La solidaridad y la acción colectiva atraviesan la historia de Colombia como territorio y como sociedad. Ante un Estado indiferente o incapaz, la gente se ha unido para abrir carreteras, construir acueductos, arreglar escuelas y levantar espacios comunitarios. Rifas, empanadas, bingos, bazares, convites y vacas han servido para financiar todas estas obras y para ayudar en situaciones de crisis.
Desde finales de marzo, la Gobernación de Antioquia impulsa una vaca que busca enmarcarse en estos principios de solidaridad, unión y compromiso social, con el propósito de recaudar un billón de pesos, dinero faltante para terminar las vías 4G, con aportes ciudadanos voluntarios. Sin embargo, una lectura amplia y detallada del panorama político nacional y regional, permite ver, además de lo irreal del objetivo, que esta iniciativa está motivada por propósitos muy distintos a los que han convocado este tipo de acciones en otros contextos.
Con la vaca se busca medir las fuerzas políticas entre el Gobierno Nacional y la dirigencia paisa, para consolidar a Antioquia como epicentro de la oposición, el escenario desde el cual la derecha se reacomoda para recuperar la Presidencia en 2026. El expresidente Uribe, a modo de sugerencia, dio la orden; el gobernador Andrés Julián Rendón la acató al pie de la letra, y será su mismo sector político el que decante las aspiraciones electorales apalancadas en la vaca.
Los discursos regionalistas respaldan y motivan la iniciativa. Desde distintas tribunas, los líderes políticos del departamento agitan las banderas que recuerdan que Antioquia es un pueblo verraco y capaz de conseguir lo que se propone. Acuden a frases de cajón que exaltan el arquetipo del paisa trabajador que no se vara y resuelve problemas, el gobernador Rendón ha acuñado un par: “El Gobierno Nacional ni raja ni presta el hacha” y “Si a Antioquia no la apoyan, por lo menos que dejen trabajar”. El mismo populismo que se endilga y rechaza por parte del presidente, se utiliza para movilizar el compromiso de la ciudadanía antioqueña con el desarrollo de su región.
Es evidente que la vaca hace parte de una estrategia de oposición política soportada en el orgullo regional y que, si bien está presentada como una acción cívica, lo que busca es enfrentar y deslegitimar al Gobierno Nacional. En este objetivo, la vaca no está sola, pues se acompaña de un conjunto de acciones tanto discursivas como normativas: coincide con el reencauche de la consigna de una “Antioquia Federal”, con la iniciativa de “autonomía fiscal para los departamentos” y con la campaña “si Antioquia resiste, Colombia se salva”. Todas con el mismo propósito.
Los promotores de la vaca saben que no conseguirán los recursos presupuestados. En su reporte del 14 de abril, la Gobernación informó que había recogido poco más de cuatro mil millones de pesos, lo que equivale al 0.4% de la meta. Pero eso es lo de menos, pues la visibilidad nacional que ha conseguido este enfrentamiento ya es un resultado suficiente. El gobernador y sus aliados se han expuesto en medios repitiendo sus consignas en defensa de la iniciativa, y algunos de esos medios, más que en informadores, se han convertido en promotores.
El manejo errático que el Gobierno Nacional, y en concreto el presidente, han dado a esta discusión sobre los recursos para las vías ha contribuido a que la tensión se incremente. Sus mensajes confusos y ambivalentes sobre la destinación de esos recursos, necesarios para que las obras empezadas no se conviertan en elefantes blancos, han llevado a que se sumen respaldos a la vaca en muchas otras regiones.
Las contribuciones culturales, económicas y políticas de Antioquia al desarrollo del país son innegables y siempre será importante reconocerlas y valorarlas. Sin embargo, también es innegable que Colombia es un país con grandes desigualdades territoriales que se han profundizado por la falta de interés de la nación en ciertas zonas y poblaciones. Por eso consideramos fundamental que este Gobierno Nacional priorice departamentos como La Guajira y aquellos ubicados en el Pacífico, la Amazonía y las demás zonas históricamente olvidadas, los cuales también merecen estar en el centro de la agenda y recibir los recursos que produce el país para atender las necesidades de sus poblaciones y mejorar sus condiciones de vida. Eso no significa que el gobierno “odie a Antioquia”, habla de sus posturas ante la justicia social y la equidad territorial.
Nuestro llamado entonces es a encontrar puntos de acuerdo: por una parte, en el consenso sobre la necesidad de terminar estas vías, entendiendo que conectar a las regiones del departamento con el resto del país no es favorecer a los ricos —como dijo el presidente— sino atender una deuda histórica de infraestructura que tiene efectos positivos sobre toda la población, incluyendo a los más pobres. Por otra, a honrar los acuerdos en la destinación de recursos. El Gobierno Nacional, aun en su apuesta por la equidad territorial, debe cumplir lo pactado.
Finalmente, el Gobierno Departamental y sus aliados en cargos de representación, están en la obligación de buscar alternativas y proponer caminos de entendimiento, pero esto deben hacerlo sin manipular la sensibilidad regional mediante iniciativas que, lejos de construir salidas efectivas a los desacuerdos, promueven un ambiente de confrontación, polarización y alejan la posibilidad de concretar los proyectos.
La solución a esta y a otras diferencias venideras entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional deben tramitarse por las vías políticas. El diálogo, la concertación, los acuerdos entre el nivel nacional y el regional, deberían ser las opciones privilegiadas por ambas partes. El pasado encuentro entre el INVIAS, el gobernador de Antioquia y la Contraloría, en el que el Gobierno Nacional se comprometió a respetar las vigencias futuras y a gestionar los recursos para finalizar las obras, es un primer paso para llegar a un acuerdo por los medios institucionales.
El rol de un departamento con las condiciones de Antioquia es poner al servicio del país todo su potencial económico, institucional, empresarial, creativo y social para contribuir a cerrar las brechas territoriales y aportar al desarrollo de las zonas más vulnerables y excluidas de Colombia; y el cierre de estas brechas para la reducción efectiva de la inequidad requiere la atención de todos los niveles de gobierno. Esto, por supuesto, también incluye a las subregiones y a las poblaciones más pobres del departamento.
El arte de la política debería anteponerse a los enfrentamientos de gallera que llevan a deslegitimar al opositor, promover vacas y volver el país un ring al servicio de aspiraciones personales y estrategias electorales.
