- Por: Rafael Aubad López
- Economista y ex presidente de Proantioquia
Al momento de escribir este artículo terminamos, en el programa Antioquia Sostenible, el segundo reporte de indicadores de desarrollo sostenible 2018. Es el informe más completo y actualizado para referirse, desde la evidencia estadística, al desarrollo de nuestra región. El mismo será presentado públicamente el 20 de agosto en la Cámara de Comercio de El Poblado. La tentación de escribir esta nota, con base a la riqueza del mismo, era apenas lógica. Pero en paralelo y a propósito del editorial del Periódico El Colombiano del 17 de julio pasado (Lucha por Ituango y el Paramillo), miembros del Consejo Municipal de Ituango – con reserva de identidad por razones de seguridad – escribieron al mencionado periódico y bajo el título "Vivimos uno de los momentos más oscuros de nuestra historia", el siguiente texto que transcribo textualmente.
Hacemos un angustioso llamado al Estado para que colme los espacios que dejó la desmovilización de las Farc. Se ha tardado mucho. En Ituango, en los últimos cuatro años, pasamos de 25 mil a 21 mil habitantes. Hace 25 años éramos 45 mil. La presencia de los grupos armados ilegales impone un régimen de terror y miedo y hay un desplazamiento silencioso, la gente se va. Los bandidos cambian de escarapela a necesidad y combaten y nunca hay muertos. Un día hay un alias de un grupo y al mes ya es de otro. Hay presencia del cartel de Sinaloa entre los armados ilegales: los Pachelly, las disidencias de Farc y el Clan del Golfo.
Las fincas más grandes están solas o cuidadas por un anciano, mucha quedándose improductiva. No se puede salir después de las 6:00 de la tarde ni pisar la calle antes de las 6:00 de la mañana, porque se es señalado de “sapo”.
Fuimos ricos en muchos sentidos; hace 20 años o más vivíamos del frijol, del maíz, de la panela, se podía transitar por todos lados, pero con la llegada de la droga y del narcotráfico, la cultura campesina se desdibujó. Muchos prefieren sacar medio kilo de coca en las botas, que arrear una carga de maíz. Ojalá que la presencia del Ejército, y la voluntad que muestran los generales, ayuden a recuperar la seguridad y la movilidad, porque hasta por la emergencia de Hidroituango tenemos restricciones para el transporte de carga y pasajeros.
En este contexto, no me producía tranquilidad hacer un análisis académico de tantos retos temáticos-sociales, económicos, educativos, ambientales, en fin, de desarrollo que se derivan del informe de Antioquia Sostenible. Es que mientras no comprendamos y actuemos, ante la situación dramática que plantean los concejales y que se repite en muchos lugares no solo de nuestra región sino del país, los indicadores nos servirán de poco.
Debemos en consecuencia -aún con el desgaste mediático de los conceptos- pensar y actuar colectiva e integralmente, poniendo por delante una condición básica que todos debemos ayudar a crear: vivir sin miedo. Deberíamos desde la sociedad civil, con un gran liderazgo de las ONGs, convocar a un pacto regional, ojalá nacional, contra el crimen organizado. Un acuerdo de supervivencia como sociedad, por el respeto a la vida y a la diferencia, y por la integración social. Y el primer pacto es con las comunidades; aquellos quienes sufren, como dicen los concejales, como nunca.
Hay oportunidades institucionales privilegiadas que pueden expresar ese tipo de pactos; me refiero a los planes con enfoque territorial, - los PDETS-. Los PDETS son frutos de muchos encuentros organizados de la sociedad civil y los gobiernos, en sus distintos niveles, para pensar y proponer rutas integrales de desarrollo. En Antioquia hay dos y si miramos más allá del entorno político- administrativo, o sea desde realidades culturales con departamentos vecinos, al menos tres. Y el Gobierno Nacional, hay que reconocerlo, les ha venido dando toda la trascendencia. De hecho, el gobierno anterior solo terminó dos de los 16 previstos en el Acuerdo de Paz. El actual, terminó los otros 14 y los integró al Plan de Desarrollo.
A propósito, y en clave de integralidad, llama positivamente la atención en la nota de los concejales, la alusión a la voluntad de los generales con los problemas de las comunidades. Al respecto, hace pocos días y atendiendo una amable invitación de la ONU, visité el ETCR de Llano Grande en Dabeiba y dos hechos políticos me llamaron poderosamente la atención. El primero, es que el saludo, a quienes fuimos, lo hicieron los representantes del ejército y la policía. Y su mensaje era contundente: para ellos no debería, ni podría, existir reversa al Acuerdo de la Habana. Y la segunda, la despedida, a cargo del dirigente de las ex Farc en dicho espacio, quien señaló que su referente político era la Constitución de 1991.
No puedo finalizar sin hacer referencia a un ejercicio que evoca la significación más trascendente de lo que planteamos. Hablo de la convocatoria plural que se hizo en 1998 y que sigue teniendo vigencia, que se llamó Destino Colombia. Allí medio centenar de colombianos representativos de todos los grupos sociales, llegaron a la conclusión de que el único escenario viable para Colombia, era el de “la unión hace la fuerza", y que expresaron así:
Se lograron efectivos pactos de paz que ayudaron a asumir los retos de reconstrucción nacional y a responder al acumulado histórico de problemas agrarios, sociales y de organización institucional. Se fortaleció la democracia participativa y de solidaridad. Para los partidos como para las organizaciones sociales llegó a ser claro que su supervivencia dependería de su capacidad para ajustar su paso y sus actividades a los de una ciudadanía activa, organizada y cada vez más educada. Esa participación ciudadana en los asuntos públicos redujo las tensiones en las conversaciones del gobierno con los movimientos armados y obtuvo acuerdos favorables para la población. Se multiplicaron las organizaciones sociales y de liderazgo cívico. Se fortalecieron los sindicatos, las agrupaciones de campesinos, indígenas y mujeres, las ONG y las asociaciones de empresarios. La dinámica impuesta por la presencia ciudadana, fundamentada y enriquecida por un proceso educativo integral repercutió en la economía y generó un sistema mixto con peso dominante de la empresa privada y solidaria, y con una eficiente interacción del Estado para garantizar la mayor competencia, la competitividad, la redistribución y la equidad. El Estado, bajo la influencia de organizaciones civiles, garantizó y reglamentó la provisión eficiente de bienes y servicios con énfasis en la educación para los sectores sociales menos favorecidos. Estableció unas relaciones económicas y de participación entre el capital y el trabajo. Los acuerdos restablecieron la confianza y, en consecuencia, el país pudo aprovechar en forma eficiente y sostenible sus recursos naturales. Se logró un ajuste fiscal. Los capitales que, en los primeros años, se habían ido al exterior, comenzaron a retornar”.
Hay que insistir en acuerdos fundamentales para una Colombia esperanzadora, para poder trabajar eficazmente en los retos del desarrollo.
