Las organizaciones de la sociedad civil que por décadas hemos denunciado como la exclusión y la desigualdad educativa profundizan la pobreza, impiden la movilidad social, alimentan las conflictividades armadas y desestimulan el ejercicio pleno de la ciudadanía, hoy celebramos con alegría y esperanza la aprobación en segundo debate en la Cámara de Representantes de la ponencia de la ley estatutaria que regula el Derecho a la Educación en Colombia.
Con esta ley se cumple una promesa hecha hace 30 años —desde la Ley General de Educación—, ya que sintetiza una extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional, aporta seguridad jurídica a los avances sociales, culturales y políticos sobre el contenido del derecho y, especialmente, concreta en garantías las aspiraciones de la sociedad colombiana sobre la educación que desea.
El proceso de diseño de la ley ha sido reconocido —inclusive por quienes han tomado distancia de su sentido y estructura—, por su amplia participación, a través de mesas de trabajo sectoriales y poblacionales, formularios en línea y audiencias públicas regionales en las que se recogieron propuestas de modificación, inclusión o eliminación de artículos. En la Cámara de Representantes, por ejemplo, fueron radicadas más de 300 proposiciones entre la primera y segunda ponencia, lo que demuestra que el ejercicio mismo de construcción representó, y lo sigue haciendo, una expresión de la movilización ciudadana.
La ley estatutaria define la educación inicial (Art. 15), la educación básica (Art. 16), la educación media (Art. 17) y la educación superior (Art. 18) como derecho fundamental. Y así, busca transformar realidades tan vergonzosas como que de cada 100 niños y niñas que ingresan a primaria, solo 44 estudiantes culminen el grado 11, y apenas 39 logren acceder a la educación superior. Revertir esta situación de exclusión es posible desde un sistema educativo articulado, con enfoque territorial y centrado en el cierre de brechas entre lo rural y lo urbano, y en la eliminación de obstáculos para el acceso, la calidad y la permanencia de poblaciones discriminadas o marginadas, entre las que están víctimas del conflicto armado, excombatientes y personas privadas de la libertad, entre otras.
Precisamente esta es la dirección en la que la ley propone avanzar cuando plantea que “el Estado y todas sus autoridades en todos los niveles promoverá las condiciones e infraestructuras necesarias para el cierre de brechas de forma real y efectiva a favor de grupos discriminados o marginados en los diferentes niveles, tipos, modalidades y formas de educación”. (Artículo 19°). Pero no se queda allí, fruto del proceso de participación incorpora en su articulado el derecho fundamental a la educación del campesinado y personas en la ruralidad, vistos como sujetos de especial protección y reconociendo “sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, migratorias, organizativas, culturales y turísticas que los distinguen de otros grupos sociales”. (Art. 20)
Por supuesto, este proyecto de ley tiene algunos aspectos que aún es necesario debatir y mejorar. Llama la atención, por ejemplo, la mirada sobre las víctimas del conflicto armado interno y su derecho a la educación. En este punto consideramos que el texto se queda corto en su definición, pues no integra los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad, el cual define y documenta, como ya otras organizaciones lo habíamos hecho, que la educación como bien público ha sido víctima de la guerra. En consecuencia, se precisaría de una estrategia de reparación transformadora que proteja social y culturalmente a la educación. De igual manera, se extraña que no mencione la declaración de Escuelas Seguras como mecanismo de acción concreta para proteger las I.E. en contextos de confrontación armada.
Otras de las críticas al documento presentado por el Ministerio de Educación se centran en que este no permite diferenciar entre las obligaciones que el Estado debe asumir de manera inmediata para avanzar en la garantía integral de este derecho, y aquellas que podría ir cumpliendo de manera progresiva. En este cuestionamiento está en juego la definición y alcance de lo que se ha denominado “el núcleo esencial del derecho a la educación”. Por ello consideramos que es posible precisar los planteamientos del proyecto de ley, acudiendo a la normatividad internacional y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los cuales se ofrecen lineamientos para tomar este tipo de decisiones delimitando los alcances del derecho y sus ámbitos de aplicación.
Con relación al tema de la financiación también se han suscitado muchas discusiones. Aunque es claro que por el carácter estatutario de esta ley no se precisa un concepto fiscal, se mantiene la pregunta por los efectos presupuestales que pueden generar las normas, programas o proyectos que se requieran para su implementación. Dado que esta no es una reflexión menor, sería muy importante que los ministerios de Educación y Hacienda habilitaran espacios para analizar en detalle los temas relacionados con los costos, los recursos disponibles y la sostenibilidad de la ley. Esto por supuesto, sin perder de vista que una de las obligaciones clave del componente de Asequibilidad es realizar un máximo esfuerzo presupuestal, teniendo presente lo que ha reiterado innumerables veces la Comisión Colombiana por el Derecho a la Educación: sin justicia fiscal no hay derecho a la educación.
Estos y otros aspectos que desde distintos sectores se han planteado aún pueden ser discutidos y concertados en los debates que la ley debe surtir en el Senado; sin embargo, estamos ante un gran riesgo, y es que no se logre adelantar este trámite antes de finalizar esta legislatura el próximo 20 de junio, lo que ocasionaría el archivo de esta importante iniciativa, limitando a la población el acceso pleno a este derecho fundamental.
Como muchos analistas han dicho, la concreción y aprobación de la ley estatutaria demostraría que podemos trabajar desde las diferencias por objetivos superiores, que todavía como sociedad podemos encontrar sentidos comunes y proyectos de país que nos congreguen. Convencidos de esto nos sumamos al llamado de las organizaciones sociales y entidades que trabajan por la educación en el país para concertar un Pacto Nacional por la Educación* , que posibilite que se den los debates que faltan en el Senado y se apruebe la ley.
En estos momentos nos vienen a la memoria los rostros de las madres y padres, estudiantes, docentes y directivas de instituciones educativas de municipios como Liborina, Concordia, San Rafael, Turbo, Necoclí, Quibdó, Riosucio, Alto Baudó, Nóvita, Ayapel, Tierralta, Puerto Libertador y muchos otros, que durante años nos han permitido acompañarles a través de diversos proyectos, enseñándonos lo que implica la garantía integral del derecho a la educación. Por ellos, y por todos los demás territorios de este país que han padecido los efectos de la desigualdad y la exclusión, creemos que vale la pena seguir luchando por la educación como un bien común que permita consolidar una sociedad justa, democrática y en paz.
