuevo siglo.
Región, como muchas otras organizaciones sociales de la ciudad nacidas a finales de los ochenta, es hija de la Constitución; nuestra historia institucional ha estado inspirada en el pacto colectivo que subscribimos en 1991: Construir una sociedad justa, democrática y en paz. En su momento dijimos que la ANC lo hizo bien y que finalmente en Colombia teníamos una Carta moderna, democrática y de avanzada que permitiría la reconstrucción del país. Al tiempo, señalamos que este nuevo estatuto era un acuerdo formal que requería de desarrollos legislativos y apropiación y ejercicio ciudadano para lograr las transformaciones proyectadas (Boletín Desde la Región #6, agosto 1991). Treinta años después en esa misma vía, afirmamos que La Constitución contiene todos los elementos necesarios para posibilitarnos vivir en un Estado garante y en una democracia plural, pero su cumplimiento no ha sido del todo efectivo ni en su espíritu ni en su desarrollo normativo. Para identificar los grandes retos sociales y políticos del país, en el marco de esta Constitución, analizaremos tres temas centrales.
Con esta Carta optamos por un modelo de Estado Social de Derecho, es decir, un Estado cuya principal función social es el reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos para todas las personas, y de los derechos colectivos de las comunidades y de toda la sociedad. En este modelo el Estado es garante y principal responsable por esta razón, se incluyó la Acción de Tutela como mecanismo judicial para que la ciudanía pudiera reclamar la protección inmediata de sus derechos. Si bien el alto uso de la tutela (más de ocho millones interpuestas desde 1992) demuestra el nivel de apropiación por parte de la ciudadanía de este mecanismo, es también una evidencia del gran déficit en la protección de derechos por parte del Estado colombiano. Si a esto se suma las cifras actuales de pobreza, desempleo, acceso a la educación, a la salud (aspecto que con la pandemia se han agudizado) y otros asuntos que las recientes movilizaciones han visibilizado, podemos evidenciar que el Estado social de derecho ha tenido un cumplimiento limitado.
Con la Constitución del 91 declaramos también que elegimos un Estado y una sociedad democrática. La democracia como modelo político está en el corazón constitucional y por eso se declara que la soberanía reside en el pueblo, resaltando por lo tanto el poder del ciudadano como constituyente primario y optando además por la democracia participativa, lo cual abrió un amplio espectro para la participación ciudadana. Desde el punto de vista social y político, un avance importante cimentado en la Constitución, es la expresión, la participación y la incidencia ciudadanas. Así, el Estado ha tenido que dejar su poder absolutista porque desde 1991 se cuenta con el contrapeso de la ciudadanía expresándose. Si bien en este aspecto hay desencantos acumulados, también existe más amplitud y diversidad de matices en la participación de la ciudadanía, a partir del texto constitucional y las leyes y las políticas públicas que las han materializado. Los gobiernos, a pesar de su pulsión autoritaria, han debido acatar la soberanía popular del mandato constitucional, recordado por diferentes expresiones y movilizaciones de las organizaciones sociales. Sin embargo, lo que la situación actual de Colombia nos muestra, en términos del constreñimiento a la protesta pacífica, las pocas garantías para los procesos electorales en determinados territorios, los reducidos canales de diálogo con el actual gobierno y organismos colegiados, los obstáculos para realizar control social a la gestión pública, nos lleva a preguntarnos por la intensidad de nuestra democracia participativa y los grandes retos para hacerla realidad en todo el territorio nacional.
Tal vez una de las promesas más significativas de la Constitución fue la paz. Su inclusión en el ordenamiento jurídico como un derecho fundamental y un fin del Estado, parecía representar la posibilidad de cerrar el largo ciclo de violencia que azotaba al país. Si bien su entrada en vigencia fue determinante para consolidar los procesos de negociación con el M-19, el PRT, el EPL y el Quintín Lame y para concretar las negociaciones con un sector del ELN y algunas milicias, lo cual contribuyó a matizar la violencia en varias zonas del país, en ningún momento hemos podido hablar de una nación en paz. Veinticinco años después, algunos analistas plantearon que el Acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el Gobierno, era una profundización de lo que ya teníamos, es decir, que el cumplimiento radical de nuestra Constitución debería abrir los caminos necesarios para materializar los cinco puntos del Acuerdo. Sin embargo, a cuatro años y medio de la firma, el panorama sigue siendo de luces y sombras, logros como el cese al fuego, la dejación de armas y la transformación de las Farc en un partido político, contrastan con el asesinato de excombatientes, las amenazas y muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el aumento de las masacres en distintos territorios del país. La paz sigue siendo esa promesa que muchas personas se esfuerzan por concretar cada día y que otras tantas, intentan volver trizas para continuar la guerra.
Finalmente, queremos recordar que la Asamblea Nacional Constituyente fue un logro de las juventudes de ese momento, que a través del movimiento de la Séptima Papeleta le dieron un giro a la historia del país. Dicha Asamblea se conformó con un amplio y diverso grupo de actores y sectores, que alcanzaron el mayor consenso social y político de los últimos años. Estos dos hechos son referentes que deben servirnos para afrontar la compleja y crítica realidad que vivimos en Colombia y que pareciera tener como única salida la violencia y la polarización. La Constitución nos mostró que es posible buscar y encontrar espacios y mecanismos para hacer acuerdos sobre lo fundamental. Al igual que en el 91, hoy contamos con unas juventudes activas, comprometidas y dispuestas a promover las transformaciones que el país requiere, pero a diferencia de ese momento, hoy tenemos un marco normativo que favorece la garantía de derechos y libertades, la paz, la inclusión social, el respeto a la diversidad étnica y territorial, la paridad e inclusión de las mujeres, el cuidado de la vida y, en general, las perspectivas diferenciales aplicables a todos los derechos.
Nuestro compromiso como sociedad, es disponernos a encontrar las alternativas para revisar, actualizar y renovar los grandes pactos que nos permitan continuar avanzando hacia el horizonte que colectivamente nos trazamos hace treinta años.
