Durante este semestre se aprobarán los planes de desarrollo municipal y departamental para el próximo cuatrienio. Esto se convierte en un escenario para la participación ciudadana, para la lectura de los territorios y sus retos. Pero esta vez ocurre en una coyuntura histórica para el país: la negociación del conflicto armado entre las FARC y el Gobierno y los retos que allí se desprenden en términos de paz territorial. La ciudadanía en general y las organizaciones de la sociedad civil en particular, tenemos el deber de hacerle a todos los borradores de plan una pregunta sencilla pero contundente: "¿Cómo aporta este plan de desarrollo a consolidar la paz en nuestro territorio?"

Después del acuerdo sobre el fin del conflicto y las propuestas recientes para avanzar en lo que quedaba pendiente del punto sobre participación política, es muy probable que la firma del acuerdo final esté muy cerca.

Pasadas las elecciones de autoridades locales, desarrolladas el 25 de octubre anterior, es necesario extraer lecciones de lo que ocurrió e identificar los retos para actuar de cara a los procesos políticos futuros de nuestra nación. En este sentido, se pueden establecer los siguientes elementos:

El pasado 18 de julio, la Corte Constitucional declaró exequible la convocatoria de un plebiscito para que la población colombiana se pronuncie sobre su apoyo al acuerdo de paz logrado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc luego de casi cuatro años de arduas negociaciones. Respaldar la determinación de consultar a la ciudadanía es una decisión política para rodear de legitimidad lo acordado, pues reconoce que se trata de un componente fundamental para pasar a la implementación de los acuerdos.

Oportuno e importante el acuerdo logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc y en el marco de las negociaciones de paz en La Habana para la conformación de una Comisión de Verdad una vez culminadas las negociaciones de paz, que tendrá como finalidad "el que se esclarezca y conozca lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)".