Sin duda alguna, es de la mayor relevancia que estas hayan sido las elecciones de las últimas décadas con los menores niveles de violencia producto del conflicto armado en todo el proceso, a pesar de algunas acciones bélicas puntuales el día de los comicios. Esto es, en buena medida, un reflejo de la incidencia positiva que tiene desde ya el proceso de negociaciones establecido hace tres años entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc y se convierte en un anticipo de las oportunidades que para un sistema democrático trae una sociedad sin guerra.
No obstante, la ausencia de confrontación armada interna permite observar otros fenómenos graves que amenazan el derecho al voto y su libre ejercicio, como las campañas de sectores políticos aliados con grupos delincuenciales y la persistencia de prácticas de otorgar avales a herederos directos o encubiertos de las castas de la parapolítica y de candidatos con graves antecedentes de corrupción e ilegalidad. A esto se suma la práctica de mecanismos ilegales de afectación de la libertad electoral, la alta abstención (en Colombia en general, cercana al 40%; en Antioquia, rondando el 55% y en Medellín, cercana al 50%, como puede verse en la página de la Registraduría); así como graves problemas de cultura política, base del clientelismo y la persistencia de fenómenos como la compra de votos y la trashumancia electoral.
En cuanto a los resultados, en general se puede afirmar que ganaron los partidos vinculados a la coalición de gobierno, especialmente Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U, quienes de conjunto obtuvieron mayorías en el país. Esto podría ser importante para el apoyo del gobierno a la concreción de un acuerdo de paz y de las responsabilidades de las autoridades locales en la implementación de los acuerdos en perspectiva de lo que se ha denominado la paz territorial. No obstante frente a esta oportunidad se configuran dos grandes amenazas: en primer lugar, fue justamente este tema, la paz, el gran ausente de las agendas y los debates electorales. No pareciera que los gobiernos locales estén en sintonía con los retos que esto supone a los entes territoriales. Y segundo: preocupa el peso que va ganando un partido como Cambio Radical, el cual no sólo deja un manto de dudas por sus avales a candidaturas cuestionadas por corrupción y vínculos con grupos criminales, sino también por ser la plataforma política para una candidatura presidencial en 2018 del actual Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien se ha mostrado de manera reiterada como un personaje escéptico sobre el futuro del proceso de paz y poco comprometido con una eventual implementación de los acuerdos con las Farc.
Si hacemos referencia a "los perdedores" figura, en primer lugar, el partido Centro Democrático, que aspiraba a ser una fuerza política mayoritaria en la Colombia rural y, desde esta perspectiva, convertirse en un actor decisivo para la fase de posacuerdo de paz. Sus resultados electorales en el país son claramente menores de lo que esperaba esta colectividad, y el hecho de no ganar ni la Alcaldía de Medellín ni la Gobernación de Antioquia, baluartes regionales del senador Uribe, representa una contrariedad para sus aspiraciones, aunque hay que considerar el peso que tendrán con sus bancadas significativas en la Asamblea Departamental y en el Concejo de la ciudad. También les fue mal al Polo Democrático y al movimiento Progresistas, en especial por su mal resultado en la Capital de la República, donde perdieron el poder tras 12 años de gobiernos ininterrumpidos. Esto pone en evidencia la crisis de esta colectividad, la cual no ha logrado asumir la responsabilidad política frente a uno de los casos más grandes de corrupción que se conozcan en el país durante la administración de Samuel Moreno, así como el malestar ciudadano por los resultados de la gestión en la actual administración; pero también, sin duda alguna, la incomodidad que genera a un sector de la sociedad que sean sectores de izquierda los que detenten el poder de la ciudad capital y, aun mas, que se perfilen como posibles contrincantes en las elecciones presidenciales.
También perdió de manera flagrante Compromiso Ciudadano, un movimiento que se había fraguado en la región como una alternativa para el ejercicio de la política y del servicio público, como una oportunidad para hacer grandes transformaciones culturales y proceso de inclusión social y política. Sin embargo, tras doce años en el poder, Compromiso no logra construirse como organización política y no solo pierde la alcaldía y la gobernación, sino la posibilidad de jugársela en las elecciones del 2018. La derrota fue aplastante. Por eso, en aras a la transparencia y a la responsabilidad con una ciudadanía y un electorado que ha apostado a estas transformaciones, bien valdría la pena propiciar una reflexión que se traduzca en palabra pública: ¿Qué pasó?
En el caso de Antioquia y Medellín el sabor que queda es agridulce, pues si bien es cierto la Gobernación no la ganó el candidato del Centro Democrático, quedó en manos de Luis Pérez Gutiérrez, uno de los políticos con mayores antecedentes de denuncias por corrupción y alianzas con poderes ilegales, quien contó con el aval de la coalición de gobierno nacional, liderada por el Partido Liberal, pero con el respaldo de Cambio Radical, el Partido de la U, e incluso de sectores del Partido Conservador. Dados los antecedentes de este personaje, se precisará intensificar una valerosa veeduría ciudadana a su gestión, una tarea que en general deben realizar los sectores sociales y políticos democráticos, pero que dado el perfil del señor Pérez Gutiérrez, será una labor ineludible que debe contar con un amplio respaldo de la ciudadanía.
En la ciudad de Medellín, el triunfo de Federico Gutiérrez, candidato por el movimiento ciudadano Creemos, es un hecho político importante en tanto mantiene el comportamiento de las tres últimas elecciones locales: propuestas de gobiernos alternativos o en coaliciones ciudadanas y multipartidistas. A pesar de las dudas sobre sus relaciones con el Centro Democrático, esperamos y trabajaremos para que el alcalde electo de Medellín cumpla su propuesta electoral, mantenga los enfoques y programas exitosos de los últimos gobiernos e implemente acciones de gobierno desde una perspectiva democrática, complementado con los necesarios ejercicios de veeduría ciudadana. De manera especial esperamos que cumpla con el compromiso suscrito la Mesa Voces de Paz en el marco del debate electoral, en relación a una agenda para la paz territorial (Ver: compromisos por la paz. Mesa Voces de Paz)
Finalmente, como lo planteamos en la editorial anterior, para la Corporación Región el voto es un derecho y un deber ciudadano, máxime cuando nuestro país vive procesos inéditos y se encuentra ante oportunidades como las de un acuerdo de paz exitoso que ponga fin a más de cinco décadas de guerra. Pero somos conscientes de que esta será una oportunidad democrática si contamos con tres factores decisivos:
1. Que la sociedad colombiana apoye y refrende los acuerdos realizados en la Habana
2. Que un amplio movimiento ciudadano haga de la agenda de paz y el posacuerdo su hoja de ruta para avanzar hacia una sociedad democrática, basada en la plena vigencia y respeto de los derechos humanos
3. Que se pueda construir también una institucionalidad pública democrática, que sea la única autoridad legítima y legal en el territorio colombiano.
A esto dedicaremos nuestros esfuerzos y energía en estos próximos años.
