Con un conjunto de actividades en distintas ciudades y municipios del país, conmemoramos el pasado 28 de junio, dos años de la entrega del Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. En este marco, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) presentó el segundo informe de balance al cumplimiento de las recomendaciones, el cual deja ver un resultado agridulce: se avanza, pero no al ritmo que el país necesita.
Luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el conflicto armado no terminó de manera definitiva, por el contrario, en muchas regiones la violencia persiste y se ha repotenciado con la entrada de nuevos actores armados y el crecimiento y expansión de antiguos grupos, lo cual representa un obstáculo descomunal a la construcción de la paz. En este contexto, el Informe mantiene su total vigencia, constituyéndose en un aporte fundamental para comprender las múltiples características de la guerra en Colombia, la complejidad de sus actores, la diversidad de asuntos en disputa, los impactos en las poblaciones y los territorios y las acciones necesarias para no repetirla.
El trabajo y el Informe de la Comisión, han contribuido a posicionar un debate imprescindible en nuestra sociedad sobre el papel de la verdad en un proceso permanente de reconocimiento y justicia hacia el pasado, al tiempo que ha ayudado a responder la pregunta sobre cuál debe ser su aporte en la reconstrucción de una nación asolada por décadas de un conflicto armado, prolongado y degradado en el tiempo, extendido a lo largo y ancho del territorio nacional, que ha dejado cerca de 10 millones de víctimas, el 20% de la población actual.
Al frente de este debate ha estado sobre todo la sociedad civil, y de manera particular, las organizaciones que en todo el país hacemos parte de la Red Aliada de la Comisión de la Verdad, quienes nos hemos encargado de diseñar y desarrollar diversos procesos para la promoción del Legado y las recomendaciones del Informe, manteniendo abierta la conversación con todos los sectores y actores. En esta apropiación social radica un factor fundamental para lograr los cambios culturales que la construcción de la paz requiere, pero no es suficiente solo con el trabajo de la sociedad, se necesita también y con urgencia, que las recomendaciones sean asumidas por los gobernantes de los distintos niveles territoriales y que avancen en su cumplimiento; es ahí donde están los mayores retos.
A nivel nacional es indispensable un mayor compromiso y esfuerzo del actual gobierno para materializar las recomendaciones de la Comisión. Cuando el presidente Gustavo Petro recibió el Informe Final en 2022, se comprometió a cumplirlas a cabalidad. En este sentido, el Balance del Comité de Seguimiento y Monitoreo destaca algunos logros, señalando las disposiciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo para implementar el Acuerdo de Paz y el diseño y aprobación de varias políticas y programas, en distintos ministerios y consejerías. Sin embargo, hay pocos avances en estos temas, y es necesario reforzar e intensificar asuntos centrales del cumplimiento del Acuerdo, tales como: la reparación a las víctimas, la protección y seguridad de firmantes de Paz, comunidades y liderazgos sociales, la implementación del capítulo étnico, las medidas de género, la sustitución de cultivos y la promoción de la reconciliación.
También se requiere revisar y acelerar la política de Paz Total, así como las reformas sectoriales en materia de memoria histórica, equidad e inclusión y cultura de paz. Si bien el compromiso del gobierno nacional no es garantía total de la implementación de las recomendaciones, sí constituye un esfuerzo que de concretarse, generaría progresos significativos y lograría impulsar otras iniciativas institucionales y sociales para avanzar en este camino.
En el nivel local, preocupa la resistencia de alcaldías y gobernaciones abiertamente opuestas al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a la labor realizada por la Comisión de la Verdad, negándose a incluir las recomendaciones en sus Planes de Desarrollo y desconociendo todas las medidas institucionales y los procesos sociales que buscan su promoción e implementación. Para lograr una paz estable y duradera, es vital que estos gobernantes se acerquen al Informe, se comprometan con acciones para su divulgación e impulsen programas que incluyan el cumplimiento de las recomendaciones que les competen en lo municipal y departamental.
La postura de ciertos sectores políticos, económicos y sociales, promotores de la narrativa de ilegitimidad del Acuerdo de Paz y de que las instituciones que lo implementan son espurias, ha representado otro obstáculo para la difusión del Informe y la implementación de las recomendaciones, pues genera un entorno desfavorable que impide reconocer que la verdad y la paz son un asunto de responsabilidad colectiva. Esas narrativas continúan movilizándose alrededor de la idea del enemigo interno, un único enemigo del cual el país no ha podido liberarse e ignora, deliberadamente, los múltiples actores que han contribuido en los entramados de ese conflicto armado; por lo tanto, es imprescindible que toda la sociedad, desde sus múltiples posturas, sume esfuerzos para atender los llamados del Informe de la Comisión.
Estos factores, y otros ampliamente descritos en el segundo informe del CSM (ver informe), han incidido para que, luego de dos años, el avance en la implementación de las recomendaciones sea muy lento, los logros, poco contundentes y los retos, bastante grandes. Desde la Corporación Región ratificamos nuestro compromiso con el Legado de la Comisión de la Verdad e invitamos a todos los sectores de la sociedad colombiana, a persistir en el propósito colectivo de la paz, recordando un fragmento de la declaración final del Informe, Convocatoria hacia la paz grande:
“¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuáles fueron el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? ¿Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía, y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares? ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y, aparte de quienes incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron la mayoría de obispos, sacerdotes y comunidades religiosas? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel desempeñaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y a dejar que continúe?”
Es momento de unirnos como sociedad y hacer hoy lo que no hicimos en el pasado: exigir que se detenga la guerra y sumarnos a la construcción de una Paz Grande que llegue a todos los rincones del país.
