La posibilidad legal de reconocer a las víctimas del conflicto armado en Colombia, surge formalmente con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), un derecho esencial para una sociedad en posconflicto, donde todo Estado debe reconocer su responsabilidad por acción u omisión en los hechos del conflicto armado, como parte de su deber de memoria; dicho reconocimiento, debe ir acompañado de la implementación de un proceso de verdad y justicia que comprometa a todo interviniente en los hechos atroces, con el fin de esclarecer lo acontecido y, por lo tanto, generar condiciones de no repetición y reconciliación.
Ese proceso había sido entendido por las víctimas del conflicto armado, antes de las leyes que, por primera vez, tocaron los asuntos nodales para lograr terminar cualquier conflicto: búsqueda de verdad, ejercicios para la memoria individual y colectiva, denuncia para alcanzar justicia, exigencia de reparación e incidencia para generar políticas que eviten la repetición de los hechos violentos. Desde distintas regiones del país y con diversos repertorios de acción colectiva, grupos de víctimas levantaron su voz para pedir a los actores armados el fin de la confrontación y, al Estado, las garantías para la defensa de la vida y el territorio, además de propiciar los escenarios necesarios para la salida negociada al conflicto armado pues, demostraron que la militarización y las políticas represivas, fueron generadoras de más violencia.
Con el Acuerdo de Paz firmado en La Habana, las víctimas ratificaron la importancia de su participación en la reconstrucción del país y además, de llenar de sentido un proceso de negociación con ellas, como centro de la acción, aportaron a la consolidación de un sistema para garantizar sus exigencias de tantos años de lucha y movilización social. La creación de los tres mecanismos que hoy componen el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no repetición: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz, hoy son el estandarte de un proceso que avanza, a pesar de los incumplimientos sistemáticos desde el momento mismo de la desmovilización y entrega de armas de las FARC, hasta las acciones solapadas del partido de gobierno para cumplir su promesa de hacer trizas la paz.
La importancia de este día de conmemoración y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, consagrado en la Ley 1448, es el llamado que nos hace, como sociedad, a priorizar a las víctimas en el proceso que vivimos y, por lo tanto, que por encima de las vicisitudes, debe ser, un asunto colectivo tan fuerte como el principio etimológico mismo del término solidaridad, del latín solidus: sólido, firme y macizo. Respaldar la institucionalidad de paz, la expresión más fidedigna del deseo de quienes por años padecieron el conflicto, es la manera en que, siguiendo con la etimología, podremos soldar y consolidar, en el sentido de “cerrar una herida”, para transformar lo vivido.
De hecho, la gran pregunta y deuda de hoy, es sobre las nuevas víctimas de la reconfiguración del conflicto; ¿cómo solidarizarnos con líderes y lideresas sociales, comunidades negras, campesinas e indígenas que están siendo vulneradas actualmente en el país? pues en medio del proceso de soldar el pasado, seguimos sumando víctimas que piden nuestra atención y movilización en la exigencia de un mayor compromiso del Estado y el gobierno nacional, con su protección y la de sus territorios.
Un país que ha dado la espalda a sus problemas estructurales y que no construye sobre las oportunidades históricas para superar sus conflictos, estanca la posibilidad de avanzar hacia la democracia y la convivencia pacífica. Hoy tenemos la ocasión de ser solidarios, de respaldar y acompañar la decisión de muchos colectivos y organizaciones de víctimas que ya dieron pasos hacia la transición y la reconciliación.
Daniel Botero.
Comunicador Social y Mg. En Ciencias Sociales. Socio de la Corporación Región.
