Lo que esperamos y requerimos como ciudadanía, ante el poder de los armados, es que el Estado nos proteja. En eso consiste un Estado Social de Derecho: en proveer a la ciudadanía la protección y la seguridad que ella, por sí sola, no puede darse.
El inicio de 2018 no fue bueno para Medellín. Varias situaciones nos siguen alertando sobre problemas que desafían la ciudad y que, a nuestro modo de ver, requieren atención y debate ciudadano: el número de personas asesinadas, la estrepitosa caída en el Índice de Gobierno Abierto, el cambio en la dirección de la Unidad Municipal de Víctimas y las razones expuestas por la Administración para justificarlo.
Queremos que este informe sea un homenaje y un reconocimiento a la dimensión pública del dolor, el sufrimiento y el coraje de las más de 132.000 víctimas que se contabilizan y de las otras tantas que por muchas razones, no se registran en estas cifras.
Estamos frente a lo que se configura como una situación de emergencia humanitaria para las víctimas y para toda la ciudadanía que también se ve afectada y que no puede seguir indolente ante la gravedad de lo que esto representa.
