Como se ha dicho en tantas ocasiones el acuerdo de paz se firma en La Habana pero se construye en los territorios. Sin embargo, es grande la brecha para lograr esta conexión. No solo el tema de paz no fue visible en la mayoría de las propuestas de gobierno en el pasado debate electoral sino que hay escepticismo, desinformación e incomprensión sobre las competencias de los entes territoriales sobre ello. Por eso es tan importante incidir en que los nuevos planes de desarrollo municipales y departamental apuesten, efectivamente, avanzar en la construcción de paz territorial.
Si bien es básico leer y comprender las especificidades de cada uno, en principio, desde la Corporación Región consideramos que hay 6 asuntos que no deberían faltar y que están en el resorte de los entes territoriales:
1. Atención integral a víctimas: desde la promulgación de la Ley de Desplazamiento Forzado (387 de 1997) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), los entes territoriales están en la obligación de asignar recursos y contar con dependencias específicas para la atención integral de las víctimas desde un enfoque garante de derechos que atienda las necesidades y demandas diferenciales. En una perspectiva de paz es imperativo visibilizar, fortalecer y seguir contado con una acción encaminada a una atención integral a las víctimas del conflicto armado y crear condiciones para avanzar en los procesos de reconocimiento, memoria, reparación, verdad y justicia que se contemplan en La Habana.
2. Acciones de pedagogía y cultura de paz: la existencia de una sociedad favorable a la paz debe ser un compromiso de los gobiernos locales. Se trata de apostar a una transformación cultural que tenga como centro la convivencia democrática, la aceptación de las diferencias como parte de la cultura democrática, la renuncia al ejercicio de la justicia por mano propia, la creación de mecanismos para la tramitación pacífica de los conflictos, entre otros.
3. Reintegración y reconciliación: Los gobiernos locales deben diseñar estrategias concretas que faciliten el proceso de reintegración de excombatientes a la vida económica, social, política y cultural de los territorios. La misma sociedad que produjo la guerra es la que debe crear las condiciones para la paz; en esto consiste el avance en procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social.
4. Garantías de No Repetición: Los gobiernos locales deben plantearse cómo avanzar en construir condiciones para que el conflicto armado y las violencias que le han acompañado no vuelvan a reproducirse. Todos los puntos anteriores van encaminados hacia esto, pero, de modo puntual, acciones orientadas a que el Estado ejerza de manera efectiva el monopolio de las armas y garantice tanto la seguridad de los excombatientes como de los ciudadanos, al respeto y garantía de los derechos humanos desde la administración pública, a la eliminación de prácticas discriminatorias de grupos poblacionales específicos, entre otras, deberán ser contempladas de manera explícita en un horizonte de paz territorial.
5. Instancias de participación ciudadana: Es necesario que la construcción de paz se convierta, en primer lugar, en una política de Estado y, segundo, en un asunto que convoque y competa a la sociedad. Para esto es necesario habilitar espacios de diálogo entre gobierno y sociedad civil que permitan avanzar en esta construcción. Los Consejos Territoriales de Paz son una herramienta específica para esto y creemos que es necesario, en esta coyuntura, habilitarlos como lo ordena la ley. Además de esto, es necesario apoyar y fomentar la creación de veedurías ciudadanas que hagan seguimiento a la implementación de los acuerdos en las localidades.
6. Medidas de anticorrupción y transparencia: uno de los grandes enemigos de la paz es la corrupción. Esta ha sido no solo una fuente de desangre de los fiscos del Estado sino de ilegitimidad y de vaciamiento del sentido de lo público. Es alto el riesgo de que, los grandes esfuerzos que estamos haciendo como sociedad para respaldar los diálogos de La Habana y para comprender y las implicaciones sociales y políticas de la implementación de los acuerdos, fracasen ante las mañas y voracidad de unos pocos. Por eso, es indispensable un compromiso explícito de los entes territoriales con un ejercicio administrativo responsable con los recursos públicos, de cara a la implementación de los acuerdos y, sobre todo, a recuperar la legitimidad de estado como garante de estos. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información que está ya en vigencia, traza una ruta adecuada y es por demás, obligatoria para todos los entes públicos .
Recientemente, fueron entregados a los Consejos Territoriales de Planeación los anteproyectos del Plan de Desarrollo. Además de esta instancia, en la que se prevé representación de diversos sectores sociales, están las consultas ciudadanas y los debates en concejos y asambleas donde es posible participar. El ejercicio de conocer y debatir las propuestas y construir opiniones calificadas al respecto, constituye una oportunidad importante de participación ciudadana y movilización social. La Corporación Región, a través de diversos espacios y plataformas (Viva la Ciudadanía, Mesa Voces de Paz, Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, Plataforma al Seguimiento de Antioquia -SEPA- Diálogos Campo Ciudad, Federación Antioqueña de ONG) y de una intensa labor de capacitación y diálogo con servidores públicos en los 10 municipios del Valle de Aburra, viene promoviendo esta reflexión.
Desde el Gobierno Nacional (Planeación Nacional, Ministerio del Interior) y con el acompañamiento de Naciones Unidas se ha propuesto una una valiosa herramienta para la inclusión de una perspectiva de paz en los procesos de desarrollo local: Kit Territorial para la paz (ver: http://kiterritorial.co/), con el que se busca la articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo, el desarrollo Sostenible, y el proceso de Paz con el objetivo de "superar el uso de la violencia como medio para resolver los conflictos; generar alternativas para la gestión pacífica de conflictos a través del diálogo y la concertación, la justicia social y la garantía de derechos; impulsar alternativas de desarrollo económico y social sostenibles, según las visiones colectivas, necesidades y capacidades con que cuenta cada territorio". Para concretar esta perspectiva se ofrecen una serie de insumos específicos para la realización de diagnósticos, construcción de estrategias y plan de inversiones para esta elaboración que ofrecen un apoyo técnico importante para esta tarea.
Estamos convencidos de que la creación de condiciones institucionales y de capacidades locales son puntales esenciales en la construcción de paz territorial. Los planes de desarrollo son un instrumento potente para ello. No dejemos pasar esta oportunidad.
