Mostrando artículos por etiqueta: paz

Resumen

Derechos humanos, una tarea inconclusa

“Cuando nuestras convicciones éticas sean coherentes con nuestras aspiraciones políticas, estaremos alcanzando la utopía que haga de los derechos humanos una vivencia plena en la vida social”.
Alberto Yepes (Palacio, 1993) 

 

Este 2019 ha sido un año singular para la Corporación Región, tanto por cumplir 30 años de trabajo continuo, y por estar en un período decisivo de su futuro institucional, como por las reflexiones y aprendizajes que, en el marco de esta celebración, se han producido en los amenos encuentros de los viernes, denominados acertadamente “Diálogos Región”; para adentrarnos en lo que significa llegar a este momento, en medio en una sociedad cambiante y la posibilidad de identificar sus dinámicas en el quehacer de la Corporación.

En estos párrafos planteo algunas reflexiones y cambios que ha tenido Región, a lo largo de su historia, a partir del trabajo por los DDHH¹. Se abordan cuatro asuntos centrales que coinciden con tres momentos específicos: 1) Defensores y defensoras de los DDHH en Colombia, una apuesta por la paz; 2) Entre la exigencia y el disfrute de los DDHH, un trabajo desde los territorios; 3) Repensar los DDHH una mirada desde la diversidad; y 4) Paz y Derechos Humanos. Finalmente se presentan algunas consideraciones alrededor de los retos para la Corporación y el quehacer de la defensa de los DDHH en Colombia.

La organización administrativa y política de Región ha vivido diferentes procesos ubicando el campo de los Derechos Humanos en espacios como: el área de democracia y participación ciudadana, el programa de convivencia y derechos humanos, la línea de investigación sobre Derechos Humanos y el actual programa de Derechos Humanos y paz; la Corporación se entiende como una organización que trabaja por los DDHH desde todas sus estrategias y líneas con énfasis en la exigibilidad, promoción y disfrute como un todo articulado, inherentes a la persona humana, universal, progresivo e inalienable.

1. Defensores y defensoras de los DDHH en Colombia, una apuesta por la paz

Para 1989, fecha de nacimiento de Región, en el contexto local sobre DDHH afrontábamos desafíos: la violencia urbana se manifestaba especialmente en la guerra entre el Estado y los carteles de la droga, entre el Cartel de Medellín y otros carteles y en la presencia de las milicias urbanas de las guerrillas en los barrios periféricos de la ciudad, como una amenaza constante a la vida. Fue la época de los carros bomba, la implantación de la cultura traqueta, la cooptación de jóvenes de barrios populares para el sicariato. También, se recrudeció la lucha guerrillera en sus frentes urbanos y la respuesta militar del Estado que en muchos casos, desconoció su obligación constitucional de defensa y garantía de los DDHH bajo la concepción del “enemigo interno”², resultado, entre otros, de las enormes afectaciones sociales sufridas a los largo de los ochenta entre las que se cuentan: el “Estatuto de seguridad” del gobierno de Julio Cesar Turbay a inicios de la década, la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 y la cruenta guerra contra los carteles de las drogas a finales de este periodo e inicios de los noventa. En este escenario la defensa de la vida y el trabajo por los DDHH, mediante la pedagogía tanto de los derechos como de las rutas de acceso a la protección de los mismos, se convirtió en el punto de partida de una ciudadanía inconforme, activada e impulsada por un escenario de cambio que logró algunas victorias como la elección popular de alcaldes y las movilizaciones por la constituyente.

Las organizaciones defensoras de los DDHH se establecieron como bastiones sociales, a partir de las acciones urgentes, la denuncia y la exigibilidad; el país experimento una enorme movilización ciudadana reclamando la modernización del Estado, la finalización del conflicto armado y la instauración de una nueva carta democrática que tuviera como base los Derechos Humanos, lo cual, se expresó en la Asamblea Constituyente y en los primeros resultados exitosos de las negociaciones de paz con algunos grupos guerrilleros.

En medio de este escenario, Región reflexiona y hace propuestas a partir de tres cuestiones fundamentales:

a) La dimensión ética de los DDHH

Era necesario incorporar la dimensión ética en la defensa de los DDHH para que, al lado de la jurídica y la política, se planteara la obligatoriedad, a la sociedad en su conjunto, de velar, defender y garantizarlos; así, los actores armados ilegales también deben responder por las violaciones de derechos, criterio que hasta ese momento se aplicaba exclusivamente al Estado como órgano garante y por ende único responsable. Max Yuri lo expresa en su balance del año 2000: “Los derechos humanos, esa pauta de conducta y de convivencia ciudadana, constituyen la esencia de un mínimum ético, como eje central de un proyecto ético para la humanidad, los derechos humanos se convierten en un criterio fundamental de la justicia y en el instrumento privilegiado para la paz” (p. 125).

Esta apuesta, motivo de largas discusiones, se convirtió en un marco de acción ratificado en múltiples análisis académicos, entre los que resaltamos a Boaventura de Sousa Santos cuando habla del lugar de los Derechos Humanos, de cara a la posmodernidad: “Sólo se confrontó el poder del Estado y sólo el derecho del Estado sufrió el impacto democratizador promovido desde los derechos humanos. Se olvidó que en la sociedad hay varios modos de producción del poder y del derecho, y que el Estado es apenas uno de ellos, aunque sea el más importante” (2001, p. 178).

En 1991 Región publica el libro “Ética para tiempos mejores” en donde propone una crítica a las nociones preponderantes sobre el conflicto interno y los Derechos Humanos, específicamente sobre la dimensión ética de la violencia y la crisis de la ciudad. Se cuestionan asuntos como la explicación de la violencia desde la pobreza, el colapso moral de la sociedad y la ética en lo público:

La mayoría de ustedes recuerdan cómo la mañana siguiente a la promulgación de la nueva carta magna, casi todos los periódicos nacionales titulaban así la noticia: "Amaneció un nuevo país", "se engendra una nueva Colombia", etc. Esta afirmación un poco triunfalista exige más de un interrogante: ¿Solamente la formulación jurídica de unos principios de organización de convivencia ciudadana, garantizarán que Colombia sea nueva? nosotros pensamos que no y estamos convencidos que sin una mentalidad nueva, sin una higiene moral, sin un soporte ético fuerte, la nueva constitución quedará como una formulación escrita más; como haciendo parte de la ya grande colección de palabras de papel que acumula nuestro país, nuestra sociedad. Este sería el sentido de lo que llamaríamos ética ciudadana: ser como una especie de puntal que garantice, que haga de soporte a esa nueva realidad político-institucional que debería surgir en el país como resultado de la nueva constitución. (Calderón, 1991, p. 9)

Así, la noción misma de los DDHH y del lugar de la Corporación, se diversificó hacia un abanico de “todos los colores” que produjo trabajo no solo con población víctima del conflicto armado, sino también, con maestras y maestros escolares, personas en la función pública, jóvenes, líderes comunales y mujeres.

b) El rechazo a la lucha armada y a toda expresión violenta

Sin importar los argumentos ideológicos y/o políticos y asumiendo que la confrontación armada desconoce en principio la dignidad humana y por ende los Derechos Humanos, Región rechaza todas las expresiones de violencia armada y declara además, que los diferentes actores del conflicto tienen responsabilidad en las violaciones a los DDHH. Deslegitimar la revolución por medio de las armas, se acompañó de declaraciones públicas, producto de profundas reflexiones internas, cuestionando estrategias como la combinación de todas las formas de lucha, argumentos como la existencia de “guerras justas” o la validación de la emancipación popular por medio de las armas en contra del Estado. En contraposición, se plantea la incorporación de las reformas requeridas a través del marco institucional y la conquista de derechos por vías legales, como la concientización, movilización y presión ciudadana. Se defendió sobre todo, la idea de que la lucha armada desvirtúa cualquier propósito democratizador pues la principal afectación la sufre la población civil en los territorios más pobres y excluidos.

¿Qué se requiere para que exista vida política, para que exista el espacio o la dimensión de lo público? Aquí es donde yo veo la gran relación entre Aristóteles y Habermas; para que exista vida política se requieren de dos cosas que llamaban los griegos la praxis y la lexis, es decir, la acción y el discurso, que no es otra cosa que la acción comunicativa de que nos habla Habermas. Si la política está definida por la acción y el discurso, la violencia y la guerra quedarían completamente al margen de la política, se entenderían como una ruptura de la política, como el fracaso de la política, es decir, frente a esta propuesta que tiene raíces griegas pero recogidas por la teoría crítica, la violencia y la guerra no serían acciones de carácter político como lo plantearía por ejemplo Clausewitz, que piensa la guerra como una "continuación de la política por otros medios", planteando una especie de "continuum" entre política y guerra; ni tampoco coincide con la tesis leninista que ve en la lucha armada la forma superior de lucha, o sea/ la culminación de la política. (Uribe, 1991, p. 18)

c) El fortalecimiento institucional

El trabajo en pro de los DDHH, su exigibilidad y promoción, evidenció la necesidad de fortalecer la institución, lo cual implicó accionar también, con el Estado. Este cambio de concepción en la garantía de los derechos significaría igualmente, una apertura en el trabajo cotidiano de las organizaciones no gubernamentales que entendieron que el Estado, obligado a garantizar el disfrute de derechos, en muchos casos es su principal vulnerador, solo podría cambiar a partir de la incidencia directa de la sociedad en la conformación de una arquitectura institucional y de una participación ciudadana que tuvieran como centro los Derechos Humanos. Esta avanzada conceptual y social más tarde se reconocería como la profundización de la democracia y el reto de la transformación, vía la acción comunitaria y ciudadana, en donde prima el disfrute de los derechos más que su sola declaración. Lo que está en juego es la creación de nuevos espacios políticos, la ampliación del espacio público, la creación de nuevas identidades y de sujetos colectivos con capacidad de profundizar la democracia en el propio proceso de lucha por su consolidación. En su heterogeneidad estos movimientos sociales testimonian la vitalidad de una concepción emergente de los derechos humanos a nivel mundial, una concepción menos resignada con la mera promulgación de los derechos y más atenta a las prácticas cotidianas en que se satisfacen. (Santos, 2001, pp. 183-184).

La coyuntura de finales de los años ochenta y los noventa, planteó enormes retos organizativos, políticos y metodológicos al quehacer de las organizaciones sociales. Las acciones pedagógicas de formación ciudadana para el proceso constituyente fueron el primer paso en lo que se constituiría, a lo largo de toda la década, en la construcción de una apuesta por el reconocimiento y disfrute de derechos, una mirada particular de los temas de ciudad y una exigencia, especialmente de los derechos de primera generación, a la vez que se formaba en derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Corporación fue punto de partida para actuar en la promoción de los DDHH: en la escuela, con un proceso de formación de maestros sobre la importancia del reconocimiento de los derechos y su fomento temprano, es decir la construcción de una cultura ciudadana alrededor de los derechos; la producción y socialización constante de reflexiones sobre la importancia de la vida como derecho fundamental que se materializó en campañas como: “Enciende tu luz – elige la vida”; el álbum de derechos humanos “Viva la Vida”; y el acompañamiento en el proceso de negociación con las milicias populares ubicadas en los barrios periféricos de la ciudad.

Esta perspectiva de promoción en diferentes niveles, incluyendo ciudadanía victimizada, formación en el aula, acciones de ciudad y trabajo mancomunado con diferentes actores estatales, impactó en la sociedad y luego se fortaleció en espacios del orden nacional como la Consejería Presidencial para Medellín, aportando en lo cotidiano, lo común y lo barrial. El uso de los medios de comunicación se convirtió en una apuesta política y metodológica fundamental, así surgió el programa “Arriba mi Barrio” en el cual, Medellín se observó partir de sus diferencias, desde el barrio y en la promoción del goce de los DDHH.

Todo esto, se realizaba, en medio de una profunda persecución urbana a líderes y organizaciones, lo que obligó a denunciar, prevenir y buscar seguridad; esto fue posible con alianzas de hermanamiento entre organizaciones sociales y, a inicios del nuevo milenio, trabajando conjuntamente con la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos.

2. Entre la exigencia y el disfrute de los DDHH, un trabajo desde los territorios

El nuevo milenio trajo preguntas por los alcances de lo logrado en Derechos Humanos. La principal conclusión fue el reconocimiento del potencial articulador y movilizador de la acción colectiva principalmente en dos sentidos:

- Derechos humanos como ideología: Los análisis neo marxistas examinan cómo el discurso de los derechos humanos funciona como una ideología que permite articularse a los movimientos sociales y dar legitimidad a sus demandas en un mundo dominado por la ideología liberal. Los estudios posmarxistas […] consideran que la ideología es una construcción social y la democracia es un elemento fundamental y no contrario a la identidad, por lo que dejan de ver la identidad de clase como única y reconocen la importancia de la diversidad identitaria. (Estévez, 2010, p. 138)

- Derechos humanos como acción colectiva transnacional: “En el continente se ha consolidado un “espacio jurídico internacional de derechos humanos de las redes de activistas involucradas en asuntos tan disímiles como las desapariciones forzadas, las causas de las mujeres, los indígenas y los “sin tierra” (Estévez, 2010, p. 140)

Con la idea del potencial movilizador de los DDHH, surge la crítica a su mirada jurídica, asunto que inicialmente se suscita desde la Corporación. Sobre esto, Boaventura de Sousa Santos plantearía:

“La concepción del derecho que sustenta los DDHH es universal, general y abstracta, y al igual que la arquitectura modernista, niega el contexto en que se inserta. Esta negación se traduce en una atención casi exclusiva al cuadro de la promulgación de los derechos y en la negación consiguiente del cuadro de aplicación. La negación del contexto, que fue transformada en conquista científica por la ciencia jurídica, posibilitó la creación de un conocimiento técnico hiper especializado sobre el derecho y dejó al ciudadano vulgar desarmado en su sentido común jurídico” (2001, p. 179).

Para Región, esta reflexión se materializó en una apuesta por el disfrute real de los derechos desde procesos de formación: “procuradores comunitarios y universitarios”; de sensibilización: campañas por el disfrute de derechos y los mecanismos de acceso; de inclusión: principalmente de la población desplazada asentada en barrios periféricos de la ciudad con la campaña “tenemos nuevos vecinos”; y de fortalecimiento institucional, mediante la creación y promoción de los centros de convivencia, un proceso de construcción de entornos comunitarios para la garantía de DDHH en centros de conciliación, casas de justicia, y trabajo con jueces y fiscales de la ciudad.

3. Repensar los DDHH una mirada desde la diversidad

Luego de los atentados sufridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, se dieron importantes cambios en la realidad mundial y en el contexto colombiano donde, el discurso antiterrorista tomó la forma de guerra frontal contra los grupos guerrilleros y fortaleció la violencia paramilitar, recrudeciendo las prácticas violatorias de DDHH y del DIH, en medio de una enorme estigmatización de: la diferencia, desinstitucionalización y criminalización de la protesta, la oposición política y el control social. Esto propició, entre otros, un fenómeno de migración interna, como no se había vivido en el país con 7.816.000³ víctimas, siendo Antioquia el departamento con mayor población desplazada forzosamente y Medellín el principal destino.

Adicionalmente, la reflexión sobre la naturaleza de los DDHH a nivel mundial, atravesó una, aún inacabada, discusión sobre la necesidad de su particularización territorial y poblacional, repensándolos a partir del reconocimiento de la diversidad, asunto que las mujeres y otros movimientos sociales, ya venían advirtiendo:

“Si se revisan algunas de las declaraciones liberales de los derechos humanos, se aprecia que ellas tienen como punto de partida, el concepto de igual dignidad y autonomía de la persona. Dignidad y autonomía inviolables que se convierten en el fundamento de los derechos subsiguientes. En este sentido, la idea de persona que subyace al discurso universalista de los derechos humanos, hace referencia a la humanidad y no a la persona contextualizada, pues reconocer la igual dignidad en todos los seres humanos implica no tener en cuenta las diferencias cualitativas (raza, sexo y étnicas) en la distribución de derechos y titularidades” (López, 2001, p. 127).

A estos se sumó la preocupación por evidenciar vulneraciones específicamente contra las mujeres en asuntos como las violencias de género, la discriminación, exclusión y subvaloración social y cultural, esto permitió, además de un esfuerzo centrado en las violencias físicas y mentales, acciones en pro de la participación política de las mujeres y de la interpelación a las masculinidades hegemónicas.

También la dimensión social y cultural de los DDHH adquiere mayor importancia, lo que significó una apuesta por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA. Toma fuerza la discusión sobre las nuevas ciudadanías y los DDHH, se convierten en un marco referencial desde donde se replantea el concepto mismo de ciudadanía; surgen aportes como: ciudadanía laboral transnacional, flexible⁴, externa, cívica, posnacional, cosmopolita o global y post ciudadanía⁵, entre otros. “El auge de estas formas de vidas diferenciadas cuestiona la primacía que otorga la política liberal a los derechos y libertades negativas y, al mismo tiempo, pone en entredicho la neutralidad que el Estado liberal reclama respecto a los grupos y minorías etnoculturales” (López, 2001, p. 116).

Adicional a esto, la perspectiva del goce de los DDHH juega un papel fundamental teniendo en cuenta que el tránsito entre la exigibilidad de los derechos y el goce de los mismos, pasa por la “des idealización” de los conceptos y la pregunta por las condiciones materiales que permitan dar este salto.

“De este modo, los derechos humanos serían los resultados siempre provisionales de las luchas sociales por la dignidad. Entendiendo por dignidad, no el simple acceso a los bienes, sino que dicho acceso sea igualitario y no esté jerarquizado a priori por procesos de división del hacer que colocan a unos en ámbitos privilegiados a la hora de acceder a los bienes y a otros en situaciones de opresión y subordinación. Pero, ¡cuidado! Hablar de dignidad humana no implica hacerlo de un concepto ideal o abstracto. La dignidad es un fin material. Un objetivo que se concreta en dicho acceso igualitario y generalizado a los bienes que hacen que la vida sea “digna” de ser vivida” (Flores, 2008, p. 26).

4. Paz y Derechos Humanos

Actualmente, la perspectiva de los DDHH adquiere una posibilidad histórica en el marco de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc–Ep: concretar un proceso al cual la Corporación, al igual que otras organizaciones sociales del país, le han apostado desde la firma misma de la Constitución Política. Esto, puso sobre la mesa la urgencia de emprender procesos formativos sobre el valor de la paz, la pedagogía de los acuerdos, la defensa del proceso y la campaña por su validación e implementación a partir del plebiscito. Se reactivaron las plataformas de DDHH en torno a la paz y se concentraron las iniciativas, en la búsqueda del espacio necesario para concretar este largo proceso en donde la finalización del conflicto armado, significa establecer un escenario favorable para el desarrollo de acciones por el goce de los derechos y un nuevo cambio de contexto hacia una esperanza de construcción de paz mediante el disfrute de los DDHH.

A pesar de que impulsar decididamente la más amplia implementación posible del acuerdo, no solo favorece la reintegración efectiva de excombatientes, sino que produce escenarios donde es posible el goce de derechos, especialmente en territorios del país donde apenas se empieza a vislumbrar esta posibilidad luego de años de exclusión, los hechos a partir del pos acuerdo de paz, ponen de nuevo en tensión asuntos básicos de los DDHH, el debilitamiento de la implementación del acuerdo, producto del resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y de la victoria presidencial en 2018 del principal partido político opositor al acuerdo de paz, ha significado tanto la desfinanciación del proceso como el favorecimiento a nuevos escenarios de vulneración de derechos entre los que resalta, la retoma de la política de seguridad democrática dentro de las fuerzas armadas con prácticas como bombardeos, (cerca de o con población civil), contra grupos armados ilegales, acciones de inteligencia contrainsurgente que se expresa en contra de civiles, y las ejecuciones extrajudiciales⁶.

Probablemente el principal reto en el devenir del trabajo por los DDHH tiene que ver con el lugar que ocupa en las discusiones y acciones de las diferentes organizaciones sociales. Como se ha plantado en esta reflexión, el surgimiento del tema en Colombia, estuvo ligado a un contexto en donde primó la exigencia y la denuncia ante la vulneración ejercida desde todos los actores del conflicto armado. Este escenario convirtió a los derechos humanos en un refugio desde el cual soñar con una sociedad distinta que tomara como base el respeto a la vida, la libertad y la integridad. En este sentido, la finalización del llamado cartel de Medellín, la desmovilización de algunos de los grupos paramilitares en el proceso de justicia y paz y el reciente proceso de paz con las ex Farc-ep dejan en el imaginario, la idea de que la guerra, al menos la peor, ha quedado atrás y con ella la violación sistemática y generalizada a los DDHH⁷. Esto, sumado a las diversas discusiones, tendencias y debates alrededor de los DDHH, ha hecho que en nuestras agendas institucionales y, sobre todo, en la apuesta internacional para el desarrollo en Colombia, expresada en asuntos sobre los que se ofrece financiación, el tema, al menos en su dimensión más urgente, haya perdido fuerza.

Finalmente, la implementación del acuerdo de paz ofrece nuevos retos en la interpretación y en las acciones por los DDHH, como la integración de los territorios más afectados por el conflicto, la ampliación del espectro de participación política y ciudadana, y favorecer la cultura ciudadana por la paz impulsada, entre otros, mediante el acceso a la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y la judicialización de los responsables del conflicto armado, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR.

Algunos retos a futuro

En un texto del año 2000, Max Yuri Gil identificaba algunos retos para el trabajo en DDHH en el nuevo siglo resaltando las desigualdades económica, política y social, el alto nivel de impunidad, el creciente escepticismo frente a las posibilidades de transformar la realidad, la articulación entre el trabajo local, nacional e internacional y la prevalencia de unos derechos sobre otros, tanto en la exigencia y disfrute como en la garantía. Sin embargo, hay dos preocupaciones que se han profundizado en estas décadas y por ende aún son enormes retos en el quehacer de los derechos humanos:

a. Las reivindicaciones identitarias de los DDHH

En varios de estos asuntos el saldo es claramente deficitario. Pensemos sino en lo que significan hechos recientes como los cuestionamientos a los Estados nacionales, tanto a manos de los movimientos transnacionales que reivindican identidades a partir de elementos comunes étnicos, religiosos, lingüísticos o ideológicos, que no necesariamente concuerdan con la lógica de los croquis fronterizos; pero también en el peso de las iniciativas transnacionales de justicia, o de los esfuerzos de integración regional que en no pocas ocasiones cuestionan y revalúan las soberanías nacionales (Gil, 2000, p. 113) Frente a lo cual cabe la pregunta por el lugar que da a los DDHH en Colombia tanto la comunidad internacional como el actual enfoque de desarrollo que, pareciera apostarle a la finalización de los conflictos armados, a toda costa, como una oportunidad para su consolidación más que como un escenario para la superación de las vulneraciones o la construcción de una sociedad menos inequitativa.

b. La polarización política y social

Especial atención merece el hecho de que el país vive una creciente polarización, alentada por los actores armados, quienes cada día reducen más el espacio para la expresión de organizaciones y sectores sociales contrarios a la guerra y partidarios de una salida negociada. (Gil, 2000, p. 128)

En la actualidad, la inequidad y la exclusión social siguen siendo el principal reto de nuestra sociedad, atravesada por profundas disputas entre las que sobresale la polarización política que ha llegado al punto de cuestionar las bondades que para Colombia puede tener finalizar un conflicto armado con más de 8 millones de víctimas; ante esto resuena la pregunta con la que comenzamos este siglo ¿Cómo seguir realizando nuestro trabajo, en medio de la creciente hostilidad que existe en el país? (Gil, 2000, p. 128)

Esto obedece además a la urgencia, que el contexto actual impone, de emprender acciones por la trasformación social para la paz, paso con el que la Corporación se ha comprometido y que requiere de una gran articulación de actores y de recursos, puesto que ante tantos años de guerra, urge pensarnos los cambios necesarios para afrontar con una mirada distinta, el reto de la construcción de paz; esa mirada solo es posible mediante el reconocimiento del otro y de lo otro, el compromiso con sus derechos, la profundización de una cultura democrática, en una palabra, la reconciliación.

Referencias bibliográficas

Ahuamada, M. A. (2007). El enemigo interno en Colombia . Quito - Ecuador: Abya-Yala.

Calderón, C. A. (1991). Introducción general a la ética ciudadana. En C. Región, Ética para tiempos mejores (págs. 9- 14). Medellín - Colombia: Coporación Región.

Estévez, A. (2010). Los derechos humanos en la sociología política contemporánea. En A. Estévez, & D. Vázquez, Los derehos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria (pág. 292). Mexico D.F.: FLACSO Mexico.

Flores, J. H. (2008). La reinvención de los Derechos Humanos. Andalucía España: Atrapasueños .

Gil, M. Y. (2000). Una agenda para el siglo XXI Los Derechos Humanos en Colombia . desde la Región, 113-129.

López, L. M. (2001). Derechos económicos y sociales, derechos diferenciados y ciudadanía. En M. A. Alonso, & J. G. Ramírez, Ciudadanía y derechos humanos sociales (págs. 101-133). Medellín: Escuela Nacional Sindical .

Miskolci, R. (2010). Feminismo y derechos humanos. En A. Estévez, & D. Vázquez, Los derechos humanos en las ciencias sociales: Una pespectiva multidisciplinaria (pág. 292). Mexico D.F.: FLACSO Mexico .

Santos, B. de S (2001). Los Derechos Humanos en la Pos moderndad . En M. A. Alonso, & J. G. Ramírez, Ciudadanía y Derechos Humanos Sociales (págs. 168-184). Medellín: Escuela Nacional Sindical .

Uribe, M. T. (1991). Notas coloquiales sobre la ética y la política. En C. Región, Ética para tiempos mejores (págs. 15-23). Medellín Colombia : Coporación Región .

Yepes, P. A. (1993). Vivir los Derechos Humanos. Desde la Región, 3 - 9. 

Palabras clave:

Derechos humanos, paz, ética, territorios, construcción social, retos

Notas al pie:

^{1 Las referencias de este artículo son: conversaciones en entrevistas y espacios colectivos; una línea de tiempo del programa de DDHH y Paz; producciones de Región: “Una agenda para el siglo XXI, los derechos humanos en Colombia” de Max Yuri Gil; “Vivir los Derechos Humanos” de Alberto Yepes y “Ética para tiempos mejores” de varios autores por invitación de la Corporación; y otras producciones académicas.
2 “En las realidades Latinoamericanas el concepto del «enemigo interno» como construcción política surge primero como la identificación de un «enemigo común»: el Comunismo Internacional, que fue interpretado como una amenaza para la “seguridad colectiva de los Estados” bajo la influencia de los Estados Unidos. Posteriormente toma nuevos significados frente al auge de las revoluciones en vías socialistas, concretamente la revolución cubana y la expansión del pensamiento comunista en Centro y Sur América, a partir de lo cual se trasplantó “la doctrina de seguridad nacional” (Ahuamada, 2007)
3 Según informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR, consultado en este enlace. 
4 Aquella que resalta el cúmulo de prácticas transnacionales que tienen migrantes de élite para acceder a diferentes tipos de ventajas que ofrece la globalización económica (Estévez, 2010, pág. 158)
5 Hace referencia a la ampliación de los artículos 13 y 14 de los DDHH como un derechos a migrar, lo que rebasa el anclaje nacionalista inherente al concepto de ciudadanía (Estévez, 2010, pág. 158)
6 Al cierre de este artículo, el país sufre una profunda crisis política y social producto del asesinato de por lo menos 8 menores de edad en un bombardeo de la fuerza pública contra un grupo residual de las Farc – Ep que continua en armas, adicional a varios asesinatos a excombatientes en proceso de reincorporación y población civil, que están en investigación.
7 Esto a pesar de la gran cantidad de vulneraciones a la vida e integridad de líderes y lideresas en todo el territorio nacional, solo en lo que va del 2019 han asesinado a 155, de los cuales 20 han sido en Antioquia, según cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ.}

Resumen

¿Cuáles han sido los principales debates y discusiones que se han dado y se dan hoy frente a la violencia en la sociedad – y en particular en Medellín y Antioquia - durante estas tres décadas?, ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales frente a estas problemáticas y debates? Para responder estas preguntas será necesario aproximarse al por qué para analizar cómo la sociedad (local) ha evolucionado durante estas tres décadas, es fundamental tomar en cuenta los debates y problemáticas sugeridas en ellas por las organizaciones sociales, sin solo limitarse a analizar planes de desarrollo y programas de gobierno.

Violencia y paz: el eje central de cuatro décadas de debate en sociedad

Introducción

En este ensayo presento algunos insumos para la reflexión en torno a dos preguntas ambiciosas pero inspiradoras, que ameritan sin duda, un tratamiento más elaborado e histórico del que ofrezco acá: ¿Cuáles son los principales debates que se han dado sobre la violencia, en la sociedad, durante las últimas décadas? Y ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales en ellos y frente a la problemática de la violencia en general?

Contrario a la creencia de que en Colombia la violencia fue siempre la misma, en las últimas décadas han sido grandes sus transformaciones y es evidente que el contenido, el tono y la participación de las organizaciones sociales en los debates sobre la problemática, también han cambiado. Esto no excluye algunas continuidades: Primero, el binomio violencia-paz siempre ha sido el eje central de las reflexiones en las organizaciones sociales durante estas décadas, y en general (pero no siempre) a partir de una preocupación ética - política para superar la violencia y pacificar la sociedad. El corazón del debate ha sido más cómo alcanzar la paz, y menos en que consiste ella, ya que mientras algunos aspiran a cero homicidios, otros tienen exigencias mayores (inclusión, equidad, reformas políticas). Segundo, la coyuntura política y las tragedias diarias (masacres, magnicidios, líderes sociales asesinados) marcaron las discusiones, dificultando casi siempre ver el bosque a través de los árboles, en particular en los momentos más agudos de la violencia, cuando el país vivía pegado al radio y al televisor. Tercero, la violencia no se analiza en los mismos términos en el mundo político, académico o de opinión pública, pero las organizaciones sociales como la Corporación Región, con frecuencia han intentado ser un puente entre estos diferentes ámbitos.

Estructuro este ensayo desde una periodización esquemática, no para desarrollar un argumento evolucionista, sino para precisar los principales contenidos de los debates en cada periodo, y el papel de las organizaciones sociales en ellos y también, para invocar las respectivas coyunturas políticas y acontecimientos violentos. Cuando hablo de ‘violencia’ me refiero a su forma instrumental, como recurso de eliminación y destrucción, y bajo las diferentes modalidades de victimización que las organizaciones armadas decidieron utilizar. Modos individuales de violencia (riñas, violencia interpersonal e interfamiliar) y formas de exclusión, opresión y agresión, se retro-alimentaron de una u otra manera con la violencia (en el sentido indicado), pero no es un asunto que para analizar en este ensayo.

En cuanto a organizaciones sociales, me refiero en particular a las de tipo investigación-acción con una preocupación central en el tema de violencia, como la Corporación Región. Otras expresiones, organizativas comunitarias (barriales, veredales), cooperativas y la protesta social quedan sub-dimensionadas.

Los Ochenta: confusión, eufemismos y miedo.

Retrospectivamente se puede argumentar que el nuevo ciclo de violencias inició a mitad de los setenta y que sus aspectos principales fueron, por un lado, la compleja interferencia entre redes criminales, actores armados ilegales, eslabones corruptos del Estado y por otro lado, que la mayoría de las víctimas fueron civiles o sea, no fueron miembros de las bandas, razón por la cual Daniel Pécaut ha sugerido el concepto de Guerra contra la sociedad y no, el de guerra civil.

Todo aquello no fue tan evidente para los contemporáneos; los que vivieron, pensaron y debatieron las violencias a finales de los setenta y durante los ochenta, la entendieron más bien en términos de una prolongación tardía de La Violencia: la guerra civil larvada a mitad del siglo entre conservadores y liberales. Las redes criminales del tráfico de cocaína se estaban apenas construyendo, y aun cuando La Violencia tuvo su fin oficial con el arranque del régimen del Frente Nacional (1958-1974), hubo disidencias armadas y casi de inmediato aparecieron también, núcleos guerrilleros comunistas inspirados en la revolución cubana (1959) y en el Maoismo, que se auto-legitimaron como producto ‘necesario’ del carácter ‘excluyente’ del Frente Nacional; interpretación retomada con frecuencia aun hoy, de manera a-critica.

La especificidad de la gran coalición bi-partidista del Frente Nacional fue la milimétrica distribución del poder entre los Partidos Liberal y Conservador desde la presidencia hasta el nivel municipal. La fórmula fue introducida en común acuerdo entre los dos partidos para neutralizar la violenta rapiña por el control del erario público, de los puestos oficiales, y contratos públicos. Tuvo exito en su objetivo principal de disminuir la violencia bi-partidista, pero el precio a pagar fue una especie de estancamiento y ensimismamiento político en la capital, justo cuando el país vivía transformaciones históricas que requerían drásticas reformas institucionales que nunca llegaron. Muchas oportunidades y necesidades, producto del intenso proceso de modernización quedaron, en buena medida, desatendidas: vías, transporte público, informalidad urbana, informalidad rural, grandes fronteras internas incorporadas de manera privada en la economía del país, pero con débil institución estatal. Veamos un ejemplo, no el menor, de los atajos a los que los gobiernos recurrieron para solucionar problemas: en la educación oficial primaria y secundaria para ampliar la cobertura, en vez de construir nuevos colegios, se recurrió al truco de la doble jornada, dos (a veces tres) turnos en el mismo colegio; el resto del día la juventud estaba en la calle. Lo increíble, ¡80% de ellos estudian bajo esta barbaridad hoy! Mientras tanto, el consumismo (el televisor y otros electrodomésticos) tuvo fuertes características libertadoras y el viejo imaginario político bi-partidista perdió importancia, en particular en las ciudades, donde las redes clientelares terminaron siendo una entre muchas modalidades de rebusque para las nuevas clases populares.

En realidad, el Frente Nacional no fue un régimen políticamente tan excluyente como se decía y con frecuencia aún se repite. Por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano tuvo concejales, diputados y congresistas durante el Frente Nacional, gracias a alianzas con facciones liberales y conservadoras. El problema era otro; ante las nuevas necesidades y expectativas, el centralismo se hizo anacrónico y los ciudadanos se dirigieron hacia redes alternativas (para-institucionales, clientelares, informales, ilegales) para solucionar sus necesidades, incluso en seguridad. Aun así, desde una perspectiva histórica, el Frente Nacional figura como un periodo de relativa paz, intercalado entre La Violencia y las violencias recientes. De hecho, la degradación del campo político y la dramática intensificación de la violencia se generaron pos-Frente Nacional, entre 1975 y 1990. Dos factores interrelacionados, uno político y otro criminal, fueron particularmente influyentes en ella:

El Primero, las regulaciones milimétricas del Frente Nacional finalizaron en 1974, pero no fueron remplazadas por nuevas fórmulas propias de un campo político-electoral moderno: ni voto anónimo, ni tarjetón, ni listas cerradas, ni financiación transparente de campañas, etc. En consecuencia, por dos décadas, el campo político-electoral colombiano operaría como un free for all, que solo se corrigió parcialmente a finales de los ochenta. Este desorden, con su multiplicación ad infinitum de facciones, listas y candidatos, facilitó la penetración de dineros calientes en la política, y con ello, la formación de una criminalidad mafiosa organizada capaz de implantarse permanentemente en lo político-institucional. Evidentemente, un mundo político tan fragmentado no podía producir una nueva institución simbólica de la sociedad; dominaba la gestión por emergencia y a corto plazo. No es tan sorprendente, entonces que otros, lograran imponer sus narrativas a sectores de la sociedad. El Paro cívico nacional de 1977, apoyado por las federaciones sindicales de casi todas las direcciones políticas, duró apenas un día, pero fue masivo y se acompañó de expresiones violentas (provocaciones organizadas por sectores cercanos a las organizaciones armadas), y fue de inmediato mitificado como expresión de un ambiente pre-revolucionario y de progresiva unificación de todas las organizaciones sociales.

El Segundo factor, la irrupción del tráfico de cocaína. Su evolución durante los setenta e inicios de los ochenta fue poco debatida y poco estudiada, y se vivió como una bonanza económica y financiera del momento. Al mismo tiempo, el nuevo negocio provocó un revolcón en el bajo mundo; se pasó de una criminalidad todavía algo folclórica, peleando a bala, hacia un crimen organizado mafioso, capaz de penetrar lo político-institucional, como ya vimos. Los nuevos criminales se rodearon de bandas armadas, pero también encontraron sectores de la fuerza pública y del aparato judicial dispuesto a corromperse. Las guerrillas a su vez se metieron de varias maneras con la bonanza, gravando cultivos, laboratorios, rutas. Es en buena parte por su relación con estos negocios, que las Farc y el M19 en particular, tomaron un segundo aire, razón desde luego negada por los que veían en el Frente Nacional, la causa principal.

Ahora bien, si las visiones y decisiones de los diferentes protagonistas hubieran sido otras, la desregulación del bi-partidismo y la apertura del régimen de partidos durante los setenta, podrían haber generado una sociedad más abierta, con una sociedad civil más activa y más autónoma. Trágicamente los gobiernos pos Frente Nacional no modernizaron las instituciones al ritmo y enfoque requeridos y se generaron muchos vacíos: territoriales, de monopolio de violencia, de cobertura y calidad de servicios, que fueron hábilmente aprovechados por los ilegales intolerantes con las organizaciones sociales, que terminaron amenazadas, asesinadas o cooptadas por los actores armados: guerrilla, paras, fuerza pública en deriva. Las pocas organizaciones sociales que mantuvieron contra viento y marea una cierta autonomía, se vieron diezmadas por el terror criminal, como fue el caso del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.

Los estudios y debates se focalizaron en el análisis de lo narco-paramilitar (MAS, MRN, Acdegam, etc.), la primera masacre narco-para-política (agosto de 1983, en Segovia), las revelaciones sobre el congresista (suplente) Escobar y el asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla (1984) por los narcotraficantes. Es con la demencial toma guerrillera del Palacio de Justicia y la retoma por la fuerza pública, en pleno centro de la capital del país, que la guerra hace irrupción en la escena nacional y es interpretada como el cierre simbólico y real de los esfuerzos de paz del gobierno Betancur (1982-1986) y su “gran dialogo nacional para escapar al engranaje de la violencia”. Betancur puso fin al Estatuto de Seguridad, liberó y amnistió sin pre-condiciones a 500 miembros de organizaciones armadas (casi todos de inmediato se reintegraron a sus respectivas guerrillas), logró el ceses al fuego con las Farc, el M19, el EPL y varias guerrillas más, y permitió que crearan brazos políticos (UP, Frente Popular, A Luchar), pero el desencuentro fue total: Jacobo Arenas jefe de las Farc, califica la coyuntura de “revolucionaria” y reconfirma en 1985 la decisión ya tomada por las Farc y el PCC en 1982, de pasar a la ofensiva y tomar el poder por las armas. De nada sirvió que las esperanzas insurreccionales investidas en el Paro cívico nacional, convocado para el 20 de Julio de 1985, meses antes de la toma del Palacio, no se materializaran. Con el regreso oficial a las armas cayeron también, víctimas de la UP (1061 miembros asesinados entre 1984 y 1990 y 537 más, después), que aspiraban a una cierta autonomía y a aliarse con otras iniciativas políticas de la izquierda.

Fuente:Universidad El Rosario

Durante el primer lustro de los ochenta, era difícil adivinar la dramática intensificación de la violencia que vendría y mucho menos un universo de victimas superior al de La Violencia. Los debates giraron con frecuencia en torno a las causas “objetivas” y “estructurales” de la violencia: En lo político, el Frente Nacional, la declaración semi-permanente del Estado de sitio, las políticas represivas del gobierno de Turbay (1978-1982), y de Estados Unidos con “su guerra fría y contra las drogas”, pero casi no se generaba un debate serio sobre la política colombiana frente el tráfico de cocaína y sus expresiones criminales (La criminología es de muy reciente trayectoria en Colombia, y todavía menos practicada en las facultades de economía o derecho). En lo socio-económico, la pobreza rural y urbana, la informalidad, el desempleo, la baja tasa de sindicalización. Persistía también la tendencia de leer la violencia siempre, como el producto de luchas políticas y sociales cuando, la gran mayoría de los colombianos estaban bregando a conseguir lo necesario para el día a día. En lo ideológico, las guerras civiles y revolucionarias en Nicaragua y El Salvador generaron distintas expectativas, y los llamados nuevos movimientos sociales, urbanos, de género, juveniles, identitarios, fueron investidos de la esperanza de poder ayudar a pasar de la protesta social al levantamiento generalizado.

En la cruda realidad, aquellos ejercicios de unidad eran “puro cuento”, ya que dominaba la fragmentación y el llamado “canibalismo de izquierda”, cuyos casos más emblemáticos fueron las guerras sindicales bananeras en Urabá, desde 1983 en adelante. Allá, el PC-ML/EPL y el PCC/FARC compitieron manu-militari y con terror por la afiliación de los trabajadores a sus respectivos sindicatos; asesinaron obreros, dirigentes sindicales, mayordomos y administradores del otro bando; ambas facciones acusaron sistemáticamente al Estado y a los bananeros de esas muertes. En este juego de sombras, pronto se mezclaron también, organizaciones narco-para-militares y la fuerza pública. De los 207 miembros de sindicatos asesinados entre 1984 y 1990 en Antioquia (el 54% del total nacional), 137 lo fueron en Urabá.

La participación de la CSTC en la creación de la CUT, en 1986, como unificación de varias federaciones sindicales, fue una hipocresía, ya que su partido político, el PCC, apostó a la subordinación de lo sindical a la lucha armada. “Sencillamente [a los sindicatos] se los tragó el remolino de la guerra, del conflicto interno”, explica Álvaro Delgado, antiguo dirigente del PCC, en su libro autobiográfico, Todo tiempo pasado fue peor (2007: 259). “Al fin de cuentas todo ese proceso se vio entorpecido por el nacimiento del mandato guerrillero” (ídem: 264), “por la supeditación final de la lucha política por la lucha armada” (ídem: 277). “Los sectores de izquierda se entusiasmaron con la guerra, con el uso de la fuerza y comprometieron al movimiento sindical” (ídem: 279). Debo precisar: a casi todo movimiento u organización social en su área de influencia territorial.

Ante esta situación, en los debates dominaban los eufemismos. Reconocer públicamente la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha: social, política, armada, promulgada por el PCC y otros partidos de la izquierda armada, era anatema: criticarla era contribuir a criminalizar organizaciones políticas y sociales. Para dar un ejemplo: la Escuela Nacional Sindical (ENS) en Medellín, considerada por muchos una fuente seria del análisis sindical, en sus informes sobre la violencia de la época, jamás reconoció el papel de la guerrilla. Otro ejemplo: el ajusticiamiento por un comandante de las Farc de un frente de 164 guerrilleros insumisos, acusados de “infiltrados”, no fue considerado en la izquierda como aberración, o como la acción de un paranoico, sino, como una falsedad producida por el régimen y no llevó a un debate serio sobre el operar interno de las organizaciones armadas, sus prácticas sistemáticas de ajustamiento interno, y el “todo vale” para el bien de la revolución. Los debates, no solo eran híper-politizados, muchas veces también, poco sinceros por admiración o miedo a los armados. Organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnistía desde Europa, y Human Rights Watch desde Estados Unidos, intensificaron sus informes sobre Colombia, pero sufrieron de los mismos sesgos –muy orientados en lo político y lo institucional- y con grandes dificultades para entender cómo las diferentes dinámicas (guerrillera, paramilitar, narco) interferían y evolucionaban hacia lógicas de acción violenta más autónomas.

Mientras tanto, a mitad de los ochenta, en la academia los violentólogos investigaban sobre todo, el tema de la Violencia lo cual dio el nombre a la disciplina. Debatieron sobre su posible unidad (levantamiento campesino, tensión revolucionaria, guerra civil, demanda desordenada de cambio, etc.), pero también sobre su diversidad regional y periodicidad. Estos debates eran el punto de partida para interpretar los nuevos hechos. Como escribió Gonzalo Sánchez (1986: 257), “todavía hoy, Colombia se encuentra enfrentada a los conflictos desencadenados por la Violencia o reprimidos por ella”. Sin embargo, durante la segunda parte de los ochenta, los análisis académicos hicieron un importante giro hacia la actualidad, evidente en obras colectivas - realizadas desde Bogotá- como Violencia y Democracia (1987) contratada por el gobierno Barco; Al filo del caos (1990), y Pacificar la Paz (1992). En todas se muestra la heterogeneidad de las violencias (desde las más organizadas y más des-organizadas), su multi-causalidad, su diversidad regional y la necesidad de un enfoque integral para superarlas.

Los que se metieron con la realidad fueron en primera línea los periodistas, sobre todo en la provincia. En Medellín, los estudios iniciales tenían un marcado enfoque periodístico y descriptivo, innegable en No Nacimos Pa’ Semilla (1990) de Alonso Salazar, el único libro escrito en los ochenta sobre la violencia de aquellos años que hoy, puede ser considerado un clásico. En 1990, la socióloga María Teresa Uribe constata de manera auto-critica que los investigadores sociales de su universidad, la de Antioquia, desconocían la realidad que se vivía a diez cuadras del campus, y que la descubrieron apenas aquel año, gracias a Rodrigo D No Futuro (1990), la película de Víctor Gaviria, a su vez la mejor película de los ochenta sobre la violencia de la década.

Lo puesto en escena por Salazar y Gaviria visibilizó una escandalosa deuda social, y generó además de una enorme cantidad de columnas y debates, la creación de numerosos programas orientados a la juventud de los barrios pobres. Menos observado y debatido fue otro elemento presente en particular en el libro de Salazar, a saber, la relativa autonomía con la cual ya proliferaban las violencias y los cruces entre sicarios nihilistas y a-políticos con otros actores armados, específicamente las milicias guerrilleras y las redes criminales. Aquella autonomía de la violencia terminaría siendo un factor importante en los extremos a los cuales llegó la situación, pero ha figurado poco en los debates de entonces y de hoy.

1995-2005: esperanzas de paz y realidades de guerra

Durante este periodo, el tono de los debates sobre la violencia se mueve entre la esperanza y la desilusión, pero con una dramática polarización de la sociedad desde finales del siglo en relación con el conflicto armado.

La esperanza fue alimentada en un primer momento, por la desmovilización de ocho guerrillas, en especial del M19, por la Asamblea Constituyente y la nueva constitución, con su promesa de profundizar la democracia y el acceso ciudadano a sus derechos. Hubo además un descenso sistemático en la tasa de homicidios entre 1991 y 1998. En este contexto nacieron numerosas organizaciones sociales comprometidas con las vías democráticas y hubo, de forma más general una cierta re-dinamización de la sociedad civil a nivel nacional y en las ciudades y con algunas excepciones, mucho menos en el campo. En Urabá, la desmovilización del EPL generó por un par de años un ambiente constructivo en el cual sectores privados, organizaciones sociales y reinsertados cooperaron; sin embargo, algunas disidencias y el exterminio de los desmovilizados por parte de las Farc, llevo progresivamente a un nuevo capítulo de canibalismo de izquierda, en el cual el CINEP intentó mediar. En Medellín se respiraba un aire esperanzador más duradero por la entrega de los capos y la labor de la Consejería Presidencial (1990-94). La victoria en contiendas electorales locales de candidatos independientes, Antanas Mockus y el ex guerrillero Navarro Wolf, parecían confirmar las buenas tendencias.

Desarrollos internacionales tales como: el fin de la dictadura de Pinochet (1990), la liberación de Nelson Mandela (1990), su elección como presidente (1994), los acuerdos de paz en El Salvador (1992), la elección de Clinton (1992), la derrota de Sendero Luminoso en Perú –aún que a mano dura –, y por supuesto la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética (1991), y las revoluciones democráticas y pacificas en sus países satélites, con algunas excepciones también, reorientaron los debates sobre la democracia y las relaciones entre sociedad civil y Estado.

Durante el gobierno de Samper (1994-98), el conflicto armado volvió a intensificarse con la proliferación de las Convivir, el reordenamiento narco-paramilitar, su federalización en las AUC (1997), y las posturas ofensivas de las Farc y el Eln. Uno de sus escenarios fue otra vez el Urabá, donde una nueva guerra (1994-1997) enlutó la región, mezclando el exterminio de los Esperanzados con una ofensiva narco-paramilitar, liderada por los hermanos Castaño, que a sangre y fuego saca a las Farc de la zona bananera y de su histórico centro operacional, en la extensa zona veredal del corregimiento San José de Apartado. Mientras tanto, el único acuerdo gestionado por Samper fue el Pacto del Nudo del Paramillo, en el cual las AUC, a cambio de reconocimiento político e inicio de negociaciones, prometieron dejar los civiles por fuera de sus combates. Sin embargo, cuando Samper reintroduce la extradición y la DEA intensifica sus operaciones en el país, las Auc cambian de estrategia y consiguen un vertiginoso auge, de 4.000 a 18.000 integrantes entre 1998 y 2000.

Entre 1997 y 2002, los secuestros, asaltos a pueblos, masacres, desapariciones forzadas, muertes en combate y otros indicadores del conflicto armado se incrementaron sin cesar. Según el CNMH, entre 1991 y 1997, hubo 17.288 secuestros, 50% por las Farc, 38% por el Eln, y 12% por las paramilitares, y otros 5.336 únicamente por las Farc, durante sus negociaciones con el gobierno de Pastrana en El Caguan (1998-2002). La palabra “guerra” se impone, pero además de una guerra contra la sociedad, también se hizo una guerra militar de verdad: mientras en Afganistán en 12 años (2002-2014), murieron 3.400 soldados aliados, en Colombia en 7 años (1995-2002) perecieron en combate, 5.000 soldados y policías. La debilidad de la fuerza pública pre-Plan Colombia fue tal, que ante la ofensiva guerrillera, el 20% de los municipios del país quedaron sin policía alguna.

Fuente:El País España

Ante estas tragedias, volvieron los debates sobre las causas y problemas ‘estructurales’, esta vez en particular alrededor de las insuficiencias y propuestas incumplidas por las reformas de 1991; la persistente pobreza, la inequidad, el problema de la tierra y otros desafíos. Daniel Pecaut (1998: 82), explicaba que: “la idea de la democratización no puede ser considerada como un remedio milagroso para la violencia, y esta no se debe resumir como una demanda de democratización”. Los grandes temas debatidos: neoliberalismo, globalización, imperialismo, tampoco facilitaron una visión de la esfera pública como escenario de acción. Peor aún, el miedo regresó e impactó fuertemente a las organizaciones sociales, pues las nuevas masacres y magnicidios apuntaron a voces independientes, para forzar la polarización e imponer una dinámica de guerra civil. Entre los más sonados, figuraron el asesinato del defensor de las negociaciones de paz, y profesor universitario Jesús Antonio Bejarano, a manos de las Farc; el del antropólogo de la Universidad de Antioquia, Hernán Henao, y la masacre contra los investigadores del CINEP, Mario Calderón, Elsa Alvarado y su padre, perpetrados por las AUC.

Cuando durante los dos últimos años del gobierno de Pastrana (1998-2002) se esfuman las esperanzas de paz con las Farc y el Eln, la opinión pública se polariza y el conflicto armado se intensifica a tal punto que se instaura un reino del terror, y el miedo paraliza buena parte de la sociedad. La coyuntura que precede la victoria de Álvaro Uribe sobre Serpa, en las elecciones de 2002, estuvo signada por muertes, desplazamientos y los secuestros de: Ingrid Betancourt (febrero 2000); los 12 diputados en Cali (abril de 2002); el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri (abril del 2002 asesinados el 3 de mayo de 2003); las muertes de 79 civiles en Bojaya por las Farc (mayo del 2002); el éxodo de 12.000 de los 19.000 campesinos de Granada que huyeron a Medellín aterrorizados por la guerrilla y los paramilitares; escenas que se repitieron en decenas de municipios y regiones.

Con la elección de Uribe, el 11 de septiembre y la guerra internacional contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, los debates sobre la violencia en Colombia cambian. La política de seguridad ciudadana promovida por Uribe, y posibilitada gracias a los recursos del Plan Colombia, creado entre Clinton y Pastrana, así como su decisión de negociar con los paramilitares, fueron los nuevos temas centrales, debido a la supuesta colusión con los paramilitares, al riesgo de mayores violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y el incremento del conflicto armado. Los dos primeros riesgos, en efecto se materializaron y las organizaciones sociales corroboraron su revelación: la para-política y los falsos positivos. Sin embargo, en vez de la intensificación del conflicto armado, se dio una muy significativa pacificación pero como suele suceder, fue poco debatida o analizada para evitar tener que dar algún crédito a la repudiada política de seguridad democrática o a las negociaciones con las AUC. Retrospectivamente, se puede constatar que la mayor reducción de los homicidios y otras modalidades de victimización, se dieron durante los dos primeros años del gobierno Uribe (2002-2010) y que el factor más importante parece haber sido, el cese al fuego unilateral de las AUC en diciembre del 2002. De hecho, en Medellín, la menor tasa de homicidios entre 1975 y hoy, fue en el año 2003 en particular en la Comuna 13, donde se redujeron de 299 (2002) a 95 (2003). Tampoco ha sido debatido de manera sería el impacto del Plan Colombia, más allá de su apoyo a las fumigaciones, y pocos parecen interesarse en las lecciones aprendidas con la profesionalización de la fuerza pública, el fortalecimiento del acceso a la justicia, o el mejoramiento de las cadenas productivas en zonas de cultivos ilícitos.

Desde 2005: derechos de las víctimas y esperanzas de pos-conflicto

Un cambio paradigmático se ha generado desde 2005 en los debates sobre la violencia, y el aporte de las organizaciones sociales ha sido fundamental en ello, en particular por su contribución y presión entorno a la Ley de Justicia y Paz (2005/2006), y su exigencia de garantizar los derechos a verdad, justicia y reparación de las victimas del paramilitarismo. Con esta ley por primera vez en Colombia, las víctimas se posicionaron en el centro de la atención pública, los debates, y las negociaciones con las organizaciones armadas. Inicialmente, fue entendida como una victoria sobre el gobierno de Uribe y su argumento de que las AUC no aceptarían desmovilizarse sin garantías judiciales. Se esperaba además que esta justicia transicional y restauradora, revelara en particular las responsabilidades del Estado, las dimensiones de la para-política y los crímenes de los paramilitares. Sin desconocer los problemas e insuficiencias, este ha sido en buena medida el caso. Nunca antes supimos tanto sobre el conflicto armado en el país como ahora, gracias a todo lo divulgado por Justicia y Paz.

Inevitablemente, Justicia y Paz generó debate sobre la necesidad de incluir el enfoque de víctimas y de justicia restaurativa en eventuales negociaciones futuras con la guerrilla, como efectivamente sucedería con las Farc, bajo la presión del gobierno, de las víctimas, de organizaciones sociales y la comunidad internacional. Tampoco ha faltado hipocresía: algunos que defendieron de manera ejemplar los derechos de las víctimas de los paramilitares, hoy parecen interesarse más por los desmovilizados de las Farc, que por sus víctimas. Más allá de los novedosos dispositivos de Justicia Transicional creados por ellas, a partir de la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Victimas (2011) y el acuerdo con las Farc (2016), las investigaciones lideradas inicialmente por el Grupo de Memoria Histórica (2006-2011) y después por el Centro Nacional de Memoria Histórica, han catalizado una novedosa, dinámica y variada agenda en organizaciones sociales y centros académicos en memoria y memoria histórica del conflicto armado. La difusión y el acceso a estos trabajos se ven además muy fortalecido gracias a los nuevos medios sociales. Cuando antes, para verificar acontecimientos, fechas, personas, procesos judiciales y contextos, uno necesitaba recurrir a publicaciones, bibliotecas y archivos, hoy la web garantiza acceso a casi todo, y disposición inmediata de todos, incluso en las regiones más alejadas del país, no obstante, las limitantes que puede haber para acceder la web.

Fuente: El Heraldo

El Nunca Más: un horizonte común de debate.

Según Aristóteles, la polis existe por naturaleza y por naturaleza el ser humano es un animal político. En otras palabras, los seres humanos tienen una capacidad innata para asociarse, decidir en común como actuar bien y justo y hacer política y no la guerra. El filósofo precisa que esto no quiere decir que todos los seres humanos vivan en una polis, ya que ésta debe ser construida por humanos, que a veces fallan en erigirla entre otras razones porque algunas personas a-sociales (sin comunidad, sin ley, sin corazón) les llevan a ser amantes de la guerra. Hoy sabemos que en tiempos de Aristóteles, existían unas 900 polis, y a la vez muchos núcleos poblados y una serie de veredas organizadas y asociadas, gracias a una variedad de herramientas democráticas (asambleas, asociaciones, concejos, elecciones, etc.), que varían de una polis a otra, pero que compartían la construcción política de la colectividad para el bien común, a través del debate.

Para que la asociatividad política que Aristóteles considera propia del animal político, prospere, se requieren ciertas condiciones. En Colombia, entre 1985 y 2005 en muchos lugares, esas condiciones se fueron degradando a punta de violencia y terror. Las organizaciones sociales, minorías activas que operaron bajo dichas condiciones e intentaron debatir y actuar en autonomía por el bien común, son hoy, a veces a-críticamente, reconocidas como resistencias o resiliencias y sin duda, la Corporación Región es una de ellas.

Durante el último decenio, gracias a las negociaciones y desmovilizaciones de las Auc y las Farc, la sociedad ha conocido una importante pacificación, y las condiciones asociativas para debatir y decidir en común sobre el bien y lo justo se han mejorado radicalmente. En su excelente libro Por que no pasan los 70. No hay verdades sencillas para pasados complejos (2018), Claudia Hilb explica refiriéndose al caso argentino que, para tener un horizonte común como sociedad pos-dictadura o pos-conflicto, el problema no está en las opiniones opuestas o en las diversas interpretaciones del pasado, sino en el reconocimiento entre todos de un principio común no-negociable: el Nunca Más. Hoy en Colombia, muchas organizaciones sociales orientan el debate sobre la violencia en esta dirección. Ojalá un día, este compromiso pueda ser de toda la sociedad.

Referencias bibliográficas

Delgado, Á., & Ospina, J. C. C. (2007). Todo tiempo pasado fue peor: entrevistas hechas al autor en 2005 por Juan Carlos Celis, revisadas en febrero de 2007. Carreta.

Hilb, Claudia. (2018). Por que no pasan los 70. No hay verdades sencillas para pasados complejos

Pecaut, Daniel. (1998). “La contribución del IEPRI a los estudios sobre la violencia en Colombia”, en: Análisis político, Bogotá, No. 34, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 73.

Sánchez, Gonzalo. (1986).

Palabras clave:

Violencia, paz, debate, organizaciones sociales, sociedad.